El debate sobre la jornada laboral en España vuelve a ocupar el centro de la agenda política y económica. La propuesta de reducir la semana laboral de 40 a 37,5 horas, liderada por el Ministerio de Trabajo, ha desatado una polémica que involucra a la patronal, los sindicatos y, más sorprendentemente, a miembros del propio Gobierno. 

Mientras tanto, la CEOE ha lanzado unas cifras que parecen ir a contracorriente de las actuales tendencias: para equipararse a la productividad media de la Unión Europea, ha afirmado Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, en España sería necesario trabajar 41,4 horas semanales.

La batalla de las 37,5 horas

Yolanda Díaz, Ministra de Trabajo, defiende que la reducción de la jornada laboral podría convertirse en un avance histórico para los derechos de los trabajadores.

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Sin embargo, la medida que se había planteado implementar durante este 2025, y que buscará mejor conciliación, menor estrés laboral y fomentar la distribución del empleo, puede tener detractores en todas partes.

Desde los rifirrafes en el Gobierno (donde Díaz ha señalado que el Ministerio de Economía, en concreto, Carlos Cuerpo, está intentando frenar la tramitación de la reducción de jornada) a la CEOE, que vuelve a ser tajante al respecto: así, no es posible.

Igual que se hizo durante el Gobierno de Felipe González, cuando se planteó una rebaja hasta las 40 horas semanales, la CEOE vuelve a negar que exista posibilidad de reducir jornada. Mientras el Ministerio de Trabajo y los sindicatos están de acuerdo en que las 40 horas no reflejan ya "la realidad laboral moderna", la CEOE apunta que España trabaja menos horas efectivas que el promedio europeo (33,5 horas semanales) y que reducir más las horas legales perjudicaría la competitividad empresarial. 

Productividad y realidad laboral

El planteamiento de la CEOE, que señala una menor productividad española en relación con las horas efectivas de trabajo, considera que esto se debe, en parte, a contratos a tiempo parcial y la flexibilidad laboral en ciertos sectores.

Para la patronal, este desfase entre horas legales y efectivas subraya que el foco debería estar en mejorar la eficiencia y no en reducir el tiempo trabajado. Además, Garamendi destacó que, en sectores donde la productividad está directamente relacionada con el tiempo de trabajo, una reducción impuesta generará desajustes organizativos y un mayor incremento de los costes laborales.

Sin embargo, la baja productividad en España tiene una causalidad bastante más amplia: entre otras cuestiones, como la dependencia de sectores de baja cualificación (construcción, hostelería, turismo), la escasa inversión en I+D, el tamaño de las pequeñas empresas, la temporalidad y la focalización en el sector inmobiliario, entre otros factores. En este sentido, señalar la reducción de jornada como el principal problema es tratar de tapar el sol con una mano.

Caídas de la productividad

En cambio, aquellos que defienden la medida han argumentado, en reiteradas ocasiones, que trabajar menos horas no implica necesariamente una caída de la productividad, citando ejemplos como Noruega, Dinamarca o Islandia, donde las jornadas laborales son más cortas, pero la productividad por hora es significativamente mayor.

De igual modo, las pymes y los autónomos, más preocupados por la posible reducción, temen ver cómo los incrementos de costes operativos propios de las cotizaciones mayores por el Salario Mínimo Interprofesional se suman a un menor tiempo de trabajo por el mismo sueldo.

A grandes rasgos, la CEOE sigue defendiendo que es el aumento de la productividad lo que permite reducir las jornadas laborales y aumentar los salarios, y advierte que una reducción impuesta podría generar desajustes organizativos y mayores costes laborales, disminuyendo todavía más la productividad.

Por el contrario, reducir las jornadas sin memoria económica (señalando las concesiones anteriores entre patronal, sindicatos y Gobierno) puede suponer una reducción de horas laborales sin compensación adecuada para las empresas, lo que temen que se traduzca en menor rentabilidad y, en algunos casos, ceses de negocio o despidos.

