Cada vez la presión fiscal es mayor. Y también la diferencia al respecto entre trabajadores por cuenta propia y pequeñas y medianas empresas. De hecho, acaba de alcanzar niveles de récord, con el lógico impacto que esto conlleva en la estructura productiva.

Los últimos datos publicados por la Agencia Tributaria reflejan que los autónomos soportan un tipo medio del 21,7% sobre sus beneficios, mientras que las pymes tributan en torno al 17,3% en el Impuesto de Sociedades.

La distancia entre ambos regímenes se ha ampliado de forma sostenida, hasta situarse en torno a un 25% de diferencia relativa.

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Esta situación está empujando a miles de profesionales a replantear su forma jurídica, priorizando la constitución de sociedades para reducir su factura fiscal.

Una evolución desigual desde 2017

El análisis histórico permite entender mejor el fenómeno. En 2017, los autónomos soportaban un tipo medio cercano al 17,4%, muy similar al de las pymes, que se situaban en torno al 16,8%. La distancia era prácticamente marginal.

Sin embargo, en apenas siete años el escenario ha cambiado de forma significativa. Mientras que la tributación media de las empresas apenas ha aumentado en torno a tres puntos porcentuales relativos, la de los trabajadores por cuenta propia se ha incrementado de manera mucho más intensa.

En términos prácticos, esto significa que el esfuerzo fiscal de los autónomos ha crecido de forma notable, sin que las sociedades hayan experimentado un ajuste equivalente.

El papel clave del IRPF frente al Impuesto de Sociedades

El origen de esta diferencia reside en la propia estructura de los impuestos. El IRPF es un tributo progresivo, con tipos que oscilan entre el 19% y el 47%, lo que implica que a medida que aumentan los ingresos también lo hace el porcentaje efectivo que se paga.

Por el contrario, el Impuesto de Sociedades parte de un tipo general del 25%, pero incorpora múltiples mecanismos que permiten reducir la carga final.

Deducciones, bonificaciones, amortizaciones o planificación fiscal son herramientas habituales que rebajan el tipo efectivo que terminan soportando las empresas.

Esta asimetría provoca que, a igualdad de beneficios, la carga fiscal sea mayor en el caso de los autónomos.

Inflación y fiscalidad y cómo distorsionan los datos

Uno de los elementos que explica el aumento de la presión fiscal sobre los autónomos es la inflación. En los últimos años, el incremento generalizado de precios ha obligado a estos profesionales a elevar tarifas para mantener márgenes.

Sin embargo, al no haberse ajustado los tramos estatales del IRPF, este aumento de ingresos nominales ha provocado un salto automático a tramos superiores. Es decir, parte del incremento de ingresos no responde a una mejora real del poder adquisitivo, sino a la necesidad de cubrir mayores gastos.

Los datos reflejan que los ingresos brutos de los negocios de autónomos han crecido en torno a un 73% desde 2017, mientras que en las pymes el aumento ha sido similar, cercano al 75%. A pesar de esta evolución paralela, la carga fiscal no ha seguido el mismo patrón.

Un efecto directo: 57.000 autónomos cambian de modelo

El impacto de esta brecha ya se traduce en decisiones empresariales concretas. En 2025, alrededor de 57.000 trabajadores por cuenta propia optaron por constituirse como sociedades, buscando una fiscalidad más favorable.

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Y es que, las sociedades permiten deducir un mayor número de gastos vinculados a la actividad, como suministros, vehículos, estructuras o retribuciones.

Además, ofrecen herramientas adicionales como la posibilidad de diferir dividendos, ajustar la retribución entre salario y beneficios o aplicar incentivos fiscales específicos. Todo ello facilita una mayor capacidad de planificación.

La presión de los costes y la falta de ajuste fiscal

El contexto económico ha intensificado el problema. El encarecimiento de la energía, los alquileres y los suministros básicos ha elevado los gastos estructurales de los negocios.

Para compensar este aumento, muchos autónomos han tenido que subir precios. Sin embargo, este ajuste ha tenido un efecto colateral: un incremento automático en la tributación debido al sistema progresivo del IRPF.

En la práctica, una parte relevante de ese esfuerzo por mantener la viabilidad del negocio termina trasladándose a la Administración en forma de mayor recaudación.

Diferencias territoriales en la respuesta fiscal

Algunas comunidades autónomas han intentado mitigar este efecto mediante la deflactación de su tramo autonómico del IRPF. Regiones como Madrid, Andalucía, País Vasco, Navarra, Aragón o Canarias han aplicado ajustes para adaptar el impuesto al contexto inflacionario.

No obstante, estas medidas solo afectan a una parte del tributo, ya que el tramo estatal representa aproximadamente el 50% del IRPF y sigue sin actualizarse en línea con el aumento del coste de vida.

Esto genera una situación desigual entre territorios y limita el alcance real de las medidas adoptadas a nivel autonómico.

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La Seguridad Social prevé un aumento cercano al 42 % en la recaudación procedente de los salarios más altos a partir de 2026. El dato ha reabierto el debate sobre el impacto de las cotizaciones sociales en las empresas y, en especial, en las pymes con perfiles cualificados, donde el coste laboral tiene un peso determinante, y donde el próximo año se debatirá, de nuevo, una subida del SMI.

