El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha lanzado su primera herramienta de financiación directa y completamente digital. Se trata de ICO Crecimiento, una línea dotada con 1.000 millones de euros destinada a pymes españolas que cuenten con al menos cuatro años de actividad y busquen impulsar proyectos de expansión o innovación.

Este programa nace con un objetivo claro: cubrir el vacío de financiación que deja la banca en determinados perfiles de empresa, sobre todo, en aquellas con proyectos vinculados a intangibles, digitalización o deuda previa, que suelen tener más dificultades de acceso al crédito (Cinco Días, El Confidencial).

Una alternativa al crédito tradicional

El ICO Crecimiento se tramitará de forma 100 % online, sin necesidad de intermediación bancaria, lo que lo convierte en una herramienta inédita en España hasta la fecha.

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Los requisitos básicos para acceder son:

• Antigüedad mínima: cuatro años de actividad acreditada.
• Transparencia financiera: disponer de cuentas auditadas o avales.
• El perfil objetivo se enfoca en pymes con potencial de crecimiento y capacidad de generar empleo.

Además, las condiciones de los préstamos son muy competitivas, con un importe medio estimado de 100.000 euros, un tipo de interés flexible (entre euríbor + 0,75 a 1,75 %, según riesgos y avales), carencias de 2 a 5 años y un plazo de solicitud que se ampliará hasta el 31 de diciembre de 2027, según el portal del ICO.

La principal ventaja de ICO Crecimiento es la agilidad: todo el proceso se gestiona de forma 100 % digital, sin necesidad de intermediación bancaria.

Además, está diseñado para dar acceso a perfiles que suelen encontrar más barreras en la banca tradicional, como pymes con proyectos innovadores, de expansión o con inversiones en intangibles. Otro punto clave es la complementariedad, ya que estos préstamos pueden combinarse con otras líneas ICO o con financiación bancaria para mejorar condiciones.

El ICO estima que entre 8.000 y 10.000 pymes podrán beneficiarse en esta primera fase. El objetivo a medio plazo es alcanzar las 50.000 empresas, lo que convertiría esta línea en una de las principales vías de financiación para negocios que buscan crecer.

Qué deben valorar pymes y autónomos

Antes de solicitar esta línea, conviene que cada pyme o autónomo evalúe tres aspectos básicos. En primer lugar, el acceso real, ya que es imprescindible cumplir con los requisitos de antigüedad y transparencia financiera exigidos.

Asimismo, en segundo lugar, el coste financiero, calculando el impacto de un préstamo a Euríbor + 1 % en la tesorería del negocio.

Y, por último, la oportunidad estratégica, ya que esta línea puede ser especialmente útil para proyectos de digitalización, internacionalización o modernización, donde el acceso a financiación resulta decisivo.

Con ICO Crecimiento, el Instituto de Crédito Oficial da un paso adelante en su papel como financiador público. No se trata solo de abrir una línea de crédito, sino de modernizar el acceso a recursos para miles de pymes que, hasta ahora, quedaban fuera del radar de la banca tradicional. 

El reto: que los fondos lleguen realmente a las empresas que los necesitan y no se conviertan en un mero escaparate digital.

Un préstamo ICO es un producto que se pone a disposición de autónomos, pymes y demás empresas con sede en España para hacer frente a sus proyectos.

Pero casi la mitad de los autónomos y pequeños negocios que solicitaron un préstamo de estas características tienen ahora dificultades para devolverlo.

Dos de cada diez pymes solicitaron un préstamo ICO a finales de 2022

La crisis económica y la pandemia golpeó al tejido empresarial español, en especial a las pequeñas y medianas empresas. A pesar de este contexto, sólo dos de cada diez pymes solicitó un préstamo ICO.

Esta información aparecía en el I Informe Hiscox de pymes y autónomos en España, al igual que el 45% no sabe si podrá devolver el préstamo a tiempo antes de la fecha límite negociada con los bancos, o hasta diciembre de 2023 para aquellos ICO que fueron solicitados tras el inicio de la invasión de Ucrania.

Si bien es cierto que desde el Gobierno se pusieron en marcha varias iniciativas destinadas a sobrellevar los efectos de la pandemia y el conflicto bélico, no es suficiente para salvar la economía de las pequeñas empresas.

