Las declaraciones de insolvencia en 2022 crecieron un 70% entre los autónomos. De hecho, es el colectivo que más sufre un concurso de acreedores. Los economistas vaticinan que esta cifra seguirá aumentando debido a su situación financiera en 2024.

La insolvencia entre los trabajadores por cuenta propia se ha disparado hasta un 111% durante el último año. Si las cifras se comparan con las de hace cinco años resultan preocupantes, hablamos de un 328% de negocios que han tenido que echar la persiana, según recoge Autónomos y Emprendedores.

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Los autónomos son los primeros de la lista de insolventes

Los economistas resaltan una situación que afecta de manera especial a los autónomos y microempresas - las que tienen menos de diez trabajadores- y que representan el 70% de todos los concursos de acreedores de nuestro país.

El Atlas Concursal 2023 avisa de que el colectivo de autónomos es el que experimenta un mayor crecimiento, y alcanza el 44% de todos los concursos celebrados en España en 2022.

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Las microempresas ocupan el segundo lugar

Las microempresas, ocupan el segundo lugar y representan el 36% del total de estos concursos de acreedores. Dentro de los sectores más afectados están el comercio, servicios profesionales y construcción.

Estos acontecimientos se dan, un año después de la entrada en vigor del nuevo sistema para el procedimiento concursal que buscaba agilizar los trámites judiciales y solucionar las insolvencias de los pequeños negocios y autónomos.

Por ahora este mecanismo no ha contado con mucho seguimiento, de hecho, sólo 326 procedimientos han sido tramitados entre enero y octubre de este año.

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España y el aumento de concursos de acreedores respecto a Europa

Si comparamos estos datos con países de nuestro entorno como Alemania, Francia o Reino Unido, España es donde más se han incrementado los concursos de acreedores de empresas.

Si nos centramos en los autónomos, el número de concursos de acreedores pasó de 2.378 en 2021 a 4.006 en 2022, es decir, un 68,46% más en un año. Los economistas achacan este incremento a la petición de la segunda oportunidad.

El número de concursos era muy reducido en comparación con otros países, pero tras la pandemia, las personas físicas han sido las más vulnerables.

En resumen, el tejido comercial español al ser muy minorista, tiene márgenes reducidos, agravados por la subida de los costes y la crisis de los últimos años; esto se ha traducido en pérdidas y una incapacidad para poder aguantar con la persiana levantada.

En el tercer trimestre de 2022 el número de deudores concursados alcanzó la cifra de 3.108, lo que supone un aumento del 30% respecto al mismo período del año anterior, y un 9% respecto al trimestre anterior. Pero si nos fijamos en los datos, por tipo de concurso, son voluntarios 1.829 (un 54,5% más que en el tercer trimestre de 2021), consecutivos 1.256 (un 5,3% más), y necesarios 23 (un 76,9% más que en el segundo trimestre de 2021 1 ).

Si el concurso de acreedores es un procedimiento judicial que se aplica cuando una empresa o empresario no puede hacer frente a sus deudas, declarando su insolvencia, es una buena noticia que las empresas no esperen a estar en quiebra para presentarse a concurso y así garantizar que los trabajadores cobren los salarios pendientes.

Septiembre marcó el límite para las empresas insolventes

Los concursos que crecen más son los obligados pero tengamos en cuenta que esto se debe también al fin de la moratoria. Las empresas han tenido que afrontar obstáculos como la crisis debida a la pandemia del Covid, la guerra en Ucrania, la inflación y el aumento del coste de la electricidad.

Si bien las estadísticas sobre concursos de acreedores declarados durante el último trimestre de este año reflejan cifras poco optimistas ya que el total de deudores aumentó un 30% respecto al año anterior, este periodo coincide con el límite que estableció el Gobierno para paliar los envites de la crisis sanitaria.

Desde el Colegio de Registradores se muestran cautos ya que los datos reflejan un aumento moderado en el número de concursos, algo que, si bien no es buena noticia, era esperable. Si comparamos las cifras con el trimestre anterior, el incremento no llega a los dos dígitos. Habrá que esperar a los datos de los próximos trimestres.

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Tipos de solicitud del concurso

La ley en la que se apoya el concurso de acreedores, Ley 22/2003, de 9 de julio, intenta la no disolución total de la empresa y fomenta la conservación del patrimonio. En esta normativa, el socio pone su patrimonio como garantía hipotecaria y es el último en cobrar la deuda.

