Según el presidente de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), Ransés Pérez Boga, la gran mayoría de los contribuyentes que se han acogido a la amnistía fiscal seguramente serán investigados por la Agencia Tributaria.

En ese sentido el Ministro Montoro ya anunció que se trasladará a las comunidades autónomas las bases tributarias de los contribuyentes que se han acogido a la amnistía para que puedan liquidar los impuestos de Sucesiones y Patrimonio en los sucesivos ejercicios fiscales.

Hay que recordar que dicha amnistía sólo afectaba al IRPF, el Impuesto sobre Sociedades y el Impuesto sobre la Renta de No Residentes. Por tanto es fácil de deducir que la Administración podría proceder a investigar las regularizaciones presentadas por si procede practicar liquidaciones de IVA, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o del Patrimonio.

Por otro lado los inspectores ya se manifestaron al respecto hace tiempo en cuanto a que sería necesaria la revisión de esas regularizaciones para comprobar si se habían hecho convenientemente y que ninguno de los contribuyentes que hubiera presentado la declaración especial se hubiera dejado otras cantidades sin declarar.

Desde el momento en que se anunció la amnistía el Gobierno afirmó que no se podría proceder contra los amnistiados. Esta afirmación parecía tener más valor como incentivo para animar a los defraudadores que unos efectos prácticos, de hecho no eran pocos los que dudaban si acogerse a la misma o no por temor a las consecuencias de "confesar" su situación.

Los inspectores de Hacienda llevan meses presionando para poder acceder a los datos de las regularizaciones, datos que hasta ahora se habían ocultado. Ahora, no sabemos si motivado por las noticias sobre ciertos personajes que se habrían beneficiado de la amnistía, el Ministerio podría cambiar su criterio.

En Pymes y Autónomos | mnistía fiscal: este es el procedimiento que el Gobierno habilita para blanquear dinero Imagen | Daquella manera

Desde el momento en que se decidió aprobar la amnistía fiscal desde aquí manifesté mi desacuerdo con la medida. Los términos en los que se planteó la medida eran para casi todo el mundo muy perjudiciales pero eso no justifica que ahora la presión social derivada de determinados acontecimientos políticos haga que el Ministerio de Hacienda deba cambiar las reglas del juego y pueda modificar las condiciones de ese proceso de regularización.

Lo que la medida establecía era cierta impunidad para los que se acogieran a la misma en el sentido de que la medida no se utilizaría para realizar procedimientos de inspección posteriores, salvo la mera comprobación de los datos que en ella se indican.

La situación ahora a dado un giro y la propia directora de la Agencia Tributaria, Beatriz Viana, ha dicho que “vamos a analizar todas las declaraciones de la amnistía fiscal y veremos lo que nos encontramos”. Lo que no parece que esté muy en la linea de lo aprobado en su día.

La cuestión es que si en su momento decíamos que el fin no justificaba los medios y que el mero hecho de buscar un aumento de los ingresos de Estado no debería ser motivo suficiente para acceder a que provinieran de una regularización del dinero defraudado, tampoco debemos plantearnos que ahora la autoridad competente pueda cambiar de opinión y actuar contra los que se acogieron a la amnistía.

Ya se sabía desde el primer momento que el dinero que iba a aflorar era irregular, los propios inspectores de Hacienda se habían opuesto abiertamente a la medida, lo mismo que la sociedad en general. ¿A qué vienen ahora estos escrúpulos?

Además el propio Ministro comunicó muy orgulloso hace unas semanas el resultado de la medida y lo beneficioso de haber logrado 1.250 millones de euros de recaudación. Lo que ha ocurrido después con ciertas personas que se beneficiaron de la medida era uno de los riesgos de la medida ¿no lo tenían previsto?

En Pymes y Auónomos | Hacienda podría inspeccionar a los que se acogieron a la amnistía fiscal Imagen | Nomadic Lass

Hace unos días, el presidente de la organización de Inspectores de Hacienda del Estado, Ransés Pérez Boga, hacía unas declaraciones en los medios de comunicación relativas a la falta de transparencia con que se ha realizado la amnistía fiscal. El señor Boga exponía que los inspectores tienen muchas dificultades para realizar comprobaciones sobre las declaraciones acogidas a la amnistía fiscal, puesto que necesitan la aprobación de un responsable de la jefatura. Este procedimiento dista mucho de ser el ordinario, puesto que un inspector puede acceder sin problema alguno a la base de datos, para hacer cualquier consulta sobre un contribuyente. Según sus declaraciones "Este procedimiento no tiene precedentes en la Administración tributaria".

