No hay autónomo que se libre del escrutinio cada vez más constante de Hacienda. De hecho, según su último balance disponible, en 2024 se practicaron 1.981.864 de actuaciones de control de tributos internos, es decir de IVA, IRPF y Sociedades. Un 4,4% más que en 2023.

A falta de conocer los datos oficiales de 2025, lo cierto es que cada ejercicio la Agencia Tributaria envía miles de requerimientos por discrepancias, omisiones o incoherencias en las declaraciones. Y claro, 2026 no va a ser menos.

También hay que tener en cuenta que, en los últimos años, las herramientas en el análisis y trazabilidad de los datos, la digitalización de los procesos, las nuevas obligaciones relacionadas con la facturación electrónica o el control sobre los pagos digitales han aumentado. Prácticamente ya nada se le escapa.

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Cualquier error, falta de justificación o descuadre es óbice para recibir una temida notificación por parte de Hacienda, pero ¿en qué aspectos deben tener aún más cuidado los autónomos en 2026?

Operaciones a través de Bizum sin diferenciar uso personal y profesional

El uso de Bizum se ha generalizado por su rapidez y facilidad. Sin embargo, desde 2026, las entidades bancarias informan a Hacienda de todos los movimientos desde el primer euro, lo que ha incrementado la trazabilidad de estos pagos.

El principal problema surge cuando se mezclan operaciones personales y profesionales en la misma cuenta. Si un autónomo utiliza Bizum tanto para cobrar servicios como para gastos personales, la Agencia Tributaria puede detectar incoherencias entre ingresos declarados y movimientos bancarios. Esto puede generar requerimientos para justificar cada operación.

Además, cuando se detectan ingresos recurrentes vinculados a la actividad, estos deben estar respaldados por su correspondiente factura.

Márgenes comerciales fuera de los estándares del sector

Otro de los aspectos que más está vigilando la Administración es la coherencia entre compras y ventas. Hacienda dispone de referencias sectoriales que permiten estimar los márgenes habituales en actividades como comercio, hostelería o servicios.

Cuando un negocio declara compras elevadas pero ingresos reducidos, o cuando los márgenes no encajan con los estándares del sector, se activa una alerta automática. Este tipo de situaciones suele derivar en inspecciones para verificar si existe ocultación de ingresos o errores en la contabilidad.

Declarar pérdidas de forma continuada sin justificación

La reiteración de resultados negativos también es un indicador de riesgo para la Agencia Tributaria. Si un autónomo declara pérdidas durante varios ejercicios consecutivos sin una causa justificada, la Administración puede interpretar que existe una irregularidad.

Aunque es posible que un negocio atraviese dificultades reales, la falta de documentación que respalde estas pérdidas puede derivar en una revisión más profunda. En estos casos, se analiza si la actividad económica es viable o si se están declarando ingresos por debajo de lo real.

Deducción de gastos no vinculados a la actividad

La deducción incorrecta de gastos sigue siendo uno de los errores más frecuentes. Para que un gasto sea deducible, debe estar directamente relacionado con la actividad profesional, correctamente justificado y registrado.

Cuando la Agencia Tributaria detecta gastos que no cumplen estos requisitos, no solo puede rechazar su deducción, sino también aplicar sanciones. Este tipo de incidencias afecta tanto al IVA como al IRPF.

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Algunos de los gastos más revisados son los relacionados con vehículos, dietas, suministros o compras que no guardan una relación clara con la actividad. Y ¡ojo!  Los sistemas de control cruzan estos datos con los márgenes declarados, lo que aumenta la probabilidad de detección.

Descuadres en el modelo 347 y otras declaraciones informativas

El modelo 347, que recoge operaciones con terceros superiores a 3.005 euros anuales, es una de las principales herramientas de control. La información declarada debe coincidir con la que presentan clientes y proveedores.

Si existen diferencias, la Agencia Tributaria puede iniciar un proceso de comprobación. Este tipo de descuadres suele deberse a facturas no contabilizadas, errores en los importes o discrepancias en los periodos declarados.

Además, estos datos se contrastan con otros modelos como el 190, el 180, el 349 o el 390, lo que permite detectar inconsistencias en distintos ámbitos fiscales.

No presentar declaraciones obligatorias, incluso sin resultado a pagar

Olvidar presentar modelos fiscales, incluso aquellos que no implican pago, sigue siendo uno de los motivos más habituales de sanción. Las obligaciones informativas tienen la misma relevancia que las liquidaciones, y su incumplimiento puede generar multas.

