España y ser autónomo, una dualidad repleta de contrastes. Por un lado, los trabajadores por cuenta propia continúan creciendo y también lo hacen sus tarifas en paralelo al aumento del coste de la vida. Y, por otro lado, también crece la brecha con los autónomos europeos.

España supera ya los 3,4 millones de trabajadores autónomos. El número continúa subiendo. Sin embargo, el peso relativo del sector dentro del mercado laboral continúa reduciéndose. Los autónomos ya son menos del 16%, mínimo histórico.

Pese a cobrar más que hace unos años, el autónomo español sigue ingresando bastante menos que la media europea. En plena Campaña de la Renta y coincidiendo con nuevas obligaciones digitales como Verifactu, un análisis elaborado por la plataforma digital para autónomos, Xolo, analiza la situación económica del colectivo.

Cobran más, pero siguen lejos de Europa

Los datos muestran que la tarifa media por hora de un autónomo en España ha pasado de 34,2 euros en 2021 a 42,6 euros actualmente, lo que supone un incremento cercano al 24%.

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Sin embargo, la media europea se sitúa alrededor de los 54 euros por hora. La diferencia implica que el trabajador autónomo español continúa aproximadamente un 30% por debajo de otros países del entorno.

La distancia aumenta todavía más si se compara con determinados mercados europeos donde las remuneraciones son especialmente elevadas. Países como Suiza o Austria registran tarifas que oscilan entre los 63 y los 70 euros por hora.

La situación revela una brecha estructural que va mucho más allá de una simple cuestión salarial.

Internacionalizarse marca diferencias

Uno de los datos más llamativos, tiene que ver con los profesionales que trabajan para clientes extranjeros. Los autónomos españoles que colaboran con empresas o clientes internacionales alcanzan ingresos medios cercanos a 54,9 euros por hora, prácticamente alineados con la media europea.

Un dato que sugiere, como no, que el acceso a mercados exteriores puede convertirse en una vía para diversificar ingresos y reducir la dependencia exclusiva del mercado nacional.

Hay que tener en cuenta que la digitalización y el trabajo remoto han facilitado durante los últimos años la posibilidad de prestar servicios desde España a empresas de múltiples países.

Facturar más no siempre significa ganar más

Pero claro, la subida de tarifas necesita contexto. Entre 2021 y 2025 la inflación acumulada en España se aproximó al 22,8%, en un periodo marcado por fuertes incrementos del precio de la energía, materias primas y servicios.

Eso significa que buena parte de la subida de precios aplicada por los autónomos no responde necesariamente a una mejora económica real, sino a una necesidad de compensar el encarecimiento generalizado.

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También los propios gastos del colectivo han crecido. El 81,8% ha soportado un aumento de costes operativos durante 2025 y cerca de un 30% terminó el ejercicio registrando pérdidas.

O lo que es lo mismo: ingresar más no implica automáticamente disponer de mayor capacidad económica.

El peso invisible de la burocracia

A los gastos habituales se suma un problema menos visible: el tiempo. Los trabajadores por cuenta propia dedican aproximadamente 200 horas al año a trámites administrativos, obligaciones fiscales y gestiones vinculadas con administraciones públicas. El impacto económico estimado ronda los 3.000 euros anuales por profesional.

Además, el colectivo afronta una creciente sensación de complejidad normativa derivada de cambios fiscales, nuevas obligaciones digitales y sistemas más exigentes de control.

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España prevé renunciar a cerca del 75 % de los créditos que tenía disponibles en el fondo de recuperación europeo Next Generation EU, según adelantó El País. Esto supone solicitar unos 22.000 millones de los más de 83.000 asignados por Europa.

El Gobierno mantiene que no necesita recurrir a ese volumen de financiación y que quiere evitar un aumento adicional de la deuda pública. Sin embargo, la decisión implica dejar sin utilizar una parte relevante de los recursos europeos que estaban previstos para proyectos de transición verde, digitalización e inversión pública.

Qué significa renunciar a estos créditos

Dentro de los mecanismos europeos de recuperación hay dos vías de financiación, mediante subvenciones (ya solicitadas por completo) y créditos blandos (los que ahora se descartan).

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La renuncia implica que España no aprovechará una fuente de financiación barata y temporal, que otros países —como Italia, Portugal o Grecia— sí están utilizando casi en su totalidad para acelerar sus inversiones.

La Comisión Europea recuerda, desde 2023, que los Estados miembros tienen una “ventana limitada” para solicitar estos créditos y que su objetivo es complementar la inversión pública en un momento de desaceleración económica.

En este sentido, si España limita la inversión pública disponible, también reduce los márgenes presupuestarios vinculados con proyectos de energía y transición verde, infraestructuras y movilidad, digitalización avanzada, industria y modernización empresarial y proyectos autonómicos ligados a vivienda, rehabilitación o transporte.

