La nueva Directiva Europea de Insolvencia 2026/799 publicada el pasado 1 de abril, introduce importantes mejoras para que autónomos y pymes tengan margen de actuación antes de llegar al concurso de acreedores.

Esta nueva norma refuerza herramientas que permiten vender total o parcialmente el negocio en fases tempranas. El objetivo es que estos profesionales puedan mantener la actividad y reducir el impacto económico en sus cuentas.

Una norma que, además, llega en un momento importante. En 2025 se produjo un fuerte aumento de las insolvencias, con un crecimiento superior al 40% y un cambio claro: más del 90% de los concursos ya corresponden a personas físicas.

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Solo en el último trimestre del pasado año se registraron 17.632 deudores concursados, consolidando una tendencia al alza en todo el ejercicio, muy por encima del peso de las sociedades, que apenas representan en torno al 9% del total.

El prepack gana protagonismo como alternativa al concurso

Uno de los elementos clave de esta normativa es el impulso definitivo a los denominados procedimientos de venta prenegociada, conocidos como prepack. Se trata de una fórmula que permite al autónomo encontrar un comprador para su negocio, o para una parte de él, antes de iniciar un concurso de acreedores.

La directiva establece dos fases claramente diferenciadas que buscan dar mayor transparencia y seguridad al proceso.

En la primera etapa, previa al concurso, se prepara la operación. Aquí entra en juego un supervisor independiente, cuya función es coordinar la búsqueda de ofertas y garantizar que exista competencia real entre posibles compradores.

El objetivo es conseguir la mejor propuesta posible en términos económicos y de continuidad.

En la segunda fase, ya dentro del procedimiento concursal, se formaliza la venta. Esta estructura permite que la operación esté prácticamente cerrada antes de que se active el concurso, lo que reduce tiempos y evita la pérdida de valor del negocio.

Protección de acreedores y continuidad empresarial

Uno de los pilares de la directiva es asegurar que cualquier decisión beneficie, en la medida de lo posible, a los acreedores. Para ello se introduce el denominado test de mejor interés, un mecanismo que obliga a comparar el resultado de la venta con el escenario de liquidación.

En la práctica, esto significa que la transmisión del negocio solo se aprobará si ofrece un resultado más favorable que el cierre y reparto de activos. De esta forma, se busca un equilibrio entre salvar la actividad económica y proteger los derechos de quienes tienen créditos pendientes.

Además, este modelo permite mantener contratos esenciales y preservar puestos de trabajo, algo especialmente relevante en el caso de pymes con estructura operativa activa.

Encaje con la legislación española

El ordenamiento jurídico español ya recoge algunos elementos de este sistema desde la reforma concursal introducida por la Ley 16/2022. Sin embargo, la nueva directiva obliga a ajustar determinados aspectos para alinearlos con el modelo europeo.

Entre las adaptaciones previstas destaca la regulación más detallada del papel del supervisor, la separación de fases y los criterios de validación de las ofertas.

También se espera una mayor estandarización de los informes de viabilidad que deben acompañar estas operaciones.

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Venta de unidades productivas

El prepack no implica necesariamente vender toda la empresa. De hecho, uno de sus principales atractivos es la posibilidad de transmitir unidades productivas concretas. Esto incluye activos materiales, plantilla, contratos o incluso elementos intangibles como marca o cartera de clientes.

Esta flexibilidad permite reestructurar el negocio de forma selectiva. Por ejemplo, una empresa puede desprenderse de una línea de actividad no rentable o vender una parte viable para garantizar su continuidad bajo otra gestión.

Además, al preparar la operación antes del concurso, se evita el deterioro de los activos, algo habitual cuando la empresa entra en una fase de incertidumbre prolongada.

Rastreo de activos para mejorar la recuperación de deuda

La directiva incorpora también herramientas para mejorar la localización de activos dentro de la Unión Europea. 