Otro hecho que llama la atención, según Pérez Boga, es que la información que contienen las declaraciones de la amnistía fiscal no se introduce en la base de datos de la Agencia Tributaria en abierto, para que los programas informáticos de selección de contribuyentes puedan cruzar esa información y determinar perfiles de riesgo. Los inspectores de por sí no pueden investigar nada. Los programas informáticos son los que determinan quien es más probable que sea un defraudador.

El control de los contribuyentes acogidos a la amnistía debe hacerse en dos direcciones: comprobar que no se han dejado nada sin declarar y controlar el origen de los fondos para asegurarse de que no procedan de actividades ilícitas.

A raíz de estas declaraciones, la Agencia Tributaria publica una nota aclaratoria en su sede electrónica donde se desmarca de los hechos. En primer lugar afirma que la Declaración Tributaria Especial es plenamente compatible con la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales. La regularización de una obligación tributaria no impide que se produzcan efectos jurídicos, puesto que no es posible regularizar bienes o derechos que resultan de una actividad ilícita. Es decir, se puede regularizar el dinero procedente de una actividad legal que se haya omitido en anteriores declaraciones, pero no el que proceda de actividades delictivas.

La regularización no puede utilizarse para encubrir delitos, puesto que el delito persiste aunque se hayan pagado impuestos. La presentación de una Declaración Tributaria Especial por quién esté siendo objeto de investigación penal no produce ningún efecto en su causa. La Agencia Tributaria ha desmentido también que exista dificultad alguna para que los inspectores accedan a los datos de los declarantes.

Una vez más, al contribuyente le queda la duda de quién tiene la razón. Sin embargo, es cierto que una gran parte de los procesos de inspección derivan de la pericia de un procedimiento informático. La Agencia Tributaria realiza campañas de revisión de un determinado modelo, IVA, Sociedades, Renta...en base a los datos que constan en su sistema. Los que no figuran no se van a revisar. También es cierto que la Ley de Blanqueo de Capitales obliga a determinados sectores profesionales (asesores fiscales, abogados, notarios..) a denunciar a sus propios clientes si perciben en ellos indicios sospechosos de delito. ¿Será verdad que las declaraciones de amnistía fiscal también se investigan por sospecha? Cada uno que saque sus propias conclusiones.

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Acaban de conocerse los datos de la amnistía fiscal de las empresas y los resultados han constituido un auténtico fracaso. La recaudación de la regularización voluntaria por la repatriación de dividendos ha sido de 85 millones de euros, muy lejos de los 750 que se preveían conseguir.

Esta medida permitía traerse a España las cantidades cobradas en concepto de dividendos a través de sociedades en el extranjero con el simple pago del 8% de las cantidades regularizadas. Las cantidades que Hacienda ha obtenido indican la escasa repercusión que ésta ha tenido.

El objetivo principal de esta amnistía era aumentar los ingresos del Estado facilitando la regularización de los beneficios que se obtienen, principalmente, a través de sociedades situadas en paraísos fiscales.

Acogiéndose a esta regularización se conseguía, pagando ese reducido peaje fiscal, incorporar las cantidades cobradas y no declaradas por los beneficios obtenidos al tener participaciones en empresas en el extranjero, sobre todo en los países de reducida tributación.

Sin embargo las condiciones de esta medida no han sido lo suficientemente atractivas para que aquellos que pudieran beneficiarse de ello hayan hecho uso de este mecanismo. Una de las principales causas es que pocos han estado dispuestos a revelar que tienen negocios en paraísos fiscales por temor a las consecuencias que esto pueda tener en el futuro.

Es muy distinto el caso de aquellos que en su día obtuvieron un capital y lo puedan repatriar porque ya no les va a generar más recursos fuera y los que mantienen una estructura empresarial en el exterior y no están dispuestos a que se pueda descubrir porque mantienen esa actividad.

Para este segundo casos seguramente no resultó atractiva esta opción, por muchas facilidades que la haya dado la Administración derivadas de su urgente necesidad de captar ingresos. Por eso, aun con la gran cantidad de dinero que se puede manejar fuera, la recaudación ha sido minúscula.

En Pymes y Autónomos | La dimensión del concepto de dividendo Imagen | No Lands Too Foreign

Desde el momento en que se conocieron los términos en los que se ha desarrollado la amnistía fiscal los inspectores de hacienda se manifestaron abiertamente en contra. Ahora, pese a tener que cumplir con ciertos criterios establecidos en la amnistía, se está sopesando la posibilidad de que se puedan inspeccionar a los que se acogieron a este proceso.

La Dirección General de Tributos ha manifestado que "no resulta procedente la comprobación aislada de la declaración tributaria especial por cuanto que la misma, a pesar de tener la naturaleza de declaración tributaria, no se presenta en cumplimiento de una obligación tributaria ni tan siquiera de carácter informativo". Sin embargo añade que "sin perjuicio de que, una vez invocada la misma por el obligado tributario en el curso de un procedimiento de comprobación de una concreta obligación tributaria, la Administración tributaria pueda efectuar dicha comprobación al efecto de verificar el ajuste a la realidad de lo en ella manifestado".