En cualquier caso, hoy por hoy, todo indica que la reducción de la jornada laboral es una realidad que está costando mucho trabajo. Y plantea un dilema complejo en el que se entrelazan los derechos laborales, la productividad y la competitividad empresarial.

Si bien el objetivo es mejorar la calidad de vida de los trabajadores, su puesta en funcionamiento requerirá de un consenso amplio y medidas complementarias que minimicen el impacto negativo y, sobre todo, aseguren la colaboración de las pymes españolas.

En esta tesitura, un Gobierno dividido y una patronal en contra, parecen estar llenando de piedras el camino de una semana laboral más corta, y todo indica que (el trayecto) se va a hacer largo, muy largo.

Foto 1: FMT

El acceso a una vivienda digna y asequible es una preocupación central en España, donde los elevados precios de compra y alquiler dificultan que muchos trabajadores puedan satisfacer esta necesidad básica.

En respuesta a esta problemática, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez ha anunciado la creación de una "gran empresa pública de vivienda" destinada a construir y gestionar viviendas desde la Administración General del Estado.

Objetivos de la empresa pública de vivienda

La iniciativa tiene como meta principal aumentar el parque público de viviendas, con el fin de alcanzar un 6% del total de viviendas disponibles para 2030. Además, se propone rehabilitar 1,5 millones de viviendas antes de esa fecha. Estas medidas buscan facilitar el acceso a la vivienda para los trabajadores y desincentivar la especulación inmobiliaria que ha contribuido al incremento de los precios en el mercado.

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La construcción y gestión de un volumen significativo de viviendas públicas generará una demanda considerable de mano de obra en el sector de la construcción y en áreas relacionadas, como la arquitectura, la ingeniería y la gestión inmobiliaria.

Aunque no se han proporcionado cifras exactas sobre el número de empleos que se crearán, es previsible que la iniciativa impulse el empleo en el sector de la construcción, que en 2023 empleaba a más de 1,3 millones de personas en España. Este incremento en la actividad podría contribuir a la reducción del desempleo y al fortalecimiento de la economía nacional.

Cabe recordar también que, según datos de la Fundación Laboral de la Construcción, cada millón de euros invertido en el sector genera entre 12 y 16 empleos directos e indirectos. Si se destina una inversión de, por ejemplo, 50.000 millones de euros a lo largo de seis años (estimación basada en proyectos similares en Europa), podría generar entre 600.000 y 800.000 empleos en España, considerando tanto la construcción como las actividades relacionadas.

El empleo en el sector de la construcción

Además, el sector de la construcción representa el 5,3% del PIB español (datos del INE, 2023). Una inversión pública de esta magnitud no solo dinamizaría el mercado laboral, sino que también contribuiría al crecimiento económico, beneficiando tanto a trabajadores directos como a empresas proveedoras de materiales y servicios relacionados.

La creación de una empresa pública de vivienda tiene el potencial de mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población activa al facilitar el acceso a viviendas asequibles. Otra cosa es que lo consiga.

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Al aumentar la oferta de viviendas públicas, se espera que los precios de alquiler y compra se estabilicen o incluso disminuyan, permitiendo que los trabajadores destinen una menor proporción de sus ingresos a la vivienda.

Actualmente, en algunas zonas de alta demanda, los ciudadanos destinan más del 40% de sus ingresos al pago de la vivienda, una carga que esta iniciativa pretende aliviar.

Efectos sobre propietarios y grandes tenedores

La implementación de esta empresa pública podría tener implicaciones significativas para los grandes propietarios y tenedores de viviendas. Al aumentar la oferta de viviendas asequibles, es probable que se reduzca la presión sobre el mercado privado, lo que podría llevar a una moderación en los precios de alquiler y venta.

Esto podría afectar los márgenes de beneficio de los grandes tenedores que han capitalizado el déficit de oferta para obtener mayores rendimientos. Además, la iniciativa busca desincentivar la especulación inmobiliaria, lo que podría implicar una regulación más estricta y posibles impuestos adicionales para aquellos que posean múltiples propiedades destinadas a la inversión especulativa.

