El Gobierno implantará la concesión automática del Ingreso Mínimo Vital (IMV) para las personas que agoten la prestación por desempleo sin haber encontrado trabajo.

La medida se apoya en los sistemas de intercambio de datos entre el SEPE, que gestiona la prestación por desempleo, y la Seguridad Social, que es la entidad que administra el IMV.

Del trámite al cruce de datos

El cambio afecta, principalmente, a parados de larga duración, trabajadores con ingresos irregulares y también a autónomos que cesan actividad y, una vez agotado su paro o el cese de actividad, quedan sin ingresos suficientes. Supone pasar de un IMV dependiente de trámites y solicitudes a un IMV proactivo, que pretende activarse en cuanto la caída de ingresos sea evidente en los datos administrativos.

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La automatización implica que, al agotarse el paro, el sistema verificará automáticamente si la persona cumple los requisitos económicos del IMV, que incluyen umbrales de renta en la unidad de convivencia, límites de patrimonio y fin de la prestación contributiva.

Si todo encaja, el IMV se activará “de oficio” sin que el ciudadano deba iniciar un trámite, lo cual corrige uno de los problemas estructurales del IMV: miles de personas que cumplían requisitos no llegaban a solicitarlo.

Entre los principales beneficiarios están los desempleados de larga duración y aquellos autónomos con ingresos inciertos.

En concreto, la medida beneficiará a:

• Personas que agotan el paro y no cumplen requisitos del subsidio.
• Hogares con caídas abruptas de ingresos.
• Familias monoparentales.
• Jóvenes con alta rotación laboral.
• Autónomos que cierran actividad y pierden la prestación por cese o no logran generar ingresos suficientes.

Para los autónomos, el IMV automático podría funcionar como un colchón de seguridad ante meses sin facturación, cierres o caídas de actividad.

Sin embargo, seguirán aplicándose requisitos clave: nivel de ingresos, patrimonio y composición familiar, por lo que no todos los autónomos que cierren su negocio podrán acceder al IMV.

Cómo funcionará el sistema

El nuevo modelo se basa en cruces automáticos entre las bases de datos del SEPE, la Seguridad Social y Hacienda. Su objetivo es que la activación sea rápida y sin trámites.

Las principales ventajas se traducen en menos burocracia y menos solicitudes rechazadas por errores formales, mayor cobertura real entre población vulnerable y reducción del infrauso del IMV.

No obstante, hay algunas dudas que quedan en el aire, como la gestión de posibles altas y bajas frecuentes en el caso de autónomos con ingresos irregulares, los retrasos en la sincronización de datos entre administraciones y la incertidumbre para compatibilizar el IMV con ingresos esporádicos o empleos de corta duración.

El objetivo de la automatización es evitar los meses sin ingresos entre el fin del paro y la reincorporación laboral, que deberían reducir los escenarios de vulnerabilidad inmediata, especialmente para jóvenes, autónomos y familias monoparentales.

Sin embargo, la medida no aborda problemas estructurales como los bajos salarios, la productividad y la temporalidad, entre otras cuestiones.

En este sentido, la automatización del IMV supone un cambio relevante en la protección social: deja de ser una prestación que depende de trámites individuales para convertirse en una prestación activada por datos.

Para los trabajadores que agotan el paro (incluidos los autónomos) será un alivio inmediato. Sin embargo, su éxito dependerá de la capacidad del sistema para cruzar datos sin errores, garantizar revisiones ágiles y evitar que la automatización genere nuevas brechas en un mercado laboral que continúa siendo frágil y desigual.

El debate sobre las nuevas cuotas de cotización por ingresos reales vuelve a tensarse. En las últimas semanas, la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) ha decidido dar un golpe en la mesa frente al Gobierno y negarse a negociar mientras no se resuelva primero un problema de fondo: el acceso al paro de los autónomos sigue siendo prácticamente inaccesible para la mayoría.

Según la patronal, 6 de cada 10 autónomos no tienen acceso real a la prestación por cese de actividad, lo que complica sobremanera un cambio laboral y supone una cotización mayor para un sistema que no apoya a los trabajadores por cuenta propia en los momentos de mayor necesidad.

Un sistema ineficaz

Hoy por hoy, más de la mitad de los autónomos que solicitan el paro se quedan sin él, pese a haber cerrado su negocio y cotizado para cubrir ese derecho.

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Esta situación contrasta con la protección que reciben los asalariados en caso de despido, y supone que miles de pequeños negocios se enfrenten a cierres sin una red de seguridad mínima.

Según Lorenzo Amor, presidente de ATA, el problema no es nuevo, pero sí urgente: el 60-65 % de quienes lo solicitan no logran acceder a la ayuda, lo que convierte a esta prestación en un mecanismo casi decorativo.

