No hay consenso. Mientras algunos medios afirman que los delitos fiscales se han reducido un 80 % en una década, lo que equivale a menos denuncias y menos dinero defraudado, según el Gestha (Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda), el informe independiente Rethinking the Informal Economy and the Hugo Effect, de Rogoff y Pappadà, afirma que, en España, uno de cada cuatro euros forman parte de la economía sumergida del país.

Esta disparidad en las cifras sobre la economía sumergida en España, que solo se ve superada en porcentajes defraudados por Grecia (31 %) e Italia (36 %) refleja la complejidad del fenómeno y las diferentes metodologías empleadas para su medición y control.

Control tributario, pero ¿qué más?

En este sentido, si bien el Gestha ha confirmado una reducción notable de los delitos fiscales en la última década (que no de las cifras que caen en "el negro", que ha aumentado en todo el sur de Europa), el informe de Kenneth Rogoff y Francesco Pappadà estima que, aproximadamente, el 24 % del PIB español corresponde a actividades no declaradas, situando a España entre los países europeos con mayor economía informal, según puede consultarse en el National Bureau of Economic Research (NBER).

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Hacienda va a la caza de los influencers. Las acusaciones por ingresos irregulares alcanzan a ElRubius y El Hombre de Negro de “El Hormiguero”

El estudio introduce la medida "EVADE", basada en datos del IVA, que muestra una variación más significativa en la informalidad entre países europeos que estimaciones previas. Para ello, se ha revisado la cantidad de impuestos que deberían recaudarse y el total recaudado.

Además, identifica el "efecto Hugo" (por Víctor Hugo, parafraseando alguna de sus famosas frases, como "El país le dio la espalda al Gobierno", más probable en tiempos de crisis), según el cual la economía informal tiende a aumentar durante las recesiones y a disminuir en períodos de bonanza económica.

Todo ello, ayudaría a explicar el retroceso de los delitos contra la Hacienda pública de la última década, sumados a un mayor control de las finanzas y las operaciones entre profesionales y particulares.

¿Castigar? Y educar, y simplificar

Según el análisis del NBER, el tamaño de la economía sumergida puede vincularse a menores controles, incentivos mal diseñados y mayor uso del efectivo. Sin embargo, también debe tenerse en cuenta la rigidez de los tipos impositivos, la burocracia y la normativa fiscal, que puede dejar fuera a muchos profesionales, que frenan su actividad empresarial.

El ejemplo paradigmático es el sistema de módulos español, que puede frenar rápidamente la actividad de los autónomos que deberían dar el salto a la estimación directa (para toparse, principalmente, con más impuestos y más burocracia).

De igual modo, el estudio del NBER correlaciona los pagos en negro y el desempleo: cuanto más alta es la tasa de paro, mayor volumen de economía sumergida existirá en un país. Así, durante una crisis, los empleos no declarados aumentan como un modo efectivo de obtener ingresos rápidos.

Además, en este contexto, pese a la dudosa moralidad de las acciones, las pymes pueden optar por tratar de reducir gastos con empleos sin contratos y venta de producto sin facturas como única forma de mantenerse activas.

En cierto sentido, es la pescadilla que se muerde la cola: se confirma que la economía sumergida se reduce en ciertos países (Bélgica, Suecia, Alemania) donde se utiliza la tarjeta y se digitalizan pagos, pero donde también se han simplificado las declaraciones fiscales; de igual modo, se dificulta esta posibilidad al establecer más burocracia y no reducir las desigualdades sistemáticas.

Por último, los pagos en negro siguen perpetuando una menor recaudación fiscal y, a su vez, desigualdades y distorsión en la competencia de los mercados.

El paper concluye que este desafío va más allá de perseguir y castigar: las medidas punitivas pueden ser una parte, pero necesitan de una revisión total del marco legal y administrativo que facilite el cumplimiento tributario y promueva una cultura de transparencia y responsabilidad fiscal.