El Gobierno argumenta que, con la mejora de la calificación de la deuda y el menor coste de financiación, acudir a los mercados resulta casi tan barato como recurrir al crédito europeo.

Impacto para las pymes

Las pymes no son beneficiarias directas del crédito europeo, pero sí de programas financiados con estos fondos. Así, limitar el crédito disponible, hace probable que algunas convocatorias sean más pequeñas o no lleguen a abrirse, se reduzca la financiación destinada a digitalización avanzada, eficiencia energética o proyectos industriales y aumente la competencia por las subvenciones que sí permanezcan.

En resumen: menos margen, no necesariamente cortes inmediatos, pero sí una disminución del alcance potencial de futuras ayudas.

España avanza a un ritmo distinto

Otros países han decidido aprovechar al máximo el crédito europeo para impulsar reformas e inversiones estratégicas. Italia es el país que más ha aprovechado los créditos del plan; por su lado, Portugal destaca por una ejecución elevada del conjunto del mecanismo.

La Comisión Europea ha insistido en varias ocasiones en que estos recursos buscan mejorar la productividad, la resiliencia económica y la competitividad dentro de la UE. Renunciar a una parte tan grande implica, según expertos citados por El País, que España dependerá más del presupuesto nacional y menos del impulso europeo.

La renuncia llega en un momento en el que la economía afronta un escenario de crecimiento moderado, con desafíos claros en productividad y modernización del parque empresarial español.

Todo indica que este será uno de los temas económicos de 2026, sobre todo, cuando se empiece a evaluar el ritmo de ejecución de los fondos ya concedidos y las diferencias entre países.

Por ahora, España mantiene su apuesta por recibir únicamente subvenciones y evitar el crédito. La duda es si este enfoque limitará la capacidad de inversión futura en un periodo en el que la transformación económica depende, en gran parte, del impulso financiado por Europa.

En el sector de la ciberseguridad se repite siempre el mismo mantra: la parte más vulnerable de cualquier sistema es el ser humano. El porqué es simple: un clic equivocado puede abrir la puerta a un ataque.

Un trabajador descontento puede convertirse en un riesgo interno, pero, aunque parezca difícil de creer, los propios profesionales encargados de proteger a empresas y administraciones siguen trabajando en condiciones precarias: según IBM, mientras el coste medio de una filtración de datos se sitúa ya en 4,5 millones de euros por incidente a nivel global, los especialistas españoles cobran sueldos muy por debajo de la media europea.

Riesgo extremo, recompensa mínima

En 2024, el mercado español de ciberseguridad movió más de 2.400 millones de euros y el Gobierno ha anunciado una inversión adicional de 1.157 millones para blindar la economía digital frente a cibercriminales y ataques de Estados rivales.

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Recientemente, El País compartía la retribución media en consultoría, que ronda apenas los 28.000 euros anuales, mientras que países como Alemania están pagando sueldos superiores a los 80.000 euros anuales. Datos más actualizados apuntan a que incluso los perfiles medios en España deberían estar entre 40.000 y 60.000 euros, pero no es así.

La realidad es que hay talento, pero se va. El diagnóstico empresarial en España repite, una y otra vez, que “falta talento”, sin embargo, sindicatos como UGTinsisten en que los expertos formados en universidades españolas prefieren marcharse a trabajar para empresas extranjeras. Allí encuentran mejores sueldos, derecho real a la desconexión digital y formación pagada por la empresa.

Según estimaciones sindicales, un tercio de cada promoción acaba en el extranjero. En consecuencia, hablamos de una rotación superior al 50 % en muchos equipos, especialmente en empresas pequeñas dedicadas en exclusiva a la ciberseguridad.

Guardias, horas extra y falta de convenio

El trabajo en los centros de operaciones (SOC) exige guardias permanentes, 24/7. Y, según denuncian profesionales del sector, las horas extras y la nocturnidad rara vez se pagan. A ello se suma un problema legal: no existe un convenio estatal específico de ciberseguridad, y en muchos casos los empleados son encuadrados en convenios menos favorables como “Despachos y oficinas”.

El INCIBE también ha reconocido que la alta rotación y el desajuste entre oferta y demanda son factores críticos que amenazan la sostenibilidad del sector.

No obstante, a diferencia de otros sectores, la ciberseguridad parece tener mejores perspectivas que otros sectores en nuestro país. España está avanzando hacia convertirse en un hub europeo de ciberseguridad, con crecimiento proyectado del 43 % hasta 2027. Además, el preacuerdo del nuevo convenio de consultoría y TIC incluye por primera vez una categoría específica para ciberseguridad, con subidas salariales de hasta el 15 % a lo largo de los próximos tres años. Un paso pequeño que allana un poco el camino hacia estándares europeos e internacionales.

