El debate sobre inmigración ha vuelto al centro de la política europea y española (si es que alguna vez se ha ido). En las últimas semanas, hemos presenciado propuestas de expulsión masiva hasta discursos que señalan a las personas migrantes como responsables de buena parte de los males del país.

Sin embargo, más allá de estas percepciones sesgadas, los datos económicos cuentan otra historia: sin la aportación de la población inmigrante, España no habría crecido como lo ha hecho en los últimos años, y muchos sectores —especialmente aquellos donde más dependen las pymes— estarían hoy en crisis.

Trabajadores clave: construcción y hostelería

Manel Pérez lo resumía con claridad en el magacín En Clave Económica: "Sin los emigrantes, España se para."

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Las cifras lo respaldan: los trabajadores extranjeros ya representan el 14 % de la afiliación a la Seguridad Social. Solo en 2023, de los 500.000 empleos creados, 200.000 fueron ocupados por inmigrantes y, según los datos de crecimiento, desde 2019 su aportación explica el 80 % del incremento del PIB español.

En sectores como la construcción o la hostelería, donde la falta de mano de obra es ya estructural, el papel de los trabajadores inmigrantes es directamente indispensable.

En el sector de la construcción, por ejemplo, el 26 % del empleo lo ocupan inmigrantes; el 49 % de los peones y el 39 % de los albañiles no han nacido en España. Un sector, además, cuya fuerza laboral se encuentra envejecida y que, pese a las carencias, sigue requiriendo de relevo generacional. Hoy, más que nunca, cuando el país necesita viviendas y aumentar la actividad productiva.

No es solo una cuestión de números, sino de estructura económica. Como señala también el Banco de España, los flujos migratorios están ayudando a mitigar el envejecimiento poblacional y sostener el crecimiento per cápita, algo que la propia OCDE ha subrayado recientemente al recomendar a España que facilite la incorporación de personas mayores e inmigrantes para garantizar el equilibrio del sistema laboral.

La otra cara: el talento que se forma y se va

Mientras tanto, España sufre otra fuga silenciosa. Cada año, decenas de miles de jóvenes cualificados abandonan el país por falta de oportunidades.

En un artículo reciente de El Blog Salmón, señalábamos que solo en 2022 salieron de España más de 426.000 personas, casi la mitad de ellas con estudios superiores o técnicos.

La fuga de talento no es un fenómeno anecdótico, sino estructural: la Fundación BBVA y el Ivie estiman que el coste de esta descapitalización supera los 155.000 millones de euros al año.

Lo paradójico es que los mismos factores que empujan a muchos españoles a emigrar —salarios bajos, inestabilidad, falta de perspectivas— son los que traen a inmigrantes al país.

Sin embargo, hay una diferencia clave: España no retiene ni aprovecha bien a ninguno de los dos perfiles. Más del 50 % de los trabajadores extranjeros con estudios universitarios están sobrecualificados, uno de los peores datos de Europa. La paradoja aquí es que, pese a la llegada de profesionales formados, el mercado español condena a la mayoría a sectores de baja cualificación, como la hostelería o la construcción, sin acceso real a una integración profesional que reconozca su formación.

Una cuestión clave para las pymes

Para las pymes, este escenario tiene implicaciones muy concretas. Los discursos que criminalizan la inmigración no solo son injustos o infundados: van directamente en contra de los intereses de la mayoría del tejido empresarial español, que depende de mano de obra diversa, flexible y disponible para mantenerse operativo.

Lo advertía el líder sindical Unai Sordo: "Va a venir más gente a España, se ponga como se ponga la extrema derecha… o se nos para el país. El debate no es inmigración sí o no, sino inmigración cómo".

La pregunta no es si España debe o no acoger a inmigrantes. Lo hace ya, lo necesita y lo seguirá haciendo. La cuestión urgente es cómo se integran, cómo se les reconoce y cómo se corrigen los desajustes que impiden aprovechar su potencial. Y cómo se evita, al mismo tiempo, que el talento formado dentro siga marchándose por la falta de un horizonte profesional claro.

