España y sus contradicciones. Mientras el número de trabajadores por cuenta propia alcanza cifras nunca vistas, el entorno en el que éstos desarrollan su actividad se vuelve cada vez más complejo, exigente y restrictivo.

El autoempleo crece, sí, pero lo hace en un contexto marcado por una elevada presión fiscal, un sistema de cotizaciones en constante revisión y una sensación generalizada de falta de respaldo institucional.

Los últimos datos oficiales confirman esta realidad dual. Por un lado, el colectivo de autónomos sigue demostrando una enorme capacidad de resistencia y adaptación, incluso en un entorno económico incierto.

Por otro, las condiciones para emprender continúan deteriorándose, lo que genera una paradoja difícil de sostener a medio plazo: nunca hubo tantos trabajadores por cuenta propia y, al mismo tiempo, nunca fue tan complejo mantenerse como tal.

El récord histórico que confirma el peso del autoempleo

Las cifras publicadas por la Encuesta de Población Activa correspondientes al cuarto trimestre de 2025 reflejan con claridad esta situación. Según los datos analizados por la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores, el número de personas dadas de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos alcanzó los 3.294.900, el volumen más elevado registrado hasta la fecha.

Solo en los últimos tres meses del año se incorporaron más de 22.000 nuevos autónomos, lo que supone un crecimiento intertrimestral cercano al 0,7 %.

En términos interanuales, el incremento fue aún más significativo, con casi 37.000 personas más trabajando por cuenta propia, un avance que consolida al autoempleo como uno de los motores que sostienen el mercado laboral español.

Desde la organización destacan que este crecimiento demuestra la capacidad de adaptación del colectivo y su papel clave en la economía productiva.

Sin embargo, también subrayan que esta evolución positiva no puede ocultar una realidad mucho más compleja, marcada por una protección social insuficiente y por un modelo que sigue cargando sobre los autónomos gran parte del esfuerzo económico.

Un crecimiento que no oculta las carencias estructurales

A pesar del aumento de afiliados, el diagnóstico de fondo es menos optimista. Uatae ha insistido en que una parte muy significativa de los trabajadores por cuenta propia desarrolla su actividad en condiciones precarias, con ingresos inestables y una cobertura social claramente inferior a la del trabajo asalariado.

La organización subraya que siguen pendientes cuestiones clave como la mejora del cese de actividad, la equiparación del subsidio para mayores de 52 años o el perfeccionamiento del sistema de cotización por ingresos reales.

El avance del número de autónomos, lejos de reflejar un entorno favorable al emprendimiento, responde en muchos casos a la falta de alternativas laborales.

El emprendimiento, una carrera de obstáculos

Esta percepción se ve reforzada por los datos del Informe GEM España 2024-2025, elaborado por el Observatorio del Emprendimiento.

Este estudio revela que el porcentaje de personas que planean iniciar un negocio en los próximos tres años apenas supera el 11%, una cifra que se mantiene estancada desde hace más de una década y que contrasta de forma notable con la media europea, situada cerca del 40%.

Las razones de esta brecha son conocidas. La complejidad administrativa, la sobrerregulación, la escasa proporcionalidad entre lo que se paga y lo que se recibe, las dificultades de acceso a financiación y una fiscalidad considerada excesiva actúan como freno al emprendimiento.

Cotizaciones al alza y mayor presión fiscal

A este escenario se suma la política seguida por el Gobierno en materia de cotizaciones. Bajo el argumento de reforzar la protección social y garantizar la sostenibilidad del sistema, el Ejecutivo ha impulsado un nuevo modelo que incrementa de forma progresiva las cuotas de los autónomos.

Según las previsiones presentadas por el Ministerio de Seguridad Social, las bases mínimas y máximas continuarán aumentando hasta 2028, lo que supondrá un esfuerzo adicional de miles de millones de euros para el colectivo.

El nuevo esquema plantea cuotas que arrancan en algo más de 217 euros mensuales para los ingresos más bajos y superan los 1.200 euros en los tramos superiores en apenas tres años.

En conjunto, la recaudación prevista se incrementaría en más de 5.700 millones de euros, una carga que las asociaciones consideran desproporcionada en relación con las prestaciones recibidas.

Además, buena parte de los autónomos sigue sin poder acceder al cese de actividad, a pesar de cotizar por él, y continúa soportando obligaciones fiscales como el IVA incluso en niveles de facturación reducidos, una situación que en otros países europeos está exenta o notablemente suavizada.

España frente al modelo europeo

La comparación con otros países de la Unión Europea deja en evidencia las debilidades del sistema español.

En Francia, las cuotas dependen del volumen de negocio y del tipo de actividad, con porcentajes claramente definidos. En Italia, quienes ingresan menos de un determinado umbral quedan exentos de cotizar. En Alemania, la contribución mínima es muy inferior a la española, y en Portugal las cuotas se ajustan de forma flexible a los ingresos reales.

Frente a estos modelos, el sistema español impone una carga fija elevada que penaliza especialmente a quienes tienen ingresos bajos o irregulares.

Esta rigidez convierte a España en uno de los países más caros para emprender, una circunstancia que desincentiva la creación de nuevos negocios y dificulta la consolidación de los existentes.

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La Seguridad Social prevé un aumento cercano al 42 % en la recaudación procedente de los salarios más altos a partir de 2026. El dato ha reabierto el debate sobre el impacto de las cotizaciones sociales en las empresas y, en especial, en las pymes con perfiles cualificados, donde el coste laboral tiene un peso determinante, y donde el próximo año se debatirá, de nuevo, una subida del SMI.

Conviene matizar el titular: no se trata de una subida directa del 42 % en las cotizaciones individuales, sino del efecto agregado de varias medidas ya aprobadas. Comprender este matiz es clave para valorar su impacto real en los costes empresariales.