El anuncio de la creación de la empresa pública de vivienda ha generado diversas reacciones entre políticos, expertos y sectores económicos. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dio la "bienvenida" a la iniciativa, aunque expresó dudas sobre su eficacia para reducir los precios del alquiler.

Por otro lado, representantes del sector inmobiliario han manifestado escepticismo, señalando que la medida "solo genera dudas" y cuestionando su viabilidad.

Asimismo, algunos expertos han señalado que la creación de la empresa pública podría enfrentar obstáculos legales y administrativos, como la Ley del Suelo y la gestión de activos de la Sareb, que podrían complicar su implementación.

La propuesta del PSOE de crear una empresa pública de vivienda representa un esfuerzo significativo por abordar la crisis habitacional en España, buscando facilitar el acceso a la vivienda para los trabajadores y desincentivar la especulación inmobiliaria. También tiene el potencial de generar empleo pero ¿es todo ello posible?

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Falta menos de una semana para que finalicen los ERTE y la negociación entre el Gobierno y los agentes sociales todavía no ha llegado a buen puerto. A pesar de que los trabajadores que se encuentran actualmente en ERTE bajan ya de los 700.000, parece que todavía será necesaria una última prórroga de estas ayudas, especialmente en aquellos sectores cuya apertura está aún restringida por la pandemia.

La diferencia de posturas entre patronal, sindicatos y el Ministerio de Seguridad Social se mantiene con unos pocos flecos abiertos, aunque no son menores. Escrivá insiste en reducir las exoneraciones para las empresas que permanecen en ERTE, pero los agentes sociales piensan que todavía es pronto para retirar las ayudas, y le instan a retomar este diálogo en septiembre, cuando previsiblemente vencería esta nueva prórroga.

La postura del titular de la cartera de la Seguridad Social puede tener un coste mayor para empresas y trabajadores, toda vez que su intención es penalizar con un acuerdo en peores condiciones en lo que respecta a las cotizaciones a la Seguridad Social.

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Hay que recordar que el esquema actual establece exoneraciones del 85 por ciento en las cuotas para los sectores ultraprotegidos de empresas con menos de 50 trabajadores y del 75 por ciento para las que tienen más de 50. Pero los agentes sociales no aceptan la propuesta, advirtiéndole que sin una prórroga del esquema actual, el Gobierno deberá ir solo.

Todo hace prever que finalmente se llegará a un acuerdo, ya que es una herramienta de la que todavía dependen unas 625.000 personas, que quedarían sin un mecanismo de protección social y, al mismo tiempo, sin poder trabajar.

Sin embargo, todo hace indicar que el acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales llegará con unas condiciones de ERTE peores a las actuales para los trabajadores protegidos por este esquema.

El pasado 13 de marzo, el Gobierno aprobaba el Real Decreto Ley 5/2021, de Medidas Extraordinarias de Apoyo a la Solvencia Empresarial, que desbloqueaba una serie de ayudas directas dotadas de 11.000 millones de euros para las pymes y los autónomos afectados por la crisis de la covid-19.

Sin embargo, desde el mismo momento de su aprobación, diversas voces clamaban en contra de la articulación de esta ley, que dejaba fuera a miles de empresas pertenecientes a algunos sectores de actividad, como empresas de formación no reglada, peluquerías y centros de estética, artesanos, centros de educación medioambiental, tiendas de souvenirs, jugueterías y un largo etcétera más.

Las principales asociaciones de autónomos, UPTA y ATA, ya han manifestado su malestar ante lo que consideran un criterio discriminatorio, el de establecer límites basados en el CNAE de la empresa.

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Desde UPTA ya han reiterado la conveniencia de no restringir las ayudas a los CNAE, habría que hacerlo únicamente en base al criterio de caída de facturación, que sea de al menos el 30 por ciento en relación al ejercicio anterior. Algo similar ha expresado Lorenzo Amor, que insta al Gobierno a corregir su error de dejar fuera a muchas empresas.