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Se renuevan y aumentan los avales de los créditos ICO para autónomos y empresas en dificultades

Los autónomos y las pymes piden una prórroga

El pago de las cantidades que solicitaron es un tema que preocupa a las pymes y micropymes que accedieron a los créditos. De hecho, se viene reclamando que haya más prórrogas para ampliar los plazos de devolución, además de rebajas fiscales.

En el caso del comercio todavía no se ha llegado a las cifras prepandemia. Tengamos en cuenta que los hábitos de consumo cambiaron en esas fechas al aumentar las ventas por internet. Por otro lado, estos negocios sufren el alza en los costes de la energía.

Ante esta situación de complejidad para devolver las ayudas, el Gobierno alargó el plazo hasta el 1 de diciembre de 2023, un año más de lo que estaba planteado. Algo similar ocurre con los ICO del Covid todavía pendientes de su devolución.

¿Cuál sería la solución? Cepyme reclamó al Ejecutivo a finales de 2022 el desbloqueo del acceso de las pequeñas y medianas empresas a los fondos europeos Next Generation que supondrían terminar con los problemas de solvencia y liquidez que afrontan estas compañías.

¿Ha sido así? Esos fondos implicaban más endeudamiento. Y como ya vimos con el asunto del Kit Digital, no son momentos los actuales para andar debiendo dinero cuando los clientes no pagan.

Se ha publicado en el BOE el aumento de la línea de avales de financiación concedida a empresas y autónomos por un monto total de 10.000 millones de euros, que forma parte de las medidas incluidas en el Plan de respuesta a la guerra de Rusia en Ucrania aprobadas en el Real Decreto-ley 6/2022. Una ayuda para muchas empresas y autónomos que se han visto en dificultades por este motivo.

Los nuevos importes máximos de ayuda limitada se han fijado según marca el Marco Temporal Europeo: 500.000 euros con carácter general, 62.000 euros por empresa en el caso de la producción primaria de productos agrícolas y 75.000 euros por empresa activa en los sectores de la pesca y la acuicultura.

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Qué es un aval y qué modelos tenemos disponibles en las empresas para facilitar su financiación

Dentro de las limitaciones se establece que al tener una cobertura al 80%, el principal del préstamo avalado no podrá superar 625.000 euros por beneficiario, con carácter general, o 93.750 euros si se trata de empresas activas en el sector de la acuicultura o la pesca, o 77.500 euros si se trata de empresas activas en el sector agrario, en una o varias operaciones de préstamo.

La nueva ley concursal y el fin de la carencia de los ICO de la COVID

La realidad es que en junio terminó el periodo de carencia de muchos créditos ICO concedidos durante la COVID. Esto significa que muchas empresas y autónomos, en lugar de tener que hacer frente solo al interés del préstamo, tienen que empezar a amortizar capital. Y esto implica que las empresas en mayores dificultades se verán en graves dificultades. Casi en el momento en el que se publicó la nueva ley concursal.

Tanto es así que el aumento de la morosidad entre empresas y autónomos subió del 2% al 5,1% entre junio de 2021 y mediados de este año, según cifras de la Autoridad Bancaria Europea. Y lo peor está por llegar al empezar a devolver el crédito.

La Autoridad Bancaria Europea calcula que hay créditos con aval del ICO por valor de 5.069 millones clasificados como dudosos. Lo que más pronto que tarde obligará a ejecutar el aval, que será el Estado el que tendrá que poner dinero, que rondaría los 4.000 millones.

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Y aquí no se cuentan los de entidades y autónomos afectados por las consecuencias de la guerra de Ucrania, que ya están cubiertos por nuevas medidas y ampliaciones de líneas de avales.

Otro problema añadido es tener que refinanciar la deuda con una subida de tipos, algo que puede suponer un encarecimiento del coste de financiación y un mayor coste a medio y largo plazo.

Uno de los problemas que pueden tener muchas compañías en su día tiene que ver con la liquidez. Hay momentos en los que se tienen tensiones de tesorería. Se puede recurrir a las líneas de crédito, pero no todo el mundo tiene acceso a ellas. Y especialmente si la empresa está en problemas, esta financiación necesaria para su supervivencia se complica. Es aquí dónde entra el aval como un elemento que nos facilite la confianza de las entidades bancarias para lograr la financiación. Vamos a ver qué es un aval y los modelos tenemos disponibles para las empresas.

