economía sumergida

Se acaba de aprobar, por parte del Consejo de Ministros, el Real Decreto Ley de Medidas para el Afloramiento y Control del Empleo Sumergido. Esta medida estará en vigor hasta el 31 de julio de 2011 e incluye medidas extraordinarias que pretenden el afloramiento del trabajo no declarado, entre las que se incluyen el endurecimiento de las sanciones y el aumento del control de estas situaciones por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Según el Gobierno el Plan pretende combatir los efectos negativos que tiene el mercado del empleo sumergido o no declarado y la competencia desleal que se genera en estos casos y que perjudica a la mayoría de las empresas españolas que actúan legalmente. Además del entorpecimiento de las posibilidades de recuperación económica y de logro de los objetivos nacionales de reducción del déficit público que supone la economía sumergida.

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Tanto el Presidente del Gobierno, tras la reunión del Consejo Europeo, como el Ministro de Trabajo, en la habitual rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, han anunciado la próxima aprobación de un plan de lucha para que aflore el empleo irregular. Hace unos días, C.C.O.O. había propuesto una especie de “amnistía” para aquellas empresas que pudiera tener trabajadores en situación irregular y de esta manera eliminar una gran parte de estas situaciones que contribuyen al gran nivel de economía sumergida que hay en nuestro país.

El Gobierno se niega a promover dicha “amnistía” pero si va a desarrollar un sistema de incentivos para que las empresas legalizen la situación de estos trabajadores, dicho Plan se pondría en práctica desde junio de este año hasta diciembre de 2012.

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Un estudio publicado en el último informe “‘Cuadernos de Información Económica” de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) estima que la economía sumergida mueve en España un 17% del PIB y “ocupa” a cuatro millones de personas. El estudio ha sido realizado por los profesores de la Universidad Rey Juan Carlos, María Arrazola, José de Hevia, Ignacio Mauleón y Raúl Sánchez.

Para hacer este estudio se han utilizado tres metodologías diferentes a la hora de realizar los cálculos y de éstos se concluye que en los últimos 20 años (1980-2008), mientras el volumen de la economía oficial medida por el PIB se ha más que duplicado, el crecimiento de la economía sumergida se ha multiplicado por cuatro.

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Como podéis ver a través de la serie de post que Rbuján está realizando sobre el nuevo Plan de Control Tributario, el Gobierno está decidido firmemente decidido a luchar contra el fraude y la economía sumergida.

Además se han conocido dos noticias más sobre este tema que ponen el acento el mismo, Hacienda recaudó un 23,7% más en 2010 por control del fraude a través de la aplicación del Plan de Prevención de Fraude Fiscal, recaudandose un total de 10.043 millones de euros. por otro lado la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policia Nacional destapó en 2010 fraudes a la Seguridad Social por 94 millones de euros.

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Otro de los puntos en los que se basa el Plan de Control Tributario es la lucha contra la economía sumergida. Esta comprende todas las actividades productivas legales que son deliberadamente ocultadas a las autoridades con el fin de evitar el pago de impuestos y las cotizaciones a la Seguridad Social, así como el cumplimiento de la normativa laboral.

El Plan pretende la detección de actividades económicas no declaradas o en las que la cuantía objeto de declaración sea proporcionalmente muy reducida en relación con la actividad realmente desarrollada. También se perseguirá la identificación de trabajadores falsamente autónomos y el descubrimiento de personas físicas que no declaren las rentas percibidas y que además estén cobrando prestaciones por desempleo o de la Seguridad Social. Para ello se realizarán actuaciones de forma coordinada o conjunta con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social o la Tesorería General de la Seguridad Social.

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Hoy, 7 de febrero, se ha publicado en el BOE el Plan de Control Tributario para 2011 con el que el Gobierno pretende intensificar las medidas de lucha contra el fraude y la economía sumergida. Dicho plan contempla la colaboración entre Hacienda, la Inspección de trabajo y la Tesorería General de la Seguridad Social.

El desarrollo del Plan General de Control Tributario se agrupará en tres grandes ámbitos. El primero llevará a cabo actuaciones de comprobación e investigación sobre el fraude fiscal, principalmente en los sectores o actividades en los que existe una mayor percepción del fraude, como es el caso de los profesionales o los contribuyentes con signos externos de riqueza que no se correspondan con los niveles de renta declarados.

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A partir del próximo mes de marzo, las entidades de crédito tendrán que informar a Hacienda de aquellos cobros y pagos en efectivo que superen los 3.000 euros. De esta manera la Agencia Tributaria podrá controlar y hacer un seguimiento de todos estos movimientos.

Hacienda aprobó el año pasado el modelo 171 de ‘Declaración informativa anual de imposiciones, disposiciones de fondos y de los cobros de cualquier documento’, que se presentará anualmente. El próximo mes de marzo las entidades financieras presentarán este modelo con la información de los movimientos realizados en 2010 y que superen los 3.000 euros.

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Como comentamos en nuestro post anterior, el director de la Agencia Tributaria (AEAT), Juan Manuel López Carbajo, ha informado que Hacienda recaudó, como resultado de su lucha contra el fraude, 8.200 millones de euros durante los diez primeros meses del año. Eso supone un incremento del 25% en comparación con la cifra registrada en el mismo periodo de 2009.

Además, como ya ha comentado Grudiz, López Carbajo ha indicado que los profesionales constituirán uno de los colectivos más vigilados por Hacienda el año próximo. Al parecer los procedimientos que va a utilizar Hacienda en su “vigilancia” a este colectivo van a ser el análisis de los datos de consumo eléctrico, la investigación de la información de las tarjetas de crédito y el análisis de los movimientos bancarios en efectivo superiores a 3.000 euros.

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Hay determinadas lecturas que resultan ser mareantes por el incesante baile de cifras que presentan. Esto me pasó hace unos días leyendo un artículo en Expansión en el que hacían mención a un comunidad de ATA (Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos) acerca de la evolución de la destrucción de empleo entre los autónomos de la zona Eurostat durante el primer semestre.

Realmente para decir, en definitiva, que comienza a haber “brotes verdes” entre los autónomos españoles porque en nuestro país, en este sector, se destruye empleo en la media de los principales países de Europa, es decir, entorno al 1%, no es necesario presentar una prólija lista de 22 porcentajes de distintos países.

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