Las autoridades podrán acceder a registros de cuentas bancarias a petición de los administradores concursales, lo que facilita identificar recursos disponibles de empresas insolventes.

Este mecanismo busca maximizar la recuperación de deuda y reducir la opacidad en situaciones de insolvencia transfronteriza, donde tradicionalmente ha sido más complicado localizar patrimonio.

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El mapa de la insolvencia en España está cambiando a gran velocidad. Las últimas estadísticas del Colegio de Registradores, analizadas por el Consejo General de Economistas, reflejan un incremento sostenido que confirma lo que muchos despachos especializados ya advertían desde hace meses.

En el cuarto trimestre de 2025 se registraron 17.632 deudores concursados, lo que supone un aumento del 41% respecto al trimestre anterior. Si se compara con el mismo periodo del año previo, el crecimiento alcanza el 31,9%.

En el caso específico de los trabajadores por cuenta propia y personas físicas con actividad empresarial, el incremento acumulado anual ronda el 28%. El concurso ya no es una herramienta excepcional, sino una vía habitual para reestructurar o cerrar pequeños negocios.

El peso creciente de los autónomos en el sistema concursal

La transformación es evidente cuando se analiza la composición de los procedimientos. Durante el último trimestre del año, más del 90% de los deudores concursados fueron personas físicas.

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En cifras absolutas, 16.019 de los 17.632 expedientes correspondieron a particulares, muchos de ellos autónomos.

En el conjunto anual, el total de concursados aumentó un 40,3%. Dentro de ese dato global, las personas naturales crecieron un 48,4%, mientras que los autónomos lo hicieron un 28,2%.

Las sociedades también registraron variaciones, aunque de menor intensidad. Las sociedades limitadas aumentaron un 5,5% en el acumulado del año y las sociedades anónimas incluso retrocedieron ligeramente un 1,5%.

Este desplazamiento del foco hacia trabajadores por cuenta propia evidencia que la estructura productiva más pequeña es la que soporta mayor presión financiera. Casi la mitad de las empresas concursadas contaban con menos de dos empleados y más de la mitad de ese grupo no tenía asalariados.

Se trata, en muchos casos, de negocios unipersonales con escaso margen de maniobra ante descensos prolongados de ingresos.

Procedimientos especiales y concursos sin masa al alza

Otro fenómeno relevante es el crecimiento de los procedimientos especiales para microempresas, diseñados para agilizar la tramitación de insolvencias en negocios de reducido tamaño.

En el cuarto trimestre se contabilizaron 511 aperturas, un 47,3% más que en el trimestre previo. Este mecanismo, más flexible y digitalizado, está siendo utilizado por pequeños empresarios que buscan una solución ordenada a su situación.

Los concursos sin masa, que sustituyen a los antiguos concursos exprés, también experimentaron un fuerte incremento hasta alcanzar 15.131 en el trimestre, lo que supone un 39% más.

Los procedimientos ordinarios crecieron un 56%, lo que indica que la insolvencia afecta tanto a estructuras simples como a organizaciones algo más complejas.

El recurso al concurso responde a múltiples factores. El aumento de los costes financieros tras la subida de tipos, el encarecimiento de suministros y la reducción de márgenes en sectores muy competitivos han estrechado la capacidad de resistencia de miles de autónomos.

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Sectores más afectados por la insolvencia

El comercio encabeza la lista de actividades con mayor número de concursos empresariales, concentrando el 22,5% de los casos. La construcción representa el 15,4% y la hostelería el 13,6%. Estos tres sectores suman más de la mitad de los procedimientos y comparten características estructurales similares.

Se trata de actividades con márgenes ajustados, fuerte competencia y elevada sensibilidad a la evolución del consumo. En el comercio minorista y la restauración, una caída sostenida de ventas puede generar tensiones de liquidez en cuestión de meses.

En la construcción, el incremento del precio de materiales y la ralentización de determinados proyectos han golpeado especialmente a pequeñas contratas y promotores locales.