En cualquier caso, como ocurre en muchos otros sectores técnicos e industriales en España, la ciberseguridad no puede construirse sobre empleos precarios. La inversión en tecnología es inútil si las personas que deben operarla están mal pagadas, agotadas o las opciones de buscar un empleo fuera de las fronteras es mucho más tentadora. La prensa generalista lo resumía así: “no puedes pedir un arquitecto y pagarle como a un albañil”.

El verdadero flanco débil no es el fallo humano por desconocimiento, sino el descontento de profesionales clave. Retener talento pasa por mejorar salarios, garantizar derechos básicos y permitir que el éxito de un técnico no sea invisible, sino reconocido como lo que es: la base de la seguridad digital del país.

Tras la aprobación de los permisos por nacimiento y cuidados del menor que eleva la prestación de 16 a 19 semanas y, en el caso de familias monoparentales, hasta las 32 semanas, se ha abierto una fuerte polémica entre sindicatos, patronal y los distintos partidos políticos.

La medida, que se establece con carácter retroactivo desde el 2 de agosto de 2024 y podrá solicitarse a partir de enero de 2026, mantiene una prestación equivalente al 100 % de la base reguladora, asumida por la Seguridad Social.

Sin diálogo social

El objetivo del Ejecutivo es, de nuevo, mejorar la conciliación y cumplir con los estándares europeos, pero la aprobación sin pasar por el diálogo social ha generado críticas de la patronal y preocupación en muchas pymes, que deberán adaptarse a estos cambios con escaso margen de planificación.

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Con la nueva normativa, se añaden 3 semanas adicionales para cada progenitor (que se suman a las 16 actuales) o 32 semanas para las familias monoparentales; se cobrará el 100 % de la base reguladora y se aplicará de forma retroactiva (agosto de 2024).

Este cambio se enmarca en la puesta en práctica de la Directiva (UE) 2019/1158, que exige un mínimo de cuatro meses de permiso parental individual e intransferible por progenitor. España se había retrasado en su implementación, motivo por el que la Comisión Europea impuso una sanción de 6,8 millones de euros.

Las críticas de la CEOE y CEPYME

Sin embargo, las organizaciones empresariales han reprochado que la medida se haya aprobado sin consultar ni a la patronal ni a los sindicatos, rompiendo el mecanismo habitual de diálogo social.

Desde CEOE y CEPYME advierten de que esta forma de legislar introduce incertidumbre regulatoria, aumenta los costes y dificulta la organización interna, especialmente en las pequeñas empresas con plantillas reducidas.

Las patronales subrayan que el absentismo laboral está en niveles récord y que la productividad sufre, por lo que cambios inesperados como este pueden agravar la situación. También critican que se incrementen las obligaciones sin un periodo de adaptación ni medidas compensatorias para las empresas afectadas.

La respuesta del Gobiern

El Ejecutivo defiende que la ampliación es necesaria para garantizar la conciliación familiar y laboral, y para evitar sanciones europeas por incumplimiento de la directiva.

Desde Sumar se ha señalado que existía riesgo de multa si no se aprobaba de forma urgente, y se acusa a otros socios de Gobierno de retrasar la medida por falta de voluntad política. A su vez, el Ministerio de Trabajo sostiene que la prestación está cubierta por la Seguridad Social y que no implica un coste directo para las empresas más allá de la reorganización de personal. Sin embargo, para las pymes, la ausencia temporal de un trabajador clave puede suponer un reto operativo y financiero.

Así, las pymes temen que la falta de planificación previa genere problemas inmediatos, como la necesidad de sustituciones rápidas o la formación acelerada de personal temporal, el pago de horas extra o la sobrecarga de trabajo para el resto del equipo o posibles sanciones, si la gestión no se realiza de forma correcta.

La ampliación de los permisos por nacimiento y cuidado del menor es un avance social que acerca a España a las prácticas europeas. El problema es que su aprobación sin consenso con patronal y sindicatos plantea un desafío adicional para las pymes, que deberán adaptarse a un cambio relevante en la organización de su plantilla sin haber participado en el proceso de diseño de la medida.

España se sitúa entre los países europeos con mayor carga fiscal sobre el empleo. Así lo señala, una vez más, el informe Competitividad fiscal empresarial 2025, elaborado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) y la Tax Foundation, que afirma que un 25,8 % de toda la recaudación fiscal del país proviene de cotizaciones empresariales, frente al 17,9 % de media en la Unión Europea.

En pocas palabras, esto sitúa a España en el tercer puesto de la clasificación, solo por detrás de Estonia y la República Checa. Además, si analizamos el peso de esas cotizaciones en el PIB del país, descubrimos que España destina un 9,4 % de su producto interior bruto a cotizaciones empresariales: un 34 % más que la media comunitaria.

Esfuerzo fiscal, por encima de la media

El estudio distingue claramente entre las cotizaciones sociales empresariales (a cargo del empleador) y otras figuras tributarias como el IRPF o el IVA. Por lo tanto, no incluye ni las cuotas de los trabajadores ni las de los autónomos sin empleados, sino que el indicador refleja el coste directo de contratar y las dificultades de mantener a las pymes competitivas en España.