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Qué es un aval

El aval es una garantía adicional para la entidad financiera. Garantiza que en caso de impago, el avalista se hace cargo de la devolución de una parte del crédito concedido. El aval lo puede ofrecer una persona física o una empresa o entidad.

De esta forma si nuestra empresa llegado el momento no puede devolver el crédito concedido, la entidad financiera ejecutará el aval para que sea quié lo otorgó el que hará frente a las obligaciones financieras contraídas por esta empresa a la que se dio un crédito que ahora no puede devolver.

Tipos de avales disponibles para las empresas

Existen diferentes tipos de avales. Vamos a ver cómo podemos clasificarlos:

• Aval comercial, es el que garantizando una operación mercantil. El ejemplo más habitual es el aval de la cerveza, donde la marca de cerveza se compromete a avalar a la empresa de restauración a cambio de la exclusividad en la venta de sus productos y una determinada cantidad mensual de producto.
• Aval financiero, es el más habitual, donde la naturaleza del aval se refleja en un documento financiero, por lo general un c´redito o préstamo, donde la entidad financiera fija en qué condiciones se ejecutaría dicho aval y qué cantidad del crédito cubre.
• Avales ICO, uno de los que más han sonado en los últimos tiempos. A través del ICO el estado avala a empresas para que tengan más fácil obtener dicha financiación. En caso de impago, los avales ICO cubrían entre el 70 y el 80% del préstamo, por lo que el riesgo para las entidades bancarias era mínimo.
• Aval técnico, donde es la entidad bancaria quien garantiza las obligaciones contraídas por su cliente. Se suelen utilizar como garantía para la adjudicación de un concurso público, pero también cuando se compra un piso sobre plano para garantizar que el promotor cumplirá con lo pactado.

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Las empresas con mayores pérdidas podrán solicitar quitas del 75% en sus créditos ICO

En definitiva es una herramienta que la empresas que tengan más dificultades para obtener financiación tienen a su disposición para lograr dichos créditos que les den aire. Pero hay que ser conscientes cuando se avala a alguien que se corre un riesgo. Si algo sale mal, será el avalista el que asume la obligación de devolver la cantidad financiada.

Tras las dificultades que muchas empresas sufrieron con la crisis sanitaria y las restricciones a su actividad sufridos por la pandemia, la posibilidad de acudir a los créditos ICO fue aprovechada por muchas de ellas. Y tras varios meses en los que solo devolvían interés de dichos créditos, llegaba el momento de empezar a devolver el capital del préstamo. Y sin embargo, las circunstancias económicas lo ponen muy difícil para muchas de ellas. Por eso, el Gobierno ha publicado dentro de sus medidas urgentes para paliar las consecuencias de la guerra de Ucrania que los créditos ICO del COVID aumenten su carencia seis meses más.

De esta forma, tras la publicación en el BOE tendrán hasta después del verano para empezar a devolver capital. Un tiempo que para aquellas que sufren problema por la subida del coste de la energía supondrá un respiro muy importante.

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¿Y si mi entidad financiera no firma el código de buenas prácticas para los avales ICO?

¿A qué sectores afecta la ampliación de la carencia de los créditos?

Lo cierto es que la publicación en el BOE no habla de que haya ningún sector en concreto excluido.

La medida será efectiva dentro de los acuerdos de renegociación de deudas que se puedan alcanzar entre los deudores y las entidades financieras acreedoras en los términos fijados mediante Acuerdo de Consejo de Ministros, de tal manera que éstas extenderán el plazo de vencimiento de las operaciones avaladas por el mismo plazo de extensión del vencimiento del aval correspondiente. El Código de Buenas Prácticas para el marco de renegociación para clientes con financiación avalada determinará los sectores, casos y condiciones en que procederá la suspensión temporal del pago de cuotas de amortización del principal de las operaciones avaladas, sea mediante una ampliación del plazo de carencia vigente o mediante una carencia adicional si el plazo de carencia hubiera expirado

A pesar de eso hay sectores como la Hostelería que ya han mostrado su desacuerdo con esta medida. Por dos motivos fundamentalmente, por la extensión de la carencia, que consideran insuficiente y les gustaría ampliar hasta un año y por estar gravemente afectadas por la subida de precios de energía y materias primas.

