El alivio fiscal aplicado a la factura eléctrica ha llegado a su fin. O lo que es lo mismo, a partir de este mismo mes de junio, el IVA general vuelve al 21% y también se recupera el habitual del Impuesto Especial sobre la Electricidad.

Y claro, para muchas pymes, especialmente las vinculadas a la industria, la subida llega en un momento en el que los gastos energéticos continúan siendo uno de los principales factores que afectan a su propia rentabilidad.

La factura eléctrica vuelve a subir el gasto de las pymes

Durante los últimos meses se ido aplicando un IVA reducido del 10% sobre la electricidad, acompañado de una rebaja extraordinaria del Impuesto Especial sobre la Electricidad hasta el 0,5%.

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Ambas medidas fueron aprobadas como respuesta al fuerte encarecimiento energético derivado de las tensiones internacionales y la volatilidad de los mercados energéticos.

Sin embargo, la normativa que regulaba estas reducciones establecía que su continuidad dependía de la evolución de los precios. Una vez constatada, según el gobierno, la moderación de la inflación energética, las rebajas desaparecen automáticamente.

A partir de ahora, el IVA vuelve al 21% y el impuesto especial recupera su nivel habitual del 5,11%.

¿Cuánto aumentará el recibo de la luz?

El impacto exacto dependerá del nivel de consumo de cada negocio, claro está. Los cálculos realizados por Selectra indican que la vuelta a los tipos impositivos ordinarios puede traducirse en un aumento cercano al 15% sobre el importe final de la factura eléctrica.

Para entender mejor el efecto, una factura con una base imponible de 50 euros antes de impuestos pasaría a situarse en torno a los 63 euros tras aplicar los gravámenes habituales. Esto supone aproximadamente ocho euros adicionales respecto a la situación existente durante el periodo de rebajas fiscales.

En el caso de las pymes, donde el consumo energético suele ser considerablemente superior al de un hogar, el incremento anual puede representar varios cientos o incluso miles de euros adicionales, como es lógico.

La energía sigue siendo un problema para miles de pymes

La subida fiscal se suma a una tendencia que preocupa especialmente al tejido empresarial español. Numerosos sectores industriales alertan de que los precios de la electricidad continúan situándose en niveles que reducen su competitividad frente a otros países europeos.

Un informe elaborado por EY Consulting para la Alianza por la Competitividad de la Industria Española señala que las tarifas eléctricas industriales han aumentado entre un 35% y un 60% desde 2019. Este escenario reduce la capacidad de inversión de muchas compañías.

La situación afecta de forma particular a autónomos y pequeñas empresas manufactureras, que suelen operar con márgenes reducidos y disponen de menor capacidad para absorber incrementos continuados en sus gastos operativos.

Las cinco medidas que podrían abaratar la luz hasta un 30%

Ante esta situación, la Alianza por la Competitividad de la Industria Española ha presentado un plan orientado a reducir el precio final de la electricidad para empresas y autónomos.

Según sus estimaciones, la aplicación conjunta de las medidas propuestas podría rebajar la factura entre un 10% y un 30%.

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Entre las iniciativas planteadas destacan:

• Eliminación del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE).
• Extensión de las bonificaciones del Impuesto Especial sobre la Electricidad a un mayor número de empresas.
• Integración de determinados costes técnicos dentro de los peajes de acceso para disminuir la volatilidad de los recibos.
• Consolidación permanente de reducciones en peajes eléctricos para grandes consumidores.
• Refuerzo de las compensaciones asociadas a los costes indirectos derivados de las emisiones de CO₂.

El objetivo de estas medidas es reducir la carga regulatoria que soportan las empresas y facilitar que puedan destinar más recursos a inversiones productivas, modernización tecnológica y eficiencia energética.

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La futura implantación del régimen de IVA franquiciado promete ser toda una revolución para los autónomos en España.  

Este sistema permitirá a muchos profesionales emitir facturas sin incluir el impuesto, lo que simplifica notablemente la gestión administrativa y reduce la carga burocrática habitual.

La medida, alineada con la normativa europea ya vigente en la mayoría de países, podría beneficiar a cerca de 770.000 trabajadores por cuenta propia, según estimaciones de asociaciones del sector.

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El objetivo es facilitar la actividad económica de pequeños negocios con menor volumen de ingresos, especialmente aquellos con facturación inferior a los 85.000 euros anuales.

Facturas sin IVA: cómo funcionará el nuevo sistema

La principal novedad del modelo es que determinados autónomos podrán emitir facturas sin repercutir el IVA. Esto significa que el cliente pagará directamente el importe del servicio o producto sin añadir el impuesto correspondiente.