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Los datos muestran que las empresas españolas soportan una carga más elevada que en la mayoría de los países del entorno. Buena parte del sostenimiento del sistema de protección social —pensiones, bajas, desempleo— recae sobre el empleo formal.

Esta doble comparativa revela una “alta dependencia” del sistema fiscal español respecto a las empresas, algo que, como indica el propio informe, puede tener efectos directos sobre el coste de crear empleo y la competitividad.

Si bien el informe no realiza una diferenciación por tamaño de las empresas, el hecho de que una amplia mayoría de empresas sean pymes (más del 95 %) permite deducir quiénes están soportando buena parte de esa presión.

Este contexto ayuda a explicar algunas decisiones comunes: externalizar, evitar contratos indefinidos o asumir una alta rotación, como soluciones casi inevitables, pero no deseables. Así, la presión fiscal sobre el empleo, en especial en negocios con márgenes reducidos, tiene efectos directos.

El coste no está justificado

Entre los puntos clave que deberían revisarse está si estas cotizaciones sociales van acompañadas de un sistema público que devuelva ese esfuerzo en forma de seguridad, servicios o prestaciones eficaces para quienes lo sostienen.

En países como Francia o Alemania, donde las cotizaciones también son elevadas, el retorno es más visible: los empresarios acceden a subsidios generosos durante bajas médicas, ayudas por cese de actividad, programas de formación continua subvencionados o bonificaciones a la contratación. Además, muchos trámites están automatizados o centralizados, lo que reduce la carga administrativa.

En España, en cambio, muchas pymes y autónomos perciben que contribuyen por encima de sus posibilidades sin obtener acceso a un entorno que facilite su actividad. Las ayudas existen, pero a menudo son complejas de solicitar, tardías en resolverse o poco accesibles para los negocios más pequeños, que no cuentan con asesoría fiscal especializada.

Además, la percepción de desequilibrio se amplifica cuando la cotización no garantiza automáticamente la protección: un autónomo puede pagar durante años sin derecho real a paro, y una pyme puede tardar meses en obtener una bonificación o devolución, mientras sigue enfrentando pagos mensuales exigentes.

Esta brecha entre lo que se aporta y lo que se recibe genera una sensación de desamparo que no es solo fiscal, sino también institucional. Por eso, cada vez más voces piden no solo revisar el nivel de presión fiscal sobre el empleo, sino también garantizar que esa recaudación sirva para crear un entorno más previsible, sencillo y justo para el pequeño negocio.

Una vez más, el modelo español plantea una paradoja: recauda como los países que más apuestan por el Estado del bienestar, pero sin ofrecer siempre el mismo nivel de protección o incentivos para la pyme.

La pregunta de fondo sigue abierta: ¿es sostenible este esquema fiscal a largo plazo si no se reequilibra la carga? Todo apunta a que no.

La Comisión Europea ha celebrado el nuevo pacto comercial alcanzado con Estados Unidos como un paso importante para estabilizar las relaciones transatlánticas. Sin embargo, muchas pymes, y especialmente las españolas, no encuentran motivos para el entusiasmo.

Si bien el acuerdo evita una escalada de tensiones, las voces principales que han analizado el conflicto apuntan a que no soluciona los principales obstáculosque arrastran desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, en enero de 2025. De hecho, tras meses de amenazas de nuevos aranceles, el resultado final es un marco más estable… pero no más justo ni más favorable para el tejido empresarial.

Lo que se ha firmado

El acuerdo comercial entre la UE y EE. UU., anunciado el 27 de julio,establece un nuevo marco de tarifas mínimas para más de 300 productos europeos. En la mayoría de los casos, se ha fijado un arancel del 15 %, frente al 25 % o 30 % que la Administración Trump había insinuado meses atrás.

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Este porcentaje, sin embargo, no representa una armonización total, ya que se mantienen algunos aranceles más elevados para productos concretos, como es el caso del acero y el aluminio, que seguirán gravados con un 50 %, y del sector farmacéutico, que ha quedado fuera del acuerdo pese a las declaraciones iniciales de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que aseguraba su inclusión. Desde Estados Unidos se ha confirmado que los medicamentos europeos seguirán sujetos a aranceles.

En definitiva, el acuerdo no elimina las medidas existentes, sino que las estabiliza temporalmente, fijando condiciones mínimas, pero sin avanzar en una liberalización real del comercio. Prueba de ello es que, si bien algunos sectores han evitado daños mayores, en la mayoría de los casos el impacto alcanza a todos los actores europeos, aunque sea de forma desigual.

Ganadores (relativos) del pacto

En este sentido, la UE ha señalado que la industria de lujo, la automoción y las bebidas alcohólicas pueden tener un pronóstico algo más positivo, si bien esto es algo más circunstancial que ganado entre negociones: como el caso del aceite de oliva, que debido a su exportación masiva a los EE. UU, dispone de mayor margen comercial debido a su posición dominante en el mercado estadounidense.

