Las empresas que no cumplen la legislación, que se salten los convenios colectivos, los contratos, o todo aquel fraude o corrupción que puedan estar cometiendo ante Hacienda o Seguridad Social, tienen ahora una forma de ser detectadas más fácilmente: un canal de denuncias anónimas, implementadas por ellas mismas.

Cualquier persona que se relacione con la empresa, como empleados públicos o privados, clientes y proveedores ya pueden hacer uso de un lugar para tramitar una denuncia anónima manifestando cualquier irregularidad.

En Pymes y Autonomos

Esto es lo que podrá hacer Inspección de Trabajo con su algoritmo para controlar las horas extras de las empresas

En qué consiste la Ley Protección de los Denunciantes Anónimos

Con la entrada en vigor hace unos meses de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, se establecieron unas medidas para facilitar la detección de fraudes.

Esta normativa, que apela al espíritu de la colaboración ciudadana para poner de manifiesto las situaciones más graves, de forma que se pueda investigar y sancionar, si fuera el caso, a las situaciones de mayor impacto en cuanto a la vulneración de derechos laborales, como puedas ser un concentración de muchos falsos autónomos como ya ha sucedido en ocasiones anteriores.

Si bien esta ley entró en vigor en marzo, es ahora, a partir del 13 de junio de 2023, que es cuando se ha cumplido el plazo para que las empresas apliquen una de sus medidas, la implementación de un sistema interno de información que abarca tanto el canal, entendido como buzón o cauce para recepción de la información, como el Responsable del Sistema y el procedimiento.

Se debe tener en cuenta que este canal anónimo no es una “brillante ocurrencia española”  de trasladar al ciudadano este “poder” como “personas informantes”, sino una transposición de una Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019, más conocida como Directiva Whistleblowing.

En Pymes y Autonomos

Hasta 10.000 euros de multa por contrato temporal en fraude, cuidado si recibes una carta de Inspección de Trabajo

¿En qué empresas y entidades se puede denunciar anónimamente?

Las empresas y administraciones públicas tendrán que contar con un sistema interno de información, gestionado por ella misma o por un tercero, que garantice el anonimato y la protección de datos, protegiendo al usuario de cualquier represalia como dice la ley

Este sistema lo deben aplicar:

• Personas físicas o jurídicas que tengan contratados 50 o más trabajadores.
• Las administraciones y entidades públicas.
• Universidades.
• Partidos políticos, fundaciones, etc.

Para la aplicación efectiva en las empresas existen dos plazos distintos: 

• El 13 de junio de 2023, para empresas de 250 trabajadores o más, administraciones y organismos públicos y municipios de más de 10.000 habitantes.
• El 1 de diciembre de 2023, para empresas con 249 trabajadores o menos y municipios de menos de 10 mil habitantes

Ventajas y peligros de este canal anónimo

El dedo acusador es un arma de doble filo muy peligrosa. Presenta una mezcla de ventajas y desventajas que hay que poner en una balanza. 

Por una lado, es positivo, ya que amplifica el alcance de la administración pública a la hora de detectar irregularidades, además del efecto disuasorio que tienen este tipo de medidas; el que sabe que alguien lo puede denunciar fácilmente, no es tan atrevido para delinquir.

Por otro lado, puede ser contraproducente el mal uso, ya que el anonimato puede favorecer que empleados sin motivo o los propios competidores generen denuncias falsas, lo puede suponer a las empresas que sean víctimas de esto en un bucle de inspecciones y requerimientos. Igualmente, seguro que dará problemas el garantizar el anonimato, sobre todo cuando se está denunciando a la empresa que gestiona la denuncia; ¡Qué peligro!.

El Consejo de Ministros ha dado este martes 13 de octubre luz verde al anteproyecto de Ley de medidas para la lucha contra el fraude fiscal con la que el Ejecutivo pretende recaudar unos 3.000 millones de euros, y que incluye la limitación de pagos en efectivo a 1.000 euros para determinadas operaciones entre profesionales y empresas. Esta limitación ya estaba contemplada en la anterior Ley contra el Fraude Fiscal, aunque ahora parece ver finalmente la luz.

Así lo ha anunciado la titular de Hacienda en el Gobierno, la socialista María Jesús Montero, cuya pretensión es reducir el dinero en efectivo a su mínima expresión. Por el momento, Hacienda se garantiza que las grandes operaciones comerciales se realicen por vía bancaria, para que así quede constancia de la operación.