Controlar dinero en efectivo es una de las obsesiones de Hacienda. Al fin y al cabo, es un activo vinculado a actividades como fraude fiscal y la economía sumergida. Vigilar a ciertos negocios y sectores donde se mueve el dinero en efectivo, es el objetivo. Entre esos contribuyentes están los autónomos.

La Agencia Tributaria publica en su Plan Anual de Control Tributario y Aduanero las líneas maestras del organismo para cumplir durante todo el ejercicio fiscal. Y como queda claro en el Boletín Oficial del Estado, el dinero en efectivo y su uso indebido es una de sus prioridades.

Hacienda afirma que mantendrá su presencia en aquellos sectores y modelos de negocio en los que se aprecie alto riesgo de existencia de economía sumergida, con especial atención al uso intensivo de efectivo o al empleo de métodos electrónicos de pago en el extranjero, así lo recoge Autónomos y Emprendedores.

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La mayoría de los autónomos se librará de pagar el IVA tras las negociaciones de las asociaciones con Hacienda

Estas son las pistas para Hacienda de que un negocio usa de manera fraudulenta el dinero en efectivo

En el plan anual Hacienda deja claro que tanto las actuaciones o visitas de un técnico a un particular o negocio, se darán cuando se detecten este tipo de incidencias:

• No admitir pagos con tarjeta bancaria.
• Contar con rentas que procedan de la entrega de bienes o prestaciones de servicios realizados directamente al consumidor final.
• Señales de riqueza, de patrimonio, de rentabilidad o información financiera.

¿A qué sectores vigila entonces la Agencia Tributaria? Por norma general, no suele haber ninguna referencia por su parte. Sin embargo, en 2023 sí se pronunció cuando mencionó a un grupo sometido a una vigilancia especial, se trataba de la construcción y las reformas.

Para ser exactos, la construcción inmobiliaria, especialmente el área de rehabilitación y reformas. A estas prácticas se les llama 'peinados fiscales', que no es otra cosa que las visitas del personal de Inspección.

Estas visitas tienen un objetivo, la obtención de información, la comprobación de la fiabilidad y calidad de la información censal, y la detección de comportamientos irregulares en materia de facturación.

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Hacienda no puede hacer una segunda inspección a tu negocio, pero existe una excepción, atento.

Los pagos en efectivo tienen un límite y Hacienda lo ha cambiado

Aunque parece que nos hemos acostumbrado a pagar con tarjeta, todavía hay muchos ciudadanos que prefieren hacerlo con dinero en efectivo. en la mayoría de negocios, pagar con dinero en metálico es lo normal, sin embargo, aún hay sectores donde esto no sucede.

Los límites de pago en efectivo se implantaron en 2021, y ya se advertía que el empleo de efectivo por encima de los máximos admitidos por la norma serían objeto de atención por parte de Hacienda.

Para ponerlo más complicado a todo aquel que pretenda cometer fraude, la reducción del uso de dinero en efectivo se redujo de 2.500 euros a 1.000 euros, en operaciones donde cualquiera de las dos partes sea empresario o profesional.

Existe otro límite, éste es de 10.000 euros y sólo se podrá dar cuando el pagador sea una persona física que justifique no tener su domicilio fiscal en España y, por supuesto, no actúe en calidad de empresario o profesional.

Respecto a las sanciones en caso de incumplir estos límites son del 25% de la cuantía pagada en efectivo y que haya rebasado ese límite aprobado por la ley.

Uno de los argumentos que se suelen utilizar cuando se habla de economía sumergida y cómo tratar de reducir el porcentaje que supone sobre la economía real es que un IVA del 21% hace que en muchos sectores sea el propio cliente el que demanda no tener factura y no pagar dicho impuesto. El razonamiento es que con un IVA más bajo se reduciría dicho ahorro y sería menos interesante no pedir factura. Pero es cierto que ¿bajar el IVA a la mitad ayuda a acabar con la economía sumergida?

Lo cierto es que no ocurre en todos los sectores, sino solo en aquellos en los que no pagar el IVA supondría un beneficio para el cliente. Ponemos dos ejemplos, peluquerías y obras domésticas. Si necesito ir a la peluquería, que pagan un 21% y pago en efectivo no es habitual que solicite la factura. Si este establecimiento no quiere contabilizar este servicio y entrar este dinero en la caja B, no importa si el IVA está al 10 o al 21%, el cliente no va a notar el cambio.