Los inspectores manifiestan que lo indicado por la DGT no es vinculante y por eso, más allá de que efectivamente no se podrá ir contra los bienes regularizados, Hacienda sí podría comprobar que la regularización se ha hecho correctamente y que ninguno de los contribuyentes que ha presentado la declaración especial se ha dejado "nada en el tintero".

El hecho de acogerse a la amnistía no puede suponer que esos contribuyentes pasen automáticamente a la lista de inspeccionables, pero tampoco quiere decir que sus declaraciones no puedan ser revisadas.

Ahora bien, en caso de discrepancia tendrá que ser la AEAT la que demuestre que el contribuyente no ha realizado correctamente la regularización y no al contrario. Además aquellos bienes que se hubieran obtenido en ejercicios ya prescritos no podrán ser objeto revisión por parte de la Administración.

Los contribuyentes que se acogieron a la regularización tenían la garantía de que no iban a ser inspeccionados por el hecho de haber utilizado el procedimiento, pero eso no ha de suponer que la AEAT les vaya a pasar por alto. Por tanto habrá que estar a la espera de los movimientos de la inspección.

Vía | El Confidencial En Pymes y Autónomos | Amnistía fiscal: este es el procedimiento que el Gobierno habilita para blanquear dinero Imagen | olarte.ollie

La medidas que se han ido aprobando desde el Ministerio de Hacienda han ido poníendo de manifiesto el doble rasero del Gobierno a la hora de tratar a las empresas con la disculpa del fraude fiscal y el incumplimiento de las obligaciones de éstas.

Los efectos de ese doble rasero ya están aquí. Por un lado las empresas (grandes) aprovechan la amnistía para repatriar 1.000 millones de paraísos fiscales mientras que Hacienda embarga en plena noche 7.000 euros de la caja de una discoteca de Cádiz.

Ni que decir tiene que si la empresa que explota la discoteca de Cádiz tiene una deuda con la Administración, ésta ha de pagarse. Sin embargo el celo y el empeño que se pone en “cobrar” al pequeño moroso es muy llamativo si lo comparamos con la alfombra roja que se pone a los grandes defraudadores y evasores fiscales para que, por favor, traigan su dinero negro a nuestro país.

Porque mucho se han cuidado los responsables de la AEAT en demonizar a los empresarios en módulos, en mandar a los inspectores a la calle a buscar cualquier indicio de actividad no declarada o declarada indebidamente, en poner bajo sospecha a los profesionales y autónomos limitando su posibilidad de pagar o cobrar en efectivo, pero prácticamente ninguna de esas medidas ha ido contra las grandes empresas (responsables del 80% del fraude en nuestro país).

El erario público ha recibido 80 millones de euros de esa repatriación de “fondos oscuros” y eso parece lo único importante para el Gobierno. Da igual si todavía quedan cientos de miles de millones sin declarar y da igual si se sigue apretando la soga alrededor del cuello del pequeño, si la amnistía protege al gran evasor y fomenta que se mantenga su “actividad paralela” en espera de la próxima oportunidad para blanquear su capital.

Siempre será más fácil actuar contra el pequeño, con menos medios y más fácil de detectar, que contra el grande, que supone un gran trabajo y consume muchos recursos su investigación. Probablemente sea una utopía pero sólo debería haber un rasero.

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Ayer, durante la presentación de la Memoria de la Fiscalía General del Estado, se hizo mención, entre otras cosas, a que durante 2011 y como efecto de la crisis se ha venido produciendo un aumento significativo del fraude en el IVA.

No es nada extraño y de hecho se ha avisado con motivo de la aprobación de la subida del IVA que en momentos de recesión económica se recauda menos vía impuestos por el aumento del fraude y el descenso del consumo.

De hecho hay una famosa teoría, la de la curva de Lafferque hace referencia precisamente al hecho de que el aumento de impuestos suele tener el efecto contrario al buscado y la recaudación del Estado en lugar de aumentar, disminuye.

Con respecto al aumento del fraude, el “problema histórico” del alto índice de economía sumergida que hay en nuestro país se agrava con la crisis, pero tampoco ayudan medidas como la amnistía fiscal, que en cierto modo relativiza la gravedad del fraude al dar la imagen al ciudadano de que aunque defraude a Hacienda siempre habrá algún recurso para ponerse al día y que incluso ésto sale más barato que declarar bien.