En principio la ampliación solo estará garantizada para los sectores más afectados por la crisis energética, según la modificación del Código de Buenas Prácticas se limita a los siguientes sectores:

los sectores con CNAE 01, 03, 493 y 494 tendrán derecho a una  suspensión de seis meses de las cuotas de amortización del principal de  la operación

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Cómo solicitar una quita de la deuda de los créditos ICO

Que corresponden con Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas, pesca y acuicultura, transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros y transporte de mercancías por carretera. El resto de sectores no podrían, en principio, solicitar dicho aplazamiento.

Por este motivo muchos de los sectores de alta demanda energética, o de materias primas que han aumentado mucho los costes consideran un agravio que no se puedan beneficiar de este aumento de la carencia de los créditos. 

Con la apertura del inicio de los trámites por parte de las Comunidades Autónomas muchas empresas se han encontrado con una sorpresa, un requisito necesario que perjudica especialmente a aquellas que han gestionado mejor. Por eso lo que han empezado a hacer muchas de ellas es dejar facturas sin pagar en lo cajones durante los últimos meses, desde que se conocieron los requisitos, no importa si incumplen o no la ley de morosidad. Pero esto no es lo peor, porque dejar facturas sin pagar para cobrar ayudas es nada comparado con lo que se está facturando en B por el mismo motivo.

Las que han logrado mantenerse a flote, recuperar sus ahorros para endeudarse lo mínimo posible o las que están pagando a sus acreedores a tiempo pero pueden haber sufrido una brutal caída de ingresos, puede que no tengan derecho a ninguna ayuda. En los requisitos era necesario tener al menos una caída de ingresos del 30%, estar en uno de los CNAE, incluidos por Gobierno, y más tarde por Comunidades Autónomas, pero también tener deudas, ya sea financiera con un crédito ICO o proveedores, suministros, etc. En esta tesitura muchas han empezado a acumular en los últimos meses facturas en los cajones, creando una espiral de morosidad que perjudica a todo el mundo.

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Cómo solicitar una quita de la deuda de los créditos ICO

La trampa de la deuda y premiar al mal pagador

Según detalla la Comunidad de Madrid en la página habilitada para la solicitud de las ayudas:

La cuantía de la ayuda se debe destinar a la satisfacción de la deuda y pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como los costes fijos incurridos, siempre y cuando éstos se hayan devengado entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021 y procedan de contratos anteriores al 13 de marzo de 2021

Las empresas que han sufrido pérdidas y tienen un ICO pedido al inicio de la crisis, en principio no tienen problemas y pueden solicitar la ayuda para destinarlo a devolver dicha deuda. Pero no todas pudieron solicitarlo. Las que tienen deudas, no importa si son dentro de plazo de pago o fuera del mismo, también. Y es aquí donde se está premiando a empresas morosas habituales, a las que ahora se suman las que han dejado de pagar para acumular más deuda para poder solicitar la ayuda.

Porque se deja de pagar a otras empresas. No se dejan de pagar suministros como luz, agua o acceso a Internet, porque en estos casos luchas contra compañías muy potentes para reclamar los cobros. Si dejamos a deber 200 euros a un autónomo o una pequeña empresa, en muchos casos estos no pueden ni plantearse emprender acciones legales para reclamar dicha cantidad, puesto que los gastos que les va a generar serán mayores que la propia deuda. Y esto el moroso habitual lo sabe perfectamente.

El problema está en la morosidad sistémica que viene auspiciada por una falta de sanciones, puesto que desde hace años, cuando se implantó la obligación de pagar a 30 días, no se ha desarrollado un reglamento que detalle qué sanciones sufrirían las empresas que lo hacen. Empezando por la propia administración, que en muchas ocasiones es la que más tarda en pagar.

Es aquí donde salta la picaresca a la hora de solicitar las ayudas. Si cumplo con los criterios de caída de facturación y CNAE pero no tengo un crédito pedido, empiezo a dejar facturas en los cajones para generar una deuda que no es que no pueda pagar, es que no quiero. O aumento la que ya tengo para tener más posibilidades de que me concedan la ayuda.

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El nuevo código ético de muchas pymes en España: fomentar el pronto pago de las facturas

Las peticiones de diferentes asociaciones de empresas que han intentado limitar las opciones de empresas morosas de acceder a ayudas no han sido escuchas. La última fue PIMEC, que solicitaba precisamente que los fondos europeos de recuperación tuvieran como requisito que las empresas no tuvieran pagos pendientes ni fueran morosas.

