grandes empresas

Si alguna cosa ha quedado clara de esta situación económica mundial que estamos viviendo es que además de estar viviendo el fin de muchas cosas tal y como las conocemos y el inicio en consecuencia de muchas otras, es el inmenso poder que muchas empresas poseen. Incluso más que los estados, y es que quizá deberíamos hablar de las empresas estado.

Probablemente estemos ante el inicio de la desmembración o la pérdida de poder real y efectivo de las naciones estado tal y como las conocíamos actualmente, probablemente ahora tendremos que hablar de mercados estado o incluso de empresas estado. En cada caso con sus diferencias. Veamos.

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Ya hemos hablado en varias ocasiones la poca efectividad de la Ley contra la Morosidad, especialmente por los incumplimientos de los plazos de pago de las Administraciones Públicas y las grandes empresas. Ayer Expansión publicó una noticia que supone la primera denuncia por incumplimiento de la Ley de la Morosidad hacia una gran empresa.

La Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos (Anefa) ha presentado ante los Juzgados de lo Mercantil de Madrid una demanda judicial contra Ferrovial por incumplimiento de la Ley 15/2010, de 5 de julio de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Según Anefa, la constructora impone abonar sus facturas en un plazo superior a los 120 días que establecía la Ley de Morosidad para 2010 y 2011, llegando incluso a realizar concursos en los que el plazo de pago al proveedor se establece en 180 días.

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Un estudio realizado por Informa D&B a fecha 31 de diciembre de 2010 indica que el 57,13% de las empresas no respetan las condiciones de pago pactadas con sus proveedores, lo que pone de manifiesto la poca efectividad de la Ley contra la Morosidad.

El estudio refleja que sólo el 8,21% de las grandes compañías respetan los plazos de pago, frente al al 50,03% de las micropymes y el 41,42% de las pymes. Sin embargo, una vez que se superan los 120 días de demora el porcentaje de impagos de las grandes empresas baja al 2,37%, lo que da la impresión de que este incumplimiento se hace de manera sistemática y sin ningún motivo aparente.

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Tal y como publica hoy Cinco Días el tanto por ciento de gravamen que se aplica en el Impuesto de Sociedades a las pymes es superior al de las grandes empresas. Los datos que muestra el artículo reflejan que el tipo impositivo medio que pagan las pymes se situa en el 22,9% mientras que las grandes empresas pagan de media un 20,2%.

Tal y como está estructurado el Impuesto de Sociedades, el tipo marginal de la pymes es el 25% para los primeros 120.000 euros de beneficio, mientras que las empresas que no tienen consideración de pymes pagan un 30% de tipo. Lo que ocurre es que el Impuesto permite aplicar una serie de beneficios fiscales que pueden ir reduciendo ese tipo. Ahí es donde las grandes empresas tienen ventaja.

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La visita del viceprimer ministro chino, Li Keqiang, a nuestro país ha dado como resultado la firma de varios acuerdos que se calculan que ascienden a 5.650 millones de euros. ¿Con cuántos de esos millones se quedarán las pymes españolas? Desgraciadamente con muy pocos, por no decir ninguno, de hecho el 97% de esos acuerdos corresponden a contratos del Gobierno Chino con Repsol.

Normalmente estos acuerdos suelen tener más contrapartidas, además de las económicas, por lo que sería normal que el Gobierno español hiciera una cosa parecida para fomentar los intereses chinos en nuestro país. Lo que implica esto es que las grandes empresas españolas se podrán beneficiar de su actividad en China y las empresas chinas hará lo mismo en nuestro país.

Teniendo en cuenta la situación actual, es más que probable que las pymes españolas lejos de beneficiarse de estos acuerdos, se vean perjudicadas por esas contrapartidas. No quiero decir con esto que esté en contra de este tipo de acuerdos pero, a la larga, seguramente veremos como el beneficio de unas muy pocas grandes empresas puede acabar perjudicando a muchas pequeñas.

En Pymes y Autónomos | La crisis ha acabado para las grandes empresas pero no para las pymes

Aparece publicada en el BOE la orden ministerial que modifica el modelo 202, modelo para efectuar los pagos a cuenta del impuesto de sociedades e impuesto sobre la la renta de no residentes. Este modelo trae una importante novedad para las grandes empresas, dado que elimina el modelo 218, modelo que se utilizaba hasta ahora para realizar los pagos fraccionados en las grandes empresas.

Desde abril, los pagos fraccionados del impuesto de sociedades se unifican este modelo 202, existiendo a la vez la posibilidad de realizar presentaciones negativas del modelo sólo para grandes empresas. Respecto a grupos de sociedades, entidades en régimen especial del impuesto y cooperativas, se seguirá utilizando el modelo 222 como hasta ahora.

Respecto a los plazos de presentación, no se producen alteraciones en la orden inicial, manteniendo los tres pagos fraccionados que existen actualmente, con fechas límite del 20 de abril, 20 de octubre y 20 de diciembre. La presentación telemática es obligatoria para las sociedades y en el caso del impuesto sobre la renta de no residentes, se habilitará en la web de la Agencia Tributaria un módulo de validación e impresión del modelo que podrá ser tramitado por las distintas entidades financieras.

Más Información | Orden EHA/664/2010 que aprueba el modelo 202 (BOE – PDF)
En Pymes y Autónomos | Impuesto de sociedades

El pasado 10 de julio tuvo lugar el primer encuentro y punto de partida del Foro de grandes empresas de la Agencia Tributaria. Este foro nace con el objetivo de resolver los principales problemas que se plantean en la relación entre las grandes empresas y la Administración tributaria y se valore la extensión del modelo de relación cooperativa entre ellos.

Vamos, para que nos enteremos, la AEAT ha llamado a un sector de los grandes contribuyentes (lista en PDF), los ha sentado en una mesa y los está amenazando con poner sus cuentas patas arriba a cambio de obtener la máxima transparencia, porque si no veamos en qué consiste la segunda fase.

La AEAT proporcionaría, en plazos acordes con las necesidades de las empresas, un criterio sobre las consecuencias fiscales de sus operaciones a cambio de una total transparencia sobre las mismas, siempre que las empresas que voluntariamente se acojan a ese marco especial ofrezcan cuanta información sea necesaria para que la Administración pueda fijar su criterio

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