En algunos casos, estas sanciones son fijas, pero en otros pueden estar vinculadas al volumen de negocio o a la gravedad de la infracción. Además, la falta de presentación suele desencadenar revisiones adicionales sobre el conjunto de la actividad del autónomo.

Mayor control digital y cruce de datos en tiempo real

Ya es de sobra conocido que la Agencia Tributaria ha mejorado notablemente su capacidad de análisis gracias a la digitalización. El cruce de datos entre bancos, plataformas de pago, facturación electrónica y declaraciones fiscales permite detectar irregularidades con mayor rapidez.

Este entorno reduce el margen de error para los autónomos, ya que cualquier incoherencia puede ser identificada casi en tiempo real.

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La teoría nos dice que un empleado tiene que producir más de lo que cuesta para la empresa. Genera una plusvalía que es lo que facilita un beneficio a la compañía. Cuanto mayor sea su ratio de benecio-coste más valioso será dicho empleado. Para ello se busca maximizar su productividad, en muchos casos supervisando su trabajo. Pero ¿es posible controlar a los empleados? ¿Y si trabajan en casa?

Lo más habitual en el control de tareas en muchas empresas tiene más que ver con el control de presencia, de las horas que se trabaja. Se asume que si estamos en la oficina "in corpore" estamos trabajando. Las empresas que apuestan por el presentismo ven como muchos empleados llegan pronto pero se van a desayunar, se marchan tarde pero han estado haciendo gestiones personales desde su puesto de trabajo.

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No se controla en qué gastamos el tiempo de trabajo

Por lo tanto el control del tiempo o de la presencia en la oficina tampoco es el mejor remedio. ¿Y si trabajan fuera de la oficina? Llevamos años buscando soluciones para ello, que nos permitan saber o monitorizar sin problema qué han estado haciendo o en qué tipo de actividad han llevado a cabo. Algunas de ellas son tan precisas que detectan hasta la cantidad de veces que han movido el ratón en una hora.

El principal problema está en la forma de trabajar o de asignar las tareas en muchas compañías. Y cómo se asigna un tiempo determinado para terminarlas, que por lo general se subestima. Si tenemos tasado el tiempo que tardamos en realizar un trabajo, con una horquilla de variación, al final del día es fácil estimar cuántas deberían estar acabadas.

Pero esto no es tan sencillo. Porque en muchos casos el empleado no hace solo este trabajo. Tiene que comunicarse con clientes, compañeros, etc. Y esto supone una pérdida de este tiempo productivo. Es decir, de las 8 horas de trabajo, nunca estamos todas ellas ejecutando estas tareas asignadas y solo haciendo esto.

Es aquí donde más se puede mejorar la productividad. Ayudar al empleado para que ejecute su trabajo, aquello en lo que es bueno y sabe hacer mejor que nada, el mayor número de horas posibles. Y dedicar menos tiempo a la coordinación del trabajo en grupo, comunicación con clientes, etc. Este trabajo de supervisión y coordinación tendría que estar por encima del que ejecuta las tareas.

El tamaño de la empresa y la productividad

El problema es que en las micropymes y pymes más pequeñas todas estas responsabilidades están muy diluidas. Y esto supone que el control es mucho más complicado al no estar claramente delimitadas las tareas que tiene que realizar cada uno de los miembros del equipo de trabajo.

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Por todo esto llevar un control efectivo de un grupo de trabajo no es tan sencillo y muchos acaban por delegar en la autogestión. Lo importante es el resultado final y se asume que si el trabajo se completa y está terminado no importa tanto si hemos llegado antes o después, si hemos estado delante del ordenador sin levantar los ojos de la pantalla o si realizamos jornada continua o si trabajamos desde casa.

Digitalizar las pymes es uno de los retos que ya teníamos antes del inicio de la pandemia. A muchas se les han visto las costuras durante este año de problemas. Otras han aprovechado el momento de bajada de la actividad para iniciar su puesta en marcha. Pero ¿cómo actúa la digitalización de palanca de cambio en la transformación de la pyme?

Muchas tienen sus esperanzas puestas en la llegada de los fondos europeos. Es su oportunidad para realizar esta transición y financiar una parte de las inversiones requeridas con dichos fondos. El problema es que en esta situación muchas han visto, al menos en los próximos años, mermadas sus opciones para invertir, más preocupadas en salir adelante y devolver los préstamos contraídos durante el último año.