La combinación de mayores costes operativos y acceso limitado a financiación explica por qué muchos autónomos terminan recurriendo al concurso como último recurso.

Cataluña, Madrid y Andalucía concentran más expedientes

Desde el punto de vista territorial, Cataluña lidera el número de deudores concursados en el último trimestre con 4.358 casos. La Comunidad de Madrid registró 3.385 y Andalucía 2.467. La Comunitat Valenciana alcanzó 2.133 procedimientos. 

Estas cuatro comunidades acumulan cerca del 70% del total nacional.

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El concurso de acreedores ha dejado de ser un fenómeno asociado a las grandes empresas. Según el portal Iberinform, este 2025 más del 60 % de los concursos abiertos en España corresponden a autónomos y micropymes, como también han recogido otros medios de noticias.

Una estadística que confirma la vulnerabilidad del tejido empresarial más pequeño ante la falta de liquidez, el encarecimiento de la financiación y la presión de los costes.

Cambios en el perfil de los deudores

Estos datos van de la mano de la Estadística del Procedimiento Concursal elaborada por el Colegio de Registradores y la Asociación Independiente de Registradores (AIREG): solo en el primer trimestre de 2025 se registraron 15.384 deudores concursados, un 87,6 % más que un año antes, de los cuales el 89,2 % eran personas físicas: la mayoría de afectados son autónomos y pequeños negocios.

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Las causas son múltiples. Por un lado, el endeudamiento acumulado durante la pandemia y la crisis energética ha dejado cicatrices en muchos negocios. A esto se suma el incremento de los costes financieros, con tipos de interés más altos, y la dificultad para acceder a crédito en fases de tensión.

Además, sectores como el comercio y la construcción lideran los concursos, según Iberinform, lo que refleja que las actividades intensivas en circulante o dependientes del consumo son las más golpeadas.

Cambios en la última reforma concursal

La última gran reforma, recogida en la Ley 16/2022, creó el procedimiento especial para microempresas (PEM). Este mecanismo se aplica a negocios con menos de 10 trabajadores y una facturación inferior a 700.000 euros o un pasivo de menos de 350.000 euros. Su objetivo era abaratar costes, simplificar trámites y digitalizar fases del concurso.

Un análisis reciente del Banco de España señala que, aunque todavía es pronto para medir su impacto real, no se ha observado que el PEM reduzca de forma significativa la probabilidad de insolvencia respecto a empresas más grandes. Eso sí: ha facilitado que más microempresas se acojan a este proceso frente a las barreras del sistema anterior.

Para un autónomo, declararse en concurso no solo afecta al negocio: en muchos casos, su patrimonio personal está en riesgo. Si no se activa a tiempo la Ley de Segunda Oportunidad, la insolvencia puede acabar arrastrando vivienda y bienes personales.

En el caso de las micropymes, el concurso implica costes añadidos (honorarios de abogados, administradores concursales, pérdida de proveedores) y un estigma reputacional que dificulta retomar la actividad.

Algunos expertos recuerdan que, aunque el procedimiento se ha simplificado, la realidad es que muchos negocios llegan demasiado tarde: cuando la deuda es inasumible y la reestructuración ya no es viable.

Sectores y territorios más golpeados

El repunte de concursos no afecta por igual a todos los negocios. Según datos de Iberinform, el 62 % de los concursos corresponde a microempresas, el 31 % a pequeñas, el 5,8 % a medianas y solo el 0,3 % a grandes compañías. El problema se concentra, por tanto, en la base del tejido empresarial.

En cuanto a sectores, el comercio lidera con un 24 % de los concursos, seguido de la construcción e inmobiliario (19 %), la industria manufacturera (15 %) y los servicios a empresas y hostelería (11 %). Entre los subsectores con mayores aumentos destacan la industria extractiva (+200 %), el textil (+85 %) y el alojamiento hotelero (+48 %).