Para ello, será necesario indicar en la factura la condición de exención, algo que ya ocurre en territorios como Canarias con el sistema del IGIC. Esta transparencia es clave para que la Agencia Tributaria pueda identificar correctamente las operaciones acogidas a este régimen.

Desde el punto de vista comercial, esta situación abre dos posibles estrategias. Por un lado, el profesional puede reducir precios para ganar competitividad. Por otro, puede mantener tarifas y aumentar su margen, al eliminar la obligación de gestionar el impuesto.

Un sistema voluntario, no obligatorio

Uno de los aspectos más relevantes es que este régimen no será obligatorio. Los autónomos que cumplan los requisitos podrán decidir si acogerse o continuar con el sistema tradicional.

En términos generales, podrán optar por este modelo quienes desarrollen actividad económica como persona física y no superen el umbral de facturación establecido. La Agencia Tributaria tendrá en cuenta los ingresos del ejercicio anterior para determinar la elegibilidad.

Esta voluntariedad es clave, ya que no todas las actividades se beneficiarán de la misma manera. Cada profesional deberá analizar su situación concreta antes de tomar una decisión.

Ventajas: menos burocracia y mayor liquidez

El principal atractivo del sistema es la simplificación administrativa. Los autónomos acogidos a la franquicia dejarán de presentar liquidaciones periódicas de IVA, lo que reduce trámites, errores y dependencia de asesorías externas.

Además, mejora la gestión de la tesorería. En el modelo actual, el profesional cobra el IVA al cliente, pero debe reservar esa cantidad para ingresarla posteriormente a Hacienda, incluso si aún no ha cobrado la factura. Este desfase puede generar tensiones de liquidez.

Con el nuevo sistema, este problema desaparece, lo que facilita la planificación financiera y reduce el riesgo de impagos vinculados al impuesto.

Inconvenientes: la pérdida de deducciones

No todo son ventajas. El principal inconveniente del régimen es que el autónomo no podrá deducirse el IVA soportado en sus gastos. Esto implica que cualquier inversión o gasto asociado a la actividad tendrá un mayor impacto económico.

Por ejemplo, alquileres, suministros, equipamiento o vehículos dejarán de generar deducciones fiscales en este ámbito. En actividades con un volumen elevado de gastos, esto puede suponer una pérdida significativa de eficiencia fiscal.

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Por ello, la decisión de acogerse o no dependerá en gran medida del equilibrio entre ingresos y gastos deducibles.

¿A quién le compensa realmente este modelo?

El régimen de IVA franquiciado resulta especialmente atractivo para profesionales con pocos gastos asociados a su actividad. Autónomos que trabajan desde casa o que apenas requieren inversión pueden beneficiarse claramente de la simplificación y del ahorro en gestión.

En cambio, aquellos con estructuras más complejas o con inversiones frecuentes pueden encontrar más ventajoso mantenerse en el sistema tradicional, donde pueden compensar el impuesto soportado.

También influye el tipo de cliente. Si el cliente es empresa, el impacto puede ser neutro, ya que esta puede deducirse el IVA. Sin embargo, si el cliente es particular, la eliminación del impuesto puede convertirse en una ventaja competitiva.

Un cambio que obliga sí o sí a replantear la estrategia

La llegada de este modelo no solo afecta a la fiscalidad, sino también a la estrategia comercial y financiera de los autónomos. La posibilidad de ajustar precios, mejorar márgenes o simplificar la gestión obliga a replantear la forma de operar.

Además, introduce un nuevo escenario en la relación entre profesionales y clientes, donde la transparencia y la correcta aplicación de la normativa serán fundamentales para evitar errores o sanciones.

El Consejo de Ministros dio luz verde este pasado martes 24 al Real Decreto que regula la implantación de la factura electrónica en España, una medida que afectará directamente a autónomos y empresas en sus operaciones entre negocios.

Con este paso, el Ejecutivo desarrolla uno de los pilares de la Ley Crea y Crece y acelera la transición hacia un modelo de facturación completamente digital.

La normativa obligará a emitir y recibir facturas en formato electrónico estructurado en todas las operaciones B2B.

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El objetivo principal es reducir la morosidad, mejorar la trazabilidad de los pagos y dotar a la Administración de herramientas para supervisar en tiempo real el ciclo completo de facturación.

Hacienda será clave en la puesta en marcha del sistema

Aunque el Real Decreto ya ha sido aprobado, la entrada en vigor efectiva dependerá de un elemento técnico fundamental: la solución pública que desarrollará el Ministerio de Hacienda.