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La pyme quiere digitalizarse pero no sabe cómo hacerlo

Digitalizar un pequeño porcentaje de pymes genera un gran impacto

Según el informe de Vodafone Digital for Europe elaborado por Deloitte, estima que si un 10% de las pymes europeas se sumara al proceso de digitalización se generaría un valor incremental de unos 148.000 millones de euros. Y sería más importante todavía en las empresas de áreas rurales.

Cuestiones como la conectividad 5G o el IoT abren nuevas posibilidades en diferentes áreas, como el control de explotaciones agrícolas y ganaderas. Esto teniendo en cuenta que en muchas áreas se cuenta con un ADSL rural muy deficiente o pequeños negocios ni siquiera pueden cobrar con tarjeta porque no hay cobertura suficiente actualmente supone un cambio muy importante.

Hay que tener en cuenta que según la UE, un 20% de los fondos tendrían que destinarse a impulsar la transición digital de los negocios. Porque se trata de digitalizar para asegurar la competitividad de los negocios. No es un capricho o una moda, es una necesidad imperiosa para sobrevivir en el futuro.

Tomar el control del negocio con datos e información

Podemos pensar en muchos tipos de negocio. La digitalización no solo supone ahorrar tiempo en determinadas tareas, invertir menos horas para hacer lo mismo, reducir errores o gastos. Es también control de negocio. Cuando en estos días preguntan a muchos qué perdidas están teniendo tengo la sensación de que la mayoría de ellos contesta a bulto, porque no tienen las herramientas necesarias para el control de gastos, de facturación, de tesorería de su empresa.

En el negocio más sencillo es necesario tener digitalizados determinados procesos, que simplemente nos va a ayudar a tomar decisiones basadas en datos, no en sensaciones, intuiciones o nuestra genial visión empresarial. La mayor parte de los bares no saben cuánto les cuesta poner un pincho de tortilla en el plato o si poner una tapa de paella sería más rentable que ponerla de tortilla. Y este ejemplo lo podemos trasladar a casi cualquier sector.

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Y esto provoca que no se puedan ajustar precios y lógicamente ninguna empresa quiere perder dinero. El resultado es que cobramos más por los servicios o productos que vendemos. Pero sobre todo que tenemos en catálogo soluciones que nos hacen facturar, pero por las que a poco que la cosa se tuerza no sacamos beneficio. Y esto tiene que cambiar.

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En Estados Unidos Amazon está empezando a controlar a sus repartidores a partir de datos biométricos. Para ello ha instalado cámaras en el interior de sus furgonetas para mejorar la seguridad y la calidad de las entregas. Estas cámaras pueden detectar si un conductor está cansado, si se ha distraído o no lleva puesto el cinturón de seguridad. Pero si una medida de este tipo se quiere implantar en España, ¿qué dice la legislación sobre el control biométrico de los repartidores?

Por un lado tendríamos que tener en cuenta lo que ocurre por ejemplo con los sistemas de fichaje o control horario que requieren del uso de huella dactilar. La LOPDGDD, siguiendo lo marcado por el RGPD, otorga especial protección a los datos biométricos, y como tal limita también su uso y tratamiento.

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¿Esto qué implica a nivel práctico? Pues muy sencillo si es posible utilizar otro método que no sea el dato biométrico para cumplir con el fin para el que se recoge dicho dato tendría que utilizarse esta alternativa. Solo en el caso de que el empleado no cumpla, se implanta el biométrico.

Siguiendo con el ejemplo del registro horario, si podemos hacerlo a través de un código o una tarjeta, no debería utilizarse la huella digital. Si se constata que los empleados están haciendo un mal uso de estos medios, que han pedido a otro que introduzca su código para realizar el registro o han cedido la tarjeta, solo entonces se debería utilizar la biometría.

En el caso de los conductores de Amazon, cuestiones como detectar si un conductor está cansado o distraído o si lleva o no puesto el cinturón de seguridad se pueden asegurar con sistemas de ayudas a la conducción, ADAS, cada vez más habituales en los vehículos.

Por otro lado está la cuestión del control de flotas, la localización por GPS del vehículo o la optimización de las rutas que nos permite saber en todo momento dónde se encuentran los repartidores, si están en marcha o no, etc. Esto es algo que ya está implantado hace bastantes años en muchas empresas sin mayores problemas.