En lo que se refiere a la industria del lujo, las grandes marcas esperaban un arancel del 25 %, pero finalmente la tasa se ha quedado en el 15 %. A efectos prácticos, esto les permite mantener márgenes sin alterar radicalmente sus precios en EE. UU., que representa cerca del 25 % de sus ingresos globales.

A su vez, la automoción alemana ha conseguido mantener condiciones estables para los grandes fabricantes y la exportación de vehículos, aunque no exentas de coste. La clave ha estado en asegurar previsibilidad, algo esencial para un sector con cadenas de suministro altamente internacionalizadas.

Por último, las bebidas alcohólicas, pese a las declaraciones de Ursula Von der Leyen, mantienen vías de negociación abiertas para el vino y el whisky europeo, aunque, hoy por hoy, el vino español sigue afectado por el arancel del 15 %.

Estos son los sectores más expuestos

En el lado perdedor de este nuevo equilibrio hay sectores y países que siguen sin red de apoyo suficiente, como las pymes agroalimentarias españolas, con productos como el aceite de oliva, el vino, los quesos o las conservas, que pagarán un arancel del 15 %, en un mercado clave como el estadounidense, mientras que algunos países competidores, como Turquía o Australia tienen aranceles más bajos.

De igual modo, la industria farmacéutica ha quedado fuera del acuerdo. La patronal alemana VFA ha criticado con dureza que el sector quede fuera del pacto. Según su presidente, Han Steutel, el pacto arancelario rompe los fundamentos del comercio transatlántico y socava las normas de la OMC.

Por último, el caso más conocido es el de la siderurgia europea, que mantiene aranceles del 50 % a la exportación. Desde la patronal Unesid, se han pedido ayudas urgentes para controlar el impacto en las exportaciones de acero y aluminio español.

¿Qué ocurre con las pymes?

Para la mayoría de las pequeñas y medianas empresas, el acuerdo cambia poco o nada. No reduce costes, no abre nuevos canales, ni mejora las condiciones frente a grandes corporaciones.

Las pymes exportadoras (en especial, aquellas en sectores como el agroalimentario, la automoción o la transformación industrial) siguen atrapadas entre los márgenes ajustados y las decisiones políticas que no tienen en cuenta su escala.

Además, muchos expertos temen que la UE haya cedido demasiado terreno a cambio de evitar una escalada. El hecho de que Bruselas no haya impulsado contramedidas proporcionales o mecanismos de compensación agrava la sensación de vulnerabilidad para las empresas más pequeñas.

“El tablero se altera. Es difícil prever qué consecuencias tendrá ese 5 % o 10 % de diferencia en aranceles”, resumía esta semana Rafael Pico, director adjunto de Asoliva.

De este modo, el pacto ha traído cierta estabilidad, pero no garantiza una relación equilibrada en absoluto. Las pymes siguen quedando fuera del diseño de la política comercial internacional, y el acceso a mercados estratégicos como el estadounidense sigue lleno de obstáculos para quienes no tienen departamentos jurídicos en Washington ni margen de negociación con intermediarios locales.

En conclusión, es posible que el pacto evite una guerra comercial a gran escala, pero sigue siendo una tregua frágil, con pocas garantías y muchos costes agregados.

En 2024, más de 3,3 millones de personas teletrabajaron en España. En volumen, equivale a la totalidad de trabajadores autónomos en activo.

Se trata de un dato histórico que marca un punto de inflexión desde los años previos a la pandemia, cuando el trabajo remoto era algo casi anecdótico. Sin embargo, la distancia con el resto de Europa sigue siendo significativa, tanto en términos absolutos como relativos.

Un récord, pero sabe a poco

Según los últimos datos de Eurostat, en España el 15,4 % de la población trabajadora realiza al menos parte de su jornada laboral desde casa. Este porcentaje supone una ligera mejora frente al año anterior (+1,2 puntos), pero queda lejos del promedio europeo, situado en el 22,6 %.

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Si nos fijamos en estados como los Países Bajos (52  %), Suecia (45,6  %) o Luxemburgo (42,8  %), la brecha resulta todavía más pronunciada. Y lo más preocupante: ni siquiera grandes economías como Alemania (28,6 %) o Francia (26,3 %) están a nuestro alcance en este momento.

Además, el porcentaje global en España combina dos perfiles diferenciados:

• Un 7,8 % de los trabajadores teletrabaja de forma habitual (al menos la mitad de los días laborables)
• Un 7,6 % lo hace solo de modo ocasional, unas pocas horas o días a la semana

En comparación, el pico de teletrabajo habitual durante la pandemia fue del 10,9 % (2020), lo que sugiere que aún no hemos recuperado el nivel de transformación (pandemia y postpandemia) que supuso la crisis sanitaria.

