No hay autónomo que se libre del escrutinio cada vez más constante de Hacienda. De hecho, según su último balance disponible, en 2024 se practicaron 1.981.864 de actuaciones de control de tributos internos, es decir de IVA, IRPF y Sociedades. Un 4,4% más que en 2023.

A falta de conocer los datos oficiales de 2025, lo cierto es que cada ejercicio la Agencia Tributaria envía miles de requerimientos por discrepancias, omisiones o incoherencias en las declaraciones. Y claro, 2026 no va a ser menos.

También hay que tener en cuenta que, en los últimos años, las herramientas en el análisis y trazabilidad de los datos, la digitalización de los procesos, las nuevas obligaciones relacionadas con la facturación electrónica o el control sobre los pagos digitales han aumentado. Prácticamente ya nada se le escapa.

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Hacienda intensifica la vigilancia sobre los autónomos que venden online en 2026: control a plataformas, pagos electrónicos, IVA y actividad en redes sociales

Cualquier error, falta de justificación o descuadre es óbice para recibir una temida notificación por parte de Hacienda, pero ¿en qué aspectos deben tener aún más cuidado los autónomos en 2026?

Operaciones a través de Bizum sin diferenciar uso personal y profesional

El uso de Bizum se ha generalizado por su rapidez y facilidad. Sin embargo, desde 2026, las entidades bancarias informan a Hacienda de todos los movimientos desde el primer euro, lo que ha incrementado la trazabilidad de estos pagos.

El principal problema surge cuando se mezclan operaciones personales y profesionales en la misma cuenta. Si un autónomo utiliza Bizum tanto para cobrar servicios como para gastos personales, la Agencia Tributaria puede detectar incoherencias entre ingresos declarados y movimientos bancarios. Esto puede generar requerimientos para justificar cada operación.

Además, cuando se detectan ingresos recurrentes vinculados a la actividad, estos deben estar respaldados por su correspondiente factura.

Márgenes comerciales fuera de los estándares del sector

Otro de los aspectos que más está vigilando la Administración es la coherencia entre compras y ventas. Hacienda dispone de referencias sectoriales que permiten estimar los márgenes habituales en actividades como comercio, hostelería o servicios.

Cuando un negocio declara compras elevadas pero ingresos reducidos, o cuando los márgenes no encajan con los estándares del sector, se activa una alerta automática. Este tipo de situaciones suele derivar en inspecciones para verificar si existe ocultación de ingresos o errores en la contabilidad.

Declarar pérdidas de forma continuada sin justificación

La reiteración de resultados negativos también es un indicador de riesgo para la Agencia Tributaria. Si un autónomo declara pérdidas durante varios ejercicios consecutivos sin una causa justificada, la Administración puede interpretar que existe una irregularidad.

Aunque es posible que un negocio atraviese dificultades reales, la falta de documentación que respalde estas pérdidas puede derivar en una revisión más profunda. En estos casos, se analiza si la actividad económica es viable o si se están declarando ingresos por debajo de lo real.

Deducción de gastos no vinculados a la actividad

La deducción incorrecta de gastos sigue siendo uno de los errores más frecuentes. Para que un gasto sea deducible, debe estar directamente relacionado con la actividad profesional, correctamente justificado y registrado.

Cuando la Agencia Tributaria detecta gastos que no cumplen estos requisitos, no solo puede rechazar su deducción, sino también aplicar sanciones. Este tipo de incidencias afecta tanto al IVA como al IRPF.

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Algunos de los gastos más revisados son los relacionados con vehículos, dietas, suministros o compras que no guardan una relación clara con la actividad. Y ¡ojo!  Los sistemas de control cruzan estos datos con los márgenes declarados, lo que aumenta la probabilidad de detección.

Descuadres en el modelo 347 y otras declaraciones informativas

El modelo 347, que recoge operaciones con terceros superiores a 3.005 euros anuales, es una de las principales herramientas de control. La información declarada debe coincidir con la que presentan clientes y proveedores.

Si existen diferencias, la Agencia Tributaria puede iniciar un proceso de comprobación. Este tipo de descuadres suele deberse a facturas no contabilizadas, errores en los importes o discrepancias en los periodos declarados.

Además, estos datos se contrastan con otros modelos como el 190, el 180, el 349 o el 390, lo que permite detectar inconsistencias en distintos ámbitos fiscales.

No presentar declaraciones obligatorias, incluso sin resultado a pagar

Olvidar presentar modelos fiscales, incluso aquellos que no implican pago, sigue siendo uno de los motivos más habituales de sanción. Las obligaciones informativas tienen la misma relevancia que las liquidaciones, y su incumplimiento puede generar multas.

En algunos casos, estas sanciones son fijas, pero en otros pueden estar vinculadas al volumen de negocio o a la gravedad de la infracción. Además, la falta de presentación suele desencadenar revisiones adicionales sobre el conjunto de la actividad del autónomo.

