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No se revela nada nuevo si se dice que en España, al contrario de los países de la OCDE y de la Unión Europea, que en la innovación la financiación pública tiene mayor peso que la financiación privada. Aunque este dato pueda resultar de poca relevancia, no es así en absoluto, ya que condiciona la capacidad innovadora del país.
Que el Estado gaste su presupuesto en I+D, cuyo objetivo es el 3%, es una buena noticia. La mala noticia, que por un lado, beneficia fiscalmente a las más compañías más grandes porque las más pequeñas desconocen las ventajas fiscales que existen y, por otro, que gran parte del gasto en I+D lo realiza directamente el Estado a través de institutos científicos o tecnológicos y de las universidades. Consecuencia, se carece de criterios de mercado que haga rentable esa investigación. En otras palabras, no se produce innovación.
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