De dónde sale este 42 %

El incremento de la recaudación responde a la acumulación de cambios estructurales en el sistema. Por un lado, el destope progresivo de la base máxima de cotización, incluido en la reforma de las pensiones, hace que una parte cada vez mayor de los salarios altos pase a cotizar. Por otro lado, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) añade un recargo adicional que se irá incrementando de forma gradual.

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Jubilarse dos años antes puede recortar casi un 20 % la pensión, incluso tras haber cotizado más de 40 años

El resultado es que, sin un aumento brusco de tipos, la aportación total asociada a los sueldos más altos crece con fuerza. Este planteamiento figura en la documentación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y en la normativa publicada en el BOE sobre bases y tipos de cotización:

Cabe destacar que el impacto no es generalizado, sino que afectará, en esencia, a empresas con trabajadores cuyos salarios se sitúan en torno a la base máxima de cotización o la superan. En la práctica, esto pone el foco en pymes con pocos empleados, pero sueldos elevados, como consultoras, ingenierías, despachos profesionales o empresas tecnológicas.

Mayor coste por trabajador

Desde la perspectiva empresarial, el cambio se traduce en un mayor coste total por trabajador, incluso con salarios brutos estables. Parte del incremento recae sobre la empresa y parte sobre el empleado, pero el efecto final es una presión adicional sobre los costes laborales.

En pocas palabras, el coste puede aumentar, aunque la plantilla no crezca: mantener el mismo equipo con salarios altos será, año a año, más caro en términos de cotizaciones, lo que obliga a recalcular presupuestos y márgenes.

Este ajuste llega en un momento en el que muchas pymes todavía están absorbiendo el impacto de subidas previas de cotizaciones y del salario mínimo, lo que complica la planificación financiera, especialmente en sectores intensivos en talento. Diversos análisis han advertido de que la acumulación de cambios en los costes laborales, más que una medida aislada, es lo que está tensionando los márgenes de pequeñas y medianas empresas.

A diferencia de otras decisiones de corto recorrido, el aumento de la recaudación ligado a los salarios más altos responde a una senda conocida y progresiva, que ya se definía en la reforma de las pensiones.

Para las pymes, la clave no está en el debate político, sino en anticipar estos cambios en la planificación a medio plazo: revisar estructuras salariales, calcular el coste real de nuevas contrataciones cualificadas y asumir que el impacto de las cotizaciones será acumulativo en los próximos ejercicios.

El refuerzo de los ingresos de la Seguridad Social es uno de los pilares del nuevo modelo de pensiones y todo apunta a que las cotizaciones asociadas a los salarios más altos seguirán ganando peso en los próximos años. 

Para muchas pymes, entender bien de dónde sale ese 42 % y cómo se traslada al día a día del negocio será clave para tomar decisiones informadas en 2026, en un contexto de costes laborales crecientes y márgenes cada vez más ajustados.

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Lorenzo Amor, presidente de la ATA, ha vuelto a ser noticia tras poner el foco en la carga fiscal del colectivo. 

En una reciente aparición relacionada con la edición XXIV de los Premios Autónomo del Año, afirmó que los autónomos “pagan más de la mitad de todo lo recaudado en España”, en un contexto de críticas al Gobierno por el aumento de cotizaciones y la presión fiscal sobre los pequeños negocios.

Qué dijo Amor y por qué genera debate

La declaración ha tenido amplia repercusión en redes y medios, reavivando un debate clásico: ¿pagan realmente los autónomos más que nadie? Los datos de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social muestran un escenario muy diferente al descrito por el presidente de ATA.

Amor y buena parte del colectivo de trabajadores por cuenta propia sostienen que el peso contributivo de los autónomos es desproporcionado respecto a los servicios y coberturas que reciben: el acceso limitado al paro o cese de actividad es solo la última de una larga lista de batallas con la Administración.

En Pymes y Autonomos

La Seguridad Social rectifica a los pocos días. Las subidas por tramos serán menores y congelará las cuotas de los autónomos que menos ingresan

Sin embargo, hablar de que los autónomos aportan “más de la mitad de todo lo recaudado” no se sostiene con los datos disponibles. 

Según el Informe Anual de Recaudación Tributaria 2023 de la Agencia Tributaria, los ingresos tributarios ascendieron a 271.935 millones de euros, impulsados sobre todo por el IRPF (42 %), el IVA (33 %) y el Impuesto de Sociedades (10 %), además de los tributos especiales y otras figuras menores. El Ministerio de Hacienda aún no ha publicado el cierre de 2024, aunque los informes mensuales de recaudación de 2025 apuntan a un crecimiento sostenido.

Por su parte, los registros de la Seguridad Social muestran que en mayo de 2025 había 3,4 millones de personas afiliadas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), frente a más de 21,9 millones de afiliados totales al sistema. 

No obstante, los informes públicos no desglosan la recaudación del IRPF o del IVA por tipo de contribuyente, por lo que no es posible conocer con precisión qué porcentaje corresponde a autónomos y cuál a asalariados.

En materia de cotizaciones, el Presupuesto de la Seguridad Social para 2024 cifra los ingresos previstos por cotizaciones en 152.075 millones de euros, de los cuales 12.038 millones proceden del RETA y 116.329 millones del Régimen General, además de otras partidas (como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional o las contingencias profesionales). En ejecución, hasta agosto de 2025, las cotizaciones acumulan 117.248 millones, según La Moncloa.

En conjunto, los datos disponibles no permiten calcular con exactitud qué parte del total recaudado corresponde al colectivo de autónomos. Lo que sí reflejan es que su esfuerzo fiscal medio —en proporción a los ingresos netos y con menos deducciones o protección social— es elevado. Parte de la recaudación empresarial (como el Impuesto de Sociedades, el IVA o los tributos especiales) también sale, indirectamente, de los bolsillos de autónomos societarios y pequeños negocios, lo que alimenta la sensación de que el peso contributivo recae en exceso sobre ellos.