Existen dos tipos de solicitud:

• Solicitud voluntaria: cuando es realizada por la persona física o la persona responsable de la sociedad en el caso de las empresas. En estos casos, el empresario individual o societario es quién, al tener conocimiento de la posible quiebra de la empresa o de una situación de insolvencia aún no declarada, tiene la obligación de presentar la solicitud del concurso en un plazo máximo de dos meses. Si se admite a trámite será un concurso voluntario.
• Solicitud forzosa: cuando el concurso de acreedores es fruto de un requerimiento de un acreedor o de alguno de los socios de la empresa, generalmente disconforme con la dirección. Un juez tramitará la solicitud de concurso de acreedores y decidirá si se aprueba o no.

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El fin que todos desean es evitar la disolución de la empresa

El concurso de acreedores es un procedimiento con el fin de  solventar los problemas de insolvencia y falta de liquidez de un negocio, que busca por una parte que los acreedores puedan cobrar y por otra encontrar soluciones para conseguir la continuidad del negocio y evitar la quiebra.

Quedémonos con la parte positiva, es posible que cuando se declare el concurso de acreedores la empresa continúe activa y desarrolle su actividad habitual como venía haciendo hasta ahora. En todo caso, dentro de un mal escenario, es mucho mejor que nuestra empresa forme parte de un concurso de acreedores a desaparecer.

Uno de los índices más interesantes a la hora de contrastar la salud de una empresa es el tiempo  que pasa desde su puesta en marcha hasta que acaba por cerrar. Porque nadie trabaja perdiendo dinero eternamente. Y la realidad es que las empresas no recuperan las tasas de supervivencia anteriores a 2019 lo que nos indica que la recuperación se queda a medias.

Si la empresa ha nacido con un plan de negocios realista y la financiación adecuada, cosa que es mucho presumir en algunos casos, debería sostenerse sin problemas el primer año o incluso el primer año y medio. A partir de aquí, es cuando el negocio debe consolidarse y comenzar a generar beneficios.

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Un tercio de las empresas cierran antes del quinto año de vida

Según los datos de Iberform donde se incluyen tanto los cierres como aquellas empresas que nominalmente sigue abiertas, pero que no mantienen ninguna actividad, una de cada tres cierran antes del quinto año de vida.

Pero si se prolonga un poco más en el tiempo es todavía peor, porque una de cada dos no llega a cumplir el octavo año de actividad y a los doce años solo llega algo más de una de cada tres. Es decir, muchos no se mantienen a lo largo del tiempo lo que indica que no todas a pesar de continuar tienen la rentabilidad y salud financiera que deberían.

La buena noticia es que las empresas que superan esta madurez logran asentarse en el mercado a lo largo del tiempo. Teniendo en cuenta cómo se han desarrollado los últimos 15 años no es de extrañar, ya que hemos ido enlazando crisis económicas con recuperaciones débiles que no han permitido recuperar márgenes, pagar deudas y hacer que muchas empresas tengan una buena salud financiera.

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No se alcanzan las cifras previas a la pandemia

Analizando estas cifras nos encontramos con que la tasa de supervivencia tampoco iguala a la que tenían las empresas en 2019, lo que deja la recuperación a medias. La buena noticia es que se queda cerca y con todo lo que ha llovido no es tan terrible. 

La mala noticia es que todavía quedan muchas por caer, la moratoria concursal a la espera de la nueva ley ha mantenido las constantes vitales de muchos negocios, que tras la crisis del COVID, ven como el aumento de costes y la bajada del consumo terminará por hacer inviables sus finanzas a corto plazo.

Si a esto le sumamos que no se crean empresas al mismo ritmo que antes de la crisis de la inflación dan un índice bastante fiable de una economía con un crecimiento muy bajo o incluso negativo. Malas noticias para todas aquellas empresas con dificultades. 

A finales del mes de junio la moratoria concursal que se había decretado para ayudar a las empresas en dificultades a mantenerse después de la crisis del COVID llegó a su fin. Muchas no habían podido recuperarse del todo. Otras esperaban tener un buen verano para solucionar sus problemas. Pero lo cierto es que la inflación, la subida de tipos y un escenario económico incierto forman el cóctel explosivo perfecto para que se disparen los concursos de acreedores.