Desde 2019, España ha perdido 930.000 trabajadores nacidos en el país en edad laboral. Unas cifras que se entienden mejor si atendemos al envejecimiento de la población y a la baja natalidad de las últimas décadas.

En este sentido, como informaba El País hace unos días, esta reducción se ha visto compensada por la llegada de 2,1 millones de extranjeros en el mismo período. Así, de los 468.000 empleos creados el año pasado, el 88 % del total fueron ocupados por trabajadores inmigrantes o con doble nacionalidad.

Más trabajadores

El dato positivo oculta una realidad compleja. A priori, es evidente que la inmigración cada vez tiene más peso en el sostenimiento del mercado laboral, pero también se concentra en sectores de menor cualificación, como la hostelería, la agricultura y la construcción.

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Según datos de la Seguridad Social, los inmigrantes representan el 29 % de los trabajadores en hostelería y el 24,8 % en agricultura. En 2024, estos sectores junto con el de las actividades sanitarias experimentaron un crecimiento en la afiliación de trabajadores extranjeros por encima del 10 %.

Sin embargo, al margen de cómo se distribuyen por sectores, debe analizarse el impacto del envejecimiento poblacional, a menudo en profesiones que no encuentran un adecuado relevo, como la medicina, la educación y las ingenierías, entre otras.

En este sentido, un estudio del Real Instituto Elcano advierte que los inmigrantes suelen desempeñarse en sectores de menor productividad, con peores condiciones laborales y salarios más bajos.

Desde finales de 2019, España ha perdido la friolera de 1,2 millones de población nacional entre los 25 y 54 años, mientras que el segmento de 55 años en adelante ha sumado 1,17 millones.

Estas cifras evidencian el envejecimiento de la fuerza laboral y plantean desafíos estructurales en la economía. En concreto, la menor productividad, el aumento de bajas laborales y una menor capacidad de innovación son algunas de las consecuencias. Además, el consumo interno se resiente debido a que los trabajadores mayores gastan menos en bienes duraderos.

Menos cotizaciones

Asimismo, los ingresos salariales medios de los extranjeros procedentes de América son un 37 % más bajos que los de los españoles (y, en relación con ello, también las cotizaciones) y un 34 % en el caso de los africanos.

Según cálculos aproximados basados en el PIB, entre 2022 y 2024 la ocupación ha contribuido en 8,8 puntos al crecimiento económico. Los inmigrantes han representado más del 70 % del empleo generado, pero sus salarios son casi un 30 % menores, por lo que, si bien su aportación al PIB podría superar los 60.000 millones de euros, porcentualmente está cayendo.

Por descontado, los datos no mienten: España está creciendo. Y lo hace a un ritmo mejor que el de la zona euro. Sin embargo, esto tiene letra pequeña, puesto que lo está haciendo poniendo a más gente a trabajar, no mejorando la productividad. 

En pocas palabras, esto afectará en el medio plazo al crecimiento per cápita, que no está avanzando a la misma velocidad que el conjunto de la economía, y lo que explica buena parte de la crisis de inflación y la pérdida de poder adquisito.

¿Es esta la norma? Por ahora, sí, pero existe un trasvase de trabajadores extranjeros que apuntan hacia sectores de mayor cualificación. En este sentido, entre 2008 y 2022, la proporción de extranjeros con un nivel alto de estudios ha pasado del 20 al 43 % y el porcentaje de extranjeros con un nivel bajo de estudios se redujo del 45 al 30 %.

Aun así, los inmigrantes con un nivel elevado de estudios siguen enfrentando dificultades para homologar sus títulos, mucha burocracia y estigma, entre otras cuestiones que les impiden ejercer una profesión cualificada, según la Universitat Rovira i Virgili.

¡Las pensiones!