El mapa territorial también muestra diferencias: Cataluña concentra el 26 % de los concursos, seguida de Madrid (22 %), Comunidad Valenciana (14 %) y Andalucía (10 %). En crecimiento relativo destacan Ceuta (+100 %), Baleares (+44 %) y Extremadura (+32 %), mientras que Melilla (−50 %), Cantabria (−39 %) o Castilla y León (−29 %) registran descensos.

Otro dato relevante es la antigüedad de las empresas: predominan las de 6 a 10 años (29 %) y las de 0 a 5 años (21 %). Los mayores incrementos respecto a 2024 se concentran precisamente en los negocios más jóvenes, lo que muestra que las iniciativas empresariales recientes tienen más dificultades para consolidarse y resistir periodos de tensión financiera.

Además, muchos autónomos y microempresas llegan al concurso sin activos suficientes, lo que reduce las opciones de recuperación y aumenta la probabilidad de liquidación. Un factor que explica por qué, pese a la reforma concursal, la recuperación de estos negocios sigue siendo limitada.

Alternativas antes del concurso

Los especialistas recomiendan a autónomos y pymes no esperar al último momento, recordando que existen mecanismos como:

• Los acuerdos de reestructuración temprana con acreedores, que permiten renegociar condiciones antes de caer en concurso.
• El propio procedimiento especial para microempresas, más ágil y digital, aunque aún poco conocido fuera de los despachos profesionales.
• La ley de segunda oportunidad, que abre la puerta a la exoneración parcial de deudas en ciertos casos.
• Asesoramiento financiero preventivo, con planes de viabilidad y alertas tempranas que ayuden a detectar tensiones de tesorería.

En cualquier caso, que seis de cada diez concursos afecten ya a autónomos y micropymes es una señal de alarma: la insolvencia es un problema estructural del tejido más pequeño.

Para el conjunto de la economía, supone un riesgo: si las microempresas y autónomos caen, arrastran a proveedores, empleados y economías locales. Del mismo modo, para los propios negocios se evidencia la necesidad de más acompañamiento institucional: guías prácticas, formación financiera y acceso a servicios de asesoría temprana.

En conclusión, el concurso de acreedores se ha convertido en una realidad cada vez más común entre autónomos y micropymes, que concentran la mayoría de los casos en 2025. La reforma concursal ha introducido herramientas nuevas, pero la falta de información y la demora en reaccionar siguen siendo los grandes problemas.

Nos encontramos en una situación económica de crecimiento. Pero también de incertidumbre y con un horizonte con determinadas incógnitas. A los buenos datos de empleo, una temporada turística con buenas perspectivas o unos beneficios de la gran empresa que no paran de crecer, ser contraponen los datos de las empresas más pequeñas. Porque las pymes se descuelgan de la recuperación y están en situación crítica según la patronal Cepyme.

Al menos así se desprende del Indicador sobre la Situación de la Pyme con dos indicadores muy claros sobre los problemas de la pequeña empresa: la rentabilidad es más baja que en el período 2017-2020 y el endeudamiento total continúa siendo demasiado alto como para garantizar la solvencia.

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Los datos que dibujan un futuro incierto sobre las pymes

Hay varios datos que hacen que esta rentabilidad sea muy baja y siembran dudas sobre la fortaleza en la recuperación de muchas empresas.

• Los costes laborales subieron un 6,7% interanual en el último trimestre de 2021, impulsados por la subida de la remuneración media de 7,8%.
• El coste de los insumos tuvo en el cuarto trimestre una subida interanual de 38%, la mayor en más de 15 años. Tal incremento se explica principalmente por el aumento del precio de la energía, que alcanzó al 89,4% interanual.
• La rentabilidad neta sobre el activo para el conjunto de las pymes fue de 3% en el último trimestre del año pasado. Antes de la pandemia, la misma era de 3,7%

No todos los datos son negativos. El periodo medio de pago se redujo, lo que habla de buena salud financiera del sector. Y los tipos de interés se mantienen bajos, a pesar de la elevada inflación. Y los beneficios de la gran empresa, cliente final de muchas pequeñas pymes, no paran de crecer.