Hasta ahora, el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, establecía la limitación de pagos en efectivo respecto de determinadas operaciones hasta los 2.500 euros.

En Pymes y Autonomos

El régimen de módulos sigue siendo un coladero: el tipo efectivo medio apenas superó el 7% en toda España

Además, el anteproyecto prevé la prohibición del "software de doble uso". Es decir, el uso de programas informáticos que se utilizan generalmente para manipular la contabilidad de las empresas. La nueva ley obliga a que estos sistemas se ajusten a la normativa vigente y garanticen la trazabilidad y la accesibilidad a los registros. Además, sus fabricantes se pueden exponer a sanciones si sus sistemas no cumplen con la Ley.

Por último, Hacienda también ha puesto el foco sobre las criptomonedas, que en los últimos años se han erigido como alternativas al dinero en efectivo para el pago de algunas actividades ilegales. Habrá que informar sobre el saldo y los titulares de estas monedas virtuales, así como de las actividades que se realizan con ellas.

El año pasado la Agencia Tributaria decidió desviar el ojo de Sauron de los pequeños negocios y autónomos y ponerlo en las grandes empresas. Pero que la atención se centre en este área no implica que los recursos se hayan movido. Y esto es precisamente lo que reclama el sindicato de técnicos de Hacienda, GESTHA, investigar menos a autónomos y pymes para dedicar los recursos a investigar el fraude de las grandes.

La cuestión es que año tras año aumenta el porcentaje de dinero recuperado en la lucha contra el fraude fiscal. Es más sencillo técnicamente investigar a los pequeños, que además por una deuda de menos de 10.000 euros, casi nunca le merece la pena reclamar incluso aunque no esté de acuerdo y piense que lleva razón. Las grandes reclaman, tienen gabinetes jurídicos expertos en fiscalidad. Y muchas veces ganan la partida.

En Pymes y Autonomos

El Gran Hermano fiscal que está por venir, así cambiará la economía de pymes y autónomos

El objetivo del GESTHA es que para el año 2021 cambien las directrices del Plan de Lucha contra el fraude fiscal. Según José María Mollinedo, Secretario General del sindicato

No puede ser que el 80% de la evasión se concentre en grandes empresas, y que tengamos a menos de un 20% de la plantilla persiguiendo este fraude. Por el contrario, casi un 85% de los técnicos de Hacienda investigan menos del 20% del fraude fiscal, que es el que corresponde a los autónomos y pymes

Para ello proponen tres medidas fundamentales:

• Que se pueda saber en qué impuestos se evade más, en qué sectores y, sobre todo, qué tipo de contribuyentes son los que más defraudan. Un análisis del fraude fiscal que deje una foto lo más clara posible para saber dónde hay que centrar los esfuerzos.

• Integrar a los técnicos de Hacienda en un nuevo cuerpo con mayores funciones, un cuerpo superior técnico con competencias suficientes para hacer frente a un tipo de fraude más sofisticado. Solo un 20% de ellos tienen actualmente competencias para investigar grandes empresas.

• Que se destinen más recursos para investigar a los más grandes. Se destinan la mitad de recursos que otros países de nuestro entorno, como Alemania o Francia a pesar de que nuestra economía sumergida es más elevada.

En este sentido el sindicato vela por los intereses de sus asociados, reclamando más medios humanos, materiales, así como mayores capacidades y entendemos también que mejoras salariales que vayan acompañadas a este aumento de la responsabilidad.

Lo cierto es que con el año tan complicado que han tenido los pequeños negocios y la escasa capacidad financiera que tienen muchos de ellos, una inspección y una sanción tributaria podrían acabar con el cierre de la propia empresa. Y el ministerio de Hacienda con grandes necesidades de recursos necesita controlar mejor el fraude.

En este sentido una bajada de los límites de las empresas obligadas a utilizar el SII o la puesta en marcha de un sistema como BATUZ para que los autónomos y pequeños negocios pasen sus facturas en tiempo real ayudaría mucho al control, reduciría los efectivos humanos necesarios para ello y centrarse en los responsables del 80% del fraude estimado que son las grandes empresas.

Imagen | Angelo_Giordano

Recibir una carta de la Agencia Tributaria no es una buena noticia para nadie y menos para una empresa. El otro día hablábamos de que este año Hacienda vuelve a enviar sus cartas avisando de que el negocio no se encuentra en la media del sector. Inconsistencia fiscal lo llaman, pero esto no necesariamente fraude, aunque si que estamos en la lista para sufrir una posible inspección.