Mayor control digital y cruce de datos en tiempo real

Ya es de sobra conocido que la Agencia Tributaria ha mejorado notablemente su capacidad de análisis gracias a la digitalización. El cruce de datos entre bancos, plataformas de pago, facturación electrónica y declaraciones fiscales permite detectar irregularidades con mayor rapidez.

Este entorno reduce el margen de error para los autónomos, ya que cualquier incoherencia puede ser identificada casi en tiempo real.

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El Gobierno ha cerrado la puerta a la implantación del llamado “IVA cero” o régimen franquiciado para pequeñas empresas, una opción que la Unión Europea habilitó a comienzos de 2025 y que permite a los Estados eximir del impuesto a los negocios con una facturación limitada.

La decisión, que ya ha confirmado el Ministerio de Hacienda, mantiene intacto el actual sistema de liquidación trimestral y deja a los autónomos y microempresas españolas fuera de un modelo que ya se aplica en buena parte de Europa.

Qué es el régimen de “IVA cero”

La medida supone descartar definitivamente la posibilidad de que miles de pymes queden exentas de repercutir y declarar el IVA cuando su volumen de operaciones no supere los 85.000 euros anuales, el umbral máximo fijado por la Directiva (UE) 2020/285.

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En la práctica, Hacienda solo aplicará este régimen a las ventas con destino a otros Estados miembros (como ya se estaba haciendo), lo que deja fuera al comercio interior y al grueso del tejido empresarial español.

El sistema, conocido también como régimen de franquicia, nació con la idea de simplificar la carga fiscal y administrativa de las microempresas. Los países que lo adoptan permiten que las compañías más pequeñas —con ingresos por debajo de un umbral determinado— no tengan que repercutir IVA ni presentar declaraciones periódicas, aunque sigan emitiendo facturas.

El modelo ya funciona en países como Francia, Italia, Alemania o Portugal, donde ha contribuido a reducir la burocracia y los costes de cumplimiento para profesionales con un nivel de actividad más limitado.

En España, la propuesta fue evaluada en 2024 por el Ministerio de Hacienda y los técnicos de la Agencia Tributaria, que plantearon su implantación gradual a partir de 2026. Sin embargo, el Ejecutivo ha optado por no aplicarlo dentro del país. La explicación oficial es que “se considera que el sistema podría generar desigualdades y distorsiones entre autónomos y sociedades”.

Por qué Hacienda lo descarta

Según adelantó El Economista, el principal argumento del Gobierno es preservar la recaudación fiscal y evitar un impacto desigual en el mercado. Las estimaciones de los técnicos de Hacienda (Gestha) apuntaban a que la exención podría suponer una pérdida de ingresos superior a 2.000 millones de euros anuales, además de elevar el riesgo de fraude y de facturación artificial entre empresas vinculadas.

Desde el Ministerio defienden que España ya cuenta con regímenes simplificados de IVA, y que introducir un sistema exento podría “fragmentar el tratamiento tributario” y dificultar el control del fraude. Las fuentes oficiales sostienen que beneficiaría a un número reducido de profesionales, pero obligaría a modificar de forma sustancial el sistema informático y contable de la Agencia Tributaria.

El PP, principal partido de la oposición, en cambio, ha sostenido que esta medida representaría alivio fiscal y que, si su equipo llega al Gobierno, sí se plantea eximir del pago de IVA a los autónomos que facturen por debajo de esta cifra.

Visión europea

La decisión sitúa a España como una de las pocas economías europeas que no aplicará la franquicia de IVA a nivel nacional. En Francia, por ejemplo, los negocios con ingresos inferiores a 37.500 € anuales (servicios) o 85.000 € (comercio) están exentos de declarar el impuesto.

Estos países mantienen controles cruzados para evitar el fraude, pero coinciden en que el sistema ha ayudado a dinamizar el autoempleo y a reducir la carga administrativa de las microempresas.

Las patronales españolas, ATA y CEPYME, han criticado el rechazo de Hacienda al considerar que “mantiene a las pymes en desventaja competitiva respecto al resto de Europa”. Según ATA, el modelo europeo “reconoce la realidad del trabajo por cuenta propia y permite liberar recursos que podrían destinarse a inversión o empleo”.

El mantenimiento del actual régimen implica que los autónomos deberán seguir presentando las declaraciones trimestrales de IVA y soportando la carga burocrática que conlleva.

En un entorno de costes crecientes y márgenes ajustados, la exención habría supuesto un alivio para muchos negocios de baja facturación (sobre todo, en sectores como los servicios, el comercio local y las profesiones liberales).

Además, la decisión puede afectar a la competitividad de los pequeños exportadores y a quienes compiten con microempresas de otros países europeos que sí están exentas. Una peluquería o un diseñador autónomo portugués pueden ofrecer precios sin IVA dentro de su país, mientras que un profesional español no puede hacerlo ni siquiera en su propio mercado, ejemplifican desde las asociaciones de profesionales.