Se percibe que el autónomo “paga más”

Si bien los datos no respaldan la magnitud de la afirmación de Lorenzo Amor, el malestar del colectivo tiene una base clara en la carga relativa que soportan.

Los autónomos asumen costes fijos mensuales, independientemente de su facturación, como la cuota de cotización al RETA, las liquidaciones trimestrales de IVA o los pagos fraccionados de IRPF, sin el margen de maniobra fiscal que disfrutan muchas sociedades.

Además, pese a contribuir de forma obligatoria, disponen de menos protección social, especialmente en bajas médicas, cese de actividad o pensiones, según los propios informes de la Seguridad Social. Esta combinación alimenta la sensación de “pagar mucho y recibir poco”, una percepción que se intensifica con cada revisión del sistema de cotización.

El incremento de ingresos fiscales en 2025 (explicado por el crecimiento del empleo y las bases de cotización, según El País) ha coincidido con la regularización de las bases mínimas en el RETA y la aplicación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), dos medidas que muchos profesionales interpretan como una nueva subida indirecta de cuotas.

El impacto real de los autónomos en las arcas públicas va, no obstante, más allá de lo que declaran en impuestos personales. Parte del IVA recaudado por el Estado procede de operaciones entre autónomos y consumidores finales, y muchos profesionales actúan como retenedores y transmisores de tributos en nombre de otros (empleados, clientes o proveedores).

Esta función de intermediación fiscal, esencial en cualquier economía de mercado, no implica que sean quienes soportan la carga final, pero sí que contribuyen al funcionamiento del sistema tributario. No existen estimaciones oficiales sobre el valor exacto de esa aportación indirecta —ni la Agencia Tributaria ni el Banco de España publican un cálculo de este tipo—, aunque diversos analistas reconocen que su peso económico supera con creces su volumen demográfico.

En términos estrictos, por lo tanto, los autónomos no pagan la mitad de los impuestos del país, pero sí sostienen una parte fundamental de la actividad económica que permite que esa recaudación exista: son quienes facturan, emplean y generan consumo en una amplia red de pequeñas empresas y profesionales.

Una presión fiscal alta (y mal repartida)

El debate sobre “quién paga más” seguirá abierto mientras la diferencia entre cifras absolutas y esfuerzo relativo no se resuelva. Un debate recurrente en España.

Los autónomos no son el principal sostén fiscal del Estado, pero sí uno de los colectivos con mayor carga proporcional respecto a sus ingresos reales y menor margen de deducción.

En plena negociación de los nuevos tramos de cotización 2026-2028, las cifras oficiales dejan claro que la clave no está solo en cuánto aportan en volumen, sino en cómo se distribuye la carga fiscal y social entre trabajadores, empresas y pequeños negocios. Y aquí los autónomos reclaman lo mismo de siempre: un sistema más justo, estable y predecible, que no penalice al que emprende o sostiene su propio empleo.

El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha dado un paso atrás en su plan de subida de cuotas para los trabajadores por cuenta propia. Tras la polémica generada por el borrador de tablas 2026-2028 que analizamos en este blog la semana pasada, el Gobierno plantea ahora congelar las cuotas de los autónomos con ingresos más bajos, una decisión que afectará especialmente a quienes declaran rendimientos inferiores a 1.166 euros mensuales.

La medida llega en plena negociación con las asociaciones de autónomos y busca reducir la tensión tras la negativa de ATA a participar en las reuniones de la mesa de diálogo. Los tramos medios y altos, sin embargo, sí sufrirán ligeros incrementos de entre 2,5 y 14,75 euros al mes; sin embargo, un gran porcentaje de los trabajadores por cuenta propia mantendrán sus cuotas el próximo año.

Qué propone ahora la Seguridad Social

El nuevo planteamiento del Ministerio busca preservar el equilibrio financiero del sistema sin cargar sobre los autónomos con menos ingresos. De este modo, se congelarán las cuotas de los tres primeros tramos —hasta 1.166 €/mes de rendimientos netos— y se aplicarán subidas moderadas del 1 % al 2,5 % en los niveles superiores.

En Pymes y Autonomos

Baleares, Andalucía y Valencia concentran el 90 % del crecimiento de los autónomos. Estas son las razones por las que han aumentado más en estas zonas

Este es un giro de ciento ochenta grados frente al borrador inicial, que preveía incrementos de hasta 35 % en algunos casos en los próximos tres años. La propuesta actual se limitaría al primer año del ciclo (2026) y no incluye por ahora una revisión automática para los ejercicios siguientes.

El cambio responde al malestar generalizado entre los trabajadores por cuenta propia tras conocerse las previsiones de subida. Organizaciones como ATA y UPTA reclamaron una revisión inmediata del modelo, advirtiendo de que los tramos medios soportarían la mayor parte del esfuerzo.

La congelación de las cuotas busca enviar una señal de estabilidad al colectivo de trabajadores autónomos antes de cerrar el calendario presupuestario. En paralelo, la Seguridad Social mantiene la intención de evaluar cada año el sistema de cotización por ingresos reales, implantado en 2023 y que afecta ya a 3,3 millones de autónomos.

Alivio para las rentas bajas

Para los autónomos con rentas bajas, la congelación supondrá un alivio inmediato, ya que no verán aumentar su cuota mensual en 2026. Sin embargo, para quienes superen los 2.000 o 3.000 euros de rendimientos, la subida se traducirá en unos pocos euros más al mes.