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El problema de la economía sumergida no es pagar en efectivo más de 1.000 euros, es vender sin emitir factura

El cliente se ahorra el IVA

No es que el comercio no tribute por los ingresos, es que además se queda con el IVA que si ha pagado el cliente, puesto que ejerce como recaudador de este impuesto. Si por el contrario necesitamos hacer una pequeña reforma en casa y llamamos a un profesional, nos presenta un presupuesto de 1.000 euros, IVA incluido, pero acordamos que no nos haga factura y nos ahorramos el IVA, pagando 800 euros, aquí si sería efectivo un tipo de IVA más bajo.

Lo mismo podríamos decir de otro tipo de profesionales, desde un masajista a un dentista pasando por un abogado. La economía sumergida afecta a todos los sectores. ¿Dónde es más complicado encontrar fraude? En aquellos donde queremos tener una garantía y para eso necesitamos factura.

Porque además rebajar al 10% no es la solución si nos fijamos en un sector como el de la hostelería, que está en el punto de mira de Hacienda al ser uno donde año tras año se detecta más fraude. El IVA que soportan es del 10% y sin embargo en muchos casos el nivel de economía sumergida es muy alto.

Mejor que pagar un 10% es no pagar nada

A esto hay que sumarle el efecto crisis, que no es despreciable. Hacienda contrasta los ingresos de las empresas con otras de similares características de la zona, pero también con lo que facturaron el año anterior. Hoy todas estas referencias no tienen valor, se ha roto la escala. Por lo que muchos aprovecharán para tratar de aumentar el porcentaje de su facturación que no se contabiliza oficialmente.

Estoy convencido que es un problema cultural. Nadie quiere pagar impuestos. Pero es que además no se ve como algo malo que alguien defraude. Solo en el caso de competencia desleal manifiesta, lo que no pagan nada porque no facturan, nos quejamos.

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Las inspecciones sorpresa de Hacienda están más cerca, ya hay acuerdo para la aprobación de la nueva Ley contra el fraude fiscal

Siempre tenemos una excusa, los políticos malgastan nuestro dinero, chiringuitos, nos roban a manos llenas, ponga usted aquí lo que quiera, para justificarnos que no estamos ingresando el IVA. Al fin y al cabo quien más y quien menos intenta pagar lo menos posible en sus impuestos, seas empresa o trabajador.

La realidad es que lo más probable es que se intente acercar el esfuerzo fiscal al que realiza la media de Europa, en concreto al que tienen las ocho economías más importantes de la UE. Al menos es lo que se vaticina con el plan España 2050. Europa lleva mucho tiempo intentando que sean muchos menos los sectores que pagan IVA reducido y ahora tienen un argumento, deuda y crédito, para exigirlo.

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Todos tenemos claro que una mayor utilización de la tarjeta o medios electrónicos en los pagos es sinónimo de menos economía sumergida. Por eso quizás se busca bajar los límites a los pagos que se pueden hacer en efectivo, próximamente a 1.000 euros, para tratar de reducir el peso de este tipo de fraude fiscal. Pero el problema de la economía sumergida no es el pago en efectivo, es vender sin emitir factura.

No importa que algo me vaya a costar 3.000 euros y lo voy a pagar en efectivo si luego realmente no se factura. Por ejemplo un trabajo de reparación en casa, una comida familiar, un electrodoméstico o un café. ¿Cuántos piden la factura por ese café del desayuno? ¿Y del bocadillo? Y es aquí donde realmente reside el problema.

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El futuro es recaudar más impuestos y menos economía sumergida según el plan España 2050

En algunos casos es el consumidor el que busca la complicidad con la empresa que le vende un bien o le presta un servicio para que, al pagar en B, ahorrarse el IVA. De esta forma tiene una rebaja del 21%, y para el empresario un beneficio sobre el que no tiene que tributar. Ambos salen ganando con esta fórmula.