Lorenzo Amor ha recordado en varias ocasiones (la última a Europa Press) que “un autónomo portugués o francés factura sin IVA con un sistema más simple mientras aquí seguimos atados a la declaración trimestral”.

El debate que podría reabrirse

En conclusión, si bien el Ministerio da por cerrado el debate, varios expertos tributarios prevén que la cuestión se reabra cuando se evalúe el impacto del nuevo marco de digitalización fiscal que la UE aplicará en 2026.

Por ahora, el rechazo al IVA cero deja a España como uno de los pocos Estados miembros que no aprovecha las flexibilidades comunitarias para aliviar la presión fiscal de sus microempresas. Una decisión que, según los colectivos empresariales, “confirma la brecha entre el discurso de apoyo a las pymes y la realidad de las reformas tributarias”.

Desde el 1 de julio de 2025, todos los programas de facturación utilizados por pymes y autónomos deben cumplir con la normativa que prohíbe los softwares manipulables y exigirán trazabilidad total de los registros. Esta es una de las medidas más relevantes derivadas de la Ley 11/2021 de lucha contra el fraude fiscal, desarrollada por el Real Decreto 1007/2023.

De este modo, la Agencia Tributaria busca impedir el uso de programas que permiten ocultar ventas, alterar facturas o llevar una contabilidad paralela.Para ello, impone nuevas condiciones a los sistemas informáticos que generen facturas o tickets, ya sean programas de escritorio, soluciones en la nube o sistemas propios.

Qué exige la nueva normativa

La nueva normativa exige que todos los programas de facturación deben garantizar la integridad, trazabilidad e inalterabilidad de los datos.

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Esto implica que cada factura debe dejar un rastro digital imposible de modificar (lo que requerirá de una factura rectificativa, llegado el caso, para modificar una anterior ya subida a la nube). Además, el sistema debe conservar los datos originales durante al menos cuatro años, según establece el reglamento.

La normativa distingue dos modelos:

• Programas conectados a la Agencia Tributaria a través del sistema VERI*FACTU (Verifactu), que permiten el envío automático de facturas en tiempo real.
• Programas no conectados, que también deben cumplir con los requisitos técnicos, pero no están obligados a enviar los datos automáticamente.

Desde el 29 de julio de 2025, los fabricantes solo pueden distribuir software certificado. En cuanto al uso obligatorio, las empresas (personas jurídicas) deben cumplir desde enero de 2026 y los autónomos (personas físicas) tienen de plazo hasta julio de 2026.

Además, todos los programas comercializados a partir del 29 de julio deberán estar certificados conforme al reglamento. 

Esta certificación debe constar por escrito y ser visible dentro del propio sistema informático, incluyendo datos como la versión del software, el productor y la fecha de la firma. 

Si bien el uso de Veri*factu seguirá siendo voluntario para autónomos, todos los programas deberán estar técnicamente preparados para activarlo si el usuario lo solicita. En caso de incumplimiento, la mera tenencia de un programa sin certificar podrá conllevar sanciones de hasta 50.000 euros, y la distribución ilegal por parte del fabricante podría suponer multas de 150.000 euros por tipo de software.

Cómo afecta al día a día de las pymes

En pocas palabras, el principal cambio es que ya no se podrá usar software que permita borrar facturas, revisar ingresos sin dejar huella o llevar una contabilidad paralela. Todos los movimientos deben quedar registrados, incluyendo anulaciones o rectificaciones.

Quienes emiten facturas manuales (en papel o Word/Excel) pueden seguir haciéndolo, pero si en algún momento adoptan un sistema informático para facturar, ese software debe cumplir el reglamento.

En paralelo, Hacienda pondrá a disposición de autónomos una herramienta gratuita compatible con el sistema Verifactu, aunque los detalles técnicos aún están en desarrollo.

En las facturas generadas por software, será obligatorio incorporar una leyenda específica, un código QR y, en el caso de envío automático, una firma digital con la marca VERI*FACTU.

2025-2026, para adaptarse

El uso de software no autorizado puede suponer sanciones de hasta 50.000 euros por ejercicio fiscal. Los fabricantes también se enfrentan a multas si distribuyen productos que incumplen los requisitos.

Desde el Gobierno, se recomienda que pymes y autónomos confirmen con su proveedor que el programa está certificado, eviten el uso de sistemas desarrollados a medida que no incluyan los mecanismos exigidos, consideren ayudas como el Kit Digital para financiar la adaptación tecnológica y consulten con una asesoría sobre la transición al nuevo modelo, especialmente si hay herramientas mixtas o sectoriales.

En pocas palabras, esta reforma busca cerrar el círculo de la trazabilidad fiscal, reducir el fraude y ofrecer un marco más justo. Por descontado, se presupone que supondrá un esfuerzo inicial para los pequeños negocios, pero también una oportunidad para digitalizar procesos y evitar riesgos innecesarios.