Conviene matizar el titular: no se trata de una subida directa del 42 % en las cotizaciones individuales, sino del efecto agregado de varias medidas ya aprobadas. Comprender este matiz es clave para valorar su impacto real en los costes empresariales.

De dónde sale este 42 %

El incremento de la recaudación responde a la acumulación de cambios estructurales en el sistema. Por un lado, el destope progresivo de la base máxima de cotización, incluido en la reforma de las pensiones, hace que una parte cada vez mayor de los salarios altos pase a cotizar. Por otro lado, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) añade un recargo adicional que se irá incrementando de forma gradual.

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El resultado es que, sin un aumento brusco de tipos, la aportación total asociada a los sueldos más altos crece con fuerza. Este planteamiento figura en la documentación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y en la normativa publicada en el BOE sobre bases y tipos de cotización:

Cabe destacar que el impacto no es generalizado, sino que afectará, en esencia, a empresas con trabajadores cuyos salarios se sitúan en torno a la base máxima de cotización o la superan. En la práctica, esto pone el foco en pymes con pocos empleados, pero sueldos elevados, como consultoras, ingenierías, despachos profesionales o empresas tecnológicas.

Mayor coste por trabajador

Desde la perspectiva empresarial, el cambio se traduce en un mayor coste total por trabajador, incluso con salarios brutos estables. Parte del incremento recae sobre la empresa y parte sobre el empleado, pero el efecto final es una presión adicional sobre los costes laborales.

En pocas palabras, el coste puede aumentar, aunque la plantilla no crezca: mantener el mismo equipo con salarios altos será, año a año, más caro en términos de cotizaciones, lo que obliga a recalcular presupuestos y márgenes.

Este ajuste llega en un momento en el que muchas pymes todavía están absorbiendo el impacto de subidas previas de cotizaciones y del salario mínimo, lo que complica la planificación financiera, especialmente en sectores intensivos en talento. Diversos análisis han advertido de que la acumulación de cambios en los costes laborales, más que una medida aislada, es lo que está tensionando los márgenes de pequeñas y medianas empresas.

A diferencia de otras decisiones de corto recorrido, el aumento de la recaudación ligado a los salarios más altos responde a una senda conocida y progresiva, que ya se definía en la reforma de las pensiones.

Para las pymes, la clave no está en el debate político, sino en anticipar estos cambios en la planificación a medio plazo: revisar estructuras salariales, calcular el coste real de nuevas contrataciones cualificadas y asumir que el impacto de las cotizaciones será acumulativo en los próximos ejercicios.

El refuerzo de los ingresos de la Seguridad Social es uno de los pilares del nuevo modelo de pensiones y todo apunta a que las cotizaciones asociadas a los salarios más altos seguirán ganando peso en los próximos años. 

Para muchas pymes, entender bien de dónde sale ese 42 % y cómo se traslada al día a día del negocio será clave para tomar decisiones informadas en 2026, en un contexto de costes laborales crecientes y márgenes cada vez más ajustados.

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Ya tenemos calendario fiscal para el 2026. Más allá de cumplir con Hacienda, es  muy importante conocer con antelación los plazos para planificar la tesorería, evitar recargos innecesarios y reducir errores que suelen repetirse cada ejercicio.

Éste comienza con un primer trimestre especialmente cargado, ya que enero concentra tanto obligaciones trimestrales del ejercicio anterior como declaraciones informativas anuales.

Un solapamiento que continúa siendo uno de los principales puntos de fricción para autónomos y pymes, sobre todo para quienes no cuentan con asesoramiento continuo y confían en una gestión puntual de los impuestos.

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Desde la AEAT se insiste cada año en la importancia de respetar los plazos naturales, recordando que si la fecha límite coincide con domingo o festivo, el vencimiento se traslada al siguiente día hábil.

Este detalle, aparentemente menor, sigue siendo una de las causas más habituales de presentaciones fuera de plazo, con el consiguiente recargo automático.

Pagos fraccionados y declaraciones trimestrales

Los pagos fraccionados continúan siendo el eje del sistema de anticipos fiscales. En 2026, los autónomos deben seguir presentando sus pagos a cuenta del IRPF de forma trimestral, mientras que las sociedades realizan anticipos del Impuesto sobre Sociedades según su régimen y volumen de facturación.

El primer trimestre, correspondiente a los meses de enero a marzo, debe presentarse entre el 1 y el 20 de abril. El segundo trimestre, que abarca de abril a junio, se liquida del 1 al 20 de julio. El tercer trimestre, de julio a septiembre, mantiene su plazo del 1 al 20 de octubre. En el caso del cuarto trimestre, el pago fraccionado afecta únicamente a las sociedades y se presenta del 1 al 20 de enero de 2027.

Uno de los errores más frecuentes en estos modelos es confundir el trimestre declarado con el periodo de presentación, algo que se repite especialmente en el tercer trimestre tras el verano.

IVA e IRPF: el núcleo de las obligaciones periódicas

Para la mayoría de autónomos y pymes, el IVA y el IRPF constituyen el grueso de las declaraciones periódicas. El modelo 303 de IVA mantiene en 2026 sus plazos habituales, con presentaciones del 1 al 20 de abril, julio y octubre, y del 1 al 30 de enero para el cuarto trimestre del año anterior.

Este último plazo ampliado suele generar confusión, ya que no coincide exactamente con el resto de trimestres.