Este sistema funcionará como un repositorio centralizado de facturas, donde se registrarán las operaciones para facilitar el control de los plazos de pago.

Fuentes de la Agencia Tributaria han confirmado que la orden ministerial que regulará esta plataforma estará lista previsiblemente en julio de 2026.

Este hito marcará el inicio del calendario definitivo, ya que los plazos comenzarán a computar desde su publicación oficial.

Calendario definitivo para autónomos y empresas de la factura electrónica

Con la planificación actual, la implantación de la factura electrónica se realizará de forma progresiva en función del volumen de negocio. El calendario previsto es el siguiente:

Julio de 2026. Deberá estar aprobada la orden técnica que regula el repositorio público de facturas.

Enero de 2027. Entrará en vigor la obligación de que los programas de facturación cumplan con los requisitos técnicos exigidos para las empresas sujetas al Impuesto de Sociedades.

A partir de julio de 2027. Será obligatorio emitir factura electrónica para empresas y profesionales que hayan superado los 8 millones de euros de facturación anual.

En ese mismo momento también se exigirá a los contribuyentes del IRPF el uso de programas de facturación adaptados a la normativa.

Julio de 2028. La obligación se extenderá al resto de autónomos y pymes con menor volumen de negocio.

Verifactu y factura electrónica: dos normas que convergen

La implantación de la factura electrónica irá de la mano del reglamento de programas de facturación, conocido como Verifactu.

Esta normativa establece los requisitos técnicos que deben cumplir los softwares utilizados para emitir facturas, garantizando la integridad, conservación y trazabilidad de los datos.

Ambas regulaciones coincidirán en el tiempo a partir de 2027, lo que implica que autónomos y empresas deberán adaptar tanto sus sistemas de facturación como sus procesos administrativos de forma simultánea.

Esta coordinación responde a las demandas del sector, que había solicitado unificar los plazos para evitar duplicidades en la adaptación.

Cómo funcionará la factura electrónica obligatoria

El nuevo sistema se basará en facturas estructuradas que podrán ser leídas automáticamente por los programas contables. Además, se incorporará información sobre el estado de cada factura, incluyendo su emisión, aceptación y fecha efectiva de pago.

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Este nivel de detalle permitirá a la Administración controlar con mayor precisión los tiempos de cobro, un aspecto especialmente relevante en un contexto donde el plazo medio de pago en España ronda los 80 días, superando el límite legal de 60 días establecido por la normativa de morosidad.

Los autónomos y empresas podrán elegir entre dos vías para gestionar sus facturas electrónicas.

Por un lado, plataformas privadas interoperables que permitirán el intercambio de documentos entre distintos sistemas. Por otro, la solución pública gratuita gestionada por la Agencia Tributaria, que actuará como repositorio nacional.

Periodo de transición para facilitar la adaptación

La normativa contempla un periodo transitorio para facilitar la implementación, especialmente en los negocios con mayor volumen de facturación.

Durante los primeros 12 meses desde la entrada en vigor, las empresas que superen los 8 millones de euros deberán acompañar sus facturas electrónicas con un documento en formato PDF.

Este sistema híbrido permitirá que los clientes que aún no estén obligados a utilizar factura electrónica puedan seguir operando con normalidad. El documento en PDF podrá enviarse por los canales habituales y no será necesario remitirlo al repositorio público.

Lucha contra la morosidad… y más control

Uno de los objetivos principales de esta reforma es combatir la morosidad, un problema estructural que afecta especialmente a autónomos y pequeñas empresas. Con el nuevo sistema, será posible conocer en tiempo real cuándo se emite una factura, cuándo es aceptada y cuándo se paga.

Esto permitirá mejorar la transparencia en las relaciones comerciales y facilitará la reclamación de pagos. Además, la automatización de procesos reducirá errores administrativos y permitirá una gestión más eficiente de la facturación.

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Ser autónomo y cobrar las facturas a su debido tiempo sigue siendo una utopía para muchos. El Informe Anual 2025 del Observatorio de Pagos de la Unión Europea revela un empeoramiento significativo en el retraso en el cobro de facturas que sufrieron las pequeñas y medianas empresas en España durante 2024.

El documento muestra que el 46% de las pymes afirma haber tenido problemas debido a la demora en los pagos, el nivel más alto registrado desde 2019 y un indicador que confirma que la morosidad continúa siendo uno de los principales obstáculos para la estabilidad financiera del tejido empresarial.