La cuestión del control biométrico lo que asegura de forma fehaciente es que el chófer contratado es el que realmente está conduciendo. ¿Qué se evita a través de este método? Sobre todo que se subcontrate a otros conductores o trabajen realmente dos personas, pero solo una esté oficialmente contratada o de alta en autónomos.

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En esta década que cerraremos este nuevo año se han dado algunos pasos importantes para mejorar el control fiscal de las empresas. La lucha contra la economía sumergida implica unos mayores ingresos para los Gobiernos y nadie quiere renunciar a ellos. Pero son solo los primeros pasos, esos que se utilizan para coger a carrerilla y solo atisbar al Gran Hermano fiscal que está por venir.

Es un pronóstico de lo que imagino que podría pasar en los próximos años. Los indicios los marcan la entrada en vigor del SII, que de momento afecta solo a las grandes empresas, pero que no tardará en bajar sus límites para que entren más organizaciones, sobre todo teniendo en cuenta la eficacia a la hora de mejorar la recaudación.

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Control de las facturas en tiempo real

Más preocupante es la puesta en marcha del Ticket BAI este mismo 2020 para autónomos y pymes en Euskadi. El control de cada factura que emitan pymes y autónomos por parte de las haciendas forales. Este paso es fundamental, puesto que la mayoría de las empresas de nuestro país se encuadran en esta categoría. Si sale bien, no tardará mucho en ponerse en marcha en otros lugares de España.

Con todas estas herramientas, algo como el régimen de módulos tiene las horas contadas. Este año se han prorrogado los límites, pero los que tributan en esta modalidad pueden hacerse a la idea de que irán bajando dichos límites, tanto este año como en la próxima década. El objetivo será acabar con esta modalidad tributaria.

Todo esto va enfocado en un mismo sentido, un mayor control de las facturas emitidas en tiempo real. Pero claro hay un pequeño inconveniente con los pagos que se realizan en efectivo para los cuales en muchos casos no se emite dicha factura. Y esta cuestión se controla con una mayor bancarización de la economía.

Y pagos a través de medios electrónicos

Algo que ya ha comenzado. Los Gobiernos son los máximos interesados en que todo se pague con tarjeta. Es un rastro de los ingresos que no se produce con el efectivo. Por eso se fomentan los pagos más pequeños desde el móvil, se reduce la cantidad que se puede pagar en efectivo o, ya más a largo plazo, se pretende acabar con el efectivo.

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Al final el objetivo es reducir el peso de la economía sumergida en el PIB, pero sobre todo aumentar la recaudación fiscal. Cada vez habrá un mayor control en empresas y autónomos, sin importar el tamaño. Hoy en día las herramientas de análisis ya determinan los indicios de fraude y tras estas alarmas los inspectores de la Agencia Tributaria no tardan el actuar.

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El SII supone un control de la facturación en menos de dos días desde la emisión de la factura, que es el tiempo que tienen las empresas para remitirlas a Hacienda. Era cuestión de tiempo que se bajasen los límites para que cada vez más empresas se incorporaran a este sistema. Pero para aquellos que tributan en el País Vasco llegará muy pronto porque en 2020 el SII llegará también a los autónomos y pymes de Euskadi.

El sistema se denominará Ticket BAI y se implantará para todas las empresas a mediados de 2020 y en 2021 en el caso de los autónomos. Con ello se va a intensificar el control de ingresos de los negocios, sobre todo para aquellos que cobran en efectivo.

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La Hacienda vizcaína implantará un SII para los autónomos

Todo dispositivo que sea capaz de emitir facturas, desde un TPV a una balanza y por supuesto los sistemas de facturación, tendrán que generar la instante un fichero único identificativo por cada factura que se deberá enviar a la administración en los plazos estipulados. Cada fichero tiene que incluir un código TBAI y un código QR que recogerá toda la información necesaria.

Por mucho que lo vendan como una forma de reducir las obligaciones formales de las empresas, se acabaron declaraciones trimestrales al tener ya Hacienda todos los datos, la realidad es que implicará un mayor control fiscal. No hay más que ver cómo ha mejorado la recaudación tras la implantación del SII.

Será la Administración las que ahora remitan a los autónomos y pymes sus declaraciones de IVA, IRPF e impuesto de Sociedades, ya que solo tendrán que cruzar datos para generarlas. Los contribuyentes solo tendrán que aceptarlas si están de acuerdo o rectificarlas en caso de considerarlas incorrectas. Por mucho que quieran simplificar, para los autónomos especialmente será un engorro ya que todavía hay una gran cantidad de ellos que facturan a través del papel, algo que no podrán hacer a partir de ahora.