Mientras el Gobierno sigue enfocado en tratar de perfilar el sistema de cotización por ingresos reales, para la ATA y otras organizaciones del sector no tiene sentido seguir adelante si antes no se garantiza el acceso efectivo al paro: "No podemos negociar cuánto pagamos si no sabemos qué protección obtenemos a cambio", resumía Amor en declaraciones recogidas por Mundo Emprende.

Sin embargo, a medida que el verano avanza, todo indica que este debate traerá cola. La UPTA, otra de las asociaciones representativas, coincide en la necesidad de más protección social y propone un sistema más progresivo, donde quienes ingresen más paguen más, y quienes ingresen menos tengan más margen de alivio. Sin embargo, subrayan también que la clave es que los autónomos cuenten con derechos equiparables a los asalariados.

Un laberinto de requisitos

El acceso al paro de los autónomos sigue siendo uno de los puntos más criticados del sistema. La principal razón es que, para poder solicitarlo, la normativa exige haber cotizado al menos 12 meses de forma continuada, estar dado de alta en el RETA y al corriente en el pago de las cuotas.

Además, el trabajador debe justificar el cese de actividad (por causas económicas, técnicas, pérdida de licencia, fuerza mayor, divorcio, violencia de género, etc.) y presentar la solicitud dentro de los plazos establecidos.

A todo ello se suma la obligación de firmar un compromiso de actividad, que implica participar en programas de formación, orientación o reinserción laboral. Todo ello configura un entramado burocrático que, en la práctica, convierte en muy difícil acceder a una ayuda que debería funcionar como red de seguridad.

Las consecuencias son claras: más del 60 % de las solicitudes de cese de actividad acaban rechazadas por la Seguridad Social, según diferentes análisis. Los motivos más frecuentes son no cumplir con la cotización continuada, no poder acreditar suficientemente el motivo del cierre o arrastrar pequeñas deudas con la Seguridad Social.

Esto ha generado una paradoja: existe un fondo millonario acumulado para cubrir estas prestaciones, la mayor parte queda sin utilizar porque la mayoría de los trabajadores por cuenta propia no logra superar las trabas administrativas. En pocas palabras, el paro de autónomos se convierte así en un derecho reconocido sobre el papel, pero de muy difícil acceso en la realidad.

Un contraste con el mercado laboral

El debate llega en un momento paradójico. Según la última Encuesta de Población Activa (EPA), España superó en julio por primera vez los 22 millones de trabajadores en activo y redujo la tasa de paro al 10,29 %, el nivel más bajo desde 2007. Sin embargo, este dinamismo no se traslada a los autónomos, que continúan perdiendo efectivos y, lo que es más grave, siguen sin acceso real a una prestación básica.

Las principales demandas son claras:

• Simplificar los requisitos para acceder a la prestación por cese de actividad
• Garantizar un subsidio específico, similar al de mayores de 52 años que sí tienen los asalariados
• Un marco estable y duradero de cotizaciones, que no cambie cada pocos meses
• Apoyo al relevo generacional, evitando que miles de negocios desaparezcan al llegar la jubilación de sus titulares

De nuevo, desde la ATA y otras asociaciones se apunta a que más allá de las cuotas futuras, está en juego la confianza en el sistema. Si un autónomo paga lo mismo que un trabajador por cuenta ajena, pero no recibe la misma protección, el modelo se resquebraja.

Por todo ello, antes de hablar de nuevas cargas fiscales, se insiste en resolver primero lo básico: un paro de autónomos real, accesible y efectivo.

En julio de 2025, España registró la pérdida de 7.286 autónomos, lo que equivale a 235 bajas diarias. Este es el peor dato en este mes de los últimos tres años y refleja una tendencia que empieza a preocupar tanto a las asociaciones como a las instituciones públicas.

Si bien el número total de trabajadores por cuenta propia se mantiene en torno a los 3,37 millones, la realidad es que el crecimiento ha quedado estancado y, lo que es más grave, no hay relevo generacional: crecen los autónomos mayores de 56 años, pero descienden con fuerza los que tienen entre 36 y 45, según los datos del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social.

En números rojos

El mal dato de julio no es un hecho aislado. El pasado enero ya cerró con un balance negativo: 17.815 autónomos menos respecto a diciembre, lo que supuso uno de los descensos más intensos en la última década, según informó la ATA.

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Esto ha supuesto uno de los descensos más intensos de la última década y reflejó una tendencia que se ha ido consolidando a lo largo del año: más bajas que altas, sobre todo, en sectores como el comercio, la hostelería y las actividades vinculadas al consumo interno.

En la práctica, significa que cada vez son más los autónomos que abandonan la actividad, bien por jubilación sin relevo, bien por falta de rentabilidad, mientras que los nuevos emprendedores no compensan esas salidas.

