denuncia

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo, fallando en contra de lo dictado anteriormente por la Audiencia Nacional, ha estipulado mediante una sentencia del 14-03-11 que los días de asuntos propios no pueden ser considerados como tiempo efectivo de trabajo y por tanto son recuperables a efectos de cumplir con la jornada laboral mensual o anual.

Esto sería así aunque el convenio estipule que son días de permiso retribuido y aunque la empresa haya estado actuando de forma contraria como fue en el caso que dio pie a la sentencia.

Cuando la empresa cambió su criterio el sindicato realizó la denuncia que fue apoyada por la Audiencia Nacional tras lo cual se interpuso un recurso al considerar que la organización actuaban en razón al derecho.

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Este fin de semana, en un viaje por tierras sevillanas, cogimos un taxi cuatro personas para desplazarnos desde el hotel al centro para cenar. Nos subimos, le damos la dirección, el taxi arranca pero este taxi llevaba ocultos los cinturones de seguridad traseros con una funda. Coincide que en el asiento central posterior se colocó Daniel Seijó, un verdadero gurú del mundo del motor y que le preocupa su seguridad, hasta el punto de ponerse de manera automática el cinturón incluso para desplazamientos cortos urbanos (vamos, tal y como deberíamos hacer todos), pero claro, en este taxi no se podía colocar el cinturón y se lo dijo al taxista.

La protesta de Dani, no se hizo esperar y la solución del taxista fue la rápida. “No te preocupes que aquí no multan por eso” con un tono de chulería bastante desagradable. Es probable que en Sevilla no multen por ese motivo, no lo discuto dado que no lo sé, pero el problema radica en la propia seguridad del cliente, no en la economía de las multas.

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Quien más quien menos siempre ha tenido alguna experiencia inédita con alguna Administración Pública, local, autonómica o estatal. En este caso quiero hacer referencia al enmarañamiento normativo que tenemos en España, donde la legislación estatal se completa y desarrolla a nivel autonómico y la mayoría de las veces, ni siquiera es coincidente entre las diferentes comunidades autónomas.

El despropósito que voy a relatar sucede en la Comunidad de Madrid y os puedo asegurar que para quienes decidan arriesgarse es un negocio bastante lucrativo con una inversión mínima. El negocio en particular es el arrendamiento de las viviendas de VPO, sobre este tema realmente hay mucha leyenda urbana, que si hay que alquilarlas en negro, sin contrato, y por supuesto, siempre a gente de confianza.

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Una jueza de Úbeda ordenó el precinto de una perfumería y una droguería por suponer que vendían imitaciones. El problema tiene su origen en unas rencillas comerciales surgidas a raiz de una solicitud de cambio del perfume una vez usado sustancialmente, achacando “que no olía bien”.

La jueza, llevando a cabo un manifiesto abuso de poder, consiguió que los dueños de la perfumería le devolviesen el dinero pagado por el perfume y al día siguiente mandó orden de precinto contra los dos establecimientos que regentaba el dueño. Lo peor de todo este caso, es que los propietarios agraviados en este atropello, no iniciaron ningún tipo de acción legal contra la jueza, después de tener ocho días las dos tiendas cerradas de malas maneras. Ha sido el Consejo General del Poder Judicial quién ha actuado de oficio en este caso.

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Llevo un tiempo colaborando como editor en El Blog Salmón, (os lo recomiendo si no estáis ya en él por cierto) y en muchos posts de los que se hacen que tienen un poco de polémica, se nota un cierto rechazo y una mala imagen empresarial. Lógico, ahí no son todos empresarios o autónomos.

Sin ir más lejos, hay gente por ahí que quiere desprestigiar la figura del empresario, o incluso terroristas que justifican ante un juez que al empresario sólo se le podía tirar a matar no para herirlo. Por el resto, una parte de la sociedad no quiere o simplemente no puede eliminar la imagen de empresario explotador, negrero, defraudador, llorón…. y todos los adjetivos que se os pasen por la cabeza. Y esto tiene que cambiar.

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Yo acuso es el título de una carta dirigida al Presidente de la República Francesa en 1898. En la misma, publicada en el periódico LÁurore, el famoso escritor Emile Zola denunciaba ante la opinión publica la conspiración antisemita contra el capitan Dreyfuss, y que implicaba a las altas esferas de un régimen decadente y corrupto.

Es una pena que no tenga ni un miligramo del talento del autor galo. Es una lastima que esta sociedad este tan embotada por el intervencionismo que se niegue a reaccionar incluso cuando la injusticia es tan sumamente evidente. Y sin embargo, sabiendo que todo ello es así, me llena de indignación la noticia que, con total desvergüenza, se publica en el Cinco Días, con un total espíritu acrítico. Y es entonces cuando no puedo menos de acusar al Estado español de jugar sucio con las empresas españolas.

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Peligroso precedente el que ha sentado el gobierno alemán, al comprar información “supuestamente robada” para demostrar fraude fiscal y evasión de capitales perpetrado por un millar de empresarios. Funcionamiento equiparable a los mafiosos más afamados, y un sistema tan bueno como otro cualquiera para favorecer la comisión de múltiples delitos en la sociedad.

No conozco el ordenamiento jurídico alemán ni la legalidad o ilegalidad del procedimiento empleado, pero el mecanismo empleado es equiparable a la forma de actuar de D. Vito Corleone. Crucemos los dedos para que no extienda por Europa y España.  

Y digo crucemos los dedos, porque tal y como Oscár nos comentó con este mismo caso, las denuncias a la Agencia Tributaria, no tienen repercusiones económicas para el denunciante, ni información sobre los acontecimientos que puedan ocurrir a posteriori de la denuncia. No existe empresa que no tenga algún desliz fiscal: “Quien no tenga pecados que tire la primera piedra”, dijo alguien hace mucho tiempo, y en España, según las estadísticas, no tenemos pecados, sino que somos “los principales accionistas del infierno”.

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