Y si el sistema funciona, no creo que tarde mucho la administración del Estado en implantarla en el resto del territorio. No quiero ser agorero, pero si mi intuición no falla, en 2025 está implantado en todo el país. Más control de la facturación y de los contribuyentes.

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Llevamos ya mucho tiempo hablando de teletrabajo, pero la realidad es que su implantación en la empresa no está siendo tan rápido como a la mayoría de las organizaciones y muchos empleados les gustaría. En un mundo hiperconectado, con muchas de las aplicaciones corporativas hoy ya en la nube, solo dos de cada diez empleados tienen permitido trabajar en remoto y teletrabajar es un lujo que no todos pueden permitirse.

Y de este porcentaje, la mitad de ellos solo pueden hacerlo de forma puntual. Ya es una alivio, porque implica que ante un imprevisto o problema personal podemos trabajar desde cualquier lugar y de esta forma conciliar mucho mejor nuestra vida personal y profesional. Y esto es algo que desean hacer llegado el caso seis de cada diez empleados encuestados.

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¿A quién beneficia el teletrabajo?

No es algo que beneficie solo a las personas, las empresas también pueden ver como necesitan menos infraestructuras, menos metros para sus oficinas, porque un porcentaje ya trabaja de forma habitual fuera. También menos gasto en consumo eléctrico, ya que son menos equipos conectados y menos horas las que los empleados se quedan en sus instalaciones.

A cambio hay que realizar inversiones que mejoren la seguridad de las empresas. El uso de VPN debe ser algo obligatorio para no poner en peligro los datos. Igualmente el control que ejercen las compañías sobre los datos y dispositivos que se conectan a sus instalaciones. En todo caso los datos siempre tienen que estar bajo su control y no quedar expuestos. Este es el principal miedo de muchas organizaciones.

Después está el compromiso y la conexión emocional con el resto del equipo de trabajo. Aquí hay que diferenciar aquellos que lo están siempre trabajando a distancia con aquellos que solo lo hacen de forma esporádica o unas cuantas horas a la semana. En el primer caso es cierto que puede existir cierta frialdad, que el empleado que no convive con sus compañeros le cuesta más asumir políticas corporativas, objetivos comunes, etc.

Esto no ocurre cuando el teletrabajo es ocasional, ya sea algo esporádico, ya sean solo unas horas a la semana. De hecho en estas ocasiones es cuando los empleados saben sacarle el mejor partido. Porque hay tareas que podemos hacer mejor en casa, que sabemos desarrollar de forma autónoma y otras en cambio es mejor desarrollarlas en la empresa porque trabajamos en equipo o necesitamos algo de apoyo en un momento determinado.

Si queremos que los índices mejoren son las empresas las que tienen que apostar de forma más decidida por esta modalidad. En primer lugar porque es algo muy valorado por los empleados y les ayuda a retener el talento con más facilidad. Y también porque en muchos casos cuando es necesario arrimar el hombro por sobrecarga de trabajo, hacerlo desde casa en lugar de quedarnos más horas en la oficina puede ser una buena solución para muchos trabajadores.

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En la era de la movilidad, de trabaja desde donde quieras y con el dispositivo que quieras seguir apegado a la oficina parece en muchos casos absurdo. Y sin embargo es lo que muchas organizaciones obligan a hacer a la mayoría de sus empleados en aras de un mayor control.

A pesar de las declaraciones de la Ministra de Trabajo sobre la concesión de una moratoria para aquellas empresas que estén negociando con sus empleados cómo van a implantar el registro de jornada, la realidad es que desde Inspección ya se han realizado las primeras actuaciones por no cumplir con esta obligación de registro horario.

Se han realizado sobre todo en el sector de la hostelería, con actuaciones masivas en los bares y restaurantes del barrio de Malasaña de Madrid. La inspección se presentó a partir de las 21:30 y se levantaron las correspondientes actas que en caso de imponer sanción si no se tiene registro acarrearán multas entres 626 y 6.250 euros por cada centro de trabajo.

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No queda aquí la cosa, porque si como resultado de la inspección de registro horarios se verifica que no se están pagando horas extra o peor todavía, se exceden los límites de la jornada laboral, las sanciones podrían ser mucho mayores. Hay que tener en cuenta que las denuncias por exceso de jornada ante Inspección son el segundo motivo más popular de todas las recibidas.