Que nuestro negocio venda menos que la media del sector, que otros similares al nuestro en la zona puede deberse a que simplemente nos va mal. Pero Hacienda sabe que existe la posibilidad de que se esté cometiendo un fraude, o por lo menos más fraude que la media del sector. Porque los datos cantan y la Agencia Tributaria lo sabe.

En Pymes y Autonomos

Hacienda a por el pequeño comercio

No vamos a ser multados por esta cuestión, pero basta la simple comunicación para que si alguien no está siendo lo suficientemente estricto con las normas vuelva a aplicar la norma, no ya según la ley, sino según pide Hacienda, que no siempre es lo mismo. No hablamos ya de si están cometiendo algún tipo de fraude.

Los datos de la Agencia Tributaria son precisos, márgenes brutos y netos, porcentaje de cobros con tarjeta y efectivo y todo comparado con el sector. Es intimidatorio para muchos negocios. Y lo peor es la velada amenaza de inspección si persisten dichas inconsistencias fiscales. Lo ideal es hablar con nuestro asesor fiscal antes de nada.

No se trata solo de la media del sector, sino también de cómo hemos ido trabajando nosotros en los últimos años y si estamos o no, en la misma media de otros años. Porque no todos los negocios son iguales o simplemente se puede deber a una mala racha. Porque si hemos estado haciendo algo mal y de repente nuestros ingresos varían de forma brusca si que vamos a tener un problema.

La realidad es que Hacienda no tiene opción de controlar a todo el mundo, por muchos datos que tenga nuestros. No puede realizar inspecciones a todas las empresas, por lo que una carta de este tipo es una medida para que las empresas sean conscientes de que pueden ser las siguientes en la lista de la inspección en cualquier momento.

Imagen | Tumisu

Una de las medidas incluida dentro del borrador de Presupuestos Generales del Estado que PSOE y Podemos presentaron la semana pasada era la limitación de los pagos en efectivo a tan solo 1000 € con el fin de reducir la economía sumergida y el fraude fiscal. Esta reducción supondrá un 60% menos que el anterior límite, de 2500 €.

Se trata de una medida que ya estaba proyectada en 2016 pero que el anterior ejecutivo nunca llegó a materializar. Es ahora cuando se quiere recuperar, dando un paso más en la eliminación del dinero en efectivo, tal y como están haciendo otros países como Dinamarca, con el objetivo de luchar contra el fraude fiscal.

Ha sido durante el Consejo de Ministros del pasado viernes, donde se ha presentado el anteproyecto de ley antifraude, una serie de medidas para luchar contra el fraude fiscal, que ahora tiene que pasar por la aprobación del Congreso y el Senado antes de su aprobación definitiva.

En Pymes y Autonomos

La limitación a 1000 euros del pago en efectivo no entrará en vigor el 1 de enero de 2017

Hay que decir que esta restricción en los pagos en efectivo se limita a los transacciones realizadas entre profesionales, dejando fuera a los pagos que se efectúan entre particulares y, en principio, también las restricciones de 15.000 euros vigentes en la actualidad cuando el pagador es una persona física que justifique que su domicilio social no está en España y no actúe como profesional o empresario.

Dentro de esta misma ley también se encuadran otras medidas para luchas contra el fraude fiscal, como la prohibición del software de doble uso para esconder contabilidades en B; un mayor control tributario contra las criptomonedas y la reducción de la cuantía que tiene en cuenta Hacienda para entrar en una lista de morosos, que descenderá desde el millón de euros hasta los 600.000 euros. Con todas estas medidas, el Gobierno pretende recaudar unos 822 millones de euros.

Los establecimientos de venta al público son uno de los focos donde la Agencia Tributaria ha puesto el acento en su campaña de 2017 para tratar de reducir el fraude fiscal. Parece que Hacienda va a por el pequeño comercio, en su lucha contra el IVA y la economía sumergida.

No el el único foco, las grandes fortunas y la economía digital también están en su punto de mira. Pero si echamos cuentas, el número de establecimientos de venta al público es muy superior a la cantidad de YouTubers, profesionales que tienen en el marketing de afiliación sus ingresos o las grandes fortunas.

El pequeño comercio no declara todas sus ventas

Lo que piensa Hacienda es que el pequeño comercio comete fraude de forma generalizada, ya que no declara todas sus ventas. Se estima que el peso de la economía sumergida en España está en torno al 20%. Este porcentaje ha crecido con la crisis a la vez que aumentaba la carga fiscal con la subida del IVA.

