La crisis económica está llevando a muchas empresas a la quiebra y está haciendo que muchas atravesen por verdaderas dificultades para sobrevivir. Muchos expertos lo achacan a la negativa por parte de muchas entidades financieras de facilitar crédito o descontar efectos comerciales, hecho que proporcionaría la liquidez necesaria para satisfacer sus obligaciones y seguir adelante.

Sin embargo, y a pesar de que la sequía de crédito se está llevando por delante numerosas sociedades, lo cierto es que el problema real no está en la falta de liquidez, sino en la falta de solvencia empresarial. Es decir, el problema no es la falta de crédito, sino la falta de capitalización.

Las nuevas medidas del Gobierno en materia de emprendimiento no ayudan. La ley de emprendedores permite la constitución de sociedades con tan solo un euro de capital social aunque, eso sí, llena de restricciones en su aplicación práctica.

Ante las circunstancias tan negativas por las que atravesamos, constituir una sociedad sin capitalización es como pegarse un tiro en el pie, no solo porque nos hace más dependientes de los fondos ajenos, sino porque precisamente la obtención de esos recursos depende en gran medida de los fondos propios de la entidad. A mayor solvencia, mayor posibilidad de poder acceder a crédito.

La capitalización de las sociedades sigue disminuyendo y eso no es una buena noticia. Hay que asumir que el crecimiento basado en el crédito fácil y barato ha terminado y el paradigma de la sociedad hiperapalancada que cosechaba pingües beneficios período a período tiene que pasar a ser cosa del pasado.

Existen numerosas formas de aumentar nuestra capitalización: business angels, sociedades de capital riesgo e incluso el famoso Family, Fools and Friends que tan de moda han puesto las sociedades americanas. Todo vale para constituir una sociedad sana y con la mirada puesta en el futuro.

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Cuando analizamos la empresa desde el punto de vista financiero, las matemáticas proporcionan unos ratios sumamente interesantes y de gran interés para valorar si la situación actual es la adecuada o, en caso contrario, tomar las medidas necesarias para corr egir esta situación.

Ya habíamos analizado algunos de ellos en posts anteriores, como la rentabilidad sobre el activo, la rentabilidad sobre los recursos propios o el EBITDA. Sin embargo, ninguno de ellos tienen en cuenta el grado de endeudamiento de la empresa cuando, en realidad, es de suma importancia conocer esta variable para no comprometer la viabilidad futura de la empresa.

La medida del endeudamiento viene determinada por la aplicación del siguiente ratio:

Endeudamiento Total = Total Deuda (Corto + Largo Plazo) / Total Pasivo

El valor de este ratio es independiente de la utilización de este endeudamiento, y debería estar en torno al 50% o el 60% para hablar de niveles razonables. Si este nivel fuese mayor se estaría comprometiendo la solvencia de la empresa y si fuese menor se estaría comprometiendo la rentabilidad. En otras palabras, cuanto mayor sea el efecto apalancamiento, mayor será la rentabilidad de los recursos a costa de una menor solvencia.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que un mayor grado de apalancamiento, o el endeudamiento total en relación a los recursos propios, compromete la solvencia de la empresa. Si los resultados empresariales se traducen en pérdidas, podríamos encontrarnos ante situaciones de insolvencia técnica, al ser el exigible mayor que el valor de los activos.

Por este motivo, el grado de endeudamiento es una ratio a la que hay que prestar especial atención, a pesar de que gran parte de los indicadores financieros conocidos no lo tienen en cuenta.

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En el gráfico que acompaña al artículo se muestra la evolución de la deuda que han contraído las Administraciones Públicas desde 2007 hasta 2012 en comparación con la deuda de los agentes privados. La evolución de una y otra es más que significativa. La máxima expresión del fenómeno conocido como Crowding Out está presente. Y hoy más que nunca.

Y es que, según datos publicados por el Banco de España, la deuda del conjunto de las Administraciones Públicas ha aumentado hasta los 943.702 millones de euros hasta junio, lo que marca un nuevo récord histórico, tras crecer en un solo mes en 6.368 millones de euros, y situarse en un nivel del 90,1% del PIB. Parece ser que el grifo está abierto... para las Administraciones Públicas.

Parece lógico pensar que la deuda pública puede aumentar en épocas de recesión. En efecto, si hay muchos empleados que pierden sus puestos de trabajo, el trabajador deja de cotizar a la Seguridad Social y de contribuir a Hacienda para ser un perceptor de ayudas públicas. Al haber menos ingresos, el Estado debe emitir deuda pública para garantizar este tipo de ayudas.

Sin embargo, lo que no parece tan lógico es que los gastos burocráticos sigan creciendo, que es precisamente lo que está sucediendo en las Comunidades Autónomas, en las que sus gastos burocráticos crecieron un 50% desde que comenzara la crisis allá por el año 2007. Gastos que, en muchos casos, no están justificados si tenemos en cuenta la coyuntura actual y que redundan en una mayor necesidad de financiación materializada en forma de mayor deuda pública.