La digitalización fiscal avanza en España, y su próximo gran paso ya tiene nombre: VeriFactu, como se conoce el nuevo sistema de facturación electrónica, impulsado por la Agencia Tributaria.

Su aplicación marcará un antes y un después para miles de autónomos, si bien la factura electrónica todavía no es de obligado cumplimiento para todos, hay quienes ya han dado este paso, que también implica un compromiso que no tiene marcha atrás.

Qué es VeriFactu

A diferencia de lo que muchos creen, utilizar un programa para hacer facturas no es lo mismo que estar dentro del sistema VeriFactu.

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La diferencia clave es que, en este nuevo modelo, cada factura se envía directamente a Hacienda de forma automática y en tiempo real, incorporando un código QR y un hash (una huella digital) que permite su trazabilidad.

El calendario es claro: quienes empiecen a emitir facturas con software adaptado desde julio de 2025 deberán mantener el envío durante todo el ejercicio fiscal. En pocas palabras, si comienzas, no puedes parar a mitad de año.

Esta condición ha sido confirmada recientemente por la Agencia Tributaria, lo que ha generado dudas entre muchos autónomos que habían interpretado el sistema como opcional o flexible.

El objetivo declarado es luchar contra el fraude fiscal y mejorar la transparencia. Sin embargo, la realidad es que el sistema incrementa el nivel de control sobre los ingresos y reduce el margen de maniobra para corregir errores o aplicar criterios más laxos.

Para los autónomos más pequeños o con menos competencias digitales, esta transición puede suponer un reto considerable. Hoy, buena parte de los autónomos ya trabajan con software de facturación, pero no todos los programas están adaptados a VeriFactu.

Obligaciones y escasa flexibilidad

No basta con un Excel o un PDF generados manualmente. Hacienda exige un software homologado que cumpla con los requisitos técnicos y que sea capaz de emitir facturas con todos los elementos requeridos. Además, una vez que se empieza a usar el sistema, su uso debe mantenerse de forma continuada hasta final de año, incluso si se detectan fallos o problemas operativos.

Más allá del plano técnico, el nuevo sistema también plantea cuestiones económicas y organizativas. En este sentido, por ejemplo, ¿qué ocurre con quienes emiten pocas facturas al año o con aquellos profesionales que no cuentan con asesoría fiscal constante?

¿Cuándo nos toca a todos?

También se ha planteado si el sistema penaliza, indirectamente, a quienes deciden digitalizarse antes de que sea obligatorio. En cualquier caso, la Agencia Tributaria ya ha anticipado que la obligatoriedad será generalizada a partir de julio de 2026, salvo cambios legislativos.

De este modo, en julio de 2025 empezará a ser obligatorio para quienes empiecen a emitir facturas con software adaptado, mientras que se permite prórroga hasta julio de 2026 para el resto de autónomos y pymes

El sistema puede ofrecer beneficios, como una mayor agilidad en devoluciones de IVA o un mejor control de la contabilidad. No obstante, también implica renunciar a cierto margen de discrecionalidad, especialmente en actividades donde los ingresos y los gastos varían mes a mes.

Muchas pymes ven en esta digitalización una oportunidad, pero también reconocen que puede generar tensiones en la fase de adaptación.

Para quienes estén valorando incorporarse ya al sistema, existen ayudas públicas como el Kit Digital, que pueden facilitar la adquisición de herramientas compatibles. Sin embargo, la clave estará en planificar bien la transición, revisar qué software se está utilizando y contar con asesoría especializada para evitar sanciones o errores formales.

VeriFactu no es simplemente un nuevo formato de factura. Es un cambio estructural en la forma de relacionarse con Hacienda. Y como todo cambio estructural, premiará a quienes se anticipen y penalizará a quienes lo ignoren. Si 2025 será el año clave, este segundo semestre de 2024 debería ser el momento para prepararse.

A partir de este verano, los bancos deberán informar a Hacienda de todos los pagos que reciban autónomos y empresas, sean estos del importe que sean. Con este cambio, la Agencia Tributaria modifica el mínimo para operaciones superiores a los 3.000 euros tras el último cambio normativo y extiende el control a todas las transferencias, sin excepciones. 

El objetivo oficial es reforzar la lucha contra el fraude fiscal, pero para muchos profesionales supone un paso más en el escrutinio constante de sus movimientos bancarios.

Trazabilidad absoluta

Está previsto que el cambio entre en vigor este próximo julio, y se enmarca en una serie de medidas que amplían la capacidad de vigilancia de la Agencia Tributaria.

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Por ello, no solo se aplicará a transferencias bancarias tradicionales, sino también a cobros realizados a través de Bizum, TPV o plataformas de pagos online.