El fin de la moratoria concursal y su efecto sobre las pymes

La confirmación sobre la salud del sector de la pequeña empresa la dará el fin de la moratoria concursal. En principio estaba prevista para finales de este mes de junio, coincidiendo con la puesta en marcha de la nueva Ley Concursal. Si esta se retrasara, no sería raro que se prorrogara otros seis meses más.

Se calcula que son unas 130.000 las empresas que podrían  estar técnicamente en quiebra. Y un escenario económico incierto como el actual no ayuda a que este número disminuya, más bien al contrario. Si se reducen los beneficios, poco margen queda para amortizar deuda.

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Lo cierto es que dentro de todos los problemas que tienen las empresas hay dos que afectan de forma notable a las pequeñas empresas. Por un lado, los costes de la energía y por otro la elevada inflación. Estos son los dos factores determinantes que acaban por mermar sus beneficios.

Los salarios, por muy llamativos que sean los incrementos, no están subiendo, más bien se mantienen por debajo de esta inflación media de los últimos meses, que no parece algo transitorio, sino que ha venido para quedarse al menos unos cuantos meses más.

La productividad, la gran olvidada en la pequeña empresa

Hay un último factor que no suele aparecer en los estudios, pero que determina de forma notable el beneficio empresarial. Se trata de la productividad. Y aquí hay mucho margen de mejora respecto al resto de pymes europeas y las empresas de mayor tamaño, que optimizan mucho mejor este dato.

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A poco que se consiga mejorar esta ratio aquí tiene la pyme un buen filón para recuperar margen de beneficio. Además sería mucho más importante cuando muchas de ellas están sufriendo problemas para encontrar personal.

Las inversiones y la llegada de Kit Digital para impulsar la digitalización de muchas de ellas tendría que servir para hacer más fuertes a estas empresas en un medio plazo, aunque tal y como muchas lo plantean dudo que así sea. 

Cuando una sociedad de responsabilidad limitada atraviesa dificultades de liquidez, puede declararse en concurso de acreedores con el objetivo de solucionar situaciones negativas de tesorería o bien para que la empresa pueda declararse en quiebra después de saldar las deudas que le son exigibles con sus acreedores. Es habitual que, en España, el concurso de acreedores sea sinónimo de quiebra, pues la mayoría de ellos acaban en liquidación de la empresa.

Pero, ¿puede una persona física solicitar el concurso de acreedores? ¿Qué salidas tiene un autónomo para solucionar una situación similar? La pregunta no es baladí porque, a diferencia de las sociedades, cuyos socios solo responden de las deudas con sus aportaciones al capital, los autónomos ponen en riesgo la totalidad de su patrimonio presente y futuro para saldar sus compromisos contraídos (salvo 300.000 euros de la vivienda), lo que ha provocado que muchos emprendedores atraviesen situaciones verdaderamente críticas.

Sin embargo, si trabajamos por cuenta propia, existen algunos mecanismos para resolver problemas de este tipo, aunque ninguna de ellas garantizan la viabilidad futura del negocio. El primero es la solicitud del concurso de acreedores voluntario, una posibilidad a través de la cual el deudor puede conseguir una reducción de la deuda de hasta un 50% y un aplazamiento en el pago de hasta cinco años.

El segundo es la solicitud de la segunda oportunidad, un mecanismo a través del cual el autónomo puede tiene la posibilidad de eliminar las deudas contraídas para evitar embargos futuros. Se trata de una posibilidad que, sin embargo, es necesario demostrar de manera fehaciente, acreditando que la situación actual del autónomo puede conducir a la suspensión de pagos, primero con un acuerdo extrajudicial con los acreedores y después cumpliendo una serie de requisitos, como demostrar buena fe. Aun así, algunas deudas, como las contraídas con Hacienda o la Seguridad Social no quedan exoneradas.