Para muchos sin un horizonte despejado lo más sensato será hacer un cierre ordenado y tratar de no acumular más deuda. Más todavía con las dificultades para la financiación, y una subida de tipos que la encarece, para poder pagar o refinanciar sus deudas a corto plazo.

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Los concursos de acreedores crecen desde el mes de julio

Y es posible que sea todavía peor. Porque muchas pueden haber aguantado en verano, un momento del año donde algunas facturan la mayor parte de sus ingresos anuales, para ver si lograban equilibrar sus cuentas. Aunque haya sido un buen año y una buena temporada, saben que 2023 no será igual y esto lo complica todo.

A todo esto hay que sumar el encarecimiento de la energía que ha mermado el beneficio de muchas actividades y negocios. Han tenido una buena facturación, pero sin embargo esto no se traduce en los beneficios, con lo cual no se puede amortizar deuda.

Según los The Objective con los datos acumulados durante este año se han contabilizado un total de 718 insolvencias, un 90,5% más que en el mismo periodo de 2021. Si nos fijamos en los concursos presentados son 4.237 en lo que va de 2022.

Hay sectores como el primario donde se han multiplicado este tipo de problemas por 2,5, algo que no debe sorprender a nadie, ya que es uno donde más han aumentado los costes de producción, no solo por el aumento del coste de la energía sino también de los fertilizantes.

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Todo lo que puede hacer una empresa antes de presentar concurso de acreedores para evitarlo

Si a esto le sumamos que el aumento de precios que sufren los consumidores no les repercute en igual medida a ellos, pone a muchas explotaciones en una situación muy difícil.

Pero lo peor está por llegar. El aumento de tipos, los salarios que no alcanzan cuando suben ni de lejos la recuperación del poder adquisitivo perdido o un mayor coste de la cesta de la compra hacen que el consumo, inevitablemente se retraiga. Y esto supone menor actividad económica y para muchos negocios una bajada de facturación.

Tendría que haber estado lista para finales de junio cuando finalizó la moratoria concursal decretada por el Gobierno, pero no fue posible y tras su paso por el Senado ayer se aprobó en el Congreso la que será nueva ley concursal y estás son sus principales novedades.

Para que entre en vigor lo único que falta es su publicación en el BOE. El Congreso en la última lectura rechazó todas las enmiendas que se habían introducido en el Senado, por lo que se publicará sin grandes cambios sobre lo previsto.

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Novedades de la nueva ley concursal

Una de las cuestiones que intenta mejorar la nueva ley concursal es el tiempo que dura el proceso. Se acota a un año, desde la apertura de la primera fase y el cierre del proceso. Hay que tener en cuenta que actualmente la media se encuentra entre cuatro y cinco años.

Para ello se transforman los concursos en un único procedimiento, que permita realizar las reestructuración necesaria para la empresa. Se unifican de esta forma las situaciones concursales, ya sean de insolvencia actual o inminente como aquellas preconcursales que suponen probabilidad de insolvencia.

La figura clave del proceso será el experto en reestructuraciones. Los planes de reestructuración se tratan de un instrumento preconcursal dirigido a evitar la insolvencia, o a superarla, que posibilita una actuación en un estadio de dificultades previo al que actualmente tienen los instrumentos preconcursales y viene a sustituir los actualmente vigentes.

Para las pymes se ha articulado un procedimiento especial que afecta a empresas que no tengan una facturación de 700.000 euros, un pasivo de 350.000 euros o cuenten con menos de diez empleados.

Una de las novedades interesantes consiste en la posibilidad de rescate de la empresa por parte de sus propios trabajadores. Para ello tendrán que constituir una sociedad cooperativa, participada o laboral, cuya oferta tendrá prioridad ante otra de igual alcance.

Por último la ley de segunda oportunidad permite al deudor la posibilidad de exonerar su deuda sin la previa liquidación de su patrimonio. Esta modificación, que abre por primera vez este proceso a los consumidores, permitirá a los particulares seguir disponiendo de la vivienda habitual y a los autónomos mantener su negocio abierto.

Ya sea un autónomo o  una empresa se puede acoger a un plan de pagos que no durará más de tres años. Dicho plan se puede extender a cinco en caso de que no se enajene la casa del propietario.