En otros casos ni siquiera son conscientes, puesto que hemos desayunado en un bar, nos han cobrado lo que hemos consumido, pero eso no se factura. Y cuidado, que aquí si nos han cobrado ese IVA que viene añadido por defecto en los precios de venta al público en la mayoría de los locales.

Se trata de cantidades en muchos casos muy pequeñas, pero que, por un lado suponen un goteo constante, y por otro culturalmente está muy extendido en la mentalidad de muchos negocios, profesionales y consumidores. Aquí todos somos responsables. Si de verdad lo que se busca es acabar con la economía sumergida es por aquí por donde hay que ir cerrando ese goteo.

Lo que ocurre es que no es fácil y no va a ser de un día para otro. No basta con una medida por real decreto para intentar solventarlo. Porque simplemente muchos lo hacen y se justifican aduciendo que ya pagan demasiados impuestos, que el dinero que pagan luego no se utiliza bien o que los políticos que lo administran lo malgastan con sus mamandurrias, que diría Esperanza Aguirre.

En definitiva sienten que hacen un gran esfuerzo fiscal y a cambio reciben poco. Y cambiar esto no es fácil. Y no se puede controlar lo que no existe. Es aquí donde entrarían las medidas de sanción para ese software de contabilidad B, aunque en muchos casos ni siquiera lo utilizan.

Es habitual que en los momentos de crisis económica se produzca un aumento de la economía sumergida. Es algo que ya ocurrió en la crisis anterior, donde se llegó a estimar que esta economía sumergida alcazaba en torno al 25% del PIB en España.

Y esto es un problema porque supone una merma importante en la recaudación fiscal. Justo cuando más se necesita para dar ayudas a las empresas y pagar las deudas del Estado. Porque no nos engañemos, el dinero que hoy se reparte, sea mucho o poco, habrá que pagarlo mañana y todos sabemos de dónde va a salir.

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Las principales organizaciones del sector comercial se oponen a la limitación a 1.000 euros del pago en efectivo

El sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda estima que se podrían recaudar hasta 270.000 millones de euros si se acaba con la economía sumergida. ¿Podemos pensar cuántas ayudas llegarían a las empresas si se dispone de esta cantidad de dinero? Pero la realidad no sería tanto, pongamos que nos ponemos a niveles europeos de países de nuestro entorno y se recaudara la mitad. Ya sería una cantidad muy importante.

Pero es que además en muchos casos esta economía sumergida supone casi 1.000.000 de empleos a jornada completa que no aparecen, que no cotizan a la Seguridad Social, que no tributan tampoco al IRPF. Y aquí tenemos un problema, ya que no es algo que gran parte de la población no ve con malos ojos, no importa si son empresas, autónomos o empleados.

Habitualmente se ha señalado a determinados sectores como construcción, servicios y hostelería donde el porcentaje de economía sumergida era más elevado. Y precisamente alguno de ellos son los más perjudicados por las restricciones y la crisis. ¿Les hará reflexionar sobre la necesidad de pagar impuestos a aquellos que no cumplen escrupulosamente? Lo dudo mucho, más bien al contrario les hará reafirmarse en sus tesis de ocultar al fisco lo máximo posible.

No tiene solo que ver con la pyme. Grandes empresas y grandes fortunas son también en parte responsables de esta economía sumergida. Y a veces se centra más las investigaciones en los más pequeños que son más fáciles de investigar dejando de lado a estas grandes corporaciones.

La realidad es que por mucho que lo digan de esta crisis no saldremos más fuertes. Las empresas españolas seguirán teniendo los mismos problemas, seguirán siendo muy pequeñas y con poca capacidad financiera, más endeudadas y con las mismas prácticas que llevamos haciendo durante años.

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La economía sumergida supone en España una parte importante de las transacciones que se realizan. En total se calcula que puede ascender al 22% del PIB, una cifra muy elevada que en algunos casos hasta triplica la de otros países de la UE. A los autónomos y las pymes muchas veces se les acusa de ser en parte causantes de esta economía sumergida, pero a la vez también son víctimas de la misma.