Respecto a la negociación con los representantes de los trabajadores, la Inspección lo tiene en cuenta, pero es algo que afecta más a una gran empresa que a una micropyme, donde poner de acuerdo a 10 trabajadores es relativamente fácil.

Por último si se ha implantado algún método digital para el registro, ya sea mediante un dispositivo de hardware o mediante una aplicación, es fundamental tener manejo del control de informes y poder revisar lo que están haciendo los empleados.

Hay que tener en cuenta que el responsable tiene que estar pendiente de si un empleado no ha registrado su jornada o lo ha hecho mal, para poder corregir estas situaciones. Es la empresa en todo caso la responsable, no el trabajador, aunque se pueda negociar la imposición de sanciones si no se cumple con el registro de forma reiterada.

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El control horario de la jornada laboral está desatando bastantes polémicas a la hora de implantarlo en las empresas. Muchas lo entienden como una medida desproporcionada que no hace sino añadir más obligaciones administrativas a su día a día. Otras lo ven como una forma de reducir la competencia desleal entre empresas.

Al menos así opina la Ministra de Trabajo. Porque la realidad es que si una empresa está haciendo que sus empleados cumplan con su jornada laboral y otra de la competencia hace que los suyos aumenten su jornada, con horas extras que muchas veces ni siquiera se pagan, los costes de personal lógicamente no son iguales.

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Existen dos puntos de vista. Los de las empresas que hasta ahora miraban para otro lado con los horarios. Hay que quedarse hasta que se acabe, pero no controlo lo que haces durante el día. No se toma en serio la productividad hasta que esta no implica un sobrecoste.

Y luego están las que directamente obligan a sus empleados a realizar jornadas que exceden con mucho los horarios que deberían hacer en su día a día. Son estas empresas que están ahorrando mucho dinero en cotizaciones, en horas extras o en personal que deberían contratar para cubrir estos horarios.

Y es aquí donde la Seguridad Social también tiene que estar pendiente de que se paguen estas horas extras y aumente la recaudación por este concepto. En muchas empresas no se han pagado horas extras nunca, en raras excepciones se compensan. Pero la verdad es que son muy pocas en las que no se hace nada.

La incomodidad que muchas empresas, y algunos trabajadores, han hecho notar con la implantación del registro de jornada es notoria. Es una obligación que hasta ahora solo se contemplaba para aquellos empleados que tenían jornada parcial pero que ahora se generaliza. Muchas no se han puesto a valorar cómo hacerlo hasta que ha llegado el día, y ahora se encuentran que pueden tener más de 180.000 euros de sanción cuando el registro de jornada destapa irregularidades.

A pesar de que el Ministerio de Trabajo ha prometido flexibilidad a la hora de Inspeccionar y aplicar sanciones, lo cierto es que muchas empresas no tomarán medidas hasta que no conozcan algún caso de sanción. Que puede ser de diferentes tipo, leves, graves o muy graves. Son estas últimas las que pueden suponer un grave problema para muchas compañías.

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Estas sanciones podrían afectar de forma considerable a los beneficios de la empresa, pero muchas no son conscientes de hasta que punto.

• Infracciones leves que van de 60 a 625 euros, y pueden aplicarse por no informar de las condiciones laborales o no poner a disposición de los empleados los informes generados sobre el control de horas realizado.
• Infracciones graves que van de 626 a 6.250 euros, si se han detectado irregularidades en los horarios o la realización de horas extras o complementarias no computadas ni pagadas.
• Infracciones muy graves de las que se habla poco, pero que pueden llegar hasta los 187.515 euros si se ha producido un aumento considerable de las horas extras sin que hayan reflejado cambio de contrato o se hayan superado el máximo legar de 80 horas anuales o no se hayan abonado adecuadamente.

Las multas las pagaría la empresa, aunque quedan dudas de qué ocurriría si un trabajador se niega a fichar de forma reiterada. La sanción puede producirse en caso de ausencia de sistemas de control, no se pone a disposición de los empleados esta información, la realización de horas extras no comunicadas ni pagadas o el enmascaramiento del pago de horas en otros conceptos salariales.

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Los casos muy graves serán un problema para muchas empresas, tanto como para pensárselo antes de incumplir la legislación vigente. Y esto ahora, porque si sufrimos una inspección dentro de un par de años, la Seguridad Social nos podría reclamar las cotizaciones no realizadas por horas extras, cambio de tipología de contratos, etc.

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