El nuevo sistema permitirá a Hacienda cruzar automáticamente los ingresos con las declaraciones fiscales de cada autónomo o sociedad, detectando posibles discrepancias incluso en operaciones menores. Esto pone sobre la mesa una nueva obligación implícita: mantener orden y trazabilidad absoluta en todas las transacciones, por pequeñas que sean.

Todos los movimientos

Hasta la fecha, el umbral de los 3.000 euros servía como barrera frente a un control excesivo de los pequeños ingresos o aquellos ocasionales de menor cuantía. Sin embargo, a partir de ahora cualquier transferencia puede ser monitorizada, y la frecuencia con que se repitan ciertos patrones (por ejemplo, ingresos regulares de 200 o 300 euros con concepto ambiguo) podría bastar para activar una inspección.

La medida afecta tanto a negocios individuales como a microempresas, y puede suponer un reto especialmente significativo para quienes usan una única cuenta para su actividad profesional y su vida personal.

La recomendación más extendida entre asesorías es clara: conviene mantener cuentas separadas, cuidar el lenguaje de los conceptos en cada movimiento bancario y conservar justificantes de pagos y cobros.

La medida no introduce nuevas sanciones automáticas, pero sí multiplica la probabilidad de recibir un requerimiento si Hacienda detecta incoherencias entre los datos bancarios y las declaraciones trimestrales o anuales.

Este tipo de control masivo se apoya en tecnologías de análisis automático que identifican patrones sospechosos sin necesidad de intervención humana directa, lo que también puede dar lugar a errores si no se contextualizan bien ciertos ingresos.

Se esperan críticas

El Ministerio de Hacienda defiende esta medida como parte de su estrategia para reducir la economía sumergida, pero lo cierto es que añade una nueva capa de presión para quienes ya lidian con un entorno regulatorio cada vez más exigente.

Para muchos pequeños negocios, el problema no es tanto que se fiscalicen los pagos, sino que se haga sin advertencias claras ni plazos de adaptación razonables. La medida podría tener efectos colaterales, como un uso más prudente de sistemas como Bizum o una reducción de los ingresos declarados por miedo a interpretaciones erróneas.

Este movimiento encaja en una tendencia más amplia hacia el control digitalizado de la actividad económica. A ello se suman otras iniciativas como el sistema Verifactu, que obligará a emitir facturas electrónicas con formato verificado a partir de 2026, o la limitación de los pagos en efectivo en determinadas operaciones.

Todo apunta a un escenario donde la trazabilidad total de los ingresos será la norma, no la excepción. Para los autónomos y pequeñas empresas, esto refuerza la necesidad de profesionalizar su gestión financiera, aunque eso suponga costes añadidos en tiempo, asesoramiento o herramientas.

Lejos de ser una medida puntual, el fin del umbral de 3.000 euros puede leerse como un síntoma de un cambio de paradigma: Hacienda ya no solo mira las grandes cifras, sino también el detalle.

Foto: Flickr

La Agencia Tributaria ha activado un nuevo servicio digital que permite a los autónomos darse de alta y de baja sin necesidad de presentar modelos físicos ni acudir a otras plataformas o trámites físicos. Se trata de una herramienta integrada dentro de la Sede Electrónica que tiene como objetivo simplificar varios trámites habituales y reducir los errores administrativos más comunes.

Con esta mejora, Hacienda pretende centralizar algunas funciones de comunicación de datos censales, el alta en el RETA, la domiciliación bancaria para pagos fiscales o la gestión de apoderamientos. Todo desde un mismo entorno digital, más accesible y automatizado para los usuarios.

Qué cambia para el autónomo

Hasta ahora, darse de alta como autónomo implicaba ciertos obstáculos: presentar el modelo 036 o 037, hacer gestiones en el portal de la Seguridad Social y completar manualmente campos que muchas veces resultaban confusos. Ahora, con este nuevo sistema, es posible iniciar todo el proceso desde un único punto.

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El nuevo servicio, que se conoce como Censos Web, agilizará la incorporación al Censo de Empresarios con un sistema guiado y gran parte de los datos ya cumplimentados; de igual modo, dará soporte para mejorar modelos tradicionalmente extensos, como el 036.

Además, el sistema permite rectificar errores, modificar información fiscal y adjuntar documentación de forma más intuitiva. La nueva interfaz se ha diseñado para minimizar el riesgo de equivocaciones y para guiar al usuario paso a paso. Si bien no pretende sustituir el asesoramiento profesional en casos complejos, sí incrementa la independencia de los profesionales independientes.

Qué trámites se pueden realizar

A través del nuevo servicio ya es posible realizar las siguientes gestiones:

• Alta y baja en el censo de empresarios, profesionales y retenedores
• Modificación de datos fiscales o censales
• Comunicación de actividades económicas
• Domiciliación bancaria para impuestos
• Registro o revocación de apoderamientos

El nuevo sistema es una respuesta a una demanda histórica de los trabajadores por cuenta propia: poder gestionar sus obligaciones fiscales sin recurrir a formularios, desplazamientos ni múltiples plataformas que no siempre se comunican entre sí.