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Digitalización del proceso y garantías jurídicas

Una de las claves para acortar todo el proceso está en la digitalización del mismo y la actuación previa antes de que todo acabe en cierre de la empresa por insolvencia. Lo cierto es que en España, al contrario que en el resto de Europa, el se espera a estar ya técnicamente en quiebra y el concurso se presenta ya tan tarde que acaban la mayoría en liquidación. 

También parece interesante que sean los propios empleados los que puedan rescatar la empresa. Veremos cuando pase el tiempo cuántos asumen el riesgo de ser ellos los que gestionan y si logran hacerlo de forma eficiente para mantener los empleos y la empresa abierta.

El Gobierno ante las circunstancias excepcionales producidas por la crisis económica derivada del coronavirus puso en marcha una moratoria para que las empresas no tuvieran la obligación de declarar concurso de acreedores cuando presentasen una situación de insolvencia. Tampoco se tendrían en cuenta las peticiones de sus acreedores.

El objetivo era dar un poco de aire a estas empresas y que pudieran remontar con la mejora de la economía. Pero estamos a diez días para el fin de la moratoria del concurso de acreedores y muchas empresas siguen en mala situación. Por eso se espera una avalancha de procedimientos y se está pensando en poner medias encima de la mesa para remediarlo.

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La nueva ley de concursal

Hablamos de más de 130.000 empresas en riesgo de quiebra, lo que además supone la pérdida de muchos empleos. ¿Se podrán salvar si les dan un poco más de tiempo? 

El instrumento fundamental para evitar la avalancha de concursos a los que muchas empresas se verían irremediablemente obligados sería la nueva ley concursal. Ya debería estar lista, pero tiene que pasar demasiados trámites como para pensar que llegará a tiempo.

La ley tiene que validarse en el Congreso, que vaya al Senado y que vuelva nuevamente a las Cortes para su aprobación definitiva. Y esto en apenas nueve días hábiles se antoja, cuanto menos complicado.

¿Por qué es importante este instrumento? Porque supone que las empresas van a tener a través de esta ley más facilidad para llegar a acuerdos entre deudores antes de que se declare el concurso de acreedores. Esto reduciría de forma significativa el número de procesos que llegan hasta el concurso. Se dan más herramientas a las empresas en crisis para negociar condiciones y alternativas.

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Las pymes se descuelgan de la recuperación y están en situación crítica

La otra opción es llevar las ayudas que muchas empresas han tenido a su disposición en forma de créditos, avales, de subvenciones o ayudas directas que se pusieron en marcha con la COVID a la nueva situación provocada por la guerra de Ucrania y el aumento notable de costes de materias primas básicas.

El problema fundamental es que en España los concursos de acreedores fundamentalmente acaban en disolución de las empresas. Y esto además de pérdida de tejido productivo supone pérdidas de empleos. Es lo que todo el mundo quiere evitar a toda costa. Veremos si logran o no su propósito.

Muchas empresas han pasado duros momentos financieros debido a la crisis del COVID. Cuando muchas estaban empezando a levantar cabeza, las sucesivas crisis de energía o guerra de Ucrania que han elevado de forma notable los costes lo han puesto más difícil todavía. Por eso es el momento de ver qué posibilidades tienen de salir de esta situación y para ello si tu empresa está en dificultades financieras, CONPYMES te ayuda con asesoramiento legal gratuito.

Muchas organizaciones están comenzando a pagar en estos meses los créditos ICO que pidieron en su momento, y que hasta hace poco, solo hacían frente a los intereses. Y ahora llega le momento de empezar a amortizar el préstamo, pero no todas están en condiciones de hacerlo.

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Todo lo que puede hacer una empresa antes de presentar concurso de acreedores para evitarlo

Además la moratoria concursal previsiblemente finalizará en junio, un horizonte muy cercano que acabará por marcar un antes y un después para muchas empresas. Y lo ideal es saber por dónde tenemos que movernos antes de que la situación sea irremediable.

Una asesoría imprescindible para las empresas con problemas

Si además tenemos en cuenta que la mitad de los concursos son realizados para trabajadores autónomos y por empresas con menos de diez empleados que no siempre tienen los recursos jurídicos oportunos para asesorarse debidamente.

Por eso desde CONPYMES apuestan por ayudar con asesoría con expertos en derecho concursal y mercantil para que se valoren todas las soluciones posibles ante la insolvencia, concurso de acreedores y obligaciones legales del empresario.