Por comunidades autónomas, la situación es especialmente dura en Castilla y León, que perdió un 0,5 % de su tejido autónomo en apenas cuatro meses.

Detrás de la caída

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha sido claro: el problema no es solo la coyuntura económica, sino una carga fiscal y burocrática excesiva, que golpea con más fuerza a los pequeños negocios.

Todo ello está produciendo una pérdida sostenida de autónomos empleadores, lo que significa menos capacidad para generar puestos de trabajo en el futuro.

El contraste entre el crecimiento de empleo en grandes empresas y la caída entre autónomos y pymes pone de relieve una brecha que preocupa al sector. Amor concluía que para los pequeños negocios la batalla se centra en mantener empleo, ni tan siquiera en crear nuevos puestos ya.

Sin embargo, la caída de autónomos supone un riesgo real para el tejido económico local, que se traduce en menos emprendimiento (menor posibilidad de generar proyectos propios), fuga de talento menor de 45 años, que no encuentran incentivos, y un alto impacto en zonas rurales, donde las pymes son la base de la actividad económica.

La visión de la patronal

Desde la ATA, la CEOE o la UPTA se sigue insistiendo en medidas estructurales, como las bonificaciones reales en las cuotas de la Seguridad Social, un marco estable que no cambie cada pocos meses y verdadero apoyo al relevo generacional.

Uno de los grandes retos para sostener el trabajo autónomo es el relevo generacional. En Aragón, la Diputación de Huesca y los grupos Leader han puesto en marcha un plan dotado con 300.000 euros anuales durante tres años para identificar negocios en riesgo de cierre y facilitar que nuevos emprendedores los asuman, con especial atención al medio rural. A su vez, en Extremadura, el Gobierno regional ha licitado un programa que busca emparejar a autónomos próximos a jubilarse con jóvenes interesados en continuar la actividad, ofreciendo acompañamiento y asesoría durante el traspaso.

En este sentido, la pérdida de más de 7.000 autónomos en un solo mes debería encender las alarmas: no se trata de un ajuste puntual, sino de un síntoma de fragilidad estructural en el modelo económico español.

A la falta de estabilidad normativa se suma la dificultad para garantizar el relevo generacional en miles de pequeños negocios, desde comercios urbanos hasta explotaciones agrícolas en el medio rural.

Si no se refuerza el apoyo real al autoempleo y a las pymes, España corre el riesgo de vaciar su tejido emprendedor, un pilar esencial para la creación de empleo y la cohesión territorial. Hoy es otro aviso; mañana, puede ser demasiado tarde.

El Ministerio de Trabajo está por la labor de agilizar los ansiados trámites por parte del colectivo de los autónomos para que también tengan derecho a la prestación por desempleo, y todos los trámites oportunos se quieren realizar antes de final de año.

La propuesta que planea sobre el colectivo es establecer una cotización adicional del 3% sobre la base de cotización de autónomos, para poder recibir un 70% de dicha base en situación de desempleo durante seis meses. Para las bases de cotización mínimas que en la actualidad son de 817 euros a este régimen implica:

• Aumentar la cotización mensual en 24,51 euros.

• Recibir en concepto de desempleo 572 euros durante seis meses.

Aún aprobando estas medidas a finales de año, hasta principios del 2.010 no se podría hacer efectiva la situación de cobro del desempleo porque en primer lugar se tiene que preparar el fondo de pago de dichas prestaciones, y en segundo lugar, se tienen que establecer unos periodos mínimos de cotización al régimen para cobrar el desempleo.

Lo único que no me termina de cuadrar de toda la medida, es que sólo se podrán acoger al desempleo de autónomos aquellos que cesen su actividad por causas involuntarias. Para los autónomos dependientes, demostrar este extremo es muy fácil, porque si reciben sus ingresos única y exclusivamente de una o dos empresasw, si esta empresa les rescinde el contrato o cierra, se acabó el negocio, pero ¿que ocurre con los autónomos de a normales?

Ls única vía posible para demostrar que se cierra un negocio involuntariamente es a partir de los resultados del propio negocio. Aquí se puede crear un problema ¿Cómo demuestra un comerciante que tributa en módulos que no vende ni para pipas? ¿Y un hostelero?

Es decir, todos los autónomos que tienen establecido un beneficio precalculado, independiente de las ventas reales que realicen así como del hipotético beneficio o pérdida que consigan con su actividad no tengo claro que mecanismo va a proponer el ministerio para demostrar que el cierre del negocio es una cuestión involuntaria.

El próximo día 25 de noviembre, el ministerio publica un dossier mucho más extenso y completo que estaremos atentos a analizar con detalles, dado que se va a cubrir una de las reivindicaciones máximas del sector de todos los autónomos de este país.

En Pymes y Autónomos | ¿Puede un autónomo cobrar el desempleo?
Vía | La Voz de Galicia