Por descontado, sigue habiendo límites: por ejemplo, no todos los errores se detectan automáticamente, y el proceso sigue sin ofrecer asistencia proactiva en tiempo real. Aun así, representa un avance hacia una administración más digital, unificada y comprensible para quienes no tienen formación técnica.

Hacienda no podrá imponer sanciones automáticas a autónomos por errores en sus declaraciones si no demuestra previamente que hubo culpa, negligencia o dolo. Así lo ha confirmado el Tribunal Supremo en una sentencia emitida el pasado 7 de mayo de 2025, que refuerza el principio de presunción de inocencia frente a la Administración Tributaria.

Este es un fallo clave que obliga a la Agencia Tributaria a justificar cada sanción de forma individualizada, sin basarse únicamente en la falta de justificación de ciertos gastos o deducciones.

¿Qué ha dicho el Tribunal Supremo?

El Tribunal Supremo ha emitido sentencia en la que recuerda que la falta de prueba no equivale a culpabilidad, por lo que Hacienda no puede castigar sin demostrar intencionalidad o descuido grave por parte del contribuyente. En otras palabras, si un autónomo no aporta una factura, esto no justifica automáticamente una multa.

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Es una buena noticia para el sistema legal, que establece nuevas medidas frente a posibles abusos de poder frente a los contribuyentes, así como para los ciudadanos, que contarán con precedentes legales para defender su inocencia en caso de multas sin fundamentar correctamente.

La resolución se basa en el artículo 179.2 de la Ley General Tributaria, que establece que no hay infracción si el contribuyente ha actuado con la diligencia exigible y su conducta se basa en una interpretación razonable de la norma tributaria, destacando que no cabe presuponer mala fe ni error voluntario por parte del autónomo si no hay indicios suficientes.

Mayor seguridad jurídica

Esta sentencia refuerza la seguridad jurídica para millones de autónomos y pequeñas empresas, pero ¿cómo lo hace?

A grandes rasgos, encontramos tres puntos clave. En primer lugar, Hacienda ya no puede aplicar multas automáticas por falta de justificación documental sin motivación clara.

Asimismo, la Administración deberá acreditar que el autónomo actuó con intención fraudulenta o descuido relevante con objeto de aplicar la correspondiente sanción fiscal.

Por último, en tercer lugar, el fallo protege en especial a los profesionales que deducen gastos difíciles de justificar (vehículos, comidas, suministros compartidos), pero que no actuaron con mala fe.

Según el propio Supremo, no se puede imponer sanción “sin un mínimo razonable de motivación del dolo o negligencia”.

Sanciones que se mantienen

Si bien este fallo limita el alcance de las sanciones, no elimina la posibilidad de multar cuando haya pruebas reales.

Hacienda sí podrá sancionar si se prueba que el contribuyente ha actuado con dolo (intención de engañar) o negligencia grave, la infracción no deriva de una interpretación razonable de la norma fiscal o existe una ocultación consciente de información relevante.

En cualquier caso, lo más relevante es que la carga de la prueba recae ahora en Hacienda. La Administración no podrá basarse únicamente en la ausencia de una factura o en suponer un abuso sin argumentación sólida como carga probatoria.

La mejor defensa para el autónomo, no obstante, sigue siendo la documentación rigurosa, por lo que se recomienda guardar todas las facturas y tickets, incluso los menos evidentes y acompañar los gastos deducibles con una breve descripción del motivo profesional (comida de empresa, desplazamiento a proveedor).

En caso de que Hacienda emita una sanción, podemos solicitar una copia completa del expediente y revisar si Hacienda motiva la culpabilidad, así como considerar recurrir sanciones pasadas si fueron impuestas sin pruebas individualizadas, con base en esta jurisprudencia.

Una sentencia con consecuencias

Esta sentencia del Supremo marca un antes y un después en la forma de aplicar sanciones tributarias. Evita que los autónomos queden expuestos a sanciones injustas y obliga a Hacienda a elevar el estándar probatorio.

El mensaje es claro: no basta con que falte una prueba, es necesario demostrar que hubo una conducta reprobable. Una medida que aporta justicia fiscal y un poco más de tranquilidad para cumplir con las obligaciones impuestas por la AEAT.

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha dado luz verde a la Agencia Tributaria para revisar ejercicios fiscales ya prescritos si las operaciones realizadas en esos ejercicios tienen efectos en años que aún están abiertos.

¿El problema? El margen de maniobra es... casi total, según expertos fiscalistas, que advierten de que esta decisión amplía de forma preocupante los márgenes de actuación de Hacienda y puede generar inseguridad jurídica entre autónomos y pequeñas empresas.

¿Qué ha dicho el Supremo?