El dato supone un aumento de cinco puntos porcentuales respecto a 2023, cuando el porcentaje se situaba en el 41%. Si se compara con el nivel más bajo registrado en 2021, el incremento alcanza los 12 puntos porcentuales, lo que refleja una tendencia negativa en la evolución de los plazos de pago en el entorno empresarial.

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A pesar de este deterioro, el informe también señala que España todavía se mantiene ligeramente por debajo de la media de la Unión Europea en cuanto a empresas afectadas por retrasos en los cobros, aunque la diferencia se ha reducido en los últimos años.

La morosidad impacta en pagos, inversiones y empleo

El retraso en el cobro de facturas no solo afecta a la liquidez inmediata de las empresas, sino que tiene consecuencias directas en la actividad económica. Según el estudio, los pagos a proveedores son el área más afectada, ya que un 24% de las empresas reconoce haber tenido dificultades para cumplir con sus propios compromisos debido a los retrasos de sus clientes.

En segundo lugar aparecen las inversiones y las nuevas contrataciones, con un 19% de las pymes que afirma haber tenido que frenar decisiones estratégicas por la falta de liquidez derivada de la morosidad.

Esto significa que los retrasos en los pagos no solo afectan a las cuentas de resultados, sino que también limitan la capacidad de crecimiento de las empresas.

El informe subraya que estas dificultades financieras tienen un efecto en cadena dentro del tejido empresarial. Cuando una empresa recibe pagos tarde, muchas veces se ve obligada a retrasar a su vez sus propios pagos, generando un ciclo que acaba afectando a proveedores, trabajadores y nuevas oportunidades de negocio.

Los plazos de pago siguen siendo elevados

El plazo medio de pago en operaciones entre empresas, conocido como B2B, se mantiene en torno a los 80 días en España, una cifra que apenas ha variado en los últimos tres años. Este dato se sitúa por encima de los plazos recomendados por la normativa europea, que establece límites más estrictos para evitar la acumulación de deuda comercial.

Entre las causas que explican estos retrasos destacan los problemas de liquidez de los clientes, una situación que se ha visto agravada por el contexto económico internacional y la incertidumbre en los mercados.

Las empresas encuestadas en el estudio muestran además una visión pesimista sobre la evolución futura de los pagos, pese a que la economía española ha registrado uno de los crecimientos más altos dentro de la Unión Europea.

El informe apunta a posibles perturbaciones en el comercio mundial y a la volatilidad económica como factores que podrían agravar la situación.

Las grandes empresas pagan más tarde

Uno de los aspectos más llamativos del informe es la diferencia de comportamiento en los plazos de pago según el tamaño de la empresa. Los datos muestran que las grandes compañías tardan mucho más en pagar sus facturas que las microempresas.

Mientras que el 51% de las microempresas paga sus facturas dentro del plazo acordado, solo un 14% de las grandes empresas cumple con esta obligación en la fecha de vencimiento. Esto significa que las compañías de mayor tamaño presentan tasas de cumplimiento significativamente inferiores.

España aparece además entre los países europeos con mayores diferencias en el comportamiento de pago según el tamaño empresarial, lo que genera tensiones dentro de la cadena de suministro.

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Este fenómeno tiene especial impacto en la economía española, donde el 99% del tejido empresarial está compuesto por pymes y autónomos. Por este motivo, las organizaciones empresariales advierten de que los retrasos en los pagos representan una amenaza estructural para la supervivencia de muchas pequeñas empresas.

Una cultura de retraso en los pagos extendida en Europa

El informe también muestra que la morosidad no es un problema exclusivo de España. En toda la Unión Europea, el 31% de las empresas reconoce haber tenido que retrasar sus propios pagos debido a que también recibió los cobros fuera de plazo.

Este efecto dominó refleja que los retrasos en las facturas se han convertido en una práctica relativamente extendida dentro del mercado europeo. Sin embargo, en el caso español el problema resulta especialmente sensible debido al peso de las pequeñas empresas dentro de la economía.

 Si eres autónomo y trabajas fuera de tu municipio con pernocta, puedes ahorrarte más de 1.000 euros en la Renta 2026.

Esa es la clave. Hacienda permite deducir gastos de manutención y alojamiento cuando el desplazamiento está directamente vinculado a la actividad profesional y cumple determinados requisitos formales.

La normativa fija un máximo de 53,54 euros diarios cuando la pernocta se realiza en España y hasta 91,35 euros al día si el desplazamiento es al extranjero.