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Es importante conocer qué opciones tenemos y sobre todo actuar cuanto todavía estamos a tiempo ya que de otra manera solo quedará la solución de liquidar y disolver la empresa.

Y antes de llegar a este punto hay opciones que nos pueden ayudar a poner orden en nuestras finanzas, ya sea con la reunificación de las deudas o si queremos saber en qué condiciones nos podemos acoger a la ley de segunda oportunidad.

Con el fin de 2021 llegaba también el fin de la moratoria concursal decretada por el Gobierno para ayudar a las empresas que estaban en dificultades por la situación de excepción provocada por la pandemia. Como la recuperación va un poco más lenta de lo esperado se ha prorrogado seis meses más hasta finales de junio de 2022 dicha moratoria. Pero si no quieres llegar a esta fecha con el agua al cuello vamos a ver todo lo que puede hacer una empresa antes de presentar concurso de acreedores para evitarlo.

Porque hay una serie de medidas preconcursales que le pueden ayudar a salir de la situación de dificultad que está pasando. De esta forma la empresa puede tomar un poco de aire, y si su situación es buena, lograría reordenar sus finanzas para salir adelante sin declarar concurso.

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Además existe un argumento técnico para este retraso. Se espera que para dicha fecha ya esté en marcha la nueva ley concursal de manera que todos los negocios con problemas vayan por la misma vía.

Herramientas previas al concurso de acreedores

Para evitar llegar al concurso existen otras herramientas que ayudan a aliviar la situación de insolvencia que puede tener la empresa y, sobre todo, mejoran su capacidad de maniobra. Son las siguientes:

Acuerdos de refinanciación

Gracias a este tipo de acuerdos el deudor pactará con los acreedores una ampliación del crédito, una extinción o una modificación en sus obligaciones. Se pueden suscribir con acreedores que representen 3/5 partes del pasivo del deudor.

También se pueden utilizar acuerdos individuales, para el resto de casos. Tienen que cumplir una serie de requisitos, como incrementar la proporción de activo sobre el pasivo previa,  resultar un activo corriente superior o igual al pasivo corriente,  existir proporcionalidad entre las deudas y las garantías resultantes, y resultar un tipo de interés aplicable a la deuda subsistente no superior a un tercio del aplicable a la deuda previa.

Acuerdos extrajudiciales de pagos

Está más pensado para deudas contraídas por personas físicas, como pueden ser autónomos, más que para empresas. Aunque nada impide que se puedan utilizar por ellas. Es un procedimiento que lleva a cabo generalmente el notario, que nombra a una mediador concursal encargado de la negociación con los acreedores para que faciliten quitas o esperas, aplazando los pagos.

La propuesta anticipada de convenio

Es una herramienta para facilitar la tramitación del concurso con una propuesta de acuerdo con los acreedores que podrá ser aportada por el deudor en la misma demanda de solicitud de concurso y hasta el momento de finalización del plazo de comunicación de créditos.

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La gran ventaja de estas herramientas es que resultan ser mucho más ágiles que la declaración de concurso, uno de los problemas fundamentales que se quieren atajar con la nueva ley concursal. Ahora bien si la situación de la empresa es tal que acabará si o sí en concurso de liquidación, lo que ocurre en la mayoría de los casos, de poco van a servir.

Por causas de la COVID el Gobierno decretó una moratoria concursal que se prorrogó posteriormente hasta finales de 2021. Pero en 2022 muchos de los negocios que aun arrastran problemas van a tener que enfrentarse al concurso de acreedores, pero ¿cuándo está mi empresa obligada a declararlo?

La realidad es que se estiman en unas 130.000 las empresas que se encontrarían en quiebra técnica. Y a esto hay que sumarle que hay una ley de reforma concursal en trámite para intentar agilizar este paso y que la mayoría de las empresas que acudan no acaben en liquidación.

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¿Cuándo tiene que declarar mi empresa concurso de acreedores?

El concurso de acreedores se rige por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal. Según este texto toda empresa en estado de insolvencia podrá declarar concurso de acreedores. Esto no significa otra cosa que el deudor no puede cumplir o no va a poder cumplir con sus obligaciones de pago ante sus acreedores, pretendiendo con este procedimiento saldar sus deudas.