Pero esto no es nada con el aumento de la facturación en B

La cuestión es que no es el único "truco" que están utilizando algunas empresas para demostrar que necesitan las ayudas mucho más de lo que realmente reflejan su contabilidad real. Muchas han activado el plan B, para intentar reflejar en su facturación oficial los menores ingresos posibles. De esta forma parece que sus pérdidas son muchos mayores de lo que realmente son.

El problema es que lo hacen sin ningún pudor. Saben que es muy complicado que la Agencia Tributaria les inspeccione y llegue a encontrar motivos para sanción. Las herramientas como la IA o el Big Data que utilizaban hasta ahora para comparar la facturación de un negocio con otros similares de la zona, que está enfocados al mismo tipo de cliente o deberían tener unos ingresos similares ya no muestran datos objetivos comparables.

Es decir, saben que se ha roto el baremo, por lo que las que ya abrían el plan B de forma habitual para reducir sus ingresos oficiales de forma prudente (pongamos un 20%), ahora han abierto el grifo y el goteo es constante y va a ser un porcentaje mucho más alto del habitual. Lo peor es que te lo cuentan sin ningún pudor, sin esconderse. A mi me ha ocurrido visitando algún negocio, por motivos profesionales o de otro tipo. En el peor de los casos hasta te solicitan que les pagues mejor en efectivo.

Y además lo justifican de igual manera, "oye que tengo que hacer B que si no no puedo optar a las ayudas", literalmente. El problema es que esto lo conocen las asociaciones de empresas, las de autónomos y el propio Gobierno. Pero nadie ha puesto encima de la mesa una fórmula mejor para controlar a quién van las ayudas.

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¿Y si bajamos el IVA a la mitad para acabar con la economía sumergida?

¿Merecen ayudas empresas que han tenido sanciones fiscales? ¿Y laborales? ¿Se debe enfocar las ayudas hacia las empresas que han gestionado mejor, y que aun sufriendo pérdidas tienen viabilidad a medio plazo? Más bien creo que con estas ayudas lo que se está buscando es que la cifra de empresas que cierren por la crisis no sea un volumen demasiado elevado.

Imagen | Mikhail Nilov en Pexels

El Gobierno aprobó ayer martes en Consejo de Ministros un nuevo tramo de línea de avales ICO dotado por 15.000 millones de euros, de los cuales 10.000 millones de euros serán destinados en exclusiva para pymes y autónomos, y los 5.000 millones restantes serán para empresas de mayor tamaño.

En las últimas semanas, y a medida que se han ido levantando las restricciones por la pandemia e iban abriéndose negocios, se han duplicado la demanda de esta línea de avales. Al igual que los tramos anteriores, su objetivo es financiar nuevas inversiones y contribuir a la recuperación económica de la pandemia, especialmente aquellas pymes y autónomos que están entrando en fase de recuperación.

Los nuevos préstamos se podrán pedir hasta el 1 de diciembre, siempre que la empresa solicitante no tenga créditos sin pagar antes de 2020. El aval será de hasta el 80 por ciento para la financiación a autónomos y pymes y del 70 por ciento para el resto de empresas, y podrán contar con un periodo de amortización de hasta 10 años.

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Casi 70.000 operaciones de financiación

Hasta el pasado 24 de mayo, se han avalado un total de 67.832 operaciones por un montante total de 5.618 millones de euros, lo que ha permitido a la banca conceder 7.260 millones de euros. La práctica totalidad de estas ayudas (el 97,6 por ciento) iban dirigidas a pymes y autónomos. Tan solo 1.606 préstamos de grandes empresas fueron avalados por créditos ICO.

En general, las empresas y autónomos que han sido beneficiarios de los préstamos ICO han destinado la práctica totalidad de los préstamos concedidos a la realización de nuevas inversiones, o la renovación, adaptación y reapertura de sus establecimientos y negocios y al reinicio o desarrollo de su actividad.

Una cuestión que es interesante si queremos renegociar con el banco las condiciones de un crédito ICO es saber si nuestra entidad está o no adherida al código de buenas prácticas. En principio, es obligatorio y parte del código que se comunique a los clientes que se ha firmado dicho código, pero hacerlo o no es algo voluntario. Pero ¿y si mi entidad financiera no firma el código de buenas prácticas para los avales ICO?