El problema, según advierten fuentes consultadas por RTVE, es que la falta de un marco trianual genera incertidumbre sobre lo que ocurrirá a partir de 2027. Las pymes y microempresas con varios autónomos societarios también deberán estar atentas, ya que la medida podría no incluir aún ajustes específicos para su régimen. De igual modo, se echa en falta un plan claro más allá de los ajustes para cada año fiscal.

Negociación abierta

La nueva tabla de cuotas forma parte de un documento preliminar que el Ministerio ha remitido a sindicatos y patronal. Su aprobación dependerá del consenso en la mesa de diálogo social, donde ATA y UPTA han pedido además revisar el acceso al cese de actividad y los errores de regularización de 2023.

Si el acuerdo se cierra antes de final de año, el nuevo marco se aplicaría desde el 1 de enero de 2026. La medida se percibe como un intento del Gobierno por reconstruir puentes con el colectivo, tras meses de tensión y caídas en la confianza de los autónomos.

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Enésimo déjà vu a cerca de las cuotas de los trabajadores por cuenta propia en el debate político y económico de España. La Seguridad Social ha confirmado que no prevé un incremento de las aportaciones para 2026 y que la prioridad es solventar los errores detectados en la regularización de 2023, además de mejorar el acceso a la prestación por cese de actividad.

Este anuncio se produce tras meses de tensiones con la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), que venía reclamando una corrección de las disfunciones del sistema.

Para muchos profesionales, la regularización por ingresos reales ha generado efectos inesperados que han impactado especialmente a quienes compaginan varias actividades, así como a determinados colectivos como los autónomos colaboradores y los societarios.

Problemas en la regularización de 2023

Uno de los principales fallos se ha producido en el tratamiento de los autónomos en pluriactividad. Según ATA, la Seguridad Social ha interpretado de manera restrictiva la normativa y ha situado a muchos de ellos en los tramos más altos, pese a que ya contribuyen en el régimen general.

En Pymes y Autonomos

La ATA exige cuentas claras que demuestren que el sistema de cotizaciones por ingresos reales funciona

Esto ha generado un sobrecoste innecesario, alejándose de lo pactado en el acuerdo inicial. También los colaboradores familiares han sufrido las consecuencias de esta interpretación.

La normativa preveía que pudieran mantener las bases de 2023, pero en la práctica se les ha asignado una base inferior, lo que reduce sus aportaciones y puede tener consecuencias en sus futuras prestaciones.

En el caso de los societarios, la falta de declaración de rendimientos netos ha llevado a que se les aplique de manera automática una base más baja, contradiciendo el compromiso de respetar las cotizaciones de 2022.

Reforma del cese de actividad

Otro de los grandes temas que se abordarán en la mesa de negociación es el acceso al paro de los autónomos. Actualmente, más del 60% de quienes cierran su negocio no consiguen cobrar la prestación por cese de actividad, pese a haber contribuido durante años.

Según el presidente de ATA, Lorenzo Amor, esta situación es “inadmisible” y constituye una desigualdad respecto a los asalariados, que sí acceden a la prestación por desempleo al perder su empleo.

La intención del Ministerio es revisar los requisitos de acceso al cese de actividad, simplificando el procedimiento y eliminando trabas burocráticas que impiden a la mayoría de trabajadores por cuenta propia beneficiarse de un derecho por el que cotizan mensualmente.

Posición de ATA y presión negociadora

ATA ha confirmado que participará en la mesa convocada por la Seguridad Social, aunque no para negociar una subida de cuotas en 2026. La federación insiste en que su objetivo principal es garantizar que se corrijan los errores de la regularización y se aborde la reforma del paro de los autónomos.

Desde la organización subrayan que “no es el momento de hablar de incrementos, sino de soluciones”.

La asociación también ha recordado que, con la falta de Presupuestos Generales del Estado y el calendario legislativo tan ajustado, resulta prácticamente inviable aprobar nuevas tablas de cotización en apenas unos meses. Por ello, plantean que lo más realista sería prorrogar las cuotas actuales en 2026, manteniendo las bases mínimas y máximas establecidas para el sistema de ingresos reales.

Reformas pendientes más allá de las cuotas

El debate sobre las cotizaciones se suma a otras reformas que el Gobierno tiene pendientes en materia fiscal y laboral para los autónomos.

Una de ellas es la creación de un régimen de IVA franquiciado que permita a quienes facturen menos de 85.000 euros anuales no tener que repercutir este impuesto, medida que ya está vigente en varios países europeos.

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Seis de cada diez concursos afectan ya a autónomos y microempresas. Además, el comercio y la construcción son los sectores más golpeados con diferencia

También se estudia la posibilidad de revisar los gastos deducibles, un tema largamente demandado por el colectivo. Actualmente, la justificación de ciertos gastos, como los relacionados con el uso del vehículo, limita en exceso las deducciones a las que pueden acceder. Junto a ello, se plantea una reforma progresiva del sistema de módulos, buscando un modelo de transición similar al implantado en el País Vasco.

¿Qué podría pasar en 2026?

Las negociaciones entre la Seguridad Social, los sindicatos y las organizaciones de autónomos se presentan complejas. Sin embargo, existe un consenso en que antes de abrir cualquier debate sobre una posible subida de cuotas, es imprescindible resolver las deficiencias actuales del sistema y mejorar las prestaciones.

La prioridad será asegurar que la regularización por ingresos reales se aplica correctamente y que colectivos como pluriactivos, colaboradores o societarios no se vean perjudicados. Del mismo modo, el acceso a la prestación por cese de actividad debe dejar de ser un obstáculo para la mayoría de los autónomos.

En este escenario, todo apunta a que en 2026 no habrá cambios significativos en las cotizaciones y que se mantendrán las mismas tablas vigentes en 2025. Para ATA, esta solución temporal permitiría centrar los esfuerzos en corregir los fallos detectados y garantizar que el sistema de ingresos reales cumpla con su finalidad: una mayor equidad y proporcionalidad en la aportación de los trabajadores por cuenta propia.