Evidentemente, algunas empresas y establecimientos han sufrido más que otros la crisis del coronavirus, fundamentalmente porque las autoridades han restringido o incluso suspendido su actividad para frenar la expansión del virus. Sin embargo, lo que no se entiende es el criterio utilizado para determinar que una casa de apuestas puede recibir las ayudas y no una peluquería.

Es un clamor. Los autónomos demandan que todas las empresas, con independencia de su CNAE, puedan acceder a las ayudas, al nivel de lo que ocurre en otros países de nuestro entorno.

El paquete de ayudas directas puesto en marcha por el Gobierno para paliar los efectos de la crisis sanitaria no ha dejado contento a todos. En el mismo momento de su anuncio, ya hubo muchas voces que ponían peros, a pesar de su histórica cuantía, de hasta 11.000 millones de euros, de los cuales 7.000 millones a ayudas directas y 4.000 a reestructuración de deuda.

Para muchos autónomos, estas ayudas llegan tarde, son insuficientes y, sobre todo, dejan fuera a muchos autónomos y empresas que, por su actividad, han sufrido de manera severa las consecuencias de la pandemia. Así lo ha expresado, entre otros, Lorenzo Amor, presidente de la Federación de Trabajadores Autónomos (ATA).

El Gobierno debe corregir el error de dejar fuera de las ayudas a miles de autónomos y empresas afectadas por las restricciones y la crisis económica q sufrimos
Es un sinsentido,por ejemplo,que una empresa de alquiler de vehículos tenga ayuda y un autónomo q alquila bicicletas no pic.twitter.com/MaOHIk4acI

— Lorenzo Amor (@lorenzoamor_ata) March 14, 2021

Según establece el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, pueden optar a estas ayudas hasta 95 sectores, entre los cuales destacan las empresas dedicadas a la hostelería, el turismo, las agencias de viajes, el transporte aéreo y los comercios minoristas.

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Sin embargo, tal y como denuncia Amor, la norma deja fuera a empresas como peluquerías, centros de estética, academias, autoescuelas, empresas de alquiler de bicicletas o tiendas de suvenirs, mientras que sí contempla ayudas a casas de apuestas o autónomos dedicados al alquiler de vehículos.

Además, la cuantía que pueden recibir las empresas y los autónomos es inferior a la recibida en otros países europeos en concepto de ayudas directas. En el caso de los autónomos que tributan por el sistema de estimación directa, esta va desde los 4.000 hasta los 200.000 euros, mientras que los trabajadores que tributen por módulos percibirán una cantidad fija de 3.000 euros.

Amor ha reclamado al Gobierno que subsane todos estos errores en el próximo Consejo de Ministros que se celebrará el martes. Sin embargo, todo apunta a que el paquete de ayudas que se distribuirá entre las comunidades autónomas quedará así, y que ciertos sectores no podrán acceder a ellas.

Estamos a dos días de que finalice el plazo para el fin de los ERTES, que caducan el próximo 30 de septiembre y en estos últimos días se han intensificado los contactos para prorrogar el acuerdo. Los sindicatos parece que están por la labor, pero lo cierto es que los empresarios se resisten a firmar una nueva prórroga de los ERTES.

El principal motivo no es otro que los negocios y empresas a los que daría cobertura. El Gobierno quiere cerrar el cupo y que afecte solo a actividades turísticas y de ocio, como restauración, hoteles, transporte de viajeros o agencias de viajes. Y todo esto según el CNAE con el que estén dadas de alta las empresas. Si estás dentro de los elegidos, tienes derecho a prorrogar ERTES, sino, no importa cuanto le haya afectado a tu negocio la crisis económica, te quedas fuera.

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El Gobierno y los autónomos alcanzan acuerdo para extender el cese de actividad hasta el 31 de enero

Este es el principal punto de conficto. Los sindicatos quieren extenderlo a todas las empresas que hayan visto reducida su facturación de forma sustancial, sin importar de qué sector sean. Un ejemplo, un supermercado de una zona turística frecuentada por ingleses que posiblemente este año ni siquiera haya llegado a abrir. Este sistema deja fuera a la mitad de las empresas que ahora disfrutan de la posibilidad de acogerse a ERTES por fuerza mayor.