También hay que pensar que, sin que sirva de justificación, las dificultades económicas se trasladan a la actividad empresarial, las ventas bajan, los márgenes se reducen y aumentan los impagos por lo que hacer frente además al pago de los impuestos se hace, en algunos casos, muy problemático.

Estos datos no incluyen todavía el impacto de esta subida del IVA, por lo que es de esperar que sean todavía peores en el ejercicio 2012, ya que los efectos de la crisis y el aumento impositivo probablemente aumenten aún más el fraude.

Desde luego los órganos de inspección de Hacienda tienen mucho trabajo por delante, en la situación actual tampoco de debe permitir que sigan aumentando estas cifras ya no sólo por el perjuicio que esto supone para el Estado sino por la competencia desleal que los defraudadores suponen para los negocios que realizan su actividad con total diligencia.

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Imagen | jorgemejia

El previsible fracaso de la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno parece hacerse realidad. Según datos de Hacienda, hasta el mes de julio sólo se habían acogido al procedimiento de regularización unas cien personas, lo que pone de manifiesto el escaso interés de los contribuyentes "afectados" por la norma para utilizarla.

Hay varios motivos para ello, por un lado la inseguridad jurídica derivada de los recursos presentados contra esta norma y que podría significar su anulación. Pero por otro está la desconfianza ante una medida que elimina la responsabilidad sobre el fraude cometido en ciertos impuestos pero no sobre otros.

En lo que respecta a las actividades profesionales y empresariales, la amnistía tiene efecto sobre el IRPF, pero no sobre el IVA. Por tanto aquellos que hayan generado un beneficio no declarado con su actividad podrán regularizar su situación en lo que respecta a la declaración de la renta de esas cantidades y el Gobierno les garantiza que no serán inspeccionados ni sancionados por este concepto.

Pero la amnistía no afecta al IVA, por tanto nadie garantiza que los órganos de inspección de la Agencia Tributaria no puedan investigar esa misma situación en lo que respecta al Impuesto sobre el Valor Añadido, reclamar las cantidades no ingresadas por este concepto y sancionar al contribuyente por ello.

Desde el principio la amnistía fue una medida muy criticada por lo que supone al dar ventaja al defraudador, que puede regularizar su situación con un coste mucho menor que el que paga el que hace las cosas convenientemente, y el mensaje de impunidad que se lanza a la sociedad en lo que respecta al fraude fiscal.

El Gobierno puso por encima de esto su necesidad de aumentar los ingresos en un momento en que estos están bajando alarmantemente, pero ni con esas podrá lograr su objetivo. Aún quedan tres meses para que finalice el plazo para acogerse a esta medida, habrá que ver entonces el resultado de la misma pero no parece que vaya a tener el éxito esperado, por lo menos por el legislador.

En Pymes y Autónomos | Amnistía fiscal: este es el procedimiento que el Gobierno habilita para blanquear dinero Imagen |

Ya hemos hablado en diversas ocasiones del la regularización/amnistía fiscal. De hecho publicamos un post hace poco sobre el procedimiento para hacerlo y la presentación del modelo 750 para declarar los activos no declarados y pagar el “peaje” del 10%.

Una de las dudas principales que se plantean se refiere a la regularización del dinero en efectivo. Teniendo en cuenta que la norma especifica que se podrán regularizar los bienes que estuvieran en posesión del contribuyente a 31 de diciembre de 2010 y que no se hubieran declarado, cabe preguntarse ¿qué ocurre con el dinero en efectivo? ¿Cómo justificar que ese dinero estaba en nuestro poder en esa fecha?

Si analizamos lo que ha ocurrido con la normativa sobre la amnistía fiscal podemos observar que en su redacción original la regularización no incluía la regularización del dinero en efectivo. Fue la Orden HAP/1182/2012 que aprobó el procedimiento de regulrización la que incluyó la posibilidad de declarar también el efectivo.

La redacción original habla de bienes obtenidos antes del 31 de diciembre de 2010, pero no ha habido aclaración posterior sobre cómo acreditar que el dinero en efectivo estaba en poder del declarante en esa fecha y no lo obtuvo posteriormente.

¿Cómo se soluciona este tema? Lo que se ha decidido es que habrá que firmar una declaración jurada manifestando que ese dinero se obtuvo antes de esa fecha y la Agencia Tributaria hará un “acto de fe” al no tener manera de demostrar si eso es verdad o no.

O sea, quien tenga dinero en efectivo no declarado lo llevará a una entidad bancaria y lo ingresará en una cuenta y luego presentará el modelo 750 y pagará el 10% del total y que nadie se olvide de jurar que lo tenía antes del 2011, así nadie podrá llevarle la contraria.

En Pymes y Autónomos | Los asesores fiscales contra la amnistía y a favor de potenciar las inspecciones
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