Indemnización

Nos ha llegado una consulta muy interesante de un lector que se está planteando pasarse a autónomo para poder seguir trabajando en la empresa. En la actualidad, en la empresa en la que trabaja, por caidas en las ventas no puede abonarle la indemnización por despido improcedente y tampoco puede afrontar los pagos de Seguridad Social e IRPF que le repercuten al trabajador.

Transcribo la consulta tal cual, para destriparla por partes:

Trabajo en una empresa del sector de la construcción como empleado, hemos bajado la facturación de 5 a 3,5 millones euros año, cobro 2100 € por mes y el coste de la empresa en seguridad social e IRPF son unos 1500 €. La empresa no puede asumir esos costes, yo lo sé y ellos me lo han transmitido.

Con estas cifras iniciales, podemos aseverar que este trabajador parte de un error de bulto, porque él no cobra 2.100 euros mensuales, que sería la cantidad líquida que se recibe en nómina, sino unos 3.000 euros mensuales (aproximadamente), correspondientes con la cantidad bruta. No obstante, sigamos con la cuestión:

Nos llega una consulta de un lector sobre un caso más frecuente del que nos queremos imaginar. Este lector tiene un comercio dedicado a la distribución y cuenta con un empleado que quiere forzar su despido improcedente. Este hombre cuenta con una antigüedad de cinco años mediante contrato indefinido, por lo que hablamos de una cuantía importante.

La empresa no está dispuesta a sufragar esta indemnización puesto que ella no es la causa origen de este despido. La actitud del trabajador para forzar el despido es una falta total de motivación, errores leves en el desempeño de su trabajo como descuido en el almacén, impuntualidad, rquiere supervisión continua del trabajo y la mejor opción para todos es la salida de la empresa de estre hombre ¿Qué soluciones tiene la empresa?

Resulta interesante comprobar como en ocasiones, y pese a cumplir con los requisitos legales, lo que uno que uno quiere no se traduce necesariamente en lo que al final resulta ser, y eso con indepencia de lo grande, poderoso o bien asesorado que uno esté.

Una reciente sentencia de la Audiencia Nacional ratifica anteriores resoluciones que resuelven que la indemnización recibida por los trabajadores por la extinción de sus contratos de trabajo (previo y presunto mutuo acuerdo de las partes) instrumentada mediante despidos improcedentes no está exenta del impuesto sobre la renta de las personas físicas.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya nº 4098/2009 de 19 de mayo de 2009 resuelve la indemnización que debe percibir un trabajador económicamente dependiente (en adelante TRADE). Se trata de un trabajador en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social desde el 1 de abril de 2007 que prestaba servicios para una empresa instaladora de gas, y su cometido consistía en efectuar instalaciones de gas y reparaciones de calderas, calefacciones, termostatos, etc. La relación contractual entre ambas partes nunca se formalizó por escrito.

El TRADE trabajaba exclusivamente para la empresa instaladora, efectuaba las instalaciones y reparaciones, en base a las hojas de trabajo que le proporcionaba la referida empresa, no estaba sometido a horario alguno y no disponía de personal a su cargo. Además, disponía de infraestructura y materiales propios, si bien las calderas y radiadores a instalar eran propiedad de la empresa que requería sus servicios. Asimismo, cada día 25 emitía una factura por los trabajos efectuados en el mes anterior, siendo el importe mensual variable, y su promedio de 5.563,38 euros mensuales.

Esta mañana me he quedado sorprendido por una práctica que, aunque ya la conocía (e imagino que todos vosotros), no sabía que se hubiese puesto tan de moda. Hablo del “regateo” a la hora de pagar la indemnización por despido improcedente.

Como ya sabemos, el importe de la indemnización por despido tiene unos límites mínimos prefijados por la ley y el propio contrato de trabajo que exista entre empresa y trabajador. El modus operandi es tan simple como pegarse un farol jugando al póker para disminuir sustancialmente el´importe a pagar por esta indemnización. Veamos:

¿Os habéis preguntado alguna vez cuánto tiempo tiene que trabajar un empleado para generar la máxima indemnización, de forma que un día más de servicio a la empresa no se traduce en mayor indemnización? Sabemos que todo trabajador, por cada día de servicio prestado a la empresa, genera una potencial indemnización, tanto si se trata de un despido disciplinario (improcedente) como si se trata de una extinción del contrato basada en causas objetivas (ineptitud sobrevenida, causas económicas, etc.).

La cuestión es ¿Cuándo un trabajador deja de generar indemnización? O mejor dicho, ¿a partir de qué momento la indemnización del trabajador deja de crecer por su dedicación diaria?

Esta claro que una reforma laboral es la mejor solución que se puede plantear en nuestro mercado empresarial, lo que nunca habría imagino es que el gobierno pretende que una de las principales medidas de reforma, el abaratamiento del despido, se haga sólo de forma reducida y en algunas pymes.

La idea inicial es conseguir que las pymes puedan pasar a pagar un máximo de 20 días de salario por año trabajo sin superar las 12 mensualidades, algo que hasta la fecha las pymes no podían llevar a cabo a causa de la regulación del despido improcedente.

Desde hace mucho la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) organización rectora de la CEPYME viene pidiendo al gobierno una reforma del ámbito empresario-laboral cuya propuesta más importante sería una rebaja en los costes de despido.

Los sindicatos han puesto en todo momento el grito en el cielo y aún hay más de 3.000 convenios colectivos en suspensión a la espera de llegar a un marco de acuerdo común, pero lo que más llama la atención es que a quién han puesto en juego es al 85% de quienes hacen los contratos en nuestro país, las pymes.

A raíz de la reciente interpretación que de las arras o señal ha efectuado la administración y jurisprudencia comunitaria, me parece interesante hacer un repaso de cual es la suerte fiscal que corren estas cantidades una vez la compraventa de un piso o un local (cuya operación esté sujeta a IVA) no se lleva a cabo por resolverla el comprador.

En este caso es habitual que la parte compradora al desistir de la compraventa del inmueble pierda la totalidad de las cantidades entregadas en concepto de arras, pero lo cierto es que en multitud de ocasiones eso no tiene porque ser así pese a que el contrato parezca indicarlo.