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En trabajos con viajes frecuentes, esta deducción puede alcanzar los 1.070 euros anuales, siempre que los gastos estén correctamente justificados.

Qué condición deben cumplir los autónomos

No basta con viajar. Para aplicar la deducción es imprescindible que el desplazamiento sea por motivos estrictamente profesionales y que exista pernocta fuera del domicilio habitual. Además, el gasto debe realizarse en establecimientos de hostelería o restauración y pagarse mediante medios electrónicos.

La Agencia Tributaria exige factura completa y prueba de pago bancario. Los tickets en efectivo no son válidos. Si no se puede acreditar la relación directa con la actividad económica, la deducción puede ser rechazada en una comprobación posterior.

Este incentivo fiscal es especialmente relevante para profesionales itinerantes como instaladores, comerciales, consultores, técnicos o formadores que desarrollan su actividad en distintas provincias o incluso en el extranjero.

Todos los autónomos deben presentar la Renta

Desde la reforma vinculada al sistema de cotización por ingresos reales introducida por el Real Decreto ley 13/2022, todos los trabajadores por cuenta propia están obligados a presentar la declaración de la Renta, independientemente de su volumen de ingresos.

A cierre de 2025, España contaba con más de 3,43 millones de autónomos. La eliminación de antiguos umbrales que eximían a determinados profesionales ha ampliado el número de declaraciones y ha reforzado el control fiscal.

En este contexto, conocer y aplicar correctamente las deducciones disponibles es esencial para optimizar el resultado final.

Calendario oficial de la campaña 2026

La campaña de la Renta 2026 comenzará el 8 de abril con la presentación telemática a través de Renta Web y la aplicación móvil de la Agencia Tributaria. El servicio telefónico con cita previa estará disponible desde el 6 de mayo y la atención presencial arrancará el 1 de junio. El plazo finalizará el 30 de junio de 2026.

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No dejar la declaración para el último momento permite revisar con calma los gastos deducibles y evitar incidencias técnicas o falta de citas disponibles.

Qué ocurre si el resultado sale a pagar

Si tras aplicar la deducción el resultado sigue siendo a ingresar, existen diferentes opciones de pago. Puede domiciliarse hasta el 25 de junio con cargo el 30 de junio o abonarse directamente hasta esa fecha.

También es posible fraccionar el importe en dos plazos, con un 60 por ciento en junio y el 40 por ciento restante hasta el 5 de noviembre de 2026. En determinados casos, se puede solicitar aplazamiento o fraccionamiento de deudas de hasta 50.000 euros, generalmente en un periodo máximo de doce meses.

Una oportunidad fiscal que conviene aprovechar

En un entorno de costes crecientes y márgenes ajustados, reducir más de 1.000 euros en la declaración puede marcar la diferencia en la tesorería de un profesional.

La clave está en planificar los desplazamientos, conservar la documentación y registrar correctamente cada gasto vinculado a la actividad.

Para los autónomos que duermen fuera de su municipio por trabajo, esta deducción no es un detalle menor. Es una herramienta fiscal que, bien aplicada, puede aliviar de forma significativa la factura de la Renta 2026.

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Para muchos autónomos, descansar sigue siendo un lujo. Según datos recientes, más de un tercio reconoce que no puede desconectar ni siquiera una semana por culpa de los impagos. Esto no solo se trata de una cuestión de tesorería, sino también de la incertidumbre de no saber cuándo se cobrará impacta en la salud mental, la planificación y, en consecuencia, en la productividad laboral.

Los impagos no son un problema puntual, sino estructural. Según el último Análisis del Comportamiento de Pago Empresarial, elaborado por Informa D&B, más de la mitad de las empresas que incurrieron en impagos en 2024 ya habían mostrado señales claras de riesgo un año antes. Detectar esas señales puede marcar la diferencia entre mantener la actividad o acabar en la lista de acreedores.

Los retrasos son más que un contratiempo

El estudio confirma que los retrasos prolongados en el abono de facturas son el patrón más fiable para anticipar un impago. El 52,3 % de las empresas que dejaron facturas sin pagar ya acumulaban más de 30 días de demora en los 12 meses previos, y en el 69,1 % de los casos los retrasos superaban los 90 días.

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Como advierten numerosos medios, como PYMNTSo el Financial Times, cuando un cliente paga con más de 30 días de retraso, en la práctica es el proveedor quien está financiando gratis su circulante durante un mes o más, con un coste real en intereses y pérdida de liquidez.

Según un informe de SupplyChainBrain, el 86 % de las empresas tiene hasta un 30 % de ventas facturadas retrasadas, y la acumulación de impagos erosiona la liquidez y confianza.