Hacienda sospecha que los establecimientos de venta al público no declaran todos los ingresos, todas sus ventas. Con ello se evitan tener que pagar el IVA de este porcentaje no declarado. Pero a la vez se están desgravando el IVA de las compras de los productos que están vendiendo. De esta forma la Agencia Tributaria sospecha que se produce un doble fraude.

Esto cuadra bastante bien con la política de reducción de pagos en efectivo hasta los 1.000 euros. También con una creciente bancarización, donde los pequeños pagos en efectivo, que ahora en muchos casos se realizan desde el móvil, lo que permite un mayor control sobre los ingresos reales de los comercios. También con la creciente tendencia de acabar con el efectivo a medio pazo.

El miedo como impulsor de la reducción del fraude

Pero si se va a perseguir el fraude en este sector con más recursos, ¿por qué anunciarlo? Darle publicidad a este tipo de actuaciones tiene inmediatamente un efecto entre los pequeños negocios. No significa que aquel que esté cometiendo fraude vaya a cesar inmediatamente, pero si es muy probable que el porcentaje de ingresos que no declare disminuya inmediatamente.

Pero además un incremento de las inspecciones significa que rápidamente se sabe de alguien cercano que ha sido inspeccionado, y en algún que otro caso, sancionado. Esto si que provoca un efecto dominó que reduce el fraude de forma significativa.

Para aquellas pymes que cumplen de forma correcta con sus obligaciones fiscales no deja de ser una buena idea, ya que las que no están declarando todas sus ventas no dejan de ser una competencia desleal que les interesa que desaparezca. Porque si no el riesgo es caer en hacer lo mismo para poder competir.

Y todo esto se complementa con las propuestas de la UE para combatir la opacidad fiscal, con normas que obliguen a los profesionales como asesores, abogados, etc. a denunciar las prácticas de sus clientes. El objetivo es reducir el fraude lo máximo posible, situándolo en menos de la mitad de los índices actuales.

En Pymes y Autónomos | La UE quiere obligar a los asesores fiscales a informar sobre sus clientes

Imagen | nosheep

Ha sido uno de los mayores escándalos de la historia dentro del sector de la automoción. La instalación de un software en los motores diésel de los coches de la empresa alemana para engañar sobre sus emisiones de gases ha alcanzado nuestro país, y son muchos los colectivos que estudian poner una demanda colectiva para que la empresa les indemnice.

Entre ellos se encuentran los autónomos españoles. Y es que son muchos los trabajadores por cuenta propia que adquirieron en su momento un vehículo de la marca Volkswagen para llevar a cabo su actividad profesional y que, como tantos otros, se sienten estafados.

Según la Unión Profesional de Trabajadores Autónomos, a través de su portavoz, Sebastián Reyna, si las reparaciones que ha anunciado Volkswagen pueden reducir de manera sustancial su potencia o prestaciones o aumentar su consumo de gasóleo, los autónomos podrían negarse e, incluso, pedir una indemnización, al no cumplirse las características firmadas en el contrato cuando se adquirieron esos vehículos.

No en vano, Facua, que suma ya cerca de 18.000 afectados para iniciar un proceso administrativo contra la compañía, desaconsejó llevar el coche al taller si no se garantizaba por escrito que se fuesen a mantener las prestaciones.

El escándalo de Volkswagen también alcanza a los trabajadores autónomos, y su impacto, quizá más importante que el de cualquier otra persona, al ser, en la mayoría de los casos, su herramienta principal de trabajo.

En Pymes y Autónomos | Al salir de nuestra oficina se apaga el teléfono móvil

Imagen | Mahal

Las campañas de control de fraude laboral llevadas a cabo por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social han permitido aflorar hasta 2.372 empleos que estaban camuflados bajo la fórmula del falso autónomo, además de otros 3.395 empleos que trabajando a tiempo completo se estaban desempeñando bajo la fórmula de tiempo parcial desde 2012.

Se tratan de fórmulas demasiado habituales en épocas de crisis. En lo que respecta a los falsos autónomos, un trabajador se inscribe en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), cotizando de esta manera por su cuenta y ahorrándole a la empresa los costes laborales cuando, de facto, es un trabajador de la misma debido a la concurrencia de circunstancias que hace que se trate de una relación laboral (y, por tanto, no mercantil) y que ni siquiera se puede disfrazar bajo la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente (TRADE).

