Si deseamos crear o establecer una sucursal de una empresa determinada en otro mercado, una tarea de la que irremediablemente no nos podemos olvidar es la de informarnos sobre el marco regulatorio y fiscal en el que se han de basar las operaciones del tráfico mercantil.

No obstante, existen determinadas empresas, que bien por su tamaño, por su poder de mercado o su influencia, cuentan con cierto margen para lograr algunas modificaciones que les permitan alcanzar el mejor clima posible para el desarrollo de sus actividades. Buena muestra de ello es el empresario norteamericano, Sheldon Adelson, que proyecta un gran complejo de ocio y juego en la Comunidad de Madrid, y que ha manifestado a las autoridades españolas sus pretensiones sobre algunas normas y especialidades.

Hasta el punto de que este aventurado empresario ha llegado a afirmar que:

“El Gobierno nos dirá en enero qué leyes va a cambiar a nuestro favor.”

Aún no conocemos cuáles son sus pretensiones concretas, ni mucho menos si lo logrará. Pero en el caso de que así fuera, generaría una situación muy desfavorable a otras empresas, sobre todo las más pequeñas, que se situarían en una posición mucho más desfavorable para competir o desarrollar sus negocios.

Cuando se analizan cuestiones de este tipo que tanto impacto tienen sobre la sociedad, se debe de pensar en el interés general, y razonar si es mejor crear ciertos privilegios para los más grandes, en lugar de lograr un marco regulatorio más favorable para el 85% de nuestro tejido empresarial, que precisamente está copado por empresas de reducido tamaño, sin nombres famosos y que no se publicitan en los medios de comunicación.

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La jornada partida que existe en la mayoría de las empresas, así como el poco tiempo del que disponen los empleados para comer, hace que los éstos no puedan desplazarse a su casa durante la hora de la comida y no tengan más remedio que comer en un restaurante cercano.

Con el objetivo de solucionar estos problemas, cada vez más empresas proporcionan los llamados tickets de comida o tickets restaurant, una retribución en especie complementaria con el salario que sirve para pagar las comidas, y que además cuenta con una serie de beneficios fiscales muy atractivos para las pymes.

Los tickets de comida son una buena opción tanto para la empresa como para el empleado desde el punto de vista fiscal. Aparte de las evidentes ventajas para el empleado, al considerarse retribución en especie, no tributan por IRPF, lo que equivale a un aumento del salario disponible de hasta 500 euros. Por su parte, la empresa podrá deducir el 100% de lo destinado a Tickets Restaurant en el impuesto de sociedades.

Hay una serie de restricciones. De entrada, la cuantía de estos cheques no debe superar los nueve euros diarios y si lo hace, la parte adicional a partir de esos nueve euros ya no se considerará retribución en especie. Estos tickets tampoco podrán ser canjeados por dinero, además de contar con una serie de restricciones explícitas en el propio cheque, como ser nominativos, no poder ser acumulables, sólo válidos para días hábiles o bien válidos para un determinado territorio.

La empresa no está obligada a repartir cheques restaurant, ni hacerlo extensible a todos los empleados, así como decidir su importe y aumentarlo, a no ser que exista un pacto explícito entre la empresa y el comité de empresa, o bien esté reflejado en el convenio correspondiente.

De todos modos, no siempre se utilizan de manera legal. En muchas ocasiones, aunque las restricciones explícitas figuran en el propio papel, se utilizan varios para la misma comida, en fines de semana o para una persona diferente. A pesar de estas prácticas fraudulentas, los beneficios que proporciona a la empresa y a los empleados hace que esta sea una fórmula cada vez más utilizada. Los restaurantes lo saben, y cada vez son más los que permiten el pago mediante cheques de comida. Para ellos, también va a ser un gran beneficio.

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La industria farmacéutica española pasa actualmente por horas bajas, una situación que se ha ido agravado tras la introducción de las últimas reformas en materia sanitaria por parte del Gobierno de la nación. Un proceso que daña especialmente a los grandes consorcios farmacéuticos que como consecuencia de la introducción de incentivos gubernamentales para favorecer el auge de los medicamentos genéricos y de los compuestos farmacéuticos más económicos.

Ante estas ácidas circunstancias los departamentos financieros de las farmacéuticas están agudizando su ingenio para conseguir mitigar lo máximo posible estos efectos con la creación de nuevas fórmulas, que como el ‘patent box’ pueden convertirse en un verdadero ‘salvavidas’ para la industria.