El fallo, que se anunció a principios del mes de abril, sienta jurisprudencia al avalar que la Agencia Tributaria pueda realizar comprobaciones "hacia atrás" sin límite de tiempo cuando se trate de operaciones con consecuencias fiscales en ejercicios todavía no prescritos.

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La sentencia se apoya en la Ley 34/2015, que ya introdujo esta posibilidad al diferenciar entre el derecho a liquidar —que prescribe a los cuatro años— y el derecho a comprobar que, en estos casos, se mantiene abierto mientras existan efectos pendientes.

Esto significa que Hacienda no podrá reclamar impuestos de ejercicios cerrados, pero sí podrá revisar operaciones pasadas si estas afectan a liquidaciones actuales.

De 1999 a... 2025

El caso en cuestión se centra en un negocio jurídico realizado en 1999. En principio, el ejercicio estaba prescrito, pero la Agencia Tributaria decidió revisarlo en 2024 al considerar que esa operación tenía efectos fiscales relevantes en ejercicios más recientes. El Supremo ha dado la razón a Hacienda, lo que establece un precedente de gran alcance.

La clave está en que, aunque el hecho original haya ocurrido hace más de 20 años, sus implicaciones contables o fiscales (por ejemplo, amortizaciones o arrendamientos) se mantienen en ejercicios posteriores. Según el dictamen, esto justifica que se permita la comprobación retroactiva.

Qué implica para los autónomos

La principal consecuencia es un aumento significativo de la inseguridad jurídica. Hasta ahora, muchos autónomos y pequeñas empresas confiaban en que, transcurrido el plazo de prescripción (normalmente cuatro años), no podrían ser objeto de revisión. Con este fallo, ese principio queda debilitado.

Como explica Francisco José Navarro Sanchís, magistrado del Tribunal Supremo, en su voto particular, esta nueva facultad legal de revisar actos o negocios en ejercicios prescritos "bien puede avasallar el derecho a la prescripción ya ganada", lo que afecta directamente a la seguridad jurídica de los contribuyentes.

De igual modo, el despacho Garrigues señala que la potestad de revisión durante diez años afecta a hechos acaecidos antes de la actual Ley General Tributaria, lo que puede generar incertidumbre sobre la aplicación de la normativa y su impacto en la seguridad jurídica.

En la práctica, esto significa que Hacienda podría volver sobre operaciones muy antiguas si considera que tienen repercusión en el presente, generando una “línea cronológica abierta” de ejercicios fiscales interconectados.

Más cuidado, y más documentación

Ante este nuevo escenario, los expertos recomiendan que se conserve la documentación fiscal más allá de los 4 años, especialmente si hay operaciones con efectos a largo plazo, revisar la trazabilidad de operaciones complejas, como herencias, cesiones de uso, contratos de arrendamiento o reestructuraciones societarias y consultar a un asesor fiscal, cuando sea necesario, sobre todo, en caso de dudas sobre la posible vinculación entre ejercicios pasados y actuales.

Además, la sentencia del Supremo no modifica la ley fiscal, pero sí redefine cómo debe interpretarse. Para los contribuyentes (y, sobre todo, para los autónomos y pequeños negocios) supone un aviso claro: Hacienda podrá investigar mucho más allá de lo que hasta ahora se consideraba cerrado.

La digitalización de datos y la trazabilidad creciente de las operaciones facilitan ese trabajo a la Administración. Por ello, tener una buena organización documental y contar con respaldo experto ya no es solo una buena práctica: puede ser la única defensa frente a una revisión inesperada.

La Agencia Tributaria saca pecho y se refuerza ante los influencers, que siguen todo tipo de estrategias por tal de eludir el control de las administraciones públicas.

Los últimos casos que han trascendido son los de Pablo Ibáñez, también conocido como ‘El Hombre de Negro’ de ‘El Hormiguero’ y de El Rubius. En ambos casos, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) les ha condenado a pagar una multa por tributaciones irregulares.

Se calcula que en 2024 en España había una media de 14.000 influencers, un 13,3% más que en 2023. La creación de contenido a través de las redes sociales para marcas de todos los sectores se ha convertido en una vía de financiación, especialmente para las nuevas generaciones. Es por ello que Hacienda está al acecho y utiliza el cruce de datos con la Seguridad Social para intentar controlar y evitar los fraudes fiscales en un sector que parece impune.

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Y es que la legislación confiere a Hacienda la potestad para exigir datos a empresas y particulares, que deberán notificar sobre su situación fiscal y sobre las relaciones con cualquier tipo de incidencia tributaria que mantuviesen con otras entidades. A esto se le suma el intercambio de información con otras Administraciones Públicas.

Los últimos influencers ‘cazados’

‘El Hombre de Negro’

‘El Hombre de Negro’, que abandonó el programa de Pablo Motos en 2017, tributó de forma irregular los 696.750 euros que cobró entre 2011 y 2014. En esta ocasión, la Agencia Tributaria inspeccionó su empresa y, a raíz de una nueva resolución, se avalan también los 256.409 euros que le reclamaban por el IRPF correspondiente al mismo periodo.