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El modelo 130, utilizado por los autónomos en estimación directa para adelantar parte del IRPF, comparte calendario con el IVA, incluidos los plazos de enero para el cierre del ejercicio previo. Una omisión habitual es pensar que, si no hay beneficio, no es necesario presentar el modelo, cuando en realidad sigue siendo obligatorio aunque el resultado sea cero.

Las retenciones practicadas a trabajadores y profesionales se declaran mediante el modelo 111, que también se presenta trimestralmente en los mismos periodos. La falta de coincidencia entre lo declarado y los datos del perceptor sigue siendo una de las principales causas de requerimientos posteriores por parte de Hacienda.

Impuesto sobre Sociedades: fechas críticas para empresas

Las sociedades mercantiles cuentan con un calendario específico para liquidar sus beneficios. El modelo 200 del Impuesto sobre Sociedades se presenta, con carácter general, entre el 1 y el 25 de julio de 2026, correspondiente al ejercicio 2025.

Este plazo intermedio, diferente al de otros impuestos, provoca errores recurrentes, especialmente en empresas con ejercicio coincidente con el año natural.

Además, muchas pymes olvidan que el resultado contable no siempre coincide con la base imponible fiscal, lo que refuerza la necesidad de preparar esta declaración con antelación suficiente.

Declaraciones informativas y modelos con mayor riesgo de sanción

El inicio de 2026 vuelve a concentrar varias declaraciones informativas que no implican pago, pero cuya omisión conlleva sanciones relevantes. Entre el 1 y el 31 de enero deben presentarse los modelos resumen de retenciones, como el 190, el 193 o el 180, según el tipo de rendimientos declarados durante 2025.

También en enero se presenta el modelo 184, obligatorio para comunidades de bienes y entidades en régimen de atribución de rentas. Febrero mantiene el protagonismo del modelo 347, que debe presentarse entre el 1 y el 28 de febrero e incluye las operaciones con terceros que superen el umbral anual establecido. Este modelo sigue siendo uno de los más revisados por la Agencia Tributaria por su función de cruce de datos.

El modelo 349, relativo a operaciones intracomunitarias, mantiene su periodicidad mensual o trimestral en función del volumen de operaciones, siendo habitual que los retrasos se produzcan en empresas con actividad internacional esporádica.

Verifactu y el horizonte normativo

Aunque 2026 se perfilaba inicialmente como el año de entrada en vigor del sistema Verifactu, la Agencia Tributaria ha confirmado su aplazamiento. Las empresas sujetas al Impuesto sobre Sociedades deberán adaptarse a partir del 1 de enero de 2027, mientras que el resto de empresas y autónomos dispondrán hasta el 1 de julio de ese mismo año.

Este cambio concede margen adicional, pero no elimina la necesidad de planificación tecnológica previa. ¡Toma nota!

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El mercado inmobiliario ha dado un respiro inesperado a las comunidades autónomas. Según el análisis de Fedea, las regiones podrían cerrar 2025 con 15.500 millones de euros recaudados a través de los impuestos vinculados a la vivienda y a las operaciones inmobiliarias, especialmente el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y los Actos Jurídicos Documentados (AJD).

Este aumento de ingresos se apoya en un fuerte repunte de compraventas, préstamos hipotecarios y transmisiones de segunda mano. Solo en el último año, algunas comunidades han registrado aumentos superiores al 20 % en recaudación ligada al ladrillo, mientras que territorios como Cataluña se encaminan hacia su mejor ejercicio recaudatorio desde la burbuja inmobiliaria.

Este boom no es gratis para las pymes

Las comunidades celebran el impulso recaudatorio, pero para muchas pymes y autónomos la situación tiene otra cara. La compra de un local, el traslado de un negocio, la adquisición de una nave o la transmisión de una empresa familiar se encarecen automáticamente cuando ITP o AJD suben o mantienen tipos elevados.

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En algunos territorios, la combinación de actividad intensa y bases imponibles crecientes hace que la factura fiscal para las empresas sea sensiblemente mayor que hace un año.

Un supuesto que afecta, sobre todo, a pymes que quieren comprar un inmueble para dejar de pagar alquiler, negocios que buscan ampliar espacio o diversificar actividad; autónomos empleadores que necesitan formalizar un traspaso o permuta y empresas familiares que afrontan sucesiones o donaciones.

En este sentido, si bien el auge recaudatorio tiene un origen coyuntural, las comunidades pueden verse tentadas a consolidar parte de estos ingresos manteniendo tipos altos o reduciendo bonificaciones. Una decisión así podría penalizar la inversión productiva, retrasar operaciones y encarecer la expansión de muchos negocios.

Riesgos y efectos colaterales

Uno de los efectos menos visibles del actual contexto fiscal es que muchas operaciones inmobiliarias empresariales se vuelven más difíciles de planificar.

Un pequeño negocio que necesita trasladarse puede encontrarse con un coste fiscal inesperado, y una empresa familiar que necesita ordenar una sucesión puede aplazar la transmisión por la carga impositiva autonómica.

A ello se suma un segundo riesgo: la desigualdad territorial. En comunidades donde los impuestos al patrimonio o a las transmisiones son más altos, las pymes pueden plantearse mover sus inversiones a regiones con fiscalidad más amable. Sin embargo, estas decisiones generan costes logísticos, adaptación operativa y, en ocasiones, pérdida de clientela.

