Yo acuso es el título de una carta dirigida al Presidente de la República Francesa en 1898. En la misma, publicada en el periódico LÁurore, el famoso escritor Emile Zola denunciaba ante la opinión publica la conspiración antisemita contra el capitan Dreyfuss, y que implicaba a las altas esferas de un régimen decadente y corrupto.

Es una pena que no tenga ni un miligramo del talento del autor galo. Es una lastima que esta sociedad este tan embotada por el intervencionismo que se niegue a reaccionar incluso cuando la injusticia es tan sumamente evidente. Y sin embargo, sabiendo que todo ello es así, me llena de indignación la noticia que, con total desvergüenza, se publica en el Cinco Días, con un total espíritu acrítico. Y es entonces cuando no puedo menos de acusar al Estado español de jugar sucio con las empresas españolas.

En ella, con sumo descaro, como celebrando algo, se nos recuerda como hace 10 años Correos, o lo que es lo mismo, el Estado Español, la Administración Pública, no contenta con el monopolio legal que ostenta, entró en el mundo de la paquetería urgente. Lo hizo a través de la filial española de La Poste (la versión francesa de Correos), Chronopost. A la sociedad española, controlada y gestionada por Correos, se le cambió el nombre por el de Chronoexpress.

Pues bien, Chronoexpress ha tardado 10 años en ser rentable. Una década en la que ha sobrevivido gracias a las permanentes inyecciones de capital de su matriz, Correos. Una década en la que ha competido en dicho mercado, feroz donde los haya, gracias a las transfusiones financieras que recibía de un monopolio público, lo que le permitía lanzar ofertas agresivas. Un operador público que ha jugado a la empresa privada sin someterse a a las mismas reglas de juego que los demás.

Evidentemente el sacrificio de Correos tenía un fin. Hacer de Chronoexpress una de las piezas angulares que permita sobrevivir a Correos ante la próxima liberalización de su mercado cautivo, ante la guerra postal que se avecina. Durante estos años Correos ha dopado con dinero fácil a una empresa deficitaria, con el fin de convertirla en un puntal con el que contar cuando llegase esa palabra que tanto odian los intervencionistas y los amantes de lo público: competencia.

Yo acuso a Chronoexpress de una falta de competencia ética.

Yo acuso a Correos de haber practicado dumping empresarial.

Yo acuso a los organismos competentes en materia de Competencia de mirar para otro lado.

Yo acuso al Estado de haber permitido con ello que empresas privadas hayan atravesado por serias dificultades, que hayan desparecido, por no poder soportar la competencia de un mercado donde no todos juegan con las mismas reglas.

Yo acuso a la Unión Europea de permitir este tipo de prácticas y negar lo evidente. Es curioso como esta tendencia francesa a mezclar lo público y lo privado lo contamina todo.

¿Cómo esperan que luego alguien sea empresario?

Vía|Cinco Días

Peligroso precedente

No conozco el ordenamiento jurídico alemán ni la legalidad o ilegalidad del procedimiento empleado, pero el mecanismo empleado es equiparable a la forma de actuar de D. Vito Corleone. Crucemos los dedos para que no extienda por Europa y España.  

Y digo crucemos los dedos, porque tal y como Oscár nos comentó con este mismo caso, las denuncias a la Agencia Tributaria, no tienen repercusiones económicas para el denunciante, ni información sobre los acontecimientos que puedan ocurrir a posteriori de la denuncia. No existe empresa que no tenga algún desliz fiscal: “Quien no tenga pecados que tire la primera piedra”, dijo alguien hace mucho tiempo, y en España, según las estadísticas, no tenemos pecados, sino que somos “los principales accionistas del infierno”.

¿Que sucedería si un contable o personal de administración pudiera vender a Hacienda los trapos sucios de vuestra empresa? ¿Os fiariais de vuestros asesores, economistas o empleados de la propia empresa?. Evidentemente, la mayoría de empresarios se tendrán que hacer contables y expertos fiscales antes que meter a un “traidor en casa”, o se olvidan de “tributar al margen de la ley”, porque en este país, la ética de la inmensa mayoría, se mide en euros. La diferencia está en la cantidad de euros por los que cambiamos de opinión, sólo es esa.

Pero no obstante, no me parece una medida mala, es más la veo con más justicia que muchas de las que se imponen. Si el empresario se enriquece mediante métodos ilícitos, ¿por qué no favorecer a quien lo impida?. El fin justifica los medios, y parece ser que en la guerra contra el fraude se obtienen mejores resultados luchando con las mismas armas.

Es más en España, ya se están proporcionando algunas ventajas a los denunciantes de delitos, no en el ámbito tributario, pero si en competencia. Con la aprobación del reglamento de “La Ley de Defensa de la Competencia”, se procede  a eximir de sanciones  a las “empresas chivatas”, que denuncien la formación de cárteles en el mercado, mediante el articulado de un “sistema de clemencia”. 

Imagen: Secuencia de “El Padrino”.