Una situación que ya habíamos denunciado en este mismo medio y que, a raíz de las reitaradas prácticas fraudulentas, ha llevado a la Inspección de Trabajo a desarrollar campañas para aflorar todo este fraude, con los resultados apuntados y que han sido calificados como notables por el Gobierno.

Además de este evidente fraude contra la Seguridad Social, la Inspección de Trabajo ha detectado asimismo un elevado número de casos de contratos a tiempo parcial que, en realidad, se estaban desempeñando a jornada completa, dejando de declarar un gran número de horas de trabajo.

Desde que se aprobase el Plan de Lucha contra el empleo irregular y la lucha contra el fraude a la Seguridad Social, allá por el año 2012, se han producido en este ámbito más de 4.000 actuaciones que han permitido aflorar 2.372 empleos. Una cantidad nada desdeñable que dará un cierto respiro a las maltrechas arcas de la Seguridad Social.

Imagen | Angel T

En los últimos se ha comentado con intensidad en los foros empresariales la estafa que ha protagonizado la empresa española de internet Gowex, que tras confesar su máximo responsable, Jenaro García, que sus Estados Financieros de los últimos años habían sido falseados.

Un auténtico varapalo al empresariado patrio sin parangón, justo en un momento en el que se trataba de revitalizar la imagen de España como economía generadora de empresas competitivas a nivel internacional.

Ante escándalos como esta me cuestiono si el sistema de control y supervisión de las empresas cotizadas, y por ende en cualquier empresa de una cierta entidad, puedan sufrir fraudes de este tipo.

De manera que pueden ocurrir dos cosas, que las auditorías tengan carencias, o que la disciplina a la hora de aprobarlas no sea la más adecuada. Debiéndose revisar en detalle los procedimientos de control, porque nos jugamos ni más ni menos que el prestigio de nuestras empresas y nuestras exportaciones tanto de bienes, así como de servicios empresariales.

En Pymes y Autónomos | Buscar soluciones en lugar de problemas Imagen | Gerard Stolk

Mientras la Agencia Tributaria nos facilita los datos estadísticos de la campaña de la renta a finales de mayo, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) nos habla del fraude fiscal en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF).

Así mientras por un lado la Agencia Tributaria nos dice que ha devuelto 3.700 millones de euros a casi 5,5 millones de contribuyentes de IRPF, el estudio elaborado por Julio López Laborada, catedrático de Economía Pública de la Universidad de Zaragoza, para FEDEA, nos habla de un fraude en el IRPF de 20.000 millones un 1,7% del PIB.

Así va la campaña de la renta

• Más de 7.150.000 contribuyentes han presentado por Internet su declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondiente al ejercicio 2013 a fecha de 30 de mayo, lo que supone un 10% más que en la misma fecha del año pasado.

• Las declaraciones que se presentan por Internet y no tienen su origen en el borrador de Renta crecen un 28% tras la puesta en marcha del nuevo programa PADRE simplificado y superan ya la cifra de 3.000.000

• Más del 76% de las devoluciones y el 68% de los importes solicitados ya han sido abonados

• A finales de mayo las declaraciones presentadas superan en 625.000 a las del pasado año en las mismas fechas

• Está previsto que la presente campaña cuente con 19.325.000 declaraciones, de las que se espera que 14.600.000 darán derecho a devolución, por un importe total de 10.725 millones de euros, y 4.050.000 declaraciones saldrán con resultado a ingresar, por importe de 6.725 millones de euros.

• Del total de declaraciones ya presentadas, cinco millones se corresponden con borradores confirmados, cifra ligeramente inferior a la del pasado año por las mismas fechas, de manera que toda la aceleración de las presentaciones registrada hasta el momento se concentra en el resto de las declaraciones, aquellas que se confeccionan con los distintos programas de ayuda existentes y con los datos fiscales que facilita la Agencia Tributaria.

• Sumando los borradores y el resto de declaraciones, a fecha de 30 de mayo más del 83% del total de declaraciones se han presentado por Internet. Hace dos años, por las mismas fechas, la proporción de presentaciones por esta vía telemática era del 70%, y hace tres no llegaba al 60%.

El uso pues de Internet para relacionarse con la Administración Tributaria, ya sea por imposición o adaptación a los tiempos que vivimos continua aumentando.

Imagen | Agencia Tributaria

En Pymes y Autónomos | La renta que nos queda, ¿pedimos cita previa?