Para salvar este obstáculo y lograr el acuerdo el Gobierno ha propuesto que las empresas que formen parte de la cadena de valor de los sectores protegidos, y puedan demostrar la caída en su facturación. Y esto puede ser un caos, mayor del que todavía hay a la hora de tramitar ayudas y ERTES. Si no hay un criterio más claro, muchas empresas prefieren ir a un ERTE ETOP, menos ventajoso para ellos porque tienen que correr con gastos de las cotizaciones pero más seguro a la hora de justificar los motivos.

También hay que contar con la extensión de la figura de ERTE por rebrote, ya regulada anteriormente. A esta alternativa se podrían acoger aquellos negocios que vean restringidos sus aforos o sus horarios debido a las limitaciones impuestas por el aumento de casos de coronavirus en su zona.

Para los trabajadores que estén en ERTE seguirán cobrando el 70% de la base y seguirán sin consumir paro. Una buena noticia ya que para muchos de ellos bajar al 50% de base de cotización supone una merma económica bastante importante, especialmente los que tienen salarios más bajos.

Para finalizar no hay que olvidar que prolongar los ERTES supone también la prohibición de despedir en 6 meses desde que se sacó del mismo al último empleado. Para muchas despedir va a ser inevitable. Otras tendrán que cerrar porque no tienen capacidad para aguantar en esta situación un año más.

El sector turístico español desde el comienzo de la pandemia es el más afectado pero todavía no se han tomado medidas concretas para recuperar una actividad que supone más del 12% del PIB. Así lo denunciaron los principales directivos de sector que participaron en el foro de CEOE Empresas españolas liderando el futuro.

Los empresarios turísticos cargan contra el Gobierno. “Ya está bien de que nos nombren. Lo que hay que hacer es que se tomen medidas ya porque así no se puede trabajar”, denunció Jorge Marichal, presidente de CEAHT, la patronal de hoteles y alojamientos. En el sector, se habla de que hay que actuar ahora y no en el futuro. Y reclaman más ayudas por parte del Ejecutivo.

Sus peticiones pasan por: ERTEs que se amplíen hasta final de año y que el Gobierno apueste por un verdadero plan de promoción del turismo tanto a nivel internacional como nacional.

José Luis Yzuel, presidente de Hostelería de España, fue más directo al poner cifras al problema: “Con esta política de los ERTEs se está poniendo en riesgo el cierre de 65.000 bares y restaurantes en España y la pérdida de 400.000 empleos."

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Juan José Hidalgo, presidente de Globalia, demostró su disconformidad con el Gobierno, haciendo hincapié en el hecho de que los turistas sienten 'miedo' a viajar.

“Si no nos ayudan no vamos a durar ni un telediario”, espetó el empresario que asegura que nunca en su larga historia como emprendedor se ha encontrado con una situación tan negativa como la actual. “Hay miedo a viajar y mientras no nos quitemos ese miedo no vamos a salir adelante”.

Según mi opinión, el miedo es libre y un virus que ha terminado con la vida de más de 40000 personas en España, es lógico que no invite en un mes a que la gente olvide y haga su vida como antaño, es decir, como en el mes de febrero. Quizás, el turismo nacional sea una opción para mejorar las cifras, pero recordemos que hace unos meses, pensar en turismo era una quimera.

Hay varias cuestiones que los autónomos están reclamando al Gobierno desde hace tiempo. Entre ellas hay dos que tienen muchas posibilidades de ponerse en marcha y que están en debate entre el Ministerio de Seguridad Social y los representantes de los autónomos como son rebajar el porcentaje de pérdidas y moratoria para alquileres de locales.