Asimismo, hay sectores y territorios más expuestos. Los retrasos no afectan a todos por igual. El informe apunta que transporte, hostelería, agricultura y la propia Administración pública registran los mayores plazos medios de pago.

De hecho, las administraciones pagan en una media de 67 días, más del doble del plazo legal de 30 días.

Las diferencias también se notan por territorio: Ceuta, Melilla y Canarias presentan demoras muy por encima de la media, mientras que Navarra, La Rioja y País Vasco destacan por su mayor puntualidad.

Más allá de la caja

El impacto de los impagos va más allá de la tesorería. Se traduce en estrés sostenido, jornadas más largas e imposibilidad de desconectar, especialmente en vacaciones.

Los datos de Informa D&B cifran el retraso medio de cobro en España en 45 días naturales, con un coste estimado de 2.900 millones de euros al año para pymes y autónomos.

Según el Banco de España y la patronal ATA, la morosidad está detrás de uno de cada cuatro cierres empresariales. La falta de liquidez no solo ahoga la actividad, también dificulta planificar inversiones, pagar a proveedores o asegurar un mínimo descanso personal.

Qué hacer para protegerse

Si bien no siempre contamos con medidas para evitar un impago, sí se pueden reducir sus posibilidades con medidas preventivas:

• Revisar el historial de pagos de los clientes y limitar el crédito comercial
• Fijar cláusulas contractuales claras, marcando por escrito plazos de pago y penalizaciones. La Ley 3/2004 de Morosidad establece un máximo de 60 días entre empresas y 30 con administraciones, con derecho automático a intereses de demora (10,15 % en el segundo semestre de 2025) e      indemnización mínima de 40 € por factura.
• Anticipos o provisiones de fondos en proyectos a medida o de alto importe.
• Factoring, confirming y seguros de crédito como herramientas para adelantar cobros o cubrir riesgos.
• Procedimiento monitorio como vía judicial rápida y de bajo coste para reclamar deudas documentadas

Además, desde 2024, Hacienda admite cualquier medio fehaciente (correo electrónico, burofax, etc.) como prueba para reclamar el IVA de facturas impagadas, siempre que no hayan pasado más de seis meses y el importe supere los 50 €.

De este modo, los impagos seguirán siendo un problema estructural para el colectivo autónomo, pero reconocer las señales tempranas y actuar con rapidez permite reducir riesgos, así como proteger la tesorería con contratos claros y medidas preventivas es clave para ser sostenible en el largo plazo.

La Administración tiene fama de pagar, a menudo, tarde y mal. No es casual que siga siendo uno de los principales dolores de cabeza para muchos autónomos y pequeñas empresas que trabajan como proveedores.

Ahora, el Ministerio de Justicia ha abierto un nuevo camino. Se trata de un procedimiento más ágil y accesible para que los autónomos puedan reclamar facturas impagadas a la Administración sin necesidad de iniciar un proceso judicial largo o complejo. Una herramienta que, si se aplica de forma efectiva, podría marcar un antes y un después para miles de pequeños negocios.

Pagos que no llegan

Si bien puede parecer contrario a la intuición, muchas empresas que han trabajado como proveedores de productos o servicios de organismos públicos pueden confirmarlo: el sector público paga más tarde. Con retrasos notables (hasta 67 días de media, en 2023), que han llegado a comprometer la viabilidad de negocios enteros.

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Existen plazos legales de pago, por supuesto, pero, en la práctica, muchas entidades públicas se retrasan o directamente incumplen.

El problema: reclamar una factura puede ser tan costoso —en tiempo y recursos— que, en muchos casos, el proveedor prefiere dejarla por imposible.

Además, si bien la Administración pública no suele dejar pagos en el aire, sí es cierto que, a menudo, les persigue una leyenda negra propia del pasado, que está notablemente subsanada.

¿Qué cambia la nueva medida?

El Tribunal Supremo (TS) ha acortado en una reciente sentencia el plazo que tienen los autónomos para reclamar contra la Administración si no les paga sus facturas.

Se trata de la sentencia 449/2025, donde el TS resolvió la duda. El cambio afecta a los procedimientos de reclamación económica cuando la deuda la tiene un organismo público.

Para ello:

• Se habilita una vía judicial simplificada para que cualquier autónomo o pyme pueda reclamar facturas impagadas
• No es necesario contar con representación legal para importes reducidos, lo que reduce los costes asociados
• Los plazos se acortan, y se promueve una tramitación más digital y estandarizada

El objetivo del Ministerio es doble: aliviar la carga del sistema judicial en procedimientos menores y, al mismo tiempo, evitar que pequeños proveedores queden indefensos ante la morosidad de las administraciones.