Algunos de ustedes se estarán preguntando en qué consiste esta fórmula, pues bien, en esencia se trata de un instrumento fiscal que permitiría a las empresas farmacéuticas tributar por sus royalties y patentes globalmente en los países fiscalmente más ventajosos con independencia de cuáles sean los territorios de los que procedan sus ventas, es decir, que las rentas totales pagarían a la hacienda de los países que mayores reducciones aplican a la explotación de activos intangibles.

Un instrumento que adicionalmente presenta otra bondad para este tipo de empresas, por un lado poder seguir desgravando las inversiones realizadas en investigación y desarrollo de nuevos fármacos (que la reciente Ley de Economía sostenible española elevó del 8% al 12%), y al mismo tiempo, reducir su tributación a casi la mitad.

En el futuro las empresas, en general y no solo farmacéuticas, tendrán que apoyarse en instrumentos como este para salir de una coyuntura tan complicada como la que padecemos. Que en definitiva hacen referencia a poderosos instrumentos para incentivar el desarrollo de nuevas técnicas y procesos con los que la propia crisis podría acabar si no se generan incentivos suficientes.

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La legislación habilita mecanismos para no someter a tributación determinadas operaciones que, en condiciones normales, sí entrarían dentro del ámbito de aplicación de esos impuestos. Estos mecanismos son las exenciones, que a efectos del Impuesto sobre el valor Añadido, están reguladas por el artículo 20 de la Ley de IVA.

Estas exenciones permiten que no tributen ciertas operaciones que a priori sí estarian sometidas al IVA. Esta exención puede ser limitada o ilimitada.

La exención limitada es aquella que no repercute el impuesto pero que, a su vez, no permite la deducción de las cuotas soportadas en la entrega de bienes o la prestación de servicios realizada. Por ejemplo las operaciones interiores que cumplan los criterios fijados para la exención.

La exención ilimitada es la que no repercute el impuesto y sí permiten la deducción del IVA soportado para llevar a cabo la operación. Por ejemplo las exportaciones.

Como hemos comentado, el artículo 20 de la Ley de IVA define las condiciones en las que es aplicable la exención. Pero, además, existen determinadas exenciones que están condicionadas a que las operaciones sean realizadas por entidades con caracter social. Para que una entidad sea declarada de interés social debe cumplir que:

• No tenga caracter lucrativo.

• Los cargos de presidente, patrono o representante legal han de ser gratuitos.

• Los socios comuneros o partícipes de las entidades y sus cçonyuges o parientes hasta segundo grado, no podrán ser destinatarios principales de las operaciones exentas.

Estas entidades han de solicitar el reconocimiento de su condición de establecimiento de carácter social en la Administración competente según su domicilio fiscal.

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El otro día estaba viendo un reportaje en la televisión donde se hablaba (de una forma crítica) de como las grandes, medianas e incluso pequeñas economías buscaban las fórmulas para evadir capital y pagar menos impuestos. Y si bien ese tono crítico puedo aceptarlo cuando se trata de empresas o particulares que delinquen, no lo entiendo cuando se trata de personas o empresas que lo único que hacen es buscar ingeniosas soluciones completamente legales para pagar menos impuestos.

¿Es bueno o malo aquel que pretende pagar menos impuestos? Yo como siempre he dicho en esta misma tribuna, haría un monumento al que consigue pagar menos impuestos (entendiendo siempre que lo hace de una forma absolutamente legal, dando por supuesto que no apruebo lo contrario). Pues entiendo que del mismo formo que la agencia tributaria, que el fisco busca mil y una maneras (dicen que legales) de “pescar” al contribuyente, veo de lo más lógico que el contribuyente intente (legalmente) escapar del fisco.

O sea, ¿hacienda puede hacer lo que le venga en gana?, ¿puede tener la razón porque si o incluso intentar “entrar por la puerta de atrás” en las comunicaciones telemáticas para poder cazar más fácilmente al contribuyente empresarial, pues entiende que ya se lo ha comunicado, pero el contribuyente no puede dentro de la ley buscar las mejores fórmulas y estructuras para pagar menos impuestos? Eso (entre otras cosas) además de injusticia, es hipocresía y abuso de poder.

Como es sabido siempre he sido un firme crítico en lo que se refiere a pagar impuestos, siempre he creído que lo que gana cada uno se lo gana cada uno, y quitar más allá de unos mínimos para garantizar unos básicos (como digo siempre seguridad y poco más) lo considero en expolio. Pero expolio o no, bien o mal, y siendo el que intenta pagar menos impuestos un depravado, un paria social o no, lo que tengo claro es que yo le sigo manteniendo mi más absoluta admiración, mi más absoluta admiración por esta presa habitualmente cazada, que por una vez atrapa al (estado) cazador.

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