Hay que tener en cuenta que para acogerse al cese de actividad un autónomo tiene que acreditar pérdidas de un 75% respecto a la media del semestre anterior. En este momento para muchos de ellos es complicado y se está estudiando rebajar dicho porcentaje sobre el 50%. Para los trabajadores por cuenta propia significa no esperar a generar deudas para poder tirar de la anilla del chaleco salvavidas del paro de autónomos.

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Más importante todavía para muchos de ellos es incluir los alquileres de los locales en la moratoria, de manera que tengan una fórmula para prorratear el coste del alquiler de estos meses en los que no tienen ingresos. Esta ayuda es la más importante para el comercio local que está afrontando con cierre durante al menos dos meses.

Igual que el Gobierno nos indica que las previsiones tienen que hacerse día a día, según se va conociendo como funciona el virus, las propuestas que se hicieron hace un mes para sustentar a trabajadores y empresas ya no funcionan en muchos casos. No se trata ya de un paréntesis para volver al punto anterior.

Tal y como todo indica afectará de forma sustancial a la temporada turística de verano y no se recuperará la normalidad reconocido por el Gobierno hasta final de año como muy pronto. Por lo tanto es necesario dar un mayor sustento a las empresas para proteger aquello en lo que se ha focalizado los esfuerzos, el empleo.

Esperemos que el diálogo sea más fluido, que se ponga en marcha la comisión interministerial de Hacienda, Trabajo, Seguridad Social, Industria y Comercio con los representantes de los autónomos que en su mayoría necesitan más ayuda para sobrevivir a este año 2020.

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No todo se arregla con teletrabajo. Un camarero no puede atender a sus clientes desde su casa. Cierto que la tendencia de consumo ha cambiado y pedir comida en casa es cada día más habitual, y esto ayuda en una situación como la actual. Pero la realidad es que la campaña de Semana Santa está a la vuelta de la esquina. Por eso el Gobierno se prepara para lo peor en el sector turístico por la crisis del coronavirus.

En un país como el nuestro, donde el turismo representa el 12% del PIB y genera el 13% del empleo, supone un grave problema un parón en este sector. Y afecta a muchas pequeñas empresas y comercios que viven de la afluencia de turistas en sus días de vacaciones. Pero ahora con el miedo a una infección muchos se quedarán en casa. Tampoco ayuda la cancelación de la feria de turismo de Berlín, donde los touroperadores tienen una medida de cómo irá la temporada.

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Basta con ver enclaves turísticos del norte de Italia vacíos, para pensar en como afectará no solo al pequeño comercio, sino a las previsiones económicas del Gobierno. Las aerolíneas están reduciendo el número de vuelos por falta de demanda y los hoteles están viendo como se cancelan reservas. Agencias de calificación han rebajado en cuatro décimas sus previsiones de crecimiento para España, hasta el 1,3% y esto es un grave problema.

El principal problema lo tendrán aquellas que necesiten tirar de crédito para aguantar la situación. Especialmente porque los bancos viendo como la temporada puede echarse a perder pueden tener reticencias a la hora de conceder estos créditos. Por eso el Gobierno está pensando en establecer líneas específicas para el sector.

Para el empleo puede resultar catastrófico, puesto que una mala temporada turística significa que las empresas contratan mucho más tarde al personal, y muchos de ellos solo trabajan un par de meses. Si llegado el verano no ha menguado el número de infecciones puede que incluso sea peor. Porque la gente puede trasladar o retrasar sus vacaciones, pero también cancelarlas.

Y esto ya con un sector que tiene que hacer frente a problemas anteriores como la caída, con el consiguiente impago de Thomas Cook o el brexit y sus efectos colaterales sobre el turismo británico, uno de los más importantes para nuestro país. La parte positiva es que las empresas vienen de recoger beneficios tras años de récord de turistas, esperemos que hayan sabido administrarlos sabiamente.

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Las previsiones de la economía española, según el último informe elaborado por la CEOE, apuntan a un crecimiento del 1,5% en 2020 y el 1,4 % para 2021. Si nos fijamos, estas tasas son más bajas que las de 2014. Año en el que supuestamente se inició la recuperación de la economía en España.