Porque la economía sumergida implica que todos los trabajos o transacciones que se realizan sin emitir facturas no constan para la Hacienda pública y por lo tanto no se pagan impuestos por ello. Pero también parte de esta economía sumergida son actividades ilícitas que lógicamente nunca pueden estar reguladas ni pagar impuestos por ellos. Desde el tráfico de estupefacientes hasta la prostitución, por citar dos ejemplos.

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¿Menos del 1% de impuesto de Sociedades? Esto es lo que pagan algunas multinacionales españolas

Y aquí es donde el autónomo y la pyme salen perjudicados, especialmente los que pagan religiosamente sus impuestos, porque para financiar los servicios públicos al final se sobrecarga de impuestos a los que si pagan. Y al final se crea una espiral peligrosa, porque como pagamos muchos impuestos, todo lo que pueda ocultar al fisco mejor no lo declaro...

La Agencia Tributaria ha puesto el ojo de Sauron sobre los pequeños comercios y autónomos en los últimos años. Es cierto que la mayoría de las empresas de nuestros países entran dentro de esta categoría, pero bien es cierto que no todas tienen este tipo de prácticas.

Por otro lado, la sensación para las pequeñas es que mientras ellas no se pueden escapar, las más grandes tienen elementos fiscales legales para acabar pagando mucho menos de lo que deberían. Por poner un ejemplo extremo, no parece lógico que una peluquería de barrio pague más que Apple España en impuestos. Y esto no ayuda a acabar con la economía sumergida.

Se están dando pasos para corregir esta situación. Por un lado el SII ya controla gran parte de las facturas emitidas por las grandes empresas. Lo lógico sería que poco a poco se bajaran los límites para incluir cada vez a más organizaciones. Una vez pulido el sistema lo ideal es controlar cada vez más empresas. Otro ejemplo es el ticket BAI que se pondrá en marcha el próximo año en el País Vasco y que obligará a autónomos y pequeños comercios a enviar las facturas en tiempo real a las Haciendas forales.

Pero lo que en realidad hace falta es una política fiscal más justa y una campaña de concienciación para acabar con la mentalidad de que ocultar ingresos al fisco está socialmente bien visto, lo hace todo el mundo y si no lo haces tú, es que eres tonto. Mientras eso no cambie, se seguirá al menos intentando ocultar dichos ingresos.

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Cuando hablamos de la subida del SMI prevista a 1.000 euros para 2020 según la hoja de ruta del Gobierno hay una cuestión que muchas veces no se tiene en cuenta pero que perjudica sobre todo a los más débiles, a aquellos que cobran menos. El peligro de subir el SMI a mil euros está en los trabajadores que pasan a la economía sumergida.

Es algo que ha reconocido el propio Gobierno, donde las estadísticas de la Seguridad Social en el sector de las empleadas de hogar daban cifras de pérdidas de puestos de trabajo en torno a 13.000 cotizantes menos, que se estima que han pasado a la economía sumergida. Siguen trabajando, pero ni cotizan ni les aplican la subida.

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Subida del SMI a 1.000 euros, ¿llegará en 2020 o incluso antes?

Otro sector que sufre de manera notable este incremento del SMI es el agrario, donde en este caso la cifra de empleo que ha pasado a la economía sumergida se estima en más de 4.400. En ambos casos hay que tener en cuenta las desigualdades regionales, ya que la subida del sueldo mínimo a 900 euros puede que no tenga el mismo efecto en Barcelona que en Badajoz.

Significa que todos han pasado a la economía sumergida. No necesariamente, en algunos casos esta subida facilita que otros puestos de trabajo sean más atractivos y puedan ser ocupados por estos trabajadores, pero también que para cubrir las vacantes se acude a una oferta irregular.

Además hay que tener en cuenta que la situación económica también influye, y en un momento de bajo crecimiento, lo que implica que muchas personas que quieran contratar son más reticentes, prefieren ahorrar ese dinero ya que los ingresos futuros no están garantizados.