Ambas posibilidades conllevan gastos, que pueden oscilar entre el 10 y el 15% del total de la deuda para cubrir los gastos de gestión de los procedimientos, y ninguna de las dos va a tener una conclusión fácil ni rápida.

En definitiva, existen alternativas para que un autónomo pueda librarse total o parcialmente de sus deudas. Sin embargo, si lo que queremos es proteger nuestro patrimonio al comenzar la actividad, lo mejor es iniciarla como persona jurídica, de manera que la responsabilidad del emprendedor quede limitada a su aportación en la sociedad.

En Pymes y Autónomos | Las quiebras de empresas son un problema de liquidez: el caso de Abengoa

Imagen | sansit

Liquidez y solvencia. Dos conceptos empresariales que aparecen muy unidos y que muchas veces se confunden, pero que tienen repercusiones muy diferentes. De hecho, existe la creencia generalizada de que las quiebras son un problema de solvencia cuando, en realidad, una de los factores que llevan a las empresas a su desaparición es su falta de liquidez.

Y, si no, que se lo digan a Abengoa, la multinacional que hace apenas quince días solicitó el preconcurso de acreedores, ahogada en una deuda de 8.904 millones de euros y que podrá significar la mayor quiebra de la historia en España. Sus costes de financiación son una pesada losa sobre la que se puede derrumbar la empresa andaluza.

Y no es porque Abengoa no sea una empresa solvente, ni mucho menos. Sus activos valen mucho dinero y es la segunda empresa con más patentes en el IBEX-35, solo superada por Telefónica. Además, sus plantas solares son la envidia de muchas grandes empresas del sector de las renovables.

Abengoa tiene un grave problema de liquidez que está relacionado con su estructura financiera y sus fuentes de financiación. Al fin y al cabo, si no puede hacer frente a sus compromisos de pagos a más corto plazo, el valor de sus acciones y, por tanto, de su patrimonio neto, se hundirán, provocando la quiebra técnica de la empresa.

Si finalmente Abengoa logra obtener liquidez suficiente, podrá mantener a flote la empresa durante tres o cuatro semanas, tiempo que dura el preconcurso para negociar con sus acreedores una refinanciación de su deuda e incluso alguna que otra quita.

Los problemas de solvencia suelen ser consecuencia de problemas previos de liquidez. Atajar el problema implica contar con una estructura financiera correcta, cuyos primeros pasos deben darse en la propia constitución de la sociedad el establecer la cuantía de capital social que se aporta y cuáles serán las fuentes de financiación. Si no lo hacemos de forma correcta, puede que nuestra sociedad, al igual que Abengoa, esté abocada a la suspensión de pagos, el paso previo a la quiebra empresarial.

En Pymes y Autónomos | ¿Qué diferencias existen entre una quiebra y una suspensión de pagos?

Imagen | alex lang

La imagen que acompaña al artículo, cortesía del economista Perpe, constituye una representación gráfica de cuál ha sido la magnitud de esta crisis, especialmente violenta con uno de sus agentes más afectados: las empresas.

Mientras el número de empresas afectados por procesos de quiebra se había triplicado en 2012 con respecto al inicio de la crisis, en 2013 la tendencia parece seguir siendo a un mayor número de quiebras. La herida no se ha curado, y año tras año tenemos que anunciar que, desgraciadamente, las quiebras empresariales siguen aumentando y nuestro sistema concursal no tiene capacidad de detener esta sangría.

Atendiendo a los datos desagregados, llama la atención que, a pesar de que el número de empresas dedicadas al sector de la construcción que están en quiebra sigue aumentando, su evolución es cada vez menor, a diferencia de las quiebras empresariales del sector industrial y comercial, cuya evolución es similar a la de años anteriores, o la de otros sectores, que han aumentado de forma notable.