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La petición de cuentas claras y verificables ha colocado (por enésima vez) a los autónomos en el centro del debate fiscal.

La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) exige evidencias numéricas, metodología y acceso a la información que permita evaluar si el sistema de cotizaciones por ingresos reales está cumpliendo lo prometido en términos de equidad y sostenibilidad financiera.

El contexto es decisivo: desde 2023 se despliega por fases un modelo con tramos vinculados a rendimientos netos y regularizaciones anuales. Para 2025, las cuotas se mueven entre 200 y 590 euros al mes según ingresos, en la última etapa de la primera implantación trienal. Este marco, anclado en el Real Decreto-ley 13/2022, ha reordenado incentivos y expectativas en todo el colectivo.

Por qué pide transparencia ATA

ATA ha solicitado una evaluación exhaustiva con proyecciones de ingresos consolidadas hasta 2025 antes de sentarse a pactar nuevas tablas a partir de 2026.

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La Seguridad Social empieza a negociar las cuotas de 2026 con la intención de subir los tramos de cotización y mejorar el paro de los autónomos

La organización reclama, además, soluciones inmediatas para los errores detectados en la regularización, que afectan a la liquidación de cuotas del ejercicio 2024.

La prioridad declarada es garantizar que los datos oficiales permitan comprobar, con evidencia, el desempeño del sistema.

Cómo está funcionando el sistema

El Ministerio informó a finales de la pasada primavera, de la finalización del primer gran proceso de regularización, presentado como todo un hito de la reforma estructural.

En dicho ajuste, millones de cuotas se revisaron contra los rendimientos declarados, confirmando (según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y migraciones) la lógica del modelo. Y dejando aprendizajes operativos para las siguientes oleadas de verificación.

El objetivo declarado por la reforma es que la aportación sea coherente con la capacidad económica efectiva del trabajador por cuenta propia.

Impacto en la pluriactividad y casos sensibles

Uno de los puntos más controvertidos ha sido la pluriactividad, donde profesionales que combinan actividad por cuenta propia y ajena han denunciado sobrecotización sin mejora correlativa de prestaciones.

ATA ha canalizado quejas y recursos, y ha condicionado su posición negociadora a correcciones tangibles en estos supuestos. La experiencia de 2023 y 2024 sugiere que la casuística es compleja y que el ajuste fino requerirá criterios más homogéneos y comunicación temprana de resultados.

Qué datos deberían publicarse

Para valorar con rigor el sistema de cotizaciones por ingresos reales, ATA pide series históricas y metodología reproducible sobre recaudación por tramos, distribución de devoluciones y suplementos abonados, tasas de error en las regularizaciones y efecto real en protección social.

En paralelo, el Gobierno ha reabierto la negociación de las cuotas 2026-2028 con asociaciones y agentes sociales, mientras algunas entidades reclaman mantener las bases actuales hasta que se publiquen resultados completos y auditables.

Qué deben hacer los autónomos

En el terreno operativo, conviene anticiparse a la regularización con una contabilidad alineada con Hacienda, previsiones trimestrales realistas y revisión de los rendimientos netos esperados para ajustar el tramo con margen.

La combinación de asesoría especializada y control de tesorería ayuda a evitar tensiones de liquidez en el cierre anual.

Quien haya tenido variaciones fuertes de ingresos a lo largo del año debería aprovechar las ventanas para modificar la base, y quien esté en pluriactividad necesita verificar sus bases y topes para no incurrir en pagos que luego no se traducen en derechos.

Pendientes en comunicación y seguridad jurídica

ATA insiste en que el éxito del modelo exige campañas de información claras, simuladores oficiales actualizados y criterios estables entre Seguridad Social y Agencia Tributaria.

El sistema de cotizaciones por ingresos reales reduce discrecionalidad, pero su complejidad técnica puede generar percepciones de injusticia si faltan guías didácticas y un calendario de regularización acompañado de recordatorios, plazos y vías de reclamación bien señalizadas.

El refuerzo de la seguridad jurídica es, por tanto, tan importante como la cifra de recaudación.

Qué queda por delante en 2026-2028

La mesa para fijar el siguiente ciclo de cuotas avanza con el compromiso gubernamental de corregir disfunciones detectadas y mejorar la experiencia de regularización.

 La discusión se centra en afinar tramos, proteger a rentas volátiles y clarificar los supuestos especiales.

Para ATA, el paso previo es cerrar el balance 2023-2025 con datos de rendimiento recaudatorio y de equidad que permitan demostrar que el sistema de cotizaciones por ingresos reales funciona para el conjunto del colectivo, y no solo sobre el papel.

El resultado de esa evaluación marcará, qué duda cabe, la credibilidad del nuevo acuerdo.

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El mercado laboral español va cerrando este verano con un patrón conocido: se acaba la temporada turística, y se traduce en la pérdida de casi 200.000 afiliados y un aumento de 21.905 parados en agosto. Sin embargo, el dato realmente llamativo no está ahí (si bien es el peor en más de un lustro), sino en la tasa de cobertura del desempleo, que alcanzó un 82,4 % a nivel nacional, la cifra más alta desde la pandemia.

En nueve provincias la estadística fue aún más sorprendente: hay más personas cobrando el paro que parados registrados. Es el caso de Almería (125,3 %), Huelva (135 %), Jaén (114,3 %), Baleares (114,3 %), Huesca (105,6 %), Teruel (105,2 %), Soria (107,5 %), Castellón (100,5 %) y Cáceres (102,5 %), según datos del SEPE recogidos por El Economista.