A largo plazo, este fenómeno puede derivar en problemas estructurales en el mercado laboral y en el sostenimiento del estado del bienestar. Por ejemplo, como apunta el Instituto Nacional de Estadística (INE), el porcentaje de población actual de 65 años y más —actualmente, un 20,4 %— alcanzará un 30,5 % alrededor de 2055, según las últimas proyecciones.

Todo ello atiende a varias dinámicas por todos conocidas: la jubilación de la generación del baby boom y la ausencia de trabajadores que puedan ocupar sus puestos debido a la tasa de natalidad y el impacto de la IA, la automatización y la robótica. Hoy, la entrada de mano de obra extranjera es la única vía clara. Algo que ocurre en España, pero también en el resto de Europa Occidental.

En España, las pensiones suponen un 13 % del PIB, en 2025, y se estima que en las próximas décadas estas cifras se incrementen por encima del 17 % a partir de mediados de siglo. Una coyuntura que muchos economistas no ven viable.

En conclusión, aunque la inmigración ha sido (y es) esencial para compensar la disminución de la población activa española, su concentración en empleos de menor cualificación y el envejecimiento progresivo de la población plantean desafíos importantes. La pregunta clave es si el país podrá atraer y retener talento cualificado para evitar una crisis laboral en las próximas décadas.

Foto: Flickr/PSOE

La Comisión Europea ha decidido impulsar la creación de una Tarjeta Azul similar a la Tarjeta Verde estadounidense, destinada a ciudadanos extracomunitarios que tengan un contrato de trabajo de más de dos años y una remuneración de al menos tres veces el salario mínimo interprofesional del país de destino.

Esta tarjeta les facilitará, entre otras cosas, movilidad total dentro de la Unión (me viene a la memoria los Acuerdos de Schengen), y persigue regular la inmigración legal y combatir la ilegal.

Esta medida, muy positiva en cierto modo, tiene su lado oscuro: ¿alienta la Union, aun de forma velada, la fuga de cerebros?

Desde la Comisión se afirma que en ningún caso se busca con esta medida incentivar la fuga de cerebros, pero sin embargo, esto es un riesgo que está ahí.

Hace unos años en España se abrió el debate sobre si el trabajador cualificado era reconocido, tratado y retribuido consecuentemente en el país, habida cuenta de algún sonado investigador que decidió seguir su camino lejos de nuestras fronteras.

La conclusión a la que se llegó cae por su peso: de ser así, la oferta para abandonar el país debió de ser demasiado suculenta. Y no fue el caso. Simplemente en el extranjero obtuvo unos medios y una retribución que la empresa española no está en general dispuesta a asumir.

Un dato significativo lo encontramos en la página 9 de la revista Emprendedores (num.125):

18.000 millones de euros dejó de ingresar Alemania en 2006 por la falta de mano de obra cualificada. En ese año no se cubrieron 73.000 plazas de científicos e ingenieros.

Los beneficios que pueden llegar a generar en la empresa un empleado cualificado, en la gran mayoría de los casos van a compensar la inversión económica que su contratación va a suponer a la empresa.

A pesar de los aspectos negativos que pueda tener la implantación de esta tarjeta, creo que es una medida que puede favorecer la competencia y premiar de alguna manera a todos aquellos trabajadores que aun habiendo realizado un increíble esfuerzo por alcanzar las más altas cualificaciones, pueden encontrarse encerrados en un mercado laboral hostil y sin futuro. Esta tarjeta les brindará la posibilidad de ver su esfuerzo recompensado.

Y vosotros, empresarios ¿qué creéis de la medida? ¿Os parece positiva o negativa? ¿Sois conscientes del potencial y calidad de vuestros empleados cualificados? ¿Creéis que los cuidáis suficientemente o que deberíais hacer algún esfuerzo por mejorar su situación, para evitar perderlos, y que desarrollen su potencial en alguna empresa de vuestra competencia?

Vía | Deia.com Más en Pymes y Autónomos | Contrata al empleado adecuado (y hazlo feliz) Imagen | Sukoudo