Contexto difícil

Asimismo, según los analistas hay varios elementos que facilitan o dificultan la acogida del teletrabajo, como la perspectiva empresarial, el marco normativo o el tejido productivo.

En este sentido, como detalla El País, España sigue siendo un país de pymes a menudo con escasa capacidad para implantar modelos flexibles o entornos digitales robustos.

A todo ello, se suma el peso de varios sectores de alta presencialidad en España, como el comercio, el transporte o la hostelería, que no permiten esta modalidad y una cultura empresarial muy vinculada a la presencialidad: como si la productividad dependiera exclusivamente de la presencia física, para lo que las estructuras rígidas y la falta de confianza en la autonomía del equipo tampoco ayudan.

Según José Varela, responsable de Digitalización de UGT, “todavía hay muchas empresas ancladas en el siglo XX”, y algunas declaraciones empresariales siguen sugiriendo que “el teletrabajo no es adecuado para los españoles por ser poco disciplinados”.

¿Qué implica esto para las pymes?

Para una pyme, apostar por el teletrabajo no es solo una cuestión de bienestar o conciliación, sino también puede ser una decisión estratégica.

Implementar el trabajo en remoto con éxito puede suponer el acceso a talento fuera del entorno local, una notable reducción de costes y mayor  compromiso y satisfacción laboral.

Además, en un contexto de escasez de profesionales cualificados en ciertas áreas, el trabajo remoto puede ser un diferencial clave para captar perfiles que de otro modo optarían por grandes empresas o destinos internacionales.

Una oportunidad desaprovechada

El teletrabajo avanza en España, pero con una inercia limitada. No basta con que haya más personas trabajando en remoto. Si se busca una mejora a medio plazo, es necesario que este modelo se consolide con estructuras más robustas, cambios culturales y una apuesta clara por la digitalización en las pymes.

Si otros países con economías similares, como Portugal o Malta, han logrado porcentajes notablemente superiores (20,6 % y 26,2 % respectivamente), la clave no está solo en el sector productivo, sino en la voluntad de adaptarse. La pregunta, en este punto, no es si el teletrabajo puede funcionar en España, sino si queremos que lo haga.

La ejecución de los fondos europeos se ha convertido en un desafío para varias administraciones locales y autonómicas en España. Mientras el programa NextGenEU busca revitalizar las economías tras la pandemia, los problemas de gestión y los retrasos han llevado a la pérdida de millones de euros en ciudades como Logroño, Burgos y Alicante.

Ahora, Canarias también enfrenta una carrera contrarreloj para evitar que se pierdan otros 1.000 millones de euros ya asignados. Entre los retos, se presentan errores administrativos, de calendarización, gestión ineficiente de los proyectos, burocracia, falta de coordinación entre las administraciones... Mientras, Europa avisa: "Esto es una oportunidad perdida", señaló el Banco Central Europeo.

Muchos fondos, pocos recursos

El programa Next Generation EU fue creado en 2020 con un presupuesto de 750.000 millones de euros para impulsar la recuperación económica en Europa. Con un enfoque en sostenibilidad y digitalización, España es uno de los principales beneficiarios, con cerca de 140.000 millones asignados. Sin embargo, la correcta ejecución de estos fondos ha planteado un reto considerable, especialmente en administraciones con recursos limitados o procesos burocráticos complejos.

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En Logroño, por ejemplo, la gestión ineficiente de proyectos clave ha llevado a la devolución de millones de euros en uno de los casos más destacados: el de la calle San Antón, donde la falta de avances obligó a la ciudad a renunciar a dos millones de euros en subvenciones.

A esto se suman otros proyectos cancelados o modificados, como la remodelación de la calle Sagasta y un voladizo en la A-13, que también implicaron pérdidas significativas. Hoy, su alcalde asume que se han perdido 6 millones de euros de los fondos.

En Burgos, los errores también han salido caros a la Administración local. La ciudad ha perdido más de 2,6 millones de euros para el proyecto de la Zona de Bajas Emisiones, mientras que Alicante se ha perdido un millón de euros para remodelar la Avenida de Jijona, debido a retrasos en las obras que debían finalizar en 2023.

Próxima parada: Canarias

En este contexto, Canarias tiene un desafío enorme: ejecutar más de 1.000 millones de euros en menos de dos años. Hasta mediados de 2024, solo se había ejecutado el 30% de estos fondos, lo que obliga a una aceleración significativa para evitar su devolución. La Consejería de Transición Ecológica es una de las más afectadas, con más de 15.000 expedientes pendientes y una ejecución inicial de apenas el 8 %.

El Gobierno canario ha anunciado medidas para agilizar la gestión, como la reestructuración de personal y la reducción de trabas burocráticas. En este sentido, parece que la experiencia de otras ciudades y comunidades autónomas ha supuesto un golpe de efecto para la isla.