Un récord con trampa

La tasa de cobertura mide cuántos desempleados cobran prestación frente al total de parados con experiencia laboral y perceptores del subsidio agrario. Que supere el 100 % significa que el sistema de protección parece llegar incluso a más personas de las que figuran oficialmente como paradas.

En Pymes y Autonomos

La precariedad laboral alcanza incluso a los sectores clave. Los sueldos en ciberseguridad son el ejemplo perfecto

El motivo está en la figura del fijo discontinuo. Ni más ni menos.

Estos trabajadores, habituales en sectores como el turismo o la agricultura, no aparecen como parados cuando están en inactividad, pero sí pueden cobrar prestación. El resultado es una distorsión estadística: el indicador refleja una mejora que no responde a una reducción real de la precariedad.

Un fenómeno que, tradicionalmente, se ha concentrado en Andalucía y Extremadura, donde los subsidios agrarios elevaban artificialmente la cobertura, pero que, tras la reforma laboral, que limitó los contratos temporales y generalizó el uso del fijo discontinuo, la situación se ha extendido también a las provincias más turísticas.

En Baleares o Castellón, por ejemplo, la cobertura se dispara cada final de temporada alta. Durante el invierno, miles de trabajadores fijos discontinuos pasan a inactividad y acceden a la prestación, aunque no figuren en las listas de parados.

El debate de fondo

El Gobierno defiende la figura porque aporta más estabilidad y derechos que los contratos temporales que sustituye. Sin embargo, tanto sindicatos como patronales han señalado la necesidad de revisar la metodología del SEPE para que la tasa de cobertura refleje la realidad sin “efectos ópticos”.

A nivel nacional, la tendencia es clara: la cobertura ha pasado del 70,4 % en 2024 al 76,3 % en marzo de 2025 y al 82,4 % este verano, cifras que muestran una mejora del sistema. Sin embargo, en las provincias con economías muy estacionales, el dato de más de 100 % responde más a un cambio de contrato que a un avance estructural.

Detrás de estas cifras están las pequeñas y medianas empresas que sostienen las economías locales en sectores como la hostelería o la agricultura. Su dependencia de campañas muy marcadas hace que el empleo fluctúe de manera brusca cada año.

El auge de los fijos discontinuos ha permitido que muchos trabajadores mantengan cierta continuidad de derechos, pero para las pymes implica una gestión más compleja de plantillas y, en algunos casos, mayores costes laborales.

En definitiva, que haya más personas cobrando el paro que parados no es tanto un “milagro” como una consecuencia de cómo se mide y de la transformación de la contratación en sectores estacionales.

En lo que respecta a las pymes, el verdadero reto sigue siendo el mismo: cómo mantener actividad, empleo y competitividad en un mercado que vive de las campañas año tras año.

En los últimos meses, la Inspección de Trabajo ha intensificado su colaboración con la Agencia Tributaria para investigar posibles fraudes cometidos por autónomos y pequeñas empresas. Según informan desde el Gobierno, este enfoque incluye el cruce masivo de datos, la activación de campañas sectoriales específicasy la posibilidad de darte de alta en el RETA de oficio si detectan actividad económica no regularizada.

Una estrategia que no es nueva, pero que se ha automatizado en los últimos tiemposgracias a las mejoras tecnológicas. Trabajo priorizará colectivos “con mayor riesgo de economía sumergida” o donde figuras como el falso autónomo son más habituales. Como resultado, se prevén más inspecciones y ciertos sectores en el punto de mira.

Una colaboración más estrecha

El Informe anual de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2023 lo deja claro: se ha reforzado la colaboración con Hacienda para identificar actividad económica sin alta en la Seguridad Social.

En Pymes y Autonomos

Hacienda revisará las declaraciones de todos los autónomos este año, incluso si ya han recibido la devolución

Según explicó el portavoz del Sindicato de Inspectores de Trabajo, Jesús Prieto, “cuando la Agencia Tributaria detecta a una persona que ha declarado ingresos por encima del salario mínimo interprofesional (SMI) pero no está registrada en el RETA, se activa la inspección”.

En muchos casos, la Inspección cita al trabajador, confirma que existe actividad profesional y lo da de alta de oficio, con la correspondiente liquidación retroactiva. Esta práctica se apoya en la modernización digital impulsada desde 2023, que ha permitido cruzar bases de datos de manera más eficiente entre Hacienda y la Seguridad Social.

En el punto de mira

Las campañas se diseñan de forma específica para cada sector. La hostelería, el transporte, la agricultura y el empleo del hogar son algunos de los entornos donde se han detectado más irregularidades:

• En hostelería, se investiga el uso excesivo de contratos temporales
• En transporte, la atención se centra en casos de sucesión fraudulenta de empresas o elusión de convenios
• En el ámbito industrial, en cambio, las inspecciones se orientan más a las diferencias de cotización por aplicación incorrecta del convenio colectivo.

De igual modo, hay campañas específicas en marcha por motivos estacionales, como la vigilancia del cumplimiento de las medidas frente al calor en sectores con exposición al sol o calor extremo, tal y como recuerda el propio Ministerio de Trabajo.

Pymes y autónomos, vigilados

Una crítica recurrente es que las inspecciones parecen concentrarse en pequeños negocios. Sin embargo, el propio sindicato de inspectores ha recordado que el 90 % del tejido empresarial español son pymes o autónomos y que, por lo tanto, es normal que la mayoría de las actuaciones recaigan sobre ellos.

No consideran que esto implique una persecución, sino una focalización proporcional y ajustada al peso económico que representan. En cualquier caso, las grandes empresas también reciben inspecciones, pero los márgenes de irregularidad suelen ser mayores entre pequeños negocios sin asesoramiento legal continuo o con prácticas heredadas.