La insolvencia puede ser de dos tipos:

• Insolvencia actual, cuando a la empresa o al autónomo le resulta imposible atender sus obligaciones ordinarias, a medida que vencen y son exigibles por los acreedores. Pueden ser el pago de las nóminas a sus trabajadores, a proveedores o suministros entre otros.
• Insolvencia inminente, cuando el estado financiero es tal que hay previsión de no poder hacer frente en el futuro próximo a las obligaciones contraídas.

La segunda es la vía que utilizan las empresas antes de que el agua les llegue al cuello y poder tener una salida ordenada a sus pagos sin que esto lleve a la liquidación de la empresa. Las que esperan hasta la insolvencia actual suelen acabar liquidando y con cierre.

¿Cuándo mi empresa es insolvente?

La Ley presume que el deudor conoce que se encuentra en estado de insolvencia en los siguientes casos:

• Si existe una previa declaración judicial o administrativa firme de insolvencia.
• Si existe un título por el cual se haya despachado mandamiento de ejecución o apremio sin que del embargo hubieran resultado bienes libres conocidos bastantes para el pago.
• Si tenemos embargos por ejecuciones que afecten de una manera general al patrimonio.
• El sobreseimiento generalizado en el pago corriente de las obligaciones.
• El sobreseimiento generalizado en el pago de las obligaciones tributarias exigibles durante los tres meses anteriores a la solicitud de concurso; como el de las cuotas de la seguridad social y demás conceptos de recaudación conjunta durante el mismo período, o el de los salarios e indemnizaciones a los trabajadores y demás retribuciones derivadas de las relaciones de trabajo correspondientes a las tres últimas mensualidades.
• El alzamiento o la liquidación apresurada o ruinosa de sus bienes.

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¿Por qué te interesa declarar concurso de acreedores?

La declaración de insolvencia y obligación de concurso puede ser solicitada tanto por un acreedor como por la propia empresa. Es necesario presentar la solicitud ante los juzgados de lo Mercantil correspondientes.

La cuestión es que una empresa a través de esta situación puede conseguir una reducción de la deuda de hasta un 50% y un aplazamiento en el pago de hasta cinco años. Claro que declarar concurso tiene asociados gastos por lo que no todo el mundo está por la labor.

Para los acreedores supone la garantía de al menos cobrar una parte de la deuda, algo que de otro modo no tienen garantizado puesto que en muchos casos se encuentran con empresas y autónomos que han desaparecido y facturas pendientes que nunca cobrarán. 

Imagen | Tima Miroshnichenko en Pexel

El 31 de diciembre finaliza la moratoria concursal que facilitaba a las empresas en problemas la suspensión del deber de solicitar la declaración del concurso de acreedores. A partir de esta fecha se iniciará el cómputo del plazo legal de dos meses para solicitar la declaración de concurso. Y según el Barómetro de los gA del mes de septiembre hay más de 130.000 empresas técnicamente en quiebra que deberían presentar concurso.

El principal problema se encuentra en que la mayoría de las empresas que presentan concurso acaban por hacerlo en la modalidad de liquidación, es decir, se cierra el negocio. Y esto supone no solo destrucción de tejido productivo, sino también pérdida de empleo.

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De poco habrán servido ayudas, directas o a través de créditos ICO, ERTES y cualquier otra medida si al final el resultado es que la empresa no es viable. Esto por no hablar del problema que están generando a las que si son viables.

Según el estudio, el 26 % de las pymes atraviesan problemas de liquidez. El 8% presenta impagos ante la Seguridad Social y Hacienda; el 14 % encuentran problemas para pagar los alquileres, mientras un 27 % de los negocios tienen clientes morosos. Y esto supone un grave problema.

No es la primera vez que la salida de una crisis económica se ve ralentizada por una espiral de morosidad. Mi cliente no me paga, y yo no pago a otra empresa, que a su vez deja de pagar a una tercera. De esta forma se ven arrastrados hacia el abismo si no se corta dicha cadena. En parte las ayudas directas proyectadas por el Gobierno querían cortar dicha cadena, aunque el efecto no ha sido el deseado.

El problema como ha ocurrido en otras ocasiones es cómo se traslada la situación económica macro a la microeconomía. Es decir, por mucho que los indicadores muestren que se sale de la crisis si en las empresas no llega liquidez y se logran beneficios ahora será muy complicado remontar. Muchas tendrán en la campaña de navidad su última oportunidad, para remontar o en el peor de los casos para coger el dinero y salir corriendo.