El impacto no se limita al coste fiscal. Un aumento sostenido del precio de los inmuebles hace que el alquiler o compra de espacios comerciales sea más caro, lo que reduce márgenes y dificulta la entrada de nuevos negocios.

Para anticiparse, algunos negocios están revisando el tipo impositivo de ITP–AJD en su comunidad, comparando alternativas territoriales, si la operación lo permite, estudiando bonificaciones autonómicas en transmisiones empresariales o relevo generacional y tratando de adelantarse a las operaciones antes de posibles ajustes al alza.

En cualquier caso, este boom inmobiliario está permitiendo a las comunidades ingresar como no lo hacían desde hace años, pero para las pymes la situación exige prudencia. Los expertos coinciden en que se trata de un contexto extraordinario.

Las decisiones vinculadas a inmuebles (traslado, compra, sucesión, inversión o expansión) son ahora más caras y sensibles a la fiscalidad territorial. En un escenario de márgenes estrechos y costes crecientes, dominar la fiscalidad autonómica se convierte en parte esencial de la estrategia empresarial.

El Gobierno ha cerrado la puerta a la implantación del llamado “IVA cero” o régimen franquiciado para pequeñas empresas, una opción que la Unión Europea habilitó a comienzos de 2025 y que permite a los Estados eximir del impuesto a los negocios con una facturación limitada.

La decisión, que ya ha confirmado el Ministerio de Hacienda, mantiene intacto el actual sistema de liquidación trimestral y deja a los autónomos y microempresas españolas fuera de un modelo que ya se aplica en buena parte de Europa.

Qué es el régimen de “IVA cero”

La medida supone descartar definitivamente la posibilidad de que miles de pymes queden exentas de repercutir y declarar el IVA cuando su volumen de operaciones no supere los 85.000 euros anuales, el umbral máximo fijado por la Directiva (UE) 2020/285.

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En la práctica, Hacienda solo aplicará este régimen a las ventas con destino a otros Estados miembros (como ya se estaba haciendo), lo que deja fuera al comercio interior y al grueso del tejido empresarial español.

El sistema, conocido también como régimen de franquicia, nació con la idea de simplificar la carga fiscal y administrativa de las microempresas. Los países que lo adoptan permiten que las compañías más pequeñas —con ingresos por debajo de un umbral determinado— no tengan que repercutir IVA ni presentar declaraciones periódicas, aunque sigan emitiendo facturas.

El modelo ya funciona en países como Francia, Italia, Alemania o Portugal, donde ha contribuido a reducir la burocracia y los costes de cumplimiento para profesionales con un nivel de actividad más limitado.

En España, la propuesta fue evaluada en 2024 por el Ministerio de Hacienda y los técnicos de la Agencia Tributaria, que plantearon su implantación gradual a partir de 2026. Sin embargo, el Ejecutivo ha optado por no aplicarlo dentro del país. La explicación oficial es que “se considera que el sistema podría generar desigualdades y distorsiones entre autónomos y sociedades”.

Por qué Hacienda lo descarta

Según adelantó El Economista, el principal argumento del Gobierno es preservar la recaudación fiscal y evitar un impacto desigual en el mercado. Las estimaciones de los técnicos de Hacienda (Gestha) apuntaban a que la exención podría suponer una pérdida de ingresos superior a 2.000 millones de euros anuales, además de elevar el riesgo de fraude y de facturación artificial entre empresas vinculadas.

Desde el Ministerio defienden que España ya cuenta con regímenes simplificados de IVA, y que introducir un sistema exento podría “fragmentar el tratamiento tributario” y dificultar el control del fraude. Las fuentes oficiales sostienen que beneficiaría a un número reducido de profesionales, pero obligaría a modificar de forma sustancial el sistema informático y contable de la Agencia Tributaria.

El PP, principal partido de la oposición, en cambio, ha sostenido que esta medida representaría alivio fiscal y que, si su equipo llega al Gobierno, sí se plantea eximir del pago de IVA a los autónomos que facturen por debajo de esta cifra.

Visión europea

La decisión sitúa a España como una de las pocas economías europeas que no aplicará la franquicia de IVA a nivel nacional. En Francia, por ejemplo, los negocios con ingresos inferiores a 37.500 € anuales (servicios) o 85.000 € (comercio) están exentos de declarar el impuesto.

Estos países mantienen controles cruzados para evitar el fraude, pero coinciden en que el sistema ha ayudado a dinamizar el autoempleo y a reducir la carga administrativa de las microempresas.

Las patronales españolas, ATA y CEPYME, han criticado el rechazo de Hacienda al considerar que “mantiene a las pymes en desventaja competitiva respecto al resto de Europa”. Según ATA, el modelo europeo “reconoce la realidad del trabajo por cuenta propia y permite liberar recursos que podrían destinarse a inversión o empleo”.

El mantenimiento del actual régimen implica que los autónomos deberán seguir presentando las declaraciones trimestrales de IVA y soportando la carga burocrática que conlleva.

En un entorno de costes crecientes y márgenes ajustados, la exención habría supuesto un alivio para muchos negocios de baja facturación (sobre todo, en sectores como los servicios, el comercio local y las profesiones liberales).

Además, la decisión puede afectar a la competitividad de los pequeños exportadores y a quienes compiten con microempresas de otros países europeos que sí están exentas. Una peluquería o un diseñador autónomo portugués pueden ofrecer precios sin IVA dentro de su país, mientras que un profesional español no puede hacerlo ni siquiera en su propio mercado, ejemplifican desde las asociaciones de profesionales.