Entre los riesgos más evidentes que enfrentan los autónomos está la posibilidad de un alta de oficio, con notificación posterior, si has recibido ingresos por trabajos puntuales sin emitir factura, o si estás realizando actividad económica, aunque sea informal. En tal caso, podrías verte inscrito en el RETA con efectos retroactivos y con una liquidación pendiente de cotizaciones no abonadas.

Además, en las inspecciones de Seguridad Social también se vigilan prácticas como el uso indebido de bonificaciones, la contratación de falsos autónomos, los socios ficticios en cooperativas o empresas pantalla y las empresas ficticias creadas para justificar rendimientos. Solo en 2023, se ejecutaron más de 165.000 inspecciones en este ámbito y se detectaron más de 60.000 infracciones, según datos oficiales del Ministerio.

Prevenir, mejor que curar

Desde los organismos oficiales se recomienda prevenir antes que corregir.

• Revisa tu situación actual: ¿Estás dado de alta correctamente? ¿Tienes ingresos sin declarar? ¿Tienes colaboradores que en realidad cumplen funciones propias de una relación laboral?
• Consulta con una asesoría: Te pueden ayudar a detectar riesgos antes de que llegue una inspección, así como evitar errores comunes como bonificaciones mal aplicadas o facturación irregular.
• Evita contratar sin contrato o emitir recibos sin factura, incluso aunque la relación parezca puntual, puede ser considerada actividad económica.
• Si tienes trabajadores, asegúrate de que cumplen el convenio correspondiente (salario, cotización, tipo de contrato).

Por último, ante una inspección, lo primero es no ignorar la notificación. En la mayoría de los casos, se inicia con una citación para comprobar tu actividad económica. Si no puedes justificar que no estás ejerciendo una actividad profesional, podrían darte de alta automáticamente.

La liquidación posterior incluiría las cotizaciones no abonadas, posibles recargos por demora y, si procede, sanciones administrativas. Además, Hacienda podría intervenir si detecta incoherencias fiscales.

En conclusión, las campañas de inspección ya están en marcha, y el margen de error para los profesionales es cada vez menor. Gracias al cruce de datos y la automatización, es probable que muchas actuaciones se activen incluso sin denuncia previa, como ocurría en el pasado.

No obstante, lejos de generar alarma, este nuevo escenario puede ser una oportunidad para regularizar situaciones y evitar riesgos innecesarios. La prevención y la transparencia siguen siendo las mejores herramientas para cualquier autónomo o pyme que quiera trabajar con tranquilidad.

Si no hace mucho tiempo, Gonzalo Bernardos hablaba sobre las edades de jubilación, Santiago Niño-Becerra ha vuelto a poner a debate la sostenibilidad del sistema público español. Un aspecto que afecta tanto al mercado de trabajo como al propio sistema de prestaciones. Su diagnóstico es claro: el modelo fue concebido para una realidad social y económica que ya no existe. "El sistema de pensiones ha muerto", ha dicho.

La advertencia no es nueva, y hace tiempo que muchos economistas apuntan en la misma dirección, pero llega acompañada de cifras preocupantes: una población cada vez más envejecida, cotizaciones insuficientes, y un mercado laboral incapaz de sostener las jubilaciones futuras. Para miles de jóvenes y autónomos, la pregunta ya no es cuándo se jubilarán, sino si podrán jubilarse alguna vez.

Un sistema de otro mundo

El sistema público de pensiones nació en Europa tras la Segunda Guerra Mundial, en un contexto de pleno empleo, esperanza de vida limitada y crecimiento económico sostenido. Durante décadas, la lógica fue simple: los trabajadores activos financiaban las pensiones de los jubilados, y el equilibrio se mantenía porque había muchos cotizantes por cada pensionista.

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Además, las cotizaciones medias eran muy superiores a las pensiones de jubilación hasta los años noventa (una fecha que empieza a quedar lejana), que ayudaba a mantener un equilibrio. No obstante, España sufre el tsunami perfecto: una generación (boomers) que ha cotizado por pensiones superiores, una de las tasas de natalidad más bajas de Europa, una esperanza de vida creciente y un mercado laboral marcado por la temporalidad y los bajos salarios.

El resultado: cada vez hay menos cotizantes por cada jubilado, y los ingresos no alcanzan para cubrir los compromisos futuros.

El desequilibrio ya está aquí

Hoy, el gasto en pensiones supera el 11,5 % del PIB y podría llegar al 17,1 % en las próximas décadas si no se toman medidas. La ratio de cotizantes por pensionista, que hace unas décadas era superior a 3, se acercará peligrosamente al 1 a 1 en 2050.

Incluso la “hucha de las pensiones” no es más que una quimera: se ha vaciado en los últimos años, y el sistema ha tenido que recurrir a deuda o fondos extraordinarios para pagar prestaciones. Sin embargo, nunca ha sido una solución real, como explicábamos hace unos días en este mismo blog. Si bien  se ha reactivado recientemente gracias al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), no representa una solución estructural: se trata de un parche con escasa capacidad de respuesta frente a desequilibrios sostenidos.

Niño Becerra no es el único que advierte del cambio de paradigma. Otros economistas, como Gonzalo Bernardos, coinciden en que las reformas serán inevitables: retraso de la edad de jubilación, revisión del cálculo de la pensión y recortes parciales están sobre la mesa desde hace tiempo.

Algunos informes apuntan a que las nuevas generaciones solo accederán a pensiones más bajas y con mayor esfuerzo contributivo, y que la edad real de jubilación podría superar los 70 años en apenas dos décadas. 

Por descontado, las preguntas están claras. La más evidente: ¿si el sistema está roto, es justo para las generaciones actuales y futuras asumir toda la carga contributiva?