Por el lado del acreedor (entidades financieras, por ejemplo), adquirir deuda pública resulta ser un negocio perfecto. Por un lado, obtienen una mayor rentabilidad a un riesgo mucho menor que si se lo prestan a un particular o a una empresa; por otro, los títulos de deuda pública sirven como colateral para nuevos descuentos en el BCE y, por último, no tienen que dotar ninguna reserva. Un negocio redondo.

Un nivel de deuda pública del 90% es una mala noticia. Ya no solo porque es una deuda que vamos a tener que pagar entre todos, sino, además, porque se están detrayendo recursos del sector privado que se usan de manera improductiva en el sector público. Reducir esta deuda ha de ser una prioridad pero, también, procurar, en la medida de lo posible, no sobreemitir más deuda pública que siga perjudicando a las empresas en la búsqueda de su financiación y, en especial, a las pymes.

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Como ustedes conocen, el apalancamiento, en esencia, es el endeudamiento progresivo de la empresa con el objetivo de obtener una rentabilidad superior al coste financiero por tomar dichos fondos. Hasta hace unos años era una estrategia muy común entre la gran mayoría de las empresas en los sectores más diversos, pero claro, eran otra época, tiempos en los que el crédito fluía, el dinero era barato, y existían múltiples opciones de inversión con rentabilidades muy golosas.

Pero en estos cuatro últimos años este escenario ha ido cambiando hasta el punto de ser una estrategia financiera en decadencia, en ocasiones por necesidad y en otras por imposibilidad, en favor de otras más prudentes. Los condicionantes que llevan a las empresas a no considerar estrategias de este tipo son múltiples, pero fundamentalmente son dos:

1) Aspecto financiero: en gran parte justificado por las razones del primer párrafo

2) Riesgo reputacional y de nombre: actualmente tanto los inversores así como los clientes valoran más la solvencia que el beneficio en una compañía, un aspecto muy positivo ya que en principio los clientes y los inversores buscan establecer una relación de largo plazo

En conclusión, estos no son tiempos para apalancarse, sino que lo son para adaptar la estructura de nuestro negocio a las nuevas circunstancias, y reforzarla para dotarla de mayor autonomía y robustez, con el objetivo de que puedan resistir mejor a las crisis que se produzcan en el futuro, o tal vez para establecer las bases para un nuevo modelo de negocio.

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Es un tema que lleva varios meses debatiéndose y todavía no hay una decisión tomada, el caso es que el Consejo Internacional de Estándares Contables (IASB) pretende fijar una norma contable por la cual las empresas han de incluir como deuda en sus balances las cantidades que tendrán que pagar en el futuro por sus contratos de alquiler.

La normativa contable en vigor actualmente considera los gastos de arrendamientos como un gasto deducible que se refleja en la contabilidad según se va produciendo. Si esta nueva norma se aplica, las empresas tendrán que considerar como deuda las cantidades pendientes de pago hasta que finalice el contrato de arrendamiento en cuestión.

El IASB considera procedente esta modificación porque introduce una información necesaria y a tener en cuenta para poder valorar convenientemente la situación de la empresa, sobre todo para los inversores. Eso sí, está dispuesto a que sólo se aplique en los arrendamientos de duración superior a un año.

Las empresa que optan por arrendar sus locales de negocio pueden ver notablemente modificadas sus cuentas, ya que si éstas firman un contrato de alquiler plurianual deberán contabilizar el total de ese contrato como una deuda contraida. Esa deuda se irá reduciendo paulatinamente según se abonan las cuotas correspondientes.

Esto perjudicaría enormemente a las empresas. Supongamos una pyme que acabe de firmar un contrato de alquiler de su local por 10 años a razón de 1.000 euros mensuales, si mañana va a su banco a solicitar una determinada financiación, según la normativa, actual el total del contrato que queda pendiente de pagar no figura en el balance porque es un gasto que todavía no se ha producido. Si esta norma se aprueba, la pyme deberá contemplar en su balance una deuda de 120.000 euros, lo que puede disparar su nivel de riesgo y tener más problemas todavía para conseguir esa financiación.

¿Hasta que punto sería lógico que esto se llevara a la práctica? Hay que considerar que la empresa puede rescindir libre y unilateralmente ese contrato de arrendamiento en cualquier momento. Según la LAU, y siempre que figure en el contrato, los arrendadores de locales de negocio sólo están obligados al pago del primer año de alquiler en caso de que se produzca esa rescisión voluntaria del contrato por su parte, por tanto ese endeudamiento no es real ya que si cesa el contrato no hay cantidades pendientes de pago, además en caso de prórroga del contrato ya no existe ese año de penalización.

Independientemente de que esta medida a quien perjudica realmente es a las grandes empresas al final puede perjudicar a todas y, aunque en algunos casos sí pueda suponer una mayor información sobre la situación de la empresa, en otros puede distorsionarla notablemente.

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