En principio no implica que igualmente no podamos renegociar las condiciones de los préstamos. Al final aquí la que tiene la sartén por el mango es la entidad financiera siempre que el cliente pueda pagar. El objetivo de cualquier entidad es recuperar lo prestado, no hacer efectivo el aval y tener pérdidas. Son los primeros interesados en facilitar condiciones flexibles para que se pueda pagar.

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Cómo solicitar una quita de la deuda de los créditos ICO

Una cuestión diferente es el tema de las quitas. Esto será siempre el último recurso. Pero antes se intentará aumentar los periodos de carencia, para empezar a devolver los créditos más tarde, cuando ya la recuperación sea más intensa y estén facturando los negocios con relativa estabilidad, aunque no hayan recuperado los niveles de facturación previos a la pandemia.

Lo mismo ocurre con el tiempo de amortización. Si se factura menos en lugar de devolver el crédito en dos o tres años, la entidad financiera intentará flexibilizar estas condiciones para que podamos hacerlo en cinco o diez. De esta forma las empresas no tienen que hacer frente mensualmente a una cantidad tan importante de amortización.

Por último está la opción de convertir el ICO en un crédito participativo sin perder el aval. Este tipo de préstamo es considerado como patrimonio neto a los efectos de reducciones de capital o de liquidación de sociedades previstas en las leyes mercantiles.

La última opción de negociación será la quita, que no se pague una parte del crédito. Pero esto solo se hará con las empresas que están con un pie ya para presentar concurso, y muchas de ellas no lo hacen precisamente por la posibilidad de esperar a fin de año abierta por el Gobierno. Solo las más perjudicadas llegarán a este punto.

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En definitiva que nuestra entidad esté dentro o no de dicho código de buenas prácticas solo implica que tendrá que sentarse a negociar con nosotros. Pero tal y como está la situación, todas las entidades buscan facilitar que sus prestatarios puedan devolver las cantidades, y si para ello tienen que flexibilizar las condiciones, lo harán estén o no dentro de dicho código.

Ayer se publicó en el BOE las condiciones a través de las cuales una empresa o un autónomo puede solicitar una quita de su deuda a su entidad financiera siempre que esta esté adherida al Código de Buenas Prácticas. De esta manera se podrán solicitar un quita de la deuda de los créditos ICO si se cumplen las condiciones impuestas.

Es la empresa la que debe dirigirse a su entidad para hacer la solicitud. Para facilitar la renegociación de la deuda de estas empresas en dificultades y se han aprobado tres medidas: la posibilidad de extender el plazo de amortización de los créditos avalados hasta doce años, mantener el aval cuando los créditos se conviertan en préstamos participativos y la de acordar una reducción de la deuda pendiente. Esta última sería la de último recurso, para las empresas con mayores problemas.

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Dicho de otro modo, si tu empresa se ha ajustado, se han reducido gastos y no está en grave riesgo lo tiene muy complicado para que le quiten deuda. Incluso aunque cumpla las condiciones. Pero, ¿qué debería cumplir para que se atienda su solicitud?

Requisitos para iniciar el proceso de quita

Según el BOE lo primero es una declaración responsable que refleje las operaciones financieras que mantenga con el resto de las entidades financieras.

cuando un deudor solicite de una entidad financiera adherida a este Código de Buenas Prácticas la aplicación de una medida de las previstas en él, distinta de la extensión obligatoria de plazos de vencimiento para los deudores que lo soliciten y cumplan con los requisitos de elegibilidad del anexo II de este Acuerdo, la entidad debe solicitarle que aporte una declaración responsable

Las ampliaciones de vencimientos de las operaciones financieras con aval público señaladas en los puntos anteriores serán obligatorias para la entidad financiera cuando se cumplan los siguientes requisitos, además de los requisitos establecidos en la Disposición adicional cuarta «Condiciones de elegibilidad de empresas y autónomos» del Real Decreto-ley 5/2021:

• Que haya mediado solicitud del deudor.
• Que la operación de financiación avalada no esté en mora (impagada más de noventa días), ni tampoco lo esté ninguna de las financiaciones restantes otorgadas por la entidad al mismo cliente.
• Que el deudor no figure en situación de morosidad en la consulta a los ficheros de la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) en la fecha de solicitud de la extensión.
• Que la entidad financiera no haya comunicado a la entidad concedente del aval ningún impago de la operación avalada con el deudor en la fecha de la solicitud de la extensión. 

• Que el deudor no esté sujeto a un procedimiento concursal. 