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha planteado un enfoque técnico: auditorías trienales del sistema, seguimiento del gasto y mecanismos automáticos de ajuste si se disparan los desvíos. Por el contrario, otros analistas proponen complementar el sistema público con planes colectivos, fórmulas de ahorro incentivado o más protagonismo del pilar privado:los datos muestran que, fuera de grandes empresas, este tipo de mecanismos sigue siendo residual en España.

De igual modo, la presión contributiva sigue subiendo para empresas y trabajadores por cuenta propia. Muchos autónomos ya cotizan al máximo permitido para poder acceder a una pensión decente, pero temen que eso no sea suficiente. Las pymes, por su parte, se enfrentan a un dilema: ¿cómo garantizar el bienestar futuro de sus empleados si el sistema no responde?

En cualquier caso, al margen de previsiones macroeconómicas, la percepción ciudadana empieza a romperse. Muchos mayores de 60 años ya dudan de que el sistema aguante cuando les llegue el turno. Entre los jóvenes, la desconfianza es aún mayor: salarios bajos, cotizaciones insuficientes y carreras laborales inestables convierten la jubilación en un horizonte borroso.

Los datos del Fondo de Reserva de las pensiones (que suele llamarse la "hucha de las pensiones") ha empezado a recuperarse tras años en mínimos, pero su volumen sigue muy lejos de lo necesario para cubrir siquiera una mensualidad del gasto anual en prestaciones contributivas.

Sí, has leído bien. Al cierre de 2024, el fondo sumaba algo más de 9.300 millones de euros, mientras que el gasto anual ronda los 190.000 millones: apenas representa un 5 % del total.

¿Qué es la hucha de las pensiones?

En este contexto, voces del propio sistema público han advertido sobre la escasa capacidad real del fondo para amortiguar cualquier tensión futura. Con la generación del baby boom acercándose a la jubilación y la Seguridad Social ajustando su arquitectura financiera, cabe preguntarse: ¿estamos subestimando la fragilidad de la sostenibilidad del sistema?

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El Fondo de Reserva de la Seguridad Social se creó en el año 2000 para acumular los excedentes de cotizaciones sociales y poder afrontar pagos de pensiones en épocas de dificultad. Durante más de una década, se nutrió de los años de bonanza económica, pero a partir de 2012 se empezó a vaciar de forma acelerada, hasta caer por debajo de los 2.000 millones en 2020.

Los datos y su evolución pueden consultarse en la web oficial del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En los últimos años, gracias a la recuperación del empleo y la creación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), el fondo ha vuelto a crecer. Según los últimos datos del Gobierno, cerró 2024 con 9.376 millones de euros y se espera que alcance los 14.000 millones en 2025.

Un crecimiento insuficiente frente al gasto real

Aunque los números parecen positivos, en términos comparativos el fondo sigue muy por debajo de lo deseable. Representa menos del 0,4 % del PIB, según la OCDE, lo que lo sitúa en niveles muy bajos respecto a otros países europeos.

La situación de la "hucha" española resulta aún más alarmante si se compara con la realidad en el resto de Europa. En países como Alemania, los activos de los fondos de pensiones privados representan alrededor del 8 % del PIB, frente al 0,4 % en España. Esto muestra una diferencia abismal: mientras ciudades como Ámsterdam o Fráncfort cuentan con sistemas que acumulan reservas significativas, nuestro fondo público sigue siendo una herramienta insuficiente frente al gasto real en pensiones.

Además, el gasto mensual en pensiones supera los 12.000 millones de euros, por lo que el fondo actual no cubriría ni una paga completa: "no tenemos ni para pipas", sintetizaba a la prensa generalista un funcionario del INSS en declaraciones recientes.

MEI y presión a la cotización

La herramienta clave para nutrir la hucha es el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, una cotización adicional que comenzó en 2023 con un 0,6 % y que subirá progresivamente hasta alcanzar el 1,2 % en 2029. En 2025, el MEI será del 0,8 %, repartido entre empresa y trabajador (0,67 y 0,13 respectivamente).

En el caso de los autónomos, esta cotización la asumen íntegramente, lo que supondrá un gasto extra de entre 8 y 24 euros al año, dependiendo de la base. Puedes consultar el desglose en este análisis técnico de la reforma.

Si bien el nuevo impuesto no es desmesurado en las previsiones recientes, sí supone un nuevo extra a unas cotizaciones cada vez más elevadas en un contexto laboral incierto.

Para los autónomos y las pequeñas empresas, esta situación tiene una doble lectura. A corto plazo, las pensiones están garantizadas gracias a las cotizaciones y al crecimiento del empleo.

Desequilibrio financiero

Por el contrario, a medio y largo plazo, el sistema necesita mantener el equilibrio financiero, y eso puede traducirse en mayores costes laborales o incluso nuevas reformas en las cotizaciones.

En esta línea, el conjunto de medidas implementadas en los últimos años —MEI, reforma del sistema RETA, cuota de solidaridad para altos ingresos— ya está generando un entorno más exigente en términos contributivos, especialmente para quienes tienen empleados o facturan de forma irregular.

En el caso de las pymes, algunas recomendaciones prácticas incluyen revisar las proyecciones de costes laborales anualmente, para anticipar subidas ligadas al MEI, valorar planes de pensiones privados o de empresa, si la situación lo permite, como complemento al sistema público y mantenerse al tanto de los cambios legislativos, especialmente en periodos preelectorales o de reformas estructurales.

En conclusión, si bien el Gobierno insiste en que el sistema es sostenible y que la "hucha" se está recuperando, los datos invitan a la prudencia. Con el envejecimiento poblacional acelerando, y la presión presupuestaria aumentando, las pymes y los autónomos deben prepararse para un escenario en el que cotizar bien (y más) será indispensable. Y, por desgracia, todo sigue apuntando a que se requieren cambios mayores para mantener el sistema de pensiones.