Sin embargo, el tiempo apremia, y la posibilidad de perder estos recursos amenaza con agravar las desigualdades territoriales y comprometer proyectos esenciales en energía y sostenibilidad en el medio y largo plazo.

El tiempo se agota

En cualquier caso, la incapacidad para gestionar los fondos europeos tiene un impacto directo en la economía local y regional: proyectos cancelados significan menos empleo, inversiones y modernización en sectores clave como infraestructuras y energía. Además, la devolución de fondos afecta la reputación de las administraciones y podría limitar el acceso a futuros recursos europeos.

Sin embargo, hay varios factores que explican estas pérdidas, como una notable burocracia que se une a la falta de personal especializado (según el BCE, ha sido ineficaz e incompleta), los problemas para coordinar administraciones locales, autonómicas y nacionales y las presiones inflacionarias que han reducido el valor real de los fondos asignados.

Según el economista Javier Santacruz, "el efecto positivo [de los fondos europeos] se ha ido diluyendo conforme pasa el tiempo" por tres grandes problemas: inseguridad jurídica, falta de técnicos y poca coordinación.

La pérdida de fondos europeos no es solo una cuestión administrativa; es una oportunidad desaprovechada para transformar la economía y mejorar la calidad de vida en las comunidades locales. España, con casos como Logroño, Burgos, Alicante y ahora Canarias, enfrenta el reto de mejorar su gestión pública para evitar que estas situaciones se repitan. Con miles de millones en juego, el tiempo se agota, y la necesidad de actuar es más urgente que nunca.

En boca de los analistas, no obstante, hay varias cuestiones que no deben quedar opacadas por los fondos europeos, entre ellas, los problemas de la validación de la reforma de las pensiones en el marco de las ayudas, que pasará factura en el equilibrio fiscal español en el medio plazo, la baja productividad inherente en el sistema (solo ha crecido un 0,5 % pese a los fondos) y su aplicación mayoritariamente pública: solo 1 de cada 4 euros ha llegado a la economía real de las empresas.

Desde la aprobación del programa Next Generation EU, diseñado para impulsar la recuperación económica tras la pandemia de la Covid-19 en Europa, solo el 25% de los fondos presupuestados han llegado a la economía real española.

Un dato que ha revelado el informe del Instituto Juan de Mariana (IJM), y que pone en evidencia problemas de ejecución y burocracia que limitan el impacto positivo de estas ayudas. El principal problema es que esto lleva ocurriendo desde las primeras ediciones de los fondos NextGen y, con el tiempo, ha ido a peor.

Ejecución: necesita mejorar

Según datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), la ejecución de los fondos ha disminuido, progresivamente, en los últimos años. En 2021, se autorizaron el 91,4 % de los fondos previstos, pero esta cifra cayó al 79,2 % en 2023.

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De manera preocupante, el 80 % de los recursos ha sido gestionado directamente por el Estado, mientras que menos del 20 % ha llegado a empresas privadas, reduciendo el impacto en la economía productiva.

En otras palabras, del total de las ayudas europeas, solo una quinta parte de estos fondos ha llegado para la mejora de la economía real, y una amplia mayoría se ha quedado para que el estado lo invierta a su conveniencia: un problema grave en el país con más pymes de Europa.

Estas cifras también se reflejan en el bajo impacto en el PIB, que ha sido hasta cinco veces menor de lo previsto inicialmente. En este sentido, las expectativas del Gobierno (un crecimiento de entre 2,5 y 3 puntos anuales), no se han cumplido (en concreto, han sido cinco veces menores), y subrayan las limitaciones de la gestión de los fondos.

Burocracia y falta de transparencia

El informe señala que la burocracia excesiva y la falta de agilidad administrativa son los principales problemas. A esto se suma una distribución desigual, con un control mayoritario en manos del Gobierno central y limitadas oportunidades para las empresas privadas de acceder a los recursos.

A su vez, esto se traduce en una inyección de fondos públicos, que desplaza al sector privado, afectando al modelo de crecimiento tradicional español. "El grueso de los fondos europeos ha ido a parar al sector público, con el 80 % de los recursos destinados a distintas instancias del Estado y menos del 20 % a empresas privadas", recogía El Economista. Desde el IJM se recomienda reservar los fondos NextGen restantes para favorecer un programa de incentivos fiscales orientado al sector privado.

Además, el impacto de la pérdida de fondos también se ha dado en el ámbito público: en Logroño, por ejemplo, se han perdido 2 millones de euros por retrasos en obras, lo que demuestra las ineficiencias administrativas también afectan al ámbito regional.

EL IJM recomienda...

Para mejorar la eficacia de los fondos europeos, el informe propone transferir mayor responsabilidad de gestión a las empresas privadas, reducir las barreras burocráticas y mejorar la transparencia en la ejecución y distribución de los recursos.

