economía sumergida

El Gobierno, a través de su portavoz Soraya Saez de Santamaría, ha anunciado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de ayer, que se procederán a aprobar nuevas medidas para el control del fraude fiscal y de la economía sumergida. Entre ellas figurará la limitación del pago en efectivo a partir de un determinado importe.

Más allá de que este plan del gobierno no parece ser muy ambicioso, teniendo en cuenta los resultados de los planes puestos en marcha por el anterior gobierno, los técnicos de Hacienda estiman que si la limitación se aplicara a un máximo de 1.000 euros se podrían recaudar 26.000 euros anuales más.

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La semana pasada leí una carta que una recaudadora de impuestos envió al blog de Ignacio Escolar. En esa carta se queja amargamente del fraude fiscal sistemático que autónomos y micro-pymes llevan a cabo. Hace especial mención al sistema de módulos y denuncia, explicitamente, al colectivo de taxistas.

Sin ánimo de polemizar, teniendo en cuenta que estoy de acuerdo en que el sistema de módulos es un auténtico desastre y que no voy a ser tan ingenuo como para negar que hay economía sumergida en muchas actividades que autónomos y pymes realizan, si me gustaría resaltar que me indigna el calificativo de sistemático y el afán que últimamente se pone en destacar a este colectivo como instigador y asíduo beneficiario de las prácticas “en negro”.

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Hace unas semanas, nuestro compañero de El Blog Salmón Javier J. Navarro publicó un post con una serie de propuestas para los que él denominó miniautónomos, aquellas persona que tiene unos ingresos esporádicos demasiado pequeños como para que le merezca la pena darse de alta como autónomo, pagar seguridad social, etc.

Ante algunos mensajes que habéis enviado lo que quiero desarrollar es en qué situación se encontrarían actualmente estas personas si en lugar de realizar estas actividades dentro de la denominada economía sumergida las llevaran a cabo de manera “oficial”. Ingresos por pequeños trabajos, publicidad en blogs o cualquier otra actividad que sólo supone un complemento en los ingresos personales y no un negocio en sí, son los objetos de estas consideraciones.

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Uno de los motivos que últimamente se asocia con la economía sumergida es el efecto de la crisis económica, sin embargo un estudio realizado por FUNCAS parece desmentir esto ya que el índice de economía sumergida en estos momentos es practicamente el mismo que durante el periodo de “bonanza” económica que vivimos en España antes del estallido de la burbuja inmobiliaria y de la crisis financiera.

Dicho estudio utiliza tres métodos diferentes de estimación de la economía no declarada en España y abarca el periodo 1980-2008: el método monetario, el de consumo de energía y el llamado “método de múltiples indicadores y múltiples causas”. Los tres muestran resultados similares y situan la economía sumergida en España en un rango entre el 20% y el 23,7% del PIB en 2008.

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El gerente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), Luis del Amo, se ha manifestado en contra de las medidas del Gobierno encuadradas en el Plan de Control del empleo sumergido alegando que la “amnistia” que el Ejecutivo propone no tendrá el efecto deseado y reclamando más inspecciones para luchar contra esas prácticas.

De igual manera se ha posicionado el vicepresidente del REAF, Rodolfo Molina, que ha afirmado que la crisis ha provocado situaciones muy difíciles que ha llevado a algunas personas a trabajar en negro, lo que, en ningún caso, justifica este tipo de prácticas.

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Tras varias semanas de rumores hoy el Gobierno ha anunciado su Plan de lucha contra el Empleo Sumergido. Se había hablado de que se aprobaría un régimen transitorio de regularización de trabajadores no declarados y que la Seguridad Social ofrecería la posibilidad de pagar las cuotas no declaradas a través de aplazamientos y fraccionamientos de cuotas, sin embargo el Gobierno ha optado por una política de no mirar atrás.

Las empresas no deberán manifestar el tiempo en el que esos trabajadores han estado contratados y no se ha cotizado por ellos, por lo que no habrá que pagar esas cotizaciones atrasadas. Ni aplazamientos ni fraccionamiento, un simple alta y desde ese día el trabajador “empezará” a trabajar en la empresa sin tener en cuenta la situación anterior.

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Se acaba de aprobar, por parte del Consejo de Ministros, el Real Decreto Ley de Medidas para el Afloramiento y Control del Empleo Sumergido. Esta medida estará en vigor hasta el 31 de julio de 2011 e incluye medidas extraordinarias que pretenden el afloramiento del trabajo no declarado, entre las que se incluyen el endurecimiento de las sanciones y el aumento del control de estas situaciones por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Según el Gobierno el Plan pretende combatir los efectos negativos que tiene el mercado del empleo sumergido o no declarado y la competencia desleal que se genera en estos casos y que perjudica a la mayoría de las empresas españolas que actúan legalmente. Además del entorpecimiento de las posibilidades de recuperación económica y de logro de los objetivos nacionales de reducción del déficit público que supone la economía sumergida.

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Tanto el Presidente del Gobierno, tras la reunión del Consejo Europeo, como el Ministro de Trabajo, en la habitual rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, han anunciado la próxima aprobación de un plan de lucha para que aflore el empleo irregular. Hace unos días, C.C.O.O. había propuesto una especie de “amnistía” para aquellas empresas que pudiera tener trabajadores en situación irregular y de esta manera eliminar una gran parte de estas situaciones que contribuyen al gran nivel de economía sumergida que hay en nuestro país.

El Gobierno se niega a promover dicha “amnistía” pero si va a desarrollar un sistema de incentivos para que las empresas legalizen la situación de estos trabajadores, dicho Plan se pondría en práctica desde junio de este año hasta diciembre de 2012.

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Un estudio publicado en el último informe “‘Cuadernos de Información Económica” de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) estima que la economía sumergida mueve en España un 17% del PIB y “ocupa” a cuatro millones de personas. El estudio ha sido realizado por los profesores de la Universidad Rey Juan Carlos, María Arrazola, José de Hevia, Ignacio Mauleón y Raúl Sánchez.

Para hacer este estudio se han utilizado tres metodologías diferentes a la hora de realizar los cálculos y de éstos se concluye que en los últimos 20 años (1980-2008), mientras el volumen de la economía oficial medida por el PIB se ha más que duplicado, el crecimiento de la economía sumergida se ha multiplicado por cuatro.

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