El TSJM ampara a Hacienda y asegura que el influencer utilizó una sociedad para eludir los tipos impositivos progresivos y más elevados asociados al IRPF. Entre 2011 y 2014, su empresa, Burlesque Noir, facturó cantidades entre 111.100 y 230.950 euros. No obstante, Ibáñez apena declaró 137.504 euros.

Hacienda detectó que el influencer trato de deducir gastos personales de la actividad de la empresa, como la compra de ropa de lujo o productos de bricolaje y de decoración, así como comidas y estancias en hoteles. La sociedad de Ibáñez no era más que un instrumento para reducir la carga fiscal de forma irregular, acumulando una deuda superior a los 250.000 euros.

‘El Rubius’

Situación similar es la del exitoso youtuber, condenado a pagar casi 50.000 euros por el IRPF que se ahorró en 2013, tributándolo mediante una sociedad. También deberá compensar a las arcas públicas con una multa de 23.000 euros. Las claves de la nueva sentencia llegan después de que Rubén Doblas ‘El Rubius’ pagase indebidamente decenas de miles de euros por el Impuesto de Sociedades entre 2013 y 2014.

En 2015 comenzaron las inspecciones de Hacienda, centrándose en las declaraciones de impuestos realizadas a través de sus empresas El Rubius OMG SL y Snofokk. Como propietario del 98,70% de la sociedad, Hacienda detectó que la gran parte de los beneficios se tributaban como Impuesto de Sociedades, un tipo más bajo que el IRPF, cuando en realidad él era el único benefactor de la empresa. En total, 63.841 euros que fueron tributados erróneamente.

En 2013, la sociedad de El Rubius ingresó 230.000 euros y en 2014 unos 532.000 euros. El youtuber recibió por aquel entonces 98.000 euros el primer año y 205.000 euros el segundo. Su sociedad tampoco tributó correctamente los tres millones de euros ingresados entre 2015 y 2016. Tras cruzar datos con la Seguridad Social, Hacienda detectó miles de euros que fueron tributados por el Impuesto de Sociedades en lugar de por el IRPF. Así pues, tendrá que abonar 49.629,71 euros por IRF y 23.140,91 euros por sanción.

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Andorra: el paraíso de los influencers

Ante el control de la Agencia Tributaria, no es de extrañar que muchos youtubers de éxito se hayan trasladado a Andorra para beneficiarse del régimen fiscal de dicho país como Willrex, Vegetta, The Grefg o El Rubius.

Recientemente se han conocido también los casos del periodista Carlos Herrera o de la influencer Marta Carriedo, que utilizaron sociedades pantalla para no declarar determinados ingresos. En el caso de la empresaria de moda, Hacienda detectó que los 234.000 euros ingresados en 2017 y los casi 350.000 euros ingresados en 2018 fueron a parar a una sociedad.

Y es que las autoridades de Andorra imponen un 10% único para todas las rentas. Sin embargo, en España el IRPF es progresivo, por lo que al ingresar más de 300.000 euros al año se llega a pagar el tipo máximo, es decir, un 47%.

Pleno control en España

A medida que se sigan cruzando datos entre la AET y la Seguridad Social, se detectarán nuevas irregularidades tributarias entre los influencers. Con el Real Decreto 444/2024 en vigor desde el pasado 2 de mayo de 2024, se fijan los requisitos para ser considerado como influencer. Para ello, habrá que tener ingresos anuales iguales o superiores a 300.000 euros.

Hacienda les obliga a inscribirse en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales y a cumplir con una serie de obligaciones como la identificación de contenido publicitario y las restricciones en la promoción de productos nocivos. Las multas por incumplimiento oscilan entre los 10.000 y los 1.500.000 euros.

Todos los influencers de España deben abonar un IVA del 21%. Además, si las ganancias por Internet no superan los 12.500 euros se tributará un 19% como autónomo. En el caso de hacerlo como Sociedad, el tipo general estipulado es del 25%, siendo del 15% si se trata de una entidad SL o SLU de nueva creación.

Imagen | Instagram, X, Unplash

Imagina el escenario, Hacienda requiere información relacionada con tu negocio. Deberías saber que, en el caso de recibir un requerimiento de la Agencia Tributaria, estás obligado a facilitar la información solicitada.

De no dar los datos que te pidan, te enfrentas a sanciones por negación u obstrucción de datos que conllevan multas de hasta 600.000 euros.

Desde Hacienda no hacen distinciones entre las personas físicas y las empresas. En el caso de las primeras, las sanciones por negarse a facilitar documentación incluyen una multa de 150 euros, ahí entra la negativa a entregar informes, registros, facturas o justificantes contables. Si la negativa se reitera, la sanción aumenta a 300 euros en el segundo requerimiento y a 600 euros en el tercero.

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El Tribunