El turismo español ha cerrado el mejor verano de la década. Según la Encuesta de Coyuntura Turística Hotelera del INE, los hoteles registraron en septiembre un aumento del 6,3 % en los ingresos por habitación y una ocupación media del 74 %, niveles que superan los alcanzados antes de la pandemia.

La recuperación del sector, impulsada por la demanda internacional y el gasto medio récord de los visitantes, ha tenido un efecto arrastre directo sobre miles de pymes y autónomos dedicados al alojamiento, la restauración, el transporte o los servicios auxiliares.

Un verano histórico para los hoteles

Los datos del INE y el informe de Exceltur sobre el balance turístico de verano de 2025 confirman que la rentabilidad hotelera alcanza máximos históricos. El gasto medio por turista internacional superó los 1.350 euros, un 8 % más que el año anterior, y las pernoctaciones crecieron por encima del 3 %.

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El auge de los mercados emisores tradicionales —Reino Unido, Francia y Alemania— y la recuperación del turismo urbano han devuelto los niveles de ocupación a cifras récord.

El Banco de España, en su último Boletín Económico, atribuye parte del repunte a la moderación de la inflación energética y a la estabilidad del empleo, que han mejorado el poder adquisitivo de los hogares europeos.

Por qué crecen los ingresos

Según los datos actuales, las empresas hoteleras han consolidado una estrategia de ajuste de precios y mejora de gestión gracias a la digitalización. La reserva directa y la optimización de canales online han permitido incrementar precios sin perder demanda, mientras que la inversión en sostenibilidad y calidad de servicio han impulsado la fidelización de clientes.

Además, 2025 ha sido el año de la normalización del turismo de negocios y de los grandes eventos, lo que ha contribuido al crecimiento de los ingresos por habitación disponible (RevPAR) en prácticamente todas las comunidades autónomas. En este sentido, Baleares y Canarias a la cabeza representan aumentos superiores al 10 % interanual.

Asimismo, el auge del sector hotelero tiene un impacto directo en las pymes: empresas de limpieza, lavandería industrial, mantenimiento, reformas, transporte y catering han visto aumentar la demanda durante la temporada alta.

Según Hostelería de España, el empleo en bares y restaurantes creció un 5,7 % interanual en verano, con más de 1,4 millones de trabajadores afiliados a la Seguridad Social, una cifra récord. También se han reactivado los servicios de marketing digital, excursiones y actividades locales, impulsando a muchos autónomos que dependen del turismo.

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) señala que la rentabilidad no se limita a los grandes grupos: los pequeños alojamientos rurales y urbanos también han incrementado ocupación y precio medio gracias a la recuperación del turismo interior.

Retos pendientes

El buen momento llega acompañado de varios desafíos. Las asociaciones empresariales alertan del aumento de los costes laborales y de la escasez de personal cualificado, especialmente en hostelería y limpieza.

De igual modo, preocupa la presión del mercado de la vivienda turística, que encarece los alquileres para trabajadores en zonas costeras, y la falta de políticas de vivienda asequible para mantener al personal de temporada. Un tema peliagudo en gran parte de las zonas turísticas españolas.

Por otro lado, las pymes del sector reclaman mayor claridad regulatoria: tasas turísticas, licencias, normativas medioambientales o exigencias de sostenibilidad varían entre comunidades y dificultan la planificación a medio plazo.

Con el turismo aportando ya más del 12 % del PIB español, 2025 se consolida como el año de la recuperación plena del sector. Las previsiones de Exceltur apuntan a que el próximo ejercicio mantendrá un crecimiento del 4 % en el volumen de negocio turístico, aunque con márgenes más ajustados por el aumento de costes.

Según el Banco de España, el objetivo actual es mantener la rentabilidad y mejorar la productividad de un sector muy dependiente de factores estacionales. En este sentido, el reto para las pequeñas empresas y los autónomos pasa por invertir en digitalización y formación, dos claves que determinarán quién aprovecha de verdad el impulso del mejor verano turístico en los próximos años.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha decidido revisar por la vía rápida la legalidad de los aranceles globales que Donald Trump impuso bajo la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).

La decisión llega después de que el Tribunal de Apelaciones (Federal Circuit) declarase ilegales esas tarifas generalizadas en el caso V.O.S. Selections Inc. v. Trump. Para las pymes exportadoras españolas, el fallo marcará la diferencia entre un escenario de aranceles “a la carta” y otro en el que se mantenga el cauce legal tradicional en materia comercial.

Qué está realmente en juego

Si el Supremo da la razón al presidente estadounidense, se abriría la puerta a aranceles amplios y rápidos sin necesidad de pasar por el Congreso.

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En el caso español y europeo, esto podría traducirse en un riesgo regulatorio elevado en sectores sensibles como el agroalimentario (vino, aceite, aceitunas, quesos), el textil, la cerámica o el acero, donde buena parte de las exportaciones dependen de los márgenes reducidos de las pymes.

Por el contrario, si el Supremo confirma que el uso de la IEEPA fue ilegal, una parte importante de estos aranceles caerían, aunque podrían mantenerse temporalmente si se aprueban medidas cautelares mientras se dicta sentencia.

Lo que no cambia (y por qué importa)

Conviene aclarar que el litigio no afecta a otros marcos legales ya usados por EE. UU., como la Sección 232 (seguridad nacional) o la Sección 301 (prácticas comerciales desleales).

Esto quiere decir que, incluso si el Supremo limita la IEEPA, la Casa Blanca seguiría teniendo herramientas para imponer gravámenes a productos europeos o chinos. Dicho de otro modo: el riesgo arancelario no desaparece aunque caigan los aranceles de emergencia.

Por el momento, el Supremo ha fijado una vista acelerada para noviembre de 2025, algo poco habitual en el alto tribunal, lo que sugiere una clara intención de dar certidumbre al mercado. En cualquier caso, hasta que no exista sentencia, los aranceles basados en IEEPA siguen en el aire: jurídicamente podrían desaparecer, pero en la práctica continúan generando incertidumbre para quienes exportan a EE. UU.

Qué dicen los analistas

Para muchos expertos, el uso extensivo de la IEEPA para fijar tarifas desborda el equilibrio constitucional de poderes, dado que la regulación del comercio y los impuestos corresponde al Congreso.

Una parte de la doctrina pide al Supremo que acote el uso de esta ley, mientras otra advierte que una limitación excesiva podría debilitar la capacidad de respuesta de la Casa Blanca en situaciones de emergencia.

Al mismo tiempo, análisis recientes recuerdan que la recaudación arancelaria estadounidense está en máximos históricos, pero con efectos inflacionarios que pesan sobre empresas y consumidores.

Cómo se traduce para la pyme exportadora

Para una pyme española, la sentencia se traduce, principalmente, en diferentes escenarios de riesgo comercial. 

El primero tiene que ver con la clasificación de ventas por mercados y posiciones arancelarias: conviene distinguir qué productos están cubiertos por IEEPA y cuáles podrían quedar sujetos a otros instrumentos como la 232 o la 301. 

En segundo lugar, es clave simular el impacto en márgenes: calcular qué supone un arancel adicional del 5 %, 10 % o 25 % en cada línea de producto permite anticipar ajustes de precio o renegociar contratos.

También es recomendable revisar contratos con clientes estadounidenses para identificar cláusulas sobre cambios regulatorios y definir quién asume el coste de un arancel. 

Por descontado, otra vía pasa por diversificar mercados hacia destinos como Canadá, México, Reino Unido o la EFTA, reduciendo así la dependencia del mercado estadounidense. Sin embargo, esto no siempre es sencillo ni viable. 

Finalmente, mantener un canal activo con ICEX, Cámaras de Comercio y asociaciones sectoriales ayuda a acceder a información sobre licencias, exclusiones o contingentes que podrían suavizar el impacto.

Escenarios probables tras la sentencia

El primer escenario es que el Supremo limite el uso de IEEPA y confirme la decisión del Federal Circuit: en ese caso, los aranceles basados en esa ley caerían, pero seguirían vigentes los amparados en la Sección 232 o 301.

Un segundo escenario es que el Supremo avale la IEEPA, lo que consolidaría la capacidad presidencial de fijar aranceles amplios sin Congreso y aumentaría la volatilidad para los exportadores. Asimismo, existe la posibilidad de un tercer marco, que sería un fallo parcial, con el caso devuelto a instancias inferiores, lo que alargaría la incertidumbre varios meses más.

En cualquier caso, y pese a que el fallo aún tardará semanas, los analistas coinciden en que los aranceles ya afectan a precios y demanda. Estados Unidos recauda como nunca, pero la factura se traslada a empresas y consumidores. Para las pymes exportadoras españolas, esperar a ver qué decide el Supremo puede ser un error: anticipar escenarios, ajustar precios y diversificar clientes es la única manera de proteger la caja en un contexto de máxima incertidumbre.

En el sector de la ciberseguridad se repite siempre el mismo mantra: la parte más vulnerable de cualquier sistema es el ser humano. El porqué es simple: un clic equivocado puede abrir la puerta a un ataque.

Un trabajador descontento puede convertirse en un riesgo interno, pero, aunque parezca difícil de creer, los propios profesionales encargados de proteger a empresas y administraciones siguen trabajando en condiciones precarias: según IBM, mientras el coste medio de una filtración de datos se sitúa ya en 4,5 millones de euros por incidente a nivel global, los especialistas españoles cobran sueldos muy por debajo de la media europea.

Riesgo extremo, recompensa mínima

En 2024, el mercado español de ciberseguridad movió más de 2.400 millones de euros y el Gobierno ha anunciado una inversión adicional de 1.157 millones para blindar la economía digital frente a cibercriminales y ataques de Estados rivales.

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Recientemente, El País compartía la retribución media en consultoría, que ronda apenas los 28.000 euros anuales, mientras que países como Alemania están pagando sueldos superiores a los 80.000 euros anuales. Datos más actualizados apuntan a que incluso los perfiles medios en España deberían estar entre 40.000 y 60.000 euros, pero no es así.

La realidad es que hay talento, pero se va. El diagnóstico empresarial en España repite, una y otra vez, que “falta talento”, sin embargo, sindicatos como UGTinsisten en que los expertos formados en universidades españolas prefieren marcharse a trabajar para empresas extranjeras. Allí encuentran mejores sueldos, derecho real a la desconexión digital y formación pagada por la empresa.

Según estimaciones sindicales, un tercio de cada promoción acaba en el extranjero. En consecuencia, hablamos de una rotación superior al 50 % en muchos equipos, especialmente en empresas pequeñas dedicadas en exclusiva a la ciberseguridad.

Guardias, horas extra y falta de convenio

El trabajo en los centros de operaciones (SOC) exige guardias permanentes, 24/7. Y, según denuncian profesionales del sector, las horas extras y la nocturnidad rara vez se pagan. A ello se suma un problema legal: no existe un convenio estatal específico de ciberseguridad, y en muchos casos los empleados son encuadrados en convenios menos favorables como “Despachos y oficinas”.

El INCIBE también ha reconocido que la alta rotación y el desajuste entre oferta y demanda son factores críticos que amenazan la sostenibilidad del sector.

No obstante, a diferencia de otros sectores, la ciberseguridad parece tener mejores perspectivas que otros sectores en nuestro país. España está avanzando hacia convertirse en un hub europeo de ciberseguridad, con crecimiento proyectado del 43 % hasta 2027. Además, el preacuerdo del nuevo convenio de consultoría y TIC incluye por primera vez una categoría específica para ciberseguridad, con subidas salariales de hasta el 15 % a lo largo de los próximos tres años. Un paso pequeño que allana un poco el camino hacia estándares europeos e internacionales.

En cualquier caso, como ocurre en muchos otros sectores técnicos e industriales en España, la ciberseguridad no puede construirse sobre empleos precarios. La inversión en tecnología es inútil si las personas que deben operarla están mal pagadas, agotadas o las opciones de buscar un empleo fuera de las fronteras es mucho más tentadora. La prensa generalista lo resumía así: “no puedes pedir un arquitecto y pagarle como a un albañil”.

El verdadero flanco débil no es el fallo humano por desconocimiento, sino el descontento de profesionales clave. Retener talento pasa por mejorar salarios, garantizar derechos básicos y permitir que el éxito de un técnico no sea invisible, sino reconocido como lo que es: la base de la seguridad digital del país.

Tras la aprobación de los permisos por nacimiento y cuidados del menor que eleva la prestación de 16 a 19 semanas y, en el caso de familias monoparentales, hasta las 32 semanas, se ha abierto una fuerte polémica entre sindicatos, patronal y los distintos partidos políticos.

La medida, que se establece con carácter retroactivo desde el 2 de agosto de 2024 y podrá solicitarse a partir de enero de 2026, mantiene una prestación equivalente al 100 % de la base reguladora, asumida por la Seguridad Social.

Sin diálogo social

El objetivo del Ejecutivo es, de nuevo, mejorar la conciliación y cumplir con los estándares europeos, pero la aprobación sin pasar por el diálogo social ha generado críticas de la patronal y preocupación en muchas pymes, que deberán adaptarse a estos cambios con escaso margen de planificación.

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Con la nueva normativa, se añaden 3 semanas adicionales para cada progenitor (que se suman a las 16 actuales) o 32 semanas para las familias monoparentales; se cobrará el 100 % de la base reguladora y se aplicará de forma retroactiva (agosto de 2024).

Este cambio se enmarca en la puesta en práctica de la Directiva (UE) 2019/1158, que exige un mínimo de cuatro meses de permiso parental individual e intransferible por progenitor. España se había retrasado en su implementación, motivo por el que la Comisión Europea impuso una sanción de 6,8 millones de euros.

Las críticas de la CEOE y CEPYME

Sin embargo, las organizaciones empresariales han reprochado que la medida se haya aprobado sin consultar ni a la patronal ni a los sindicatos, rompiendo el mecanismo habitual de diálogo social.

Desde CEOE y CEPYME advierten de que esta forma de legislar introduce incertidumbre regulatoria, aumenta los costes y dificulta la organización interna, especialmente en las pequeñas empresas con plantillas reducidas.

Las patronales subrayan que el absentismo laboral está en niveles récord y que la productividad sufre, por lo que cambios inesperados como este pueden agravar la situación. También critican que se incrementen las obligaciones sin un periodo de adaptación ni medidas compensatorias para las empresas afectadas.

La respuesta del Gobiern

El Ejecutivo defiende que la ampliación es necesaria para garantizar la conciliación familiar y laboral, y para evitar sanciones europeas por incumplimiento de la directiva.

Desde Sumar se ha señalado que existía riesgo de multa si no se aprobaba de forma urgente, y se acusa a otros socios de Gobierno de retrasar la medida por falta de voluntad política. A su vez, el Ministerio de Trabajo sostiene que la prestación está cubierta por la Seguridad Social y que no implica un coste directo para las empresas más allá de la reorganización de personal. Sin embargo, para las pymes, la ausencia temporal de un trabajador clave puede suponer un reto operativo y financiero.

Así, las pymes temen que la falta de planificación previa genere problemas inmediatos, como la necesidad de sustituciones rápidas o la formación acelerada de personal temporal, el pago de horas extra o la sobrecarga de trabajo para el resto del equipo o posibles sanciones, si la gestión no se realiza de forma correcta.

La ampliación de los permisos por nacimiento y cuidado del menor es un avance social que acerca a España a las prácticas europeas. El problema es que su aprobación sin consenso con patronal y sindicatos plantea un desafío adicional para las pymes, que deberán adaptarse a un cambio relevante en la organización de su plantilla sin haber participado en el proceso de diseño de la medida.

España se sitúa entre los países europeos con mayor carga fiscal sobre el empleo. Así lo señala, una vez más, el informe Competitividad fiscal empresarial 2025, elaborado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) y la Tax Foundation, que afirma que un 25,8 % de toda la recaudación fiscal del país proviene de cotizaciones empresariales, frente al 17,9 % de media en la Unión Europea.

En pocas palabras, esto sitúa a España en el tercer puesto de la clasificación, solo por detrás de Estonia y la República Checa. Además, si analizamos el peso de esas cotizaciones en el PIB del país, descubrimos que España destina un 9,4 % de su producto interior bruto a cotizaciones empresariales: un 34 % más que la media comunitaria.

Esfuerzo fiscal, por encima de la media

El estudio distingue claramente entre las cotizaciones sociales empresariales (a cargo del empleador) y otras figuras tributarias como el IRPF o el IVA. Por lo tanto, no incluye ni las cuotas de los trabajadores ni las de los autónomos sin empleados, sino que el indicador refleja el coste directo de contratar y las dificultades de mantener a las pymes competitivas en España.

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Los datos muestran que las empresas españolas soportan una carga más elevada que en la mayoría de los países del entorno. Buena parte del sostenimiento del sistema de protección social —pensiones, bajas, desempleo— recae sobre el empleo formal.

Esta doble comparativa revela una “alta dependencia” del sistema fiscal español respecto a las empresas, algo que, como indica el propio informe, puede tener efectos directos sobre el coste de crear empleo y la competitividad.

Si bien el informe no realiza una diferenciación por tamaño de las empresas, el hecho de que una amplia mayoría de empresas sean pymes (más del 95 %) permite deducir quiénes están soportando buena parte de esa presión.

Este contexto ayuda a explicar algunas decisiones comunes: externalizar, evitar contratos indefinidos o asumir una alta rotación, como soluciones casi inevitables, pero no deseables. Así, la presión fiscal sobre el empleo, en especial en negocios con márgenes reducidos, tiene efectos directos.

El coste no está justificado

Entre los puntos clave que deberían revisarse está si estas cotizaciones sociales van acompañadas de un sistema público que devuelva ese esfuerzo en forma de seguridad, servicios o prestaciones eficaces para quienes lo sostienen.

En países como Francia o Alemania, donde las cotizaciones también son elevadas, el retorno es más visible: los empresarios acceden a subsidios generosos durante bajas médicas, ayudas por cese de actividad, programas de formación continua subvencionados o bonificaciones a la contratación. Además, muchos trámites están automatizados o centralizados, lo que reduce la carga administrativa.

En España, en cambio, muchas pymes y autónomos perciben que contribuyen por encima de sus posibilidades sin obtener acceso a un entorno que facilite su actividad. Las ayudas existen, pero a menudo son complejas de solicitar, tardías en resolverse o poco accesibles para los negocios más pequeños, que no cuentan con asesoría fiscal especializada.

Además, la percepción de desequilibrio se amplifica cuando la cotización no garantiza automáticamente la protección: un autónomo puede pagar durante años sin derecho real a paro, y una pyme puede tardar meses en obtener una bonificación o devolución, mientras sigue enfrentando pagos mensuales exigentes.

Esta brecha entre lo que se aporta y lo que se recibe genera una sensación de desamparo que no es solo fiscal, sino también institucional. Por eso, cada vez más voces piden no solo revisar el nivel de presión fiscal sobre el empleo, sino también garantizar que esa recaudación sirva para crear un entorno más previsible, sencillo y justo para el pequeño negocio.

Una vez más, el modelo español plantea una paradoja: recauda como los países que más apuestan por el Estado del bienestar, pero sin ofrecer siempre el mismo nivel de protección o incentivos para la pyme.

La pregunta de fondo sigue abierta: ¿es sostenible este esquema fiscal a largo plazo si no se reequilibra la carga? Todo apunta a que no.

La Comisión Europea ha celebrado el nuevo pacto comercial alcanzado con Estados Unidos como un paso importante para estabilizar las relaciones transatlánticas. Sin embargo, muchas pymes, y especialmente las españolas, no encuentran motivos para el entusiasmo.

Si bien el acuerdo evita una escalada de tensiones, las voces principales que han analizado el conflicto apuntan a que no soluciona los principales obstáculosque arrastran desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, en enero de 2025. De hecho, tras meses de amenazas de nuevos aranceles, el resultado final es un marco más estable… pero no más justo ni más favorable para el tejido empresarial.

Lo que se ha firmado

El acuerdo comercial entre la UE y EE. UU., anunciado el 27 de julio,establece un nuevo marco de tarifas mínimas para más de 300 productos europeos. En la mayoría de los casos, se ha fijado un arancel del 15 %, frente al 25 % o 30 % que la Administración Trump había insinuado meses atrás.

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Este porcentaje, sin embargo, no representa una armonización total, ya que se mantienen algunos aranceles más elevados para productos concretos, como es el caso del acero y el aluminio, que seguirán gravados con un 50 %, y del sector farmacéutico, que ha quedado fuera del acuerdo pese a las declaraciones iniciales de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que aseguraba su inclusión. Desde Estados Unidos se ha confirmado que los medicamentos europeos seguirán sujetos a aranceles.

En definitiva, el acuerdo no elimina las medidas existentes, sino que las estabiliza temporalmente, fijando condiciones mínimas, pero sin avanzar en una liberalización real del comercio. Prueba de ello es que, si bien algunos sectores han evitado daños mayores, en la mayoría de los casos el impacto alcanza a todos los actores europeos, aunque sea de forma desigual.

Ganadores (relativos) del pacto

En este sentido, la UE ha señalado que la industria de lujo, la automoción y las bebidas alcohólicas pueden tener un pronóstico algo más positivo, si bien esto es algo más circunstancial que ganado entre negociones: como el caso del aceite de oliva, que debido a su exportación masiva a los EE. UU, dispone de mayor margen comercial debido a su posición dominante en el mercado estadounidense.

En lo que se refiere a la industria del lujo, las grandes marcas esperaban un arancel del 25 %, pero finalmente la tasa se ha quedado en el 15 %. A efectos prácticos, esto les permite mantener márgenes sin alterar radicalmente sus precios en EE. UU., que representa cerca del 25 % de sus ingresos globales.

A su vez, la automoción alemana ha conseguido mantener condiciones estables para los grandes fabricantes y la exportación de vehículos, aunque no exentas de coste. La clave ha estado en asegurar previsibilidad, algo esencial para un sector con cadenas de suministro altamente internacionalizadas.

Por último, las bebidas alcohólicas, pese a las declaraciones de Ursula Von der Leyen, mantienen vías de negociación abiertas para el vino y el whisky europeo, aunque, hoy por hoy, el vino español sigue afectado por el arancel del 15 %.

Estos son los sectores más expuestos

En el lado perdedor de este nuevo equilibrio hay sectores y países que siguen sin red de apoyo suficiente, como las pymes agroalimentarias españolas, con productos como el aceite de oliva, el vino, los quesos o las conservas, que pagarán un arancel del 15 %, en un mercado clave como el estadounidense, mientras que algunos países competidores, como Turquía o Australia tienen aranceles más bajos.

De igual modo, la industria farmacéutica ha quedado fuera del acuerdo. La patronal alemana VFA ha criticado con dureza que el sector quede fuera del pacto. Según su presidente, Han Steutel, el pacto arancelario rompe los fundamentos del comercio transatlántico y socava las normas de la OMC.

Por último, el caso más conocido es el de la siderurgia europea, que mantiene aranceles del 50 % a la exportación. Desde la patronal Unesid, se han pedido ayudas urgentes para controlar el impacto en las exportaciones de acero y aluminio español.

¿Qué ocurre con las pymes?

Para la mayoría de las pequeñas y medianas empresas, el acuerdo cambia poco o nada. No reduce costes, no abre nuevos canales, ni mejora las condiciones frente a grandes corporaciones.

Las pymes exportadoras (en especial, aquellas en sectores como el agroalimentario, la automoción o la transformación industrial) siguen atrapadas entre los márgenes ajustados y las decisiones políticas que no tienen en cuenta su escala.

Además, muchos expertos temen que la UE haya cedido demasiado terreno a cambio de evitar una escalada. El hecho de que Bruselas no haya impulsado contramedidas proporcionales o mecanismos de compensación agrava la sensación de vulnerabilidad para las empresas más pequeñas.

“El tablero se altera. Es difícil prever qué consecuencias tendrá ese 5 % o 10 % de diferencia en aranceles”, resumía esta semana Rafael Pico, director adjunto de Asoliva.

De este modo, el pacto ha traído cierta estabilidad, pero no garantiza una relación equilibrada en absoluto. Las pymes siguen quedando fuera del diseño de la política comercial internacional, y el acceso a mercados estratégicos como el estadounidense sigue lleno de obstáculos para quienes no tienen departamentos jurídicos en Washington ni margen de negociación con intermediarios locales.

En conclusión, es posible que el pacto evite una guerra comercial a gran escala, pero sigue siendo una tregua frágil, con pocas garantías y muchos costes agregados.

El nuevo arancel del 15 % que Estados Unidos ha impuesto a más de 300 productos europeos no es ni va a ser anecdótico. Para muchas pymes españolas que exportan alimentos, bebidas, componentes industriales o productos vinícolas, supone un golpe directo a sus cuentas y es posible que incluso a su continuidad empresarial.

El impacto podría superar los 2.000 millones de euros en nuestro país. Si bien la medida afecta a toda la Unión Europea, muchas pymes españolas no tienen el colchón financiero ni la capacidad logística de otras multinacionales para amortiguar el golpe.

Exportar, ahora cuesta más

Para la industria alimentaria española, EE. UU. es un mercado clave. En 2024, se exportaron allí alimentos y bebidas por valor de 3.365 millones de euros, lo que representa un 14,3 % del total de ventas agroalimentarias fuera de la UE.

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Con los nuevos aranceles, competir en ese mercado se complica. Las empresas se enfrentan a tres opciones clave, y ninguna es buena: asumir parte del coste extra, subir precios (con riesgo de perder clientes) o reducir márgenes.

Muchas pymes españolas no se ven en la tesitura de permitirse ninguna de las opciones anteriores. “Recuperar a corto plazo lo que se pierda allí con el arancel será imposible”, ha advertido Ignacio Silva, presidente de la FIAB (Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas) en declaraciones recogidas por El País.

Entre los sectores afectados: del vino al acero

La situación podría resumirse en la idea siguiente: algunos sectores tienen más margen que otros. Por ejemplo, el aceite de oliva, que Estados Unidos importa casi en su totalidad desde España, permitirá mayores variaciones y flexibilidad que el vino, que también se produce en Argentina, Australia o Nueva Zelanda con aranceles más bajos, dejando el producto español en una clara desventaja competitiva.

En el sector de la automoción, el arancel afectará, sobre todo, a pequeñas y medianas empresas que fabrican componentes: España vendió piezas por valor de más de 1.000 millones a EE. UU. en 2024. Muchas de estas también forman parte de cadenas de suministro en Alemania y Francia, lo que agrava el impacto.

Por último, el sector del acero lo tiene peor: en este caso, el arancel alcanza el 50 %, y la patronal UNESID ya ha reclamado ayudas urgentes para evitar un frenazo, de proporciones épicas, en lo que se refiere a las exportaciones.

Desde la Cámara de Comercio, se pide que se refuercen los apoyos a pymes afectadas, alegando que este tipo de medidas impacta sobre todo a las pequeñas empresas, que no tienen margen para adaptarse rápidamente a cambios fiscales o comerciales. De igual modo, los sectores afectados están reclamando bonificaciones fiscales, subvenciones temporales y contramedidas por parte de Bruselas.

La UE, acepta y calla

Por ahora, la UE no ha reaccionado con la contundencia esperada, y eso deja a muchas pymes europeas en desventaja frente a sus competidores internacionales. “El tablero se altera. Es difícil prever qué consecuencias tendrá ese 5 % o 10 % de diferencia en aranceles”, resumen desde Asoliva.

Debemos tener presente que, si bien la mayoría de los medios, hablan estos días de un “arancel del 15 %”, este no se aplicará de forma uniforme a todos los productos, sino que será el mínimo arancelario del HS Code.

El porcentaje corresponde al acuerdo general alcanzado entre la UE y EE.UU. para un conjunto amplio de bienes afectados, pero cada producto tiene su propio arancel específico, que puede ser mayor o menor según su categoría y origen. Así, el acero sigue soportando un 50 %, mientras que productos como el vino o el aceite de oliva suben al 15 % mientras que otros países competidores mantienen tasas más bajas (como Turquía con un 10 % o Australia con un 5–10 %), lo que coloca a las exportaciones españolas en clara desventaja. Un escenario desigual que complica aún más la situación para muchas pymes, que ya operan con márgenes ajustados.