Lorenzo Amor ha recordado en varias ocasiones (la última a Europa Press) que “un autónomo portugués o francés factura sin IVA con un sistema más simple mientras aquí seguimos atados a la declaración trimestral”.

El debate que podría reabrirse

En conclusión, si bien el Ministerio da por cerrado el debate, varios expertos tributarios prevén que la cuestión se reabra cuando se evalúe el impacto del nuevo marco de digitalización fiscal que la UE aplicará en 2026.

Por ahora, el rechazo al IVA cero deja a España como uno de los pocos Estados miembros que no aprovecha las flexibilidades comunitarias para aliviar la presión fiscal de sus microempresas. Una decisión que, según los colectivos empresariales, “confirma la brecha entre el discurso de apoyo a las pymes y la realidad de las reformas tributarias”.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha decidido revisar por la vía rápida la legalidad de los aranceles globales que Donald Trump impuso bajo la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).

La decisión llega después de que el Tribunal de Apelaciones (Federal Circuit) declarase ilegales esas tarifas generalizadas en el caso V.O.S. Selections Inc. v. Trump. Para las pymes exportadoras españolas, el fallo marcará la diferencia entre un escenario de aranceles “a la carta” y otro en el que se mantenga el cauce legal tradicional en materia comercial.

Qué está realmente en juego

Si el Supremo da la razón al presidente estadounidense, se abriría la puerta a aranceles amplios y rápidos sin necesidad de pasar por el Congreso.

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En el caso español y europeo, esto podría traducirse en un riesgo regulatorio elevado en sectores sensibles como el agroalimentario (vino, aceite, aceitunas, quesos), el textil, la cerámica o el acero, donde buena parte de las exportaciones dependen de los márgenes reducidos de las pymes.

Por el contrario, si el Supremo confirma que el uso de la IEEPA fue ilegal, una parte importante de estos aranceles caerían, aunque podrían mantenerse temporalmente si se aprueban medidas cautelares mientras se dicta sentencia.

Lo que no cambia (y por qué importa)

Conviene aclarar que el litigio no afecta a otros marcos legales ya usados por EE. UU., como la Sección 232 (seguridad nacional) o la Sección 301 (prácticas comerciales desleales).

Esto quiere decir que, incluso si el Supremo limita la IEEPA, la Casa Blanca seguiría teniendo herramientas para imponer gravámenes a productos europeos o chinos. Dicho de otro modo: el riesgo arancelario no desaparece aunque caigan los aranceles de emergencia.

Por el momento, el Supremo ha fijado una vista acelerada para noviembre de 2025, algo poco habitual en el alto tribunal, lo que sugiere una clara intención de dar certidumbre al mercado. En cualquier caso, hasta que no exista sentencia, los aranceles basados en IEEPA siguen en el aire: jurídicamente podrían desaparecer, pero en la práctica continúan generando incertidumbre para quienes exportan a EE. UU.

Qué dicen los analistas

Para muchos expertos, el uso extensivo de la IEEPA para fijar tarifas desborda el equilibrio constitucional de poderes, dado que la regulación del comercio y los impuestos corresponde al Congreso.

Una parte de la doctrina pide al Supremo que acote el uso de esta ley, mientras otra advierte que una limitación excesiva podría debilitar la capacidad de respuesta de la Casa Blanca en situaciones de emergencia.

Al mismo tiempo, análisis recientes recuerdan que la recaudación arancelaria estadounidense está en máximos históricos, pero con efectos inflacionarios que pesan sobre empresas y consumidores.

Cómo se traduce para la pyme exportadora

Para una pyme española, la sentencia se traduce, principalmente, en diferentes escenarios de riesgo comercial. 

El primero tiene que ver con la clasificación de ventas por mercados y posiciones arancelarias: conviene distinguir qué productos están cubiertos por IEEPA y cuáles podrían quedar sujetos a otros instrumentos como la 232 o la 301. 

En segundo lugar, es clave simular el impacto en márgenes: calcular qué supone un arancel adicional del 5 %, 10 % o 25 % en cada línea de producto permite anticipar ajustes de precio o renegociar contratos.

También es recomendable revisar contratos con clientes estadounidenses para identificar cláusulas sobre cambios regulatorios y definir quién asume el coste de un arancel. 

Por descontado, otra vía pasa por diversificar mercados hacia destinos como Canadá, México, Reino Unido o la EFTA, reduciendo así la dependencia del mercado estadounidense. Sin embargo, esto no siempre es sencillo ni viable. 

Finalmente, mantener un canal activo con ICEX, Cámaras de Comercio y asociaciones sectoriales ayuda a acceder a información sobre licencias, exclusiones o contingentes que podrían suavizar el impacto.

Escenarios probables tras la sentencia

El primer escenario es que el Supremo limite el uso de IEEPA y confirme la decisión del Federal Circuit: en ese caso, los aranceles basados en esa ley caerían, pero seguirían vigentes los amparados en la Sección 232 o 301.

Un segundo escenario es que el Supremo avale la IEEPA, lo que consolidaría la capacidad presidencial de fijar aranceles amplios sin Congreso y aumentaría la volatilidad para los exportadores. Asimismo, existe la posibilidad de un tercer marco, que sería un fallo parcial, con el caso devuelto a instancias inferiores, lo que alargaría la incertidumbre varios meses más.