De esta medida, pueden beneficiarse autónomos y microempresas que hayan realizado trabajos, servicios o suministros para entes públicos, teniendo en cuenta que la factura esté vencida sin pago ni justificación y pudiendo activar el procedimiento desde el propio portal de Justicia o a través de modelos estandarizados que faciliten la reclamación.

La relevancia de la medida

Según la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), muchas administraciones siguen pagando fuera de plazo, y las pequeñas empresas tienen poca capacidad de presión frente al Estado.

Hasta ahora, reclamar podía implicar contratar un abogado, presentar documentos complejos o esperar meses. Con esta nueva vía, el umbral de acceso baja y se reconoce que no todos los proveedores están en igualdad de condiciones frente a la Administración.

Además, se refuerza un mensaje político: el Estado debe dar ejemplo como pagador, especialmente cuando exige puntualidad a sus contratistas.

¿Es una mejora? Sin duda, pero con matices: para poder reclamar judicialmente, deben transcurrir al menos dos plazos administrativos consecutivos. El primero es el plazo legal de pago de 30 días que tiene la Administración desde la aprobación de la factura, tal como recoge el artículo 198 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público.

Una vez incumplido ese plazo, el contratista debe requerir por escrito el pago. A partir de ese momento, según el artículo 199 de la misma ley, la Administración tiene otros 30 días para responder o pagar voluntariamente.

Solo si no hay respuesta o no se efectúa el abono en ese segundo plazo, podrá acudirse a la vía contencioso-administrativa. En la práctica, por tanto, el proveedor sigue sin poder reclamar hasta que no hayan pasado esos 60 días.

Puede marcar la diferencia

En pocas palabras, es evidente que la nueva vía no soluciona todos los problemas y queda por ver si su aplicación es homogénea, si las administraciones cumplen los plazos establecidos y si se evita el bloqueo burocrático.

No obstante, representa un avance importante en dignificar el papel del autónomo y de las pequeñas empresas como proveedoras públicas. Si se consolida y se extiende, esta medida puede reducir la tensión financiera de muchas pymes que, hasta ahora, han tenido que asumir retrasos sin herramientas efectivas para defenderse.

Desde la Agencia Tributaria controlan nuestros pasos. Cuando en 2022, la Ley Crea y Crece introdujo la factura electrónica obligatoria para los autónomos, os comentamos que debían llevar un código QR en cada una de ellas tanto si eras un trabajador por cuenta propia como si estabas al frente de un negocio.

El código tiene una misión, que los clientes puedan comprobar de primera mano que nosotros como autónomos o propietarios de un negocio, estamos al día en nuestras obligaciones fiscales con la Agencia Tributaria, de hecho, el organismo podrá controlar toda la información de las operaciones que hagamos.

Esta obligación afecta a autónomos y negocios dedicados a la producción y comercialización de bienes. El resto de trabajadores por cuenta propia deberán adaptar sus sistemas de facturación, como máximo, el 1 de julio de 2025 así lo recoge Autónomos y Emprendedores.

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Confirmado: estos son los autónomos que se librarán de pagar el IVA trimestral en 2025

El código QR sirve para evitar el fraude fiscal

El código QR incluido en la factura sirve para que el cliente, como hemos comentado, proporcione información a la Agencia Tributaria a través de su sede electrónica por lo que facilitan una ruta de la información que precise.

El principal beneficiario será la persona que reciba la factura porque si es empresario puede chequear que nos la ha mandado y así poder deducírsela con tranquilidad en sus declaraciones de impuestos.

El código QR contará con cierta información de los registros de las facturas, pero no toda. La inclusión del QR en las facturas que emiten los autónomos y negocios funciona como cualquier código de este tipo, se escanea con un móvil y puede enviarse la información.

Si el emisor de la factura está en Verifactu, el nuevo sistema de verificación y facturas a Hacienda en tiempo real, la Agencia Tributaria le dirá al cliente si ha enviado esa factura.

Los autónomos saben de primer mano qué significa que un cliente deje de pagar. No es plato de buen gusto para nadie, pero un trabajador por cuenta propia se expone a no poder hacer frente a muchos gastos si la morosidad se convierte en una costumbre.

En su momento contamos que la morosidad afecta a uno de cada cuatro autónomos. Durante 2023 el 38,2% de los autónomos había sufrido morosidad; el 22,7% por parte de empresas privadas; el 10,9% tanto por parte de entidades públicas como privadas; y el 4,6%, por parte de las administraciones públicas.