En conclusión, queda claro que la medida va mucho más allá de un simple ajuste técnico. Es una advertencia: las tensiones comerciales entre grandes bloques geopolíticos tienen consecuencias directas en las pequeñas empresas, que no cuentan con mecanismos de compensación adecuados y pueden perder competitividad, estabilidad, mercados y oportunidades. Los medios son claros: un mal acuerdo para Europa, y un mal precedente también,el de aceptar doblegarse frente a las amenazas y el bullying comercial.

Foto: Shealah Craighead, Official White House Photo

Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y España vuelven a escena. El actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con penalizara los países que no alcancen el 5 % del PIB en gasto militar (una cifra muy por encima del 2 % que exige la OTAN).

España ha sido señalado en los últimos días de forma directa en una de las famosas reprimendas televisadas del dirigente norteamericano y podría verse afectada por una oleada de aranceles. De ser así, el impacto recaería especialmente sobre las pequeñas y medianas empresas exportadoras.

26.700 pymes en el punto de mira

Según estimaciones recientes, unas 26.700 pymes españolas exportan regularmente productos a Estados Unidos, principalmente en agroalimentación, automoción, componentes industriales, farmacia o bienes de equipo.

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En total, España exportó en 2023 más de 21.000 millones de euros a EE. UU. Solo el aceite de oliva superó los 640 millones de euros, seguido del vino (más de 340 millones) y otros productos clave como maquinaria, transformadores eléctricos o medicamentos.

Durante su anterior mandato, Trump ya aplicó aranceles del 25 % al acero y del 10 % al aluminio. En 2025, el escenario podría ampliarse con nuevos gravámenes a productos del motor, bienes industriales y alimentos, con tarifas entre el 10 y el 25 %.

Para muchas pymes, esto supone una pérdida de competitividad, subidas de precios en destino y posibles tensiones en los contratos firmados con sus socios norteamericanos.

Entre los sectores más expuestos están el agroalimentario (aceite, vino, jamón o aceitunas) ya fueron penalizados en rondas anteriores, donde muchas cooperativas podrían ver afectada su rentabilidad, la automoción y componentes y el sector farmacéutico e industrial, con una base más sólida, pero también sensibles a cambios en el régimen arancelario.

Limitaciones legales, con riesgo

Si bien la Unión Europea tiene competencia exclusiva en política comercial y puede bloquear aranceles selectivos contra España, el daño anticipado ya se deja notar.

Algunas pymes han retrasado inversiones o aplazado acuerdos con distribuidores estadounidenses ante la incertidumbre.

Ante el escenario actual, el Gobierno ya planteó el pasado abril un plan de contingencia de 14.100 millones de euros, que incluye 6.000 millones en líneas de liquidez, 5.000 millones en avales ICO, 200 millones para modernización industrial y 400 millones para el sector automoción y 2.000 millones en seguros de exportación.

El objetivo es amortiguar el impacto sobre las pymes más expuestas y fomentar la diversificación de mercados y exportaciones, adaptándose para minimizar riesgos, revisar cláusulas contractuales ante cambios arancelarios y asegurar los cobros internacionales, entre otros aspectos.

Por ahora, no se han materializado nuevas amenazas arancelarias, pero la exposición es real y las consecuencias potenciales son significativas para el tejido empresarial español. La evolución de la política comercial estadounidense en los próximos meses será clave, pero, como lleva ocurriendo todo este 2025, también difícil de prever.

El Banco de España ha lanzado una advertencia clara: si se quiere cumplir con los plazos y evitar perder una parte clave del Plan de Recuperación, hay que acelerar la ejecución de los fondos europeos.

En concreto, queda un año escaso para utilizar todo el dinero.La fecha límite: agosto de 2026 y, por ahora, vamos muy por detrás de otros países europeos y de los tiempos que se habían planeado.

40 % ejecutado, muy por debajo de Europa

Según los últimos datos disponibles, España ha ejecutado aproximadamente 32.000 millones de euros en subvenciones, lo que representa alrededor del 40 %del total asignado.

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No obstante, si se incluye la parte correspondiente a los créditos blandos (otros 80.000 millones), el porcentaje de ejecución total cae hasta el 20 %, pues apenas se han utilizado estos fondos extra.

Por el contrario, países como Dinamarca o Francia ya han superado el 70 % del total previsto: unos porcentajes más realistas a estas alturas de 2025 para los fondos NextGenEu.

Los motivos de esta lentitud

Hay varios motivos que explican los retrasos en la aplicación y concesión de los fondos, pero los medios especializados han destacado la burocracia compleja y la lentitud en las convocatorias, la dificultad para lanzar o gestionar proyectos por parte de las administraciones territoriales y los cambios de diseño del plan, que ha sido renegociado en cinco ocasiones con Bruselas.