• Que la financiación avalada se haya formalizado antes de la fecha de adopción de este Acuerdo del Consejo de Ministros.

• Que la solicitud por parte del deudor a la entidad no sea más tarde del 15 de octubre de 2021.

• Que el deudor cumpla, para solicitar la extensión del aval, con los límites establecidos en la normativa de Ayudas de Estado de la Unión Europea.

• Que el deudor no haya sido condenado mediante sentencia firme por delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, ni por delitos de frustración de la ejecución, insolvencia punible o alzamiento en los que uno de los sujetos perjudicados haya sido la Hacienda Pública.

• Que la facturación, entendida como volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración en el modelo fiscal anual correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo equivalente, tanto para empresas como para autónomos de Acuerdo con el régimen que se aplique haya caído un mínimo del 30 % en 2020 con respecto a 2019.

No se premia a las empresas que han gestionado mejor

El problema que veo es lo que alguien ya ha comentado por aquí, se penaliza a las empresas más solventes que aguantaron con fondos propios y las quitas se irán a los que tienen más riesgo de acabar en concurso, no a empresas que han hecho una buena gestión y pueden pagar los préstamos. Estos, como mucho podrán ampliar su periodo de carencia, pero acabarán por pagar todo lo pedido.

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Y esto genera un problema de competitividad, puesto que empresas que han gestionado bien y que podrían salir de la crisis disparadas o invertir en su digitalización, saldrán más despacio o tendrán que esperar para mejorar sus opciones de digitalización y con ello su competitividad. Pero al fin ya al cabo esto es lo que han pedido también las asociaciones de empresas y autónomos.

En el Consejo de Ministros de ayer se publicó el acuerdo entre el Gobierno y las entidades financieras por el cual se aprueba el Código de Buenas Prácticas para el marco de renegociación para clientes con financiación avalada previsto en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19. A través del mismo las empresas con mayores pérdidas podrán solicitar quitas del 75% en sus créditos ICO.

Los bancos tendrán que adherirse de forma voluntaria a este código de buenas prácticas, por lo que puede que no todas las entidades financieras que han concedido créditos ICO entren en el mismo. En todo caso tienen un mes para tomar la decisión que será pública y tendrán que informar a sus clientes de esta circunstancia.

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Por lo que respecta a la quita de los créditos ICO concedidos, la reducción podrá ser:

• Del 50% del principal avalado pendiente de cada operación, si la caída de la facturación de la empresa o autónomo en 2020 fue inferior al 70%

• De hasta 75% del importe avalado si la caída de facturación en 2020 fue superior al 70%.

En todos los casos, para optar a estas transferencias, la empresa o autónomo deberá haber registrado una caída de la facturación en 2020 del 30% y la cuenta de pérdidas y ganancias tendrá que haber presentado un resultado negativo después de impuestos en el año 2020.

Las entidades financieras deberán asumir la parte proporcional de la reducción del préstamo, y el abono de las transferencias se realizará por orden de comunicación, estando limitado al agotamiento de los fondos establecidos para cada uno de los organismos que han concedido préstamos avalados: 2.750 millones de euros para avales gestionados por ICO; 100 millones para avales de CESCE y 150 millones para avales gestionado por CERSA.

A esta medida se suman otras que pueden ayudar a flexibilizar la devolución de las deudas generadas durante la crisis. Empezando por la ampliación del periodo de carencia a dos años y ampliando a 10 años el periodo de devolución de los mismos. Esta medida flexibiliza mucho las posibilidades de las empresas para salir adelante siempre que la recuperación económica se estable y fuerte en los próximos años.

Por último hay que añadir la posibilidad de convertir en préstamos participativos los préstamos avalados, previo acuerdo entre la entidad financiera y la empresa, manteniendo la cobertura del aval público. Esta era una medida solicitada por las asociaciones de empresa para ayudar a reforzar los recursos propios de las empresas beneficiarias, al tener estos préstamos un tratamiento equivalente al capital a efectos mercantiles.

Para poder beneficiarse de esta medida, la empresa deberá haber tenido una caída de su facturación del 30% en 2020, con la cuenta de pérdidas y ganancias del año 2020 presentando además un resultado negativo después de impuestos. A estos requisitos se añade no estar en mora en ninguna financiación suscrita con la entidad financiera y tampoco en concurso de acreedores.

Imagen | Andrea Piacquadio en Pexels