La noticia positiva es que no se aprecia una recesión con vistas a 2022. Este escenario influirá en el mercado laboral, que seguirá creando empleo, pero a tasas menos positivas que en 2019. Por otro lado, El Ministerio de Trabajo ha propuesto la modificación inminente de algunos artículos del Estatuto de los Trabajadores, entre ellos el que regula la subcontratación de obras y servicios (artículo 42), pese a que este punto no fue objeto de la última reforma laboral.

La CEOE deja claro que la nueva regulación de las subcontratas serán un escollo en el diálogo social

Los representantes de los empresarios están en desacuerdo con la propuesta presentada por el equipo de Yolanda Díaz. La CEOE aseguró a través de un comunicado que Trabajo defiende cambios en la subcontratación de obras y servicios que “pueden incidir de forma directa y grave en el propio funcionamiento de la economía”.

En concreto, indicaron que la propuesta del Ministerio fija que los trabajadores de las subcontratas adopten las condiciones laborales de la empresa principal.

De aplicarse, la CEOE alerta de que “muchas empresas subcontratadas verían peligrar su viabilidad y, con ella, muchos puestos de trabajo”.

Además, subrayan que “no sería posible desde la empresa principal absorber todo el empleo que generan estas empresas, máxime en el actual contexto de desaceleración”.

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Partidarios de vincular salario y jornada al convenio de sector de la actividad

Desde la patronal se apuestan por acotar los cambios a la reforma del artículo 84, apostando sólo por que el salario y la jornada de los trabajadores subcontratados tomen como referencia el convenio sectorial volviendo a la superioridad del convenio de sector sobre el de empresa.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, defendió en la Cámara de Comercio de España que esta fórmula quiere poner coto a “ciertos abusos que ha podido haber”. Colectivos como las kellys (camareras de piso) han puesto cara a las desigualdades que padecen los subcontratados, ya que cobran por un mismo trabajo hasta un 40% menos de sueldo que si pertenecieran a la plantilla del hotel.

Los empresarios critican los nuevos impuestos aprobados por el Gobierno

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya ha avisado en varias ocasiones de que, si no llegan a un entendimiento en un plazo de tiempo razonable, el Ejecutivo legislará por su cuenta.

CEOE y Cepyme están en contra los dos nuevos impuestos aprobados en Consejo de Ministros. Sobre la tasa Google, afirmaron que es necesario evitar que “acabe afectando a empresas españolas que ya pagan impuestos”.

Y en cuanto al impuesto sobre transacciones financieras, consideran que “castiga de forma clara a las empresas españolas que operan en mercados regulados dentro del país” y puede acabar “expulsando muchas inversiones hacia otros países”.

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Preocupación en Cepyme y la CEOE por el programa de Gobierno presentado por el PSOE y Unidas Podemos

A la conclusión que llega una es que lo ideal sería que los representantes de las empresas y el Gobierno llegaran a un acuerdo, por el bien de los trabajadores, un deseo un tanto naïf. Por lo pronto, la Tasa Google no entrará en vigor hasta el mes de diciembre. Pero las reacciones por parte de EEUU no se han hecho esperar.

"Si algún país [incluido España] impone unilateralmente un impuesto sobre servicios digitales , EEUU tomará todas las medidas apropiadas para defender nuestros intereses", aseguró a EL MUNDO un portavoz oficial de la Embajada de EEUU en Madrid. ¿Se avecina un horizonte gris para las exportaciones y otro 'castigo' más por parte de Trump como lo hizo con Francia?

La idea de Díaz es que toda la cadena de subcontratación adopte las mismas condiciones laborales de la empresa principal, lo que provocaría, que «muchas empresas subcontratadas verían peligrar su viabilidad y, con ella, muchos puestos de trabajo», según la Patronal.

Mala noticia es siempre que no se sienten a dialogar las dos partes que representan el futuro de los trabajadores, como así parece a 20 de febrero.