En cualquier caso, y pese a que el fallo aún tardará semanas, los analistas coinciden en que los aranceles ya afectan a precios y demanda. Estados Unidos recauda como nunca, pero la factura se traslada a empresas y consumidores. Para las pymes exportadoras españolas, esperar a ver qué decide el Supremo puede ser un error: anticipar escenarios, ajustar precios y diversificar clientes es la única manera de proteger la caja en un contexto de máxima incertidumbre.

En 2023, podría decirse que el sistema tributario español dio un vuelco. Según los últimos datos de la AEAT, la recaudación del impuesto de patrimonio se disparó hasta los 1.970 millones de euros ese año (un 58 % más que en 2022), donde un 99 % de los patrimonios superiores a 30 millones de euros abonaron este tributo, frente al 27,5 % que lo hacía un año antes.

Detrás de este cambio no está un aumento repentino de fortunas, sino la ofensiva del Gobierno con el impuesto de solidaridad sobre las grandes fortunas, creado a finales de 2022 para evitar las bonificaciones autonómicas del patrimonio.

Un impuesto estatal

El tributo estatal, diseñado como "temporal", ha funcionado como un calco del impuesto de patrimonio, pero con una diferencia esencial: la recaudación iba directamente a las arcas del Estado.

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Si las comunidades mantenían el impuesto de patrimonio bonificado al 100 %, el Estado se quedaría con la recaudación a través del nuevo impuesto de solidaridad. Para evitarlo, decidieron recuperar el tributo autonómico y asegurarse esos ingresos con un cambio casi inmediato: en Madrid, se pasó de no tener ningún contribuyente en 2022 a registrar 10.659 pagadores en 2023; en Andalucía, la cifra pasó de cero a 662 contribuyentes en solo un año.

Recaudación disparada

En los últimos años, el efecto se ha hecho notar, sobre todo, en los tramos más altos de riqueza, donde:

· Los patrimonios de más de 30 millones de euros triplicaron su aportación, de 160 a 485 millones de euros.

• En los patrimonios intermedios, de 6 a 30 millones, la factura se duplicó con creces: de 286 a 615 millones.
• Los patrimonios de entre 1,5 y 6 millones siguieron siendo mayoría en número de contribuyentes, pero su aportación apenas creció un 12 %.

La consecuencia es que el impuesto sobre grandes fortunas, pensado como disuasorio, ha quedado reducido a un papel casi anecdótico o residual: cuando un contribuyente paga patrimonio, el nuevo tributo estatal se aplica con una deducción del 100 %.

Desde el Ejecutivo, se afirma que el objetivo está cumplido: todas las comunidades han vuelto a gravar la riqueza y se refuerza así la equidad fiscal entre territorios.

La foto política también es relevante: la ofensiva contra las bonificaciones autonómicas ha abierto un debate sobre la necesidad de una mayor armonización fiscal en España.

En cualquier caso, el movimiento también ha generado incertidumbre: si bien comenzó como un impuesto temporal, todo apunta a que puede extenderse en el tiempo.

Sin excesivas tensiones

Para las pymes, en cambio, no se trata tanto de gravar más patrimonio de los ultrarricos como el mensaje de fondo: el marco tributario puede cambiar con rapidez, en función de la tensión entre Estado y comunidades, lo que podría contribuir a cierta inseguridad fiscal, competencias entre las autonomías y mayor necesidad de planificación.

Sin embargo, los datos de 2023 han marcado un antes y un después, y muestran una clara tendencia: casi todos los ultrarricos han vuelto a pagar el impuesto de patrimonio y la recaudación se dispara sin excesivas tensiones.

La lección es clara: más que nunca, las pequeñas empresas deben seguir de cerca la política fiscal, porque lo que empieza en las grandes fortunas suele anticipar dinámicas que terminan afectando a todo el tejido productivo. Sin embargo, también queda la nota positiva y es pensar que ese mayor control de la fiscalidad puede tener consecuencias claramente positivas para el contribuyente medio: un mayor control sobre las grandes fortunas ayuda a reforzar la equidad del sistema.

Emprender en España no solo depende de una buena idea y de esfuerzo, sino también de factores externos como el entorno fiscal.

Las diferencias en la presión impositiva entre comunidades autónomas influyen directamente en las decisiones estratégicas de autónomos y empresarios a la hora de ubicar su negocio. Las políticas tributarias marcan el margen de maniobra para reinvertir beneficios, contratar personal o mantener precios competitivos.

Y es que, la imagen fiscal del territorio español refleja contrastes notables. Cataluña y Asturias se sitúan en el extremo más exigente con los trabajadores por cuenta propia, mientras que Madrid y las provincias vascas ofrecen un clima más favorable, lo que repercute en la capacidad de los negocios para crecer y consolidarse en el mercado.

Cataluña, la región más exigente con los autónomos

Cataluña destaca por ser la comunidad donde los autónomos y emprendedores afrontan los mayores pagos fiscales. Para una renta anual de 30.000 euros, por ejemplo, un profesional paga unos 5.039 euros en concepto de IRPF, cifra claramente superior a la de otras regiones.

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A medida que la renta aumenta, la diferencia se agranda: para ingresos de 160.000 euros al año, la aportación en esta comunidad alcanza los 60.272 euros, frente a los poco más de 56.500 en Madrid.