Un problema que, evidentemente, es consecuencia de la falta de demanda y de la imposibilidad de acceder al crédito, pero también de un procedimiento concursal que no es capaz de lograr el objetivo de conservación de la empresa. Casi el 90% de procesos concursales acaba en quiebra, y solo poco más del 10% en convenio.

En cierta medida, existe una cierta responsabilidad del socio de la empresa que, en muchas ocasiones, no recurre a tiempo a un procedimiento concursal, que podría garantizar la conservación de la empresa y evitar la insolvencia.

En cualquier caso, nuestro sistema concursal debe garantizar, en la medida en que la situación así lo permita, ser un hospital donde las empresas puedan curarse, y un crematorio donde incinerar al muerto. Es un problema de todos, que supone una enorme destrucción de riqueza material e inmaterial, especialmente grave en nuestra situación.

En Pymes y Autónomos | Las quiebras empresariales se han triplicado desde que se iniciara la crisis Imagen | perpe.es

El BOE publica hoy el RD 892/2013 por el que se configura el Registro Púbico Concursal que centralizará la información sobre los concursos de acreedores.

Es esencial que tanto el inicio como los pasos que se vayan dando en los procedimientos concursales se den a conocer a todos los posibles interesados. Hasta ahora no existía una figura que aglutinara esa información por lo que se hacía bastante dificultoso el seguimiento. La creación de este Registro pretende solucionar este problema.

El Registro Público Concursal servirá para informar tanto de las resoluciones procesales que se adopten a lo largo del concurso, como de las aperturas de negociaciones para alcanzar los acuerdos extrajudiciales y su finalización, y también de los asientos registrales derivados de los mismos.

El Registro Público Concursal depende del Ministerio de Justicia y se encuentra adscrito a la Dirección General de los Registros y del Notariado. La publicidad de las resoluciones concursales se realizará a través de un portal en Internet que se localizará dentro de la sede electrónica que determine el propio Ministerio de Justicia. El acceso al Registro será público, gratuito y permanente.

El portal se estructura en tres secciones: la sección primera contendrá los edictos concursales; la segunda la publicidad registral de resoluciones concursales y la tercera los acuerdos extrajudiciales.

En la secciones primera y segunda se podrán realizar consultas por el nombre, denominación o número de identificación fiscal del deudor o concursado y, con referencia a los correspondientes concursos y resoluciones procesales; por el nombre o denominación de las personas físicas o jurídicas que hubieren sido nombrados o separados como administradores concursales y por el número de autos y el número de identificación general del procedimiento y el Juzgado competente.

En cuanto a la sección tercera, se permitirá realizar consultas por el nombre o denominación del deudor y, con referencia a los correspondientes expedientes, por el nombre o denominación del mediador concursal que hubieren aceptado, así como por el número de identificación fiscal, el número de expediente o procedimiento y el Notario o Registrador Mercantil que lo tramite.

Los datos de carácter personal incluidos en las resoluciones concursales y en los asientos registrales insertados en el Registro Público Concursal en cualquiera de sus secciones serán cancelados dentro del mes siguiente a que finalicen sus efectos.

Se echaba en falta un sistema centralizado en el que se pudiera acceder a la información de los procedimientos concursales, por lo que la puesta en marcha de este Registro es una gran noticia.

En Pymes y Autónomos | Concurso de acreedores Imagen | BrasilemRede

Es indudable que las mayores perjudicadas por la crisis y por el consecuente descenso del consumo y restricción crediticia han sido las pequeñas y medianas empresas y los autónomos. Los números de ventas no son suficientes para mantener el negocio, por lo que muchas empresas se ven abocadas al cierre prematuro sin posibilidad de seguir adelante.