El propio Banco de España ha recortado su previsión de crecimiento para 2025, del 2,7 % al 2,4 %, en parte por esta falta de ejecución, si bien la guerra comercial norteamericana tiene mucho que ver también. Además, se teme que muchas inversiones clave para el tejido productivo se queden sin materializar: digitalización, formación, rehabilitación energética, transición verde…

Por último, todo ello podría tener un impacto directo en la competitividad de las pymes, al quedarse fuera de programas esenciales debido al acceso más limitado a convocatorias útiles para transformar y modernizar el negocio, el riesgo de que fondos regionales o locales no lleguen a tiempo para pequeñas empresas y la menor capacidad de inversión y adaptación a los nuevos estándares tecnológicos o climáticos.

Soluciones sobre la mesa

Con el objetivo de acelerar los trámites, el Banco de España y la Comisión Europea coinciden que es importante que España pueda simplificar, con carácter urgente, los trámites y una mayor coordinación entre administraciones. Además, se plantea reforzar instrumentos que ya han demostrado ser eficaces, como las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) para facilitar la financiación.

En cualquier caso, el próximo año será decisivo. Los fondos europeos representan una oportunidad única, pero si no se ejecutan con agilidad, España corre el riesgo de perder impacto económico… y una parte significativa de los fondos presupuestados.

En 2024, más de 3,3 millones de personas teletrabajaron en España. En volumen, equivale a la totalidad de trabajadores autónomos en activo.

Se trata de un dato histórico que marca un punto de inflexión desde los años previos a la pandemia, cuando el trabajo remoto era algo casi anecdótico. Sin embargo, la distancia con el resto de Europa sigue siendo significativa, tanto en términos absolutos como relativos.

Un récord, pero sabe a poco

Según los últimos datos de Eurostat, en España el 15,4 % de la población trabajadora realiza al menos parte de su jornada laboral desde casa. Este porcentaje supone una ligera mejora frente al año anterior (+1,2 puntos), pero queda lejos del promedio europeo, situado en el 22,6 %.

En Pymes y Autonomos

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Si nos fijamos en estados como los Países Bajos (52  %), Suecia (45,6  %) o Luxemburgo (42,8  %), la brecha resulta todavía más pronunciada. Y lo más preocupante: ni siquiera grandes economías como Alemania (28,6 %) o Francia (26,3 %) están a nuestro alcance en este momento.

Además, el porcentaje global en España combina dos perfiles diferenciados:

• Un 7,8 % de los trabajadores teletrabaja de forma habitual (al menos la mitad de los días laborables)
• Un 7,6 % lo hace solo de modo ocasional, unas pocas horas o días a la semana

En comparación, el pico de teletrabajo habitual durante la pandemia fue del 10,9 % (2020), lo que sugiere que aún no hemos recuperado el nivel de transformación (pandemia y postpandemia) que supuso la crisis sanitaria.

Contexto difícil

Asimismo, según los analistas hay varios elementos que facilitan o dificultan la acogida del teletrabajo, como la perspectiva empresarial, el marco normativo o el tejido productivo.

En este sentido, como detalla El País, España sigue siendo un país de pymes a menudo con escasa capacidad para implantar modelos flexibles o entornos digitales robustos.

A todo ello, se suma el peso de varios sectores de alta presencialidad en España, como el comercio, el transporte o la hostelería, que no permiten esta modalidad y una cultura empresarial muy vinculada a la presencialidad: como si la productividad dependiera exclusivamente de la presencia física, para lo que las estructuras rígidas y la falta de confianza en la autonomía del equipo tampoco ayudan.

Según José Varela, responsable de Digitalización de UGT, “todavía hay muchas empresas ancladas en el siglo XX”, y algunas declaraciones empresariales siguen sugiriendo que “el teletrabajo no es adecuado para los españoles por ser poco disciplinados”.

¿Qué implica esto para las pymes?

Para una pyme, apostar por el teletrabajo no es solo una cuestión de bienestar o conciliación, sino también puede ser una decisión estratégica.

Implementar el trabajo en remoto con éxito puede suponer el acceso a talento fuera del entorno local, una notable reducción de costes y mayor  compromiso y satisfacción laboral.

Además, en un contexto de escasez de profesionales cualificados en ciertas áreas, el trabajo remoto puede ser un diferencial clave para captar perfiles que de otro modo optarían por grandes empresas o destinos internacionales.

Una oportunidad desaprovechada

El teletrabajo avanza en España, pero con una inercia limitada. No basta con que haya más personas trabajando en remoto. Si se busca una mejora a medio plazo, es necesario que este modelo se consolide con estructuras más robustas, cambios culturales y una apuesta clara por la digitalización en las pymes.

Si otros países con economías similares, como Portugal o Malta, han logrado porcentajes notablemente superiores (20,6 % y 26,2 % respectivamente), la clave no está solo en el sector productivo, sino en la voluntad de adaptarse. La pregunta, en este punto, no es si el teletrabajo puede funcionar en España, sino si queremos que lo haga.