En todo caso con la hoja de ruta marcada de lograr que el SMI se sitúe en el 60% del salario medio vamos a ver como en los próximos años tenemos subidas significativas. Que en 2020 se llegue a la cifra de 1.000 euros o que se quede más abajo no implica más que en el resto de años hay que subir más si se quiere lograr el objetivo.

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A principios de año entró en vigor un nuevo Plan de Control Tributario que como explica el presidente de los técnicos de Hacienda, Carlos Cruzado, buscará ahora centrarse en grandes patrimonios, rentas y operaciones no declaradas. De esta manera Hacienda pone el foco en la gran empresa y lo aparta de pymes y autónomos.

Esto no significa que vaya a relajar la vigilancia, ya que los pequeños contribuyentes basta con cruzar datos para evidenciar fraude. En todo caso los pequeños ante una Inspección o una propuesta de sanción tienden a acatar y pagar, ya que tienen menos posibilidades de recurrir, menos abogados o fiscalistas en sus nóminas para intentar rebatir el criterio de Hacienda, que no siempre tiene que ser el más correcto.

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Más de la mitad de los autónomos ocultan ingresos según sospecha el Gestha

Lo cierto es que investigar a grandes empresas requiere de más medios. Por un lado suelen ser investigaciones más largas, que dependen en muchos casos de instrumentos financieros y fiscales difíciles de rastrear, algo que no suele ocurrir con las pymes, donde conseguir resultados es más sencillo. A veces basta con una simple carta.

Pero el gran foco de fraude se estima que está en la gran empresa, con un 70% de la economía sumergida. No es tan sencillo de como con las pequeñas empresas y el grado de ocultación, el uso de sociedades pantalla o de paraísos fiscales complican mucho llegar a encontrar este dinero oculto que se estima en un 12% del PIB, cerca de 140.000 millones por los técnicos de Hacienda.

Y la realidad es que se estima que la economía sumergida en España representa el 22% del PIB, el doble que Francia y el triple que Alemania. Además invertir en mejorar la fiscalización sale rentable puesto que por cada euro gastado se recaudan más de 10, lo que no sería una mala opción mejorar el presupuesto de la Agencia Tributaria para poder dotarla de más medios.

Quizás yo me conformaría con que se investigara con el mismo rigor y énfasis a los más grandes que los pequeños. La misma sanción propuesta para una pyme y una empresa no tiene las mismas posibilidades de prosperar, y esto también lo sabe Hacienda. El SII ha sido un gran paso, puesto que con ello se controla el 80% de la facturación, pero lo que se oculta no aparecerá por esta vía.

Si ahora llega una nueva crisis y el estado necesita seguir ingresando a pesar de una menor actividad económica, de algún lado tiene que salir estos tributos. Y la economía sumergida es una tarea pendiente para los diferentes Gobiernos de nuestro país que nunca han querido atacar realmente.

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La economía sumergida es el mal de este país. Y dentro de ella, existe un colectivo como el de las aparadoras de la Vega Baja de Alicante, que han decidido tras décadas de trabajo precario formar una asociación para reclamar sus derechos. El más importante ya lo han logrado, hacerse visibles. Aunque muchos supieran de su existencia, ahora los medios de comunicación están recogiendo sus exigencias, ganadas a pulso.

Cuando una situación se arraiga en un contexto, lo peor es que la costumbre hace normal lo injusto. Como el caso de estas mujeres que llevan décadas trabajando en negro, en sus domicilios con el beneplácito de los empresarios. Mano de obra barata, que saca adelante gran cantidad de trabajo y sin derechos laborales.

La conciliación, la culpable de aceptar pésimas condiciones laborales

¿Pero qué puede empujar a estas mujeres a trabajar horas y horas por un sueldo mínimo y sin protección? El hecho de ser madres, de que no haya otra oportunidad en sus lugares de nacimiento, para poder desarrollar una vida laboral y la costumbre.

Todo tiene un fin e igual que las llamadas kellys alzaron la voz para que todos conociéramos su precaria situación, ahora es el turno de las aparadoras, una profesión muy típica de la Vega Baja donde la industria del calzado es importante.