Esta recomendación coincide con advertencias de organismos como el Banco Central Europeo (BCE), que ha señalado el riesgo de una ejecución "ineficaz o incompleta" de los fondos europeos.

El caso de los fondos NextGen es un reflejo de los retos estructurales que enfrenta España en su modelo económico, destacando entre los 10 riesgos económicos del país para 2025. Abordar estas deficiencias no solo permitirá aprovechar mejor las oportunidades de recuperación, sino que es básico para fortalecer la economía.

En una unión, ya calificada como "histórica", diversas asociaciones de trabajadores autónomos de todos los sectores, incluyendo algunas de carácter nacional y general como Autónomos Unidos Para Actuar AUPA, así como otras de ámbito local, provincial y autonómico del sector primario y logístico, se han reunido bajo el nombre “Unión de Asociaciones Libres” y acordado la convocatoria de un Paro Nacional de 24 horas para el próximo 24 de febrero.

La grave crisis que atraviesa todo el Sector Primario (agricultores, ganaderos y pescadores), transportistas y todo tipo de autónomos, está llegando a un punto sin retorno.

Paro Nacional el 24 de febrero, por el abandono por parte de la Administración

Existen muchos motivos para este llamamiento, entre ellos: unir fuerzas en ese Paro Nacional, que consistirá en el cierre de todos los negocios y empresas de autónomos, transporte y de todo el sector primario, por el abandono de la Administración al colectivo.

Ese día, se llevará a cabo una Marcha Motorizada por provincia, finalizando con la entrega de un Manifiesto en las Delegaciones de Gobierno. Se trata de un paro al que pueden seguir otros, hasta conseguir que el gobierno español atienda sus demandas.

Productos de otros países sustituyen los nuestros 'gracias' a malas políticas

Denuncian, que con sus políticas comerciales internacionales, la UE ha enterrado la Ley de la oferta y la demanda y viola sistemáticamente los objetivos de la PAC y uno de los tres principios básicos de la misma, el Principio de Preferencia Comunitaria.

Los productos de terceros países no están llegando a Europa para complementar lo nuestro, sino para sustituirlos. Esta invasión de productos que llegan a Europa sin límite de cupos ni compensaciones arancelarias hacen que la oferta siempre supere a la demanda y los precios en campo caigan por debajo de los costes de producción.

En Pymes y Autonomos

A.U.P.A apoya a HOEMPO en su marcha hacia Madrid y en la movilización del 21 de Diciembre

Normativas de la UE y de las administraciones españolas cada vez más exigentes con la producción española

Las normativas que emanan de la UE y de las administraciones españolas cada vez son más exigentes y restrictivas con la producción española, pero en cambio, no se exige lo mismo a los productos que llegan desde fuera. Esta falta de reciprocidad ocasiona que la situación del olivar tradicional sea dramática, un cultivo de los más antiguos solidarios y benignos para la humanidad se ve abocado a la muerte.

Misma suerte están corriendo: cítricos, uva, fruta de hueso y hortalizas en general. Los planes de gestión de pesca de la UE y los repartos que se hacen en la secretaría General de Pesca arruinan a nuestros pescadores.

La alimentación de los europeos quedará en manos, bien de terceros países, o de grandes corporaciones agroalimentarias. La ganadería y la apicultura no escapan a esta absurda situación, y la calidad de nuestros productos lácteos, nuestra carne y la pureza de nuestra miel sucumben a los precios bajos que marca la importación desde terceros países, de calidad no garantizada.

En Pymes y Autonomos

Cómo sobreviven los ganaderos en tiempos de COVID-19, creatividad y sinergias

El Covid-19 y las malas decisiones están llevando a la extinción del sector Primario

Grandes empresas del sector del Transporte se deslocalizan; operan en España o desde España, pero sitúan su sede fuera de España. Estas empresas contratan conductores de países extranjeros donde los salarios son muy bajos, lo cual genera: Dumping Social, falta de competitividad de nuestras pequeñas empresas y autónomos del transporte, camioneros españoles que se quedan sin trabajo, y se imponen salarios bajos, trabajos extraordinarios, horas extras que no se abonan...

Urgen medidas de apoyo para los autónomos que son quienes más empleo crean

El COVID19 está llevando a los autónomos al límite de su resistencia, y son precisamente quienes más empleo crean. Es necesario que la administración adopte medidas de apoyo para compensar los daños de la pandemia, como así han hecho otros países.

Que se reforme el sistema de cotización RETA, que se reduzcan los impuestos abusivos; que se eliminen los agravios comparativos con empresas extranjeras a las que se les dan todo tipo de facilidades, mientras que no se tiene en cuenta los costes sociales y ecológicos de las empresas españolas en el cumplimiento de la exigente normativa europea

Por todo ello, el próximo día 24 de febrero saldrán a la calle parando su actividad y movilizándose contra las políticas que los llevan al abandono.

Imagen|AUPA