Si a estos datos añadimos que desde la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) subraya que el periodo medio en el que pagan los proveedores las facturas sigue siendo de 80,2 días, tenemos un problema muy grave, así lo recoge Autónomos y Emprendedores.

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Ahora sí, las pymes y los autónomos son testigos: La UE limitará a 30 días el pago de sus facturas

Qué hacer si eres autónomo antes de que un cliente deje de pagar sus facturas

En 2023, desde la Comisión Europea Ursula von der Leyen, presentó ante el Parlamento Europeo un reglamento destinado a reemplazar la Directiva Europea sobre Morosidad. Este reglamento, modificaría los plazos de pago entre empresas.

Esta nueva normativa implicaba la reducción del período de pago de las empresas a un máximo de 30 días, en contraposición a los 60 días establecidos anteriormente.

Sin embargo, los impagos se siguen dando y no olvidemos que un autónomo también es un recaudador. El IVA trimestral supone pagar una cantidad que, en principio, ha recibido cuando sus clientes están al día con sus facturas.

El primer paso para evitar que algunos clientes no paguen establecer un método preventivo desde el principio donde se deje claro que hay que adelantar una cantidad. Sobre todo, con clientes nuevos o con empresas que no cuentan con solvencia.

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Un problema grave para los autónomos: entrar en la lista de morosos ASNEF. Así puedes salir de ella

Si el impago es una realidad qué puede hacer el autónomo

Si lo de pedir parte del dinero por adelantado no se llevó a cabo con algún cliente y el impago es ya una realidad, el autónomo debe seguir ciertos pasos para tratar de recuperar su dinero.

El primero consiste en enviar una factura rectificativa a través de un burofax para asegurarnos de que llega al destinatario.

El segundo consiste en solicitar la devolución del IVA a Hacienda cuando se cumplan con estas condiciones:

• Que la base imponible sea mayor de 50 euros.
• Que no hayan transcurrido más de seis meses desde que el crédito haya sido considerado incobrable.

Con esta información será más que suficiente para demostrar a Hacienda que a esa persona se le reclama la factura impagada.

Si a pesar de enviar la factura rectificativa no obtenemos respuesta por parte del cliente, nos queda otra opción: el procedimiento monitorio. Es una vía rápida y ágil para la reclamación de deudas ya que únicamente será necesaria la celebración de una vista o comparecencia ante el Juez si el deudor se opone a la reclamación presentada.

Su utilización se ha ido generalizando en los últimos años hasta el punto de que en la actualidad ha pasado a ser el procedimiento más utilizado en el ámbito civil.

La Agencia Tributaria controla cada paso que damos los autónomos. La Ley Crea y Crece introdujo la factura electrónica obligatoria en 2022. En ese momento nos hicimos eco del código QR que debía aparecer en las facturas de autónomos y negocios en 2024.

Con este sistema ya regulado, los clientes podrán comprobar que hemos cumplido con nuestras obligaciones y la Agencia Tributaria conoce toda la información relacionada con esa operación, según recoge Autónomos y Emprendedores.

El QR forma parte del reglamento de facturación para autónomos y negocios

Desde hace dos años, todo estaba pensando y listo para evitar así el fraude fiscal. Sólo faltaba adoptar sistemas y programas informáticos para facilitar las cosas a los autónomos y los negocios a la hora de emitir la factura con su QR.

Este nuevo método para controlar las operaciones de los trabajadores por cuenta propia se aplicará también a negocios dedicados a la producción y comercialización de bienes nueve meses después de la aprobación de la orden.

El resto de trabajadores autónomos deberán tener adaptados sus sistemas de facturación antes del 1 de julio de 2025.

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Código QR para evitar el fraude fiscal

Las facturas tendrán que incluir un código QR para que el cliente pueda, si así lo desea, proporcionar información de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Desde la Agencia Tributaria, y a través de su sede electrónica, facilitarán una ruta de la información que precise.

Este gesto será de gran ayuda para la lucha contra el fraude porque una factura al entregarse a un cliente, si luego no aparece para Hacienda, podría suponer un serio problema para el negocio o el autónomo.

Por un lado, el cliente podrá comprobar si la persona que está detrás de ese negocio está dada de alta y si la ha remitido a Hacienda y por otro, servirá para que el pequeño empresario pueda deducirse esa cantidad con la tranquilidad de que esa venta está bajo control, bajo el control de la Agencia Tributaria.