Trabajar desde los dieciséis años en un oficio te convierte en experto, tras décadas dedicándote a ello aunque no cuentes con una titulación, estas mujeres han sido el motor de la economía de esta parte del país en el sector del calzado pero desde el anonimato.

¿Por qué reivindican sus derechos ahora?

Porque no se ha cumplido el convenio (que existe) para ese trabajo domiciliario que ellas ejercen. Una mujer puede llevar toda su vida trabajando y al llegar la hora de la jubilación ver que su pensión es mínima. Además de que no se reconocen enfermedades propias de desarrollar este trabajo que no es nada fácil.

Problemas de columna, síndrome del túnel carpiano, artrosis y mala circulación sanguínea son algunas de las dolencias que arrastran las trabajadoras del calzado, y que desde esta reciente asociación quieren que se reconozca por la Administración.

Las cooperativas son otra salida, para legalizar su trabajo que consta de cuatro horas en algún contrato (cuando lo hay) pero que en realidad esconden jornadas de más de diez horas. La crisis y la conciliación han sido excelentes excusas para mantener a estas trabajadoras ocultas cobrando salarios mínimos.

El problema viene ahora, ¿cómo resolver una situación que se traduce en 42 años cotizados y que se reflejen sólo 6 en las vidas laborales?

Estas mujeres, sólo son la punta del iceberg de muchísimos casos de economía sumergida conocida por los empresarios, sindicatos y Administración, pero que han permanecido en un secreto a voces, hasta que ellas han decidido hablar claro y reclamar que eso de que el trabajo de la mujer es una ayuda, quedó atrás. ¿Lograrán dignificar sus años de esfuerzo y trabajo? Por lo pronto, los partidos políticos las reciben, ahora falta pasar a la acción.

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Según un informe publicado por el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), la economía B alcanzó en 2012 los 253.000 millones de euros, casi un 25% del PIB, tras haber crecido en 60.000 millones en los últimos cuatro años. Este aumento está provocado, en gran medida, por cuatro factores relacionados: el efecto arrastre posterior al boom inmobiliario, los continuos aumentos impositivos, la corrupción política y la elevada tasa de desempleo. Es decir, tal y como decía Lucerito en un post anterior, la economía "B" crece con la crisis económica.

Si bien es cierto que estos cuatro factores pueden hacer que muchos ciudadanos justifiquen el comportamiento de un colectivo muy castigo por las instituciones, lo cierto es que la economía sumergida es un fraude que está dificultando la supervivencia de muchas otras pymes y autónomos que sí están cumpliendo con sus obligaciones tributarias y que, al fin y al cabo, están pagando la factura derivada de este elevadísimo nivel de fraude fiscal.

Por un lado, los autónomos que facturan en B suponen una competencia desleal con el resto de pymes y autónomos cumplidores, al no tener que hacer frente a los costes tributarios derivados de sus liquidaciones impositivas y, por tanto, tienen la posibilidad de exigir un precio mucho menor a sus clientes. Las pymes, por su parte, no pueden asumir un precio tan bajo y se ven obligadas a perder mucho negocio.

Por otro lado, la máxima de pagan justos por pecadores alcanza su máxima expresión en esta situación; las pérdidas provenientes de la economía sumergida las pagan los que sí cumplen con sus obligaciones, tanto las empresas como los ciudadanos. Los continuos aumentos de cotizaciones sociales e impuestos así lo demuestran.

Estas dos situaciones hacen que la bola de nieve sea cada vez más grande. Cuanto mayor sea la presión fiscal que tienen que aguantar las pymes, mayor será la economía sumergida y, por tanto, mayor será el agujero fiscal que se genera y la competencia desleal a la que tienen que hacer frente las empresas. Y, en este momento, la bola de nieve se ha hecho demasiado grande. Las instituciones complican cada vez más esta situación y el famosísimo con IVA o sin IVA está cada día más de moda.

En Pymes y Autónomos | El lastre de la economía sumergida, La economía 'B' crece con la crisis económica Imagen | stephanrinke