Me hago eco de la noticia que en fecha de hoy ha salido publicada en Expansión y que parece tener algo de sentido común dentro de este torbellino de primicias que día a día se suceden en nuestro sector. Concretamente se informa que el Ministerio de Economía y hacienda está estudiando la posibilidad de declarar exentos de sucesiones los patrimonios inferiores a diez millones de euros.

La fuente proviene de la empresa Landwell-Pricewaterhouse Coopers (PwC). El exceso sobre esa cifra de 10 millones.... en fin, para qué seguir, pues pocos serán los lectores de nuestro blog que lo superen, y en caso de ser así seguramente tendrán línea directa con Elena Salgado, si no tienen ya su móvil.

Resumiendo, la reforma parece no ir encaminada tanto a la creación de un tipo o porcentaje mínimo común para todas las comunidades, sino más bien a la tributación sólo en aquellos casos que existe una riqueza real y manifiesta. Sé que el término riqueza es relativo a la par que subjetivo, ahora bien y bajo mi punto de vista, disponer de un patrimonio de diez millones de euros no deja lugar a dudas.

Francamente, soy del parecer que un impuesto que se exige en caso de muerte del propietario de los bienes es algo parecido a un saqueo, y de no fallarme la redacción legal, podría ser incluso un delito contra el respeto a los difuntos de los tipificados el código penal, porque está claro que se falta al mismo, y aunque los bienes violados no sean la tumba o su sepultura, una urna funeraria o un panteón, sí lo es la cuenta corriente, el espejo de más y mayores secretos.

La práctica me ha dejado claro que es un impuesto triste, injusto, arbitrario y sin piedad, así que toda noticia dirigida a su erradicación es bien recibida. Soy consciente que ello afecta una importante fuente de ingresos para aquellos profesionales que se dedican a la planificación fiscal, ahora bien, a nadie se le escapa que han surgido nuevas y diversas obligaciones fiscales que pueden suplir esa carencia. Ni que decir tiene que son igual de irracionales, pero al menos no son de las que incomodan antes de morir.

Deseando que siga la misma suerte que el Impuesto sobre Patrimonio, se despide un ferviente seguidor lo racional; alguien que tenía pensado criogenizarse para no generar el hecho imponible del impuesto.

Imagen | Galería de hansvandenberg30

Vía | Expansión

A raíz de la posible recuperación del impuesto sobre sucesiones por parte del estado, configurando una ley de mínimos de forma que no exista competencia fiscal entre las autonomías, creo que una solución eventual para potenciales emprendedores pasaría por la creación de empresas que administren servicios consistentes en tramitar la muerte prematura del causante (difunto) con la finalidad que sus herederos no paguen más de la cuenta.

Imagino que a excepción de la fecha y el modo las demás condiciones deberían ser pactadas por el futuro heredero, puesto que a nadie interesa contratar servicios mortuorios para sí mismo. Yo nombraría el servicio como

eutanasia fiscal: ocasione la muerte inmediata de alguien con el fin de evitar sufrimientos insoportables; en este caso a los herederos o al patrimonio del causante.

Entiendo que de la misma forma que se gestionan bienes en vida con la finalidad que tributen lo mínimo, en estos momentos está en manos de cualquier contribuyente avanzarse al resurgimiento de ese ave fénix fiscal llamado impuesto sobre sucesiones y ... morirse sin más.

Es por ese motivo que si antes de aprobarse definitivamente la modificación del impuesto sobre sucesiones se produce un incremento en las defunciones, los herederos además de ahorrar fiscalmente pueden contratar los servicios jurídicos de un abogado con la finalidad de demandar la responsabilidad civil de la administración por su anormal funcionamiento, causante o estimulante de la fatídica decisión del finado.

En otro orden de cosas, a nadie se le escapa que esta solución impositiva supone un incremento de la recaudación por parte de las comunidades autónomas y favorece la tesorería estatal al generar una rebaja en la cuenta de gastos por pensiones de jubilación. En último lugar agradecería del legislador una moratoria en cuanto a su entrada en vigor, un par o tres meses mínimo; de esta forma la crónica de la muerte anunciada será más llevadera para quien la deba sufrir en pro de sus herederos elusores.

Imagen | Galería de Mugley

Vía | Expansión