burocracia

Los galimatías burocráticos que sufrimos día a día en nuestro país parecen una traba más para el desarrollo empresarial y aunque se realizan esfuerzos por simplificar y agilizar los procesos seguimos en una situación algo caótica por la falta de información de muchas instituciones. Ayer, por ejemplo, un compañero tuvo que enfrentarse a la frustración en las oficinas del INEM a las que se dirigió para hacer una consulta sobre una contratación.

Previamente me preguntó sobre el decreto referente a la contratación de menores de 30 o parados de larga duración que reduce los pagos a la seguridad social ya que estamos en proceso de ampliar un proyecto y lo habíamos comentado con anterioridad.

Le comenté el funcionamiento del asunto tal y como entendí de su lectura hace unos meses y se encaminó al INEM a preguntar al respecto ya que se quiere contratar a un menor de 30 años. Su sorpresa fue mayúscula al ser atendido por hasta 5 funcionarios que le dijeron que no podía acogerse a ello pues la ayuda era para contrataciones de menores de 30 años que además fueran parados de larga duración. Se fueron sumando funcionarios confundidos que no sabían exactamente cómo argumentarlo.

Yo le había comentado que creía que eran argumentos independientes tras el último decreto transitorio aunque tampoco había buceado demasiado en esas aguas (por eso era mejor confirmarlo con el INEM, claro). La “respuesta” generó desconfianza.

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El corto que acompaña este post, es una representación tan real como la vida misma de la burocracia a la que está sometida cualquier empresa dentro de nuestra economía. Basta con mirar toda la cantidad de documentación que es necesaria para llevar a cabo cualquier trámite en nuestro país y la “actitud” que nos encontramos con excesiva frecuencia en nuestros tratos con la administración.

No me gustan las generalizaciones y al igual que existen infinidad de autónomos y empresarios “malos”, también los hay buenos, por lo que no podemos cargar las tintas contra los empleados públicos o funcionarios cada vez que la burocracia frena nuestra actividad económica de manera ordinaria.

Los funcionarios no hacen las leyes, simplemente tienen unos procedimientos que deben cumplir para desempeñar su trabajo dentro de las normas establecidas. La lucha contra la burocracia, se hace desde el poder legislativo, simplificando y reduciendo las cargas administrativas y ahí es donde hay que poner el dedo, no en los transmisores de dichas normas escritas. No obstante, algunas veces todos topamos con personas que entorpecen más la propia labor de las relaciones con las administraciones que la facilitan.

Vía | Microsiervos
En Pymes y Autónomos | El coste de la burocracia sigue disparado
Vídeo | Youtube

Ayer hacía mención del documento enviado por la CEOE al presidente del Gobierno para comunicarles las propuestas de los empresarios para recuperar la confianza. El documento en cuestión, presta especial atención al gasto público y su racionalización y hace especial hincapié al tratamiento de los funcionarios.

Para éstos proponen entre otras medidas prescindir de los empleados menos productivos y discriminar el recorte en función de la productividad de los servicios públicos producidos. A lo anterior añade la posibilidad de que el sector privado pueda colaborar en la prestación de determinados servicios, como es el tratamiento de aguas, tratamiento de residuos, transporte o la gestión o explotación de centros sanitarios.

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Hace algún tiempo escribí una entrada a propósito de cómo está gestionada la Administración Pública y como esa gestión deficiente nos repercute negativamente como ciudadanos ya que no sólo habilita a quien quiera a actitudes fraudulentas y abusivas, si no lo que es peor, encima las favorece.

En esta ocasión el tema que he escogido es cómo la Administración malgasta los recursos públicos. Nada nuevo y seguro que todos tenemos un buen ejemplo para ilustrar esta lamentable realidad. En el caso que me ocupa se refiere a los autónomos, en particular, al Portal del Autónomo de la Comunidad de Madrid.

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La CEOE y Cepyme han propuesto 125 medidas para reducir las cargas administrativas en las empresas de manera que se pueda generar un ahorro en costes de unos 3.000 millones de euros. Estas medidas son una serie de eliminaciones de trabas y cargas burocráticas que facilitan el trabajo y eliminan procesos dentro de la gestión empresarial.

De las propuestas lanzadas, se especifican puntos como la posibilidad de acortar el tiempo de check-in en los hoteles usando medios telemáticos y el DNI electrónico para transmitir los datos de los clientes a la Dirección General de Policia, eliminar los formularios de control entre alumnos y profesores en las autoescuelas.

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Los estudios que jhan presentado distintos organismos internacionacionales como la OCDE y nacionales como la CEOE constatan cómo la burocracia en las empresas españolas nos cuesta 3.000 millones de euros al año. Esta cuantía es simplemente una barbaridad que lastra la productividad empresarial y las cuentas de resultados.

Acabo de reflexionar sobre la poca importancia que puede tener crear una empresa en 30 o 47 días, y al igual que ese punto no lo veo prioritario, si veo como un punto básico agilizar las relaciones administrativas entre empresas y administración. No es asumible un coste improductivo excesivo en tareas burocráticas.

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Tal y como ya hemos anunciado en varios posts, para este ejercicio estaba prevista la adaptación de la directiva comunitaria del libre acceso a los servicios, la Ley Omnibus. Esta primera ley del libre acceso a las actividades de servicios, parte como la norma principal para el desarrollo y reforma del resto de leyes, reales decretos y órdenes ministeriales y autónomicas que afectan a la libertad de establecimiento de actividades de servicios.

Tal y como ya dijimos anteriormente, esta “ley liberalizadora” que no lo es tanto como debiera, deja fuera a los servicios financieros, sanitarios, servicios de redes y comunicaciones electrónicas, federatarios públicos como notarios y registradores, servicios audiovisuales, loterias, vivienda social y atención a la infancia.

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Áhora se da cuenta Díaz Ferrán que las cargas administrativas en las empresas son excesivas y se propone reducirlas drásticamente. Según la hoja de ruta que se firmó en diciembre de 2008, la confederación de empresarios tiene que elaborar una hoja de ruta sobre los principales lastres administrativos que las empresas soportan y aquellos en donde se puede meter la tijera y suprimir todo lo sobrante.

No obstante, se ha subido el tono del discurso en donde se quieren emprender acciones que presionen a la administración para eliminar aquellas cuestiones que estén desfasadas y obsoletas, la abundancia de normativas, tanto estatal, como autonómica o local.

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Se está cocinando en Moncloa la que se prevé como la octava modificación de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista. Desde luego, no es por sonar disonante, pero si una ley se tiene que modificar ocho veces, algo no funciona.

Pero bueno, fuera de observaciones inoportunas al respecto, vamos a ver los puntos que se van a modificar en un plazo de tiempo relativamente corto:

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