Además del impuesto sobre la renta, Cataluña aplica once tributos propios, de los cuales seis tienen carácter ambiental, gravando también otras actividades económicas como las estancias turísticas o las viviendas vacías. Este elevado número de impuestos adicionales constituye un obstáculo para los emprendedores que buscan maximizar su capacidad de reinversión y competir en mejores condiciones.

Pese a ello, Cataluña cuenta con ventajas estratégicas para los negocios, como su infraestructura logística y su ecosistema empresarial.

Madrid, el entorno fiscal más favorable para emprender

En el extremo opuesto, Madrid se consolida como la comunidad que menos grava a los emprendedores. Sin impuestos propios, los autónomos madrileños solo asumen las cargas estatales, lo que se traduce en un mayor flujo de efectivo disponible para invertir en sus negocios.

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Este enfoque, que mantiene bajos los tramos autonómicos del IRPF, permite que quienes facturan 160.000 euros paguen casi 3.700 euros menos al año que en Cataluña.

Madrid también ofrece deducciones adicionales como un beneficio de 1.000 euros en el IRPF el primer año de actividad, lo que contribuye a su atractivo para quienes desean lanzar un proyecto empresarial.

Por tanto, se trata de la región más favorable para quienes buscan comenzar un negocio con rentas bajas y medias, ya que incluso en los tramos más altos sigue manteniendo los tipos más bajos.

Asturias y la Comunidad Valenciana: alta presión en distintos perfiles

Asturias se sitúa como la segunda región más exigente para los autónomos. Con un IRPF autonómico elevado y seis impuestos propios, la comunidad penaliza fiscalmente tanto las rentas medias como las elevadas. Un autónomo con ingresos de 30.000 euros paga en Asturias más de 4.950 euros, cifra muy cercana a la de Cataluña y considerablemente superior a la de las provincias vascas.

Por su parte, la Comunidad Valenciana presenta una carga especialmente alta en los tramos más elevados. En una renta de 600.000 euros anuales, un emprendedor valenciano paga cerca de 298.000 euros, frente a los 251.000 de Madrid. Esta diferencia de más de 47.000 euros marca una clara desventaja para quienes alcanzan rentas altas y buscan mantener liquidez.

Un entorno que claramente condiciona el crecimiento empresarial

Estos datos evidencian cómo las diferencias tributarias influyen en las decisiones de los emprendedores. La ubicación de un negocio puede suponer una diferencia de cientos o incluso miles de euros al año, lo que en muchos casos determina la capacidad para contratar, innovar o simplemente sobrevivir en el mercado.

Para los jóvenes empresarios, esta realidad es aún más crítica. Las ayudas estatales y autonómicas, aunque útiles, no compensan por completo el peso de los impuestos en determinadas regiones. Madrid y las provincias vascas se presentan como opciones más ventajosas para quienes comienzan con rentas bajas, mientras que Cataluña, Asturias o Comunidad Valenciana suponen mayores desafíos.

Las diferencias entre comunidades en cuanto al cobro de impuestos no solo son una cuestión de justicia fiscal, sino también de competitividad económica.

Imágenes | Instagram, Unplash

La Agencia Tributaria ha reactivado en 2025 la compensación de deudas tributarias pendientes con las devoluciones de la declaración de la Renta.

Un procedimiento, que se ajusta a la legalidad y que afectará, sobre todo, a los autónomos con pagos aplazados, así como a cualquier contribuyente que mantenga obligaciones fiscales sin saldar con la Administración.

En qué consiste la compensación

Los procedimientos de compensación son un mecanismo regulado por la AEAT que permite saldar deudas utilizando créditos a favor del contribuyente, como una devolución del IRPF.

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Como se informa en el sitio web oficial de la Agencia Tributaria, estos pueden aplicarse “de oficio” por parte de Hacienda o ser solicitada por el propio contribuyente. En estos casos, se aprovechará la campaña de la Renta 2025 para compensar o restar una parte de la deuda.

De este modo, afecta a cualquier persona física o jurídica que presente la declaración con resultado a devolver y mantenga deudas con la Administración tributaria. En estos casos, Hacienda puede retener parcial o totalmente la devolución para cubrir lo adeudado, sin necesidad de autorización previa.

Un supuesto que puede afectar especialmente a autónomos con varios frentes abiertos, como el pago de los impuestos de IVA e IRPF o ciertas retenciones fiscales o pagos que hayan sido fraccionados.

Muchas devoluciones que no llegan

Según ha informado la AEAT, durante el mes de abril, ha habido más de 7,6 millones de contribuyentes que han presentado su declaración de IRPF y un elevado porcentaje de estos tienen derecho a devolución.

En total, se calcula que cerca de 6 millones. Sin embargo, los importes a devolver e incluso muchas de las devoluciones no se realizarán debido a este mecanismo de compensación.

Así, desde el inicio de la campaña de Renta, las solicitudes irán pasando por distintas fases: aquí nos interesa, en concreto, la de recaudación, que obliga a revisar deudas antes de efectuar el pago de una devolución. Así, antes de emitir pagos, hay un filtro previo de deudas pendientes, por lo que se paraliza la devolución, se cobra la deuda pendiente y, si queda dinero por devolver, entonces se efectúa el pago en cuestión.

En este sentido, si la compensación se hace de oficio, el contribuyente recibirá una notificación electrónica o postal informando de la decisión. En caso de querer compensar de forma voluntaria, puede hacerlo desde la Sede Electrónica de la AEAT mediante la opción "Solicitud de compensación".

Si la Renta no compensa...

Por último, desde la Agencia Tributaria se señala también que "si el crédito es inferior a la deuda, la parte de deuda que exceda del crédito seguirá el régimen ordinario, iniciándose el procedimiento de apremio, si no es ingresada a su vencimiento, o continuando dicho procedimiento, si ya se hubiese iniciado con anterioridad, siendo posible practicar compensaciones sucesivas con los créditos que posteriormente puedan reconocerse a favor del obligado al pago".

Dicho de otro modo, si la Renta no compensa todas las deudas pendientes, servirá para reducir la cantidad aplazada, que deberá pagarse en los mismos plazos y con las mismas condiciones. En cambio, si era inferior, como ya hemos visto, se abonará el "sobrante" antes del plazo habitual que tiene la Administración para los pagos de Renta.

Por descontado, si los contribuyentes no están conformes con la compensación aplicada, pueden presentar alegaciones o un recurso económico-administrativo, para el que suele ser recomendable contar con asesoramiento fiscal si hay dudas sobre el origen o la cuantía de la deuda.

Para evitar sorpresas, lo más prudente es:

• Consultar el estado de tus deudas pendientes antes de hacer la Renta.
• Revisar el buzón electrónico de notificaciones.
• Mantenerse al tanto de cualquier retención o incidencia en tu devolución.

Y si te correspondía devolución… mejor no contar con ella hasta que Hacienda confirme que no tienes cuentas pendientes.

No hay consenso. Mientras algunos medios afirman que los delitos fiscales se han reducido un 80 % en una década, lo que equivale a menos denuncias y menos dinero defraudado, según el Gestha (Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda), el informe independiente Rethinking the Informal Economy and the Hugo Effect, de Rogoff y Pappadà, afirma que, en España, uno de cada cuatro euros forman parte de la economía sumergida del país.

Esta disparidad en las cifras sobre la economía sumergida en España, que solo se ve superada en porcentajes defraudados por Grecia (31 %) e Italia (36 %) refleja la complejidad del fenómeno y las diferentes metodologías empleadas para su medición y control.

Control tributario, pero ¿qué más?

En este sentido, si bien el Gestha ha confirmado una reducción notable de los delitos fiscales en la última década (que no de las cifras que caen en "el negro", que ha aumentado en todo el sur de Europa), el informe de Kenneth Rogoff y Francesco Pappadà estima que, aproximadamente, el 24 % del PIB español corresponde a actividades no declaradas, situando a España entre los países europeos con mayor economía informal, según puede consultarse en el National Bureau of Economic Research (NBER).

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El estudio introduce la medida "EVADE", basada en datos del IVA, que muestra una variación más significativa en la informalidad entre países europeos que estimaciones previas. Para ello, se ha revisado la cantidad de impuestos que deberían recaudarse y el total recaudado.

Además, identifica el "efecto Hugo" (por Víctor Hugo, parafraseando alguna de sus famosas frases, como "El país le dio la espalda al Gobierno", más probable en tiempos de crisis), según el cual la economía informal tiende a aumentar durante las recesiones y a disminuir en períodos de bonanza económica.

Todo ello, ayudaría a explicar el retroceso de los delitos contra la Hacienda pública de la última década, sumados a un mayor control de las finanzas y las operaciones entre profesionales y particulares.

¿Castigar? Y educar, y simplificar

Según el análisis del NBER, el tamaño de la economía sumergida puede vincularse a menores controles, incentivos mal diseñados y mayor uso del efectivo. Sin embargo, también debe tenerse en cuenta la rigidez de los tipos impositivos, la burocracia y la normativa fiscal, que puede dejar fuera a muchos profesionales, que frenan su actividad empresarial.

El ejemplo paradigmático es el sistema de módulos español, que puede frenar rápidamente la actividad de los autónomos que deberían dar el salto a la estimación directa (para toparse, principalmente, con más impuestos y más burocracia).

De igual modo, el estudio del NBER correlaciona los pagos en negro y el desempleo: cuanto más alta es la tasa de paro, mayor volumen de economía sumergida existirá en un país. Así, durante una crisis, los empleos no declarados aumentan como un modo efectivo de obtener ingresos rápidos.

Además, en este contexto, pese a la dudosa moralidad de las acciones, las pymes pueden optar por tratar de reducir gastos con empleos sin contratos y venta de producto sin facturas como única forma de mantenerse activas.

En cierto sentido, es la pescadilla que se muerde la cola: se confirma que la economía sumergida se reduce en ciertos países (Bélgica, Suecia, Alemania) donde se utiliza la tarjeta y se digitalizan pagos, pero donde también se han simplificado las declaraciones fiscales; de igual modo, se dificulta esta posibilidad al establecer más burocracia y no reducir las desigualdades sistemáticas.

Por último, los pagos en negro siguen perpetuando una menor recaudación fiscal y, a su vez, desigualdades y distorsión en la competencia de los mercados.

El paper concluye que este desafío va más allá de perseguir y castigar: las medidas punitivas pueden ser una parte, pero necesitan de una revisión total del marco legal y administrativo que facilite el cumplimiento tributario y promueva una cultura de transparencia y responsabilidad fiscal.