Sin embargo, muchos tenemos aún la sensación de que muchos cierres podrían haberse evitado de haber contado con un asesoramiento adecuado. Según un informe de Asexor, tan sólo un 26,07% del total de bajas de sociedades mercantiles registradas corresponde a compañías envueltas en procesos concursales. Es decir, casi tres de cada cuatro empresas deciden echar el cierre sin probar suerte mediante un preconcurso o concurso de acreedores.

Este dato contrasta con el que se registra en otros países de nuestro entorno, en los que es mucho más habitual acogerse a esta figura jurídica. En países como Francia o Alemania, donde en 2012 la tasa concursal se situó en 89 y 92 procesos, respectivamente, por cada 10.000 empresas, mientras que en España tan solo alcanzó los 24.

Sin embargo, embarcarse en un proceso concursal tampoco garantiza la viabilidad de la empresa. Conforme a los datos proporcionados por Asexor en el mismo informe, tan solo un 6,05% de las 6.582 empresas que se vieron arrastradas al concurso de acreedores consiguieron la refinanciación necesaria de sus deudas para poder continuar con su actividad. El resto, casi un 94%, desembocó irremediablemente en el cierre definitivo del negocio.

No obstante, aunque estas cifras pudiesen parecer demasiado reducidas, son superiores a las registradas hace tan solo unos años. Por ejemplo, la cifra de empresas acogidas a concursos de acreedores es 4,5 veces superior a las del 2008, cuando se produjo la quiebra de Lehman Brothers. Además, el dato de empresas que consiguieron salir adelante después de un proceso concursal es superior al registrado en 2012, cuando únicamente un 5,72% de los procesos llegó a un acuerdo.

Quizá esto sea lo más positivo que podemos extraer de un informe con muchos interrogantes. Esperemos que, a partir de ahora, los empresarios recurran a alternativas al mero cierre de un negocio, por muy inviable que crean que pueda ser, ya que siempre es mucho más correcto y menos doloroso para todos los integrantes de la empresa seguir el procedimiento adecuado de liquidación empresarial antes que poner el cartel de cerrado.

Más información | Asexor En Pymes y Autónomos | La finalización del procedimiento concursal Imagen | procsilas

Un estudio realizado por axesor refleja que el 96% de las empresas que entran en concurso de acreedores se acaban liquidando. El procedimiento concursal, que se diseñó como una vía que ayudara a las empresas en dificultades a buscar una alternativa viable a su situación se convierte, por tanto, en la última vía que desemboca en la desaparición de la empresa.

Según el estudio, el motivo principal de esta conclusión es que las empresas recurren a este procedimiento cuando prácticamente no tienen posibilidad de salida y ya es demasiado tarde, pero además el propio procedimiento tampoco ayuda a que la conclusión del mismo sea positiva.

También podemos pensar que detrás de esta situación pueda estar la configuración empresarial española. Recordemos que más del 90% de las emrpesas en España son micropymes, muchas de ellas con una precaria estructura que ante cualquier dificultad financiera no tienen capacidad de reacción.

Generalmente una empresa puede verse abocada a solicitar el concurso, debido a estar en situación de insolvencia, por causas internas a la empresa, propias de esa estructura empresarial o de problemas en su modelo de negocio, o externas, la situación de su mercado, morosidad de sus clientes, etc.

Tanto en un caso como en el otro las posibilidades de salida se reducen cuando la empresa tiene un tamaño menor, una estructura financiera que depende más de terceros (financiación o inversión) que del propio negocio y su mercado está limitado, excesiva dependencia del mercado interno y poca capacidad de internacionalización.

Respecto al propio desarrollo del procedimiento concursal, éste ha sufrido ya tres reformas desde su creación y no parece que hayan servido de mucho. Lógicamente si las empresas acuden al concurso cuando la situación es insostenible las posibilidades de éxito se reducen considerablemente, pero el desarrollo del mismo tampoco ayuda a que los empresarios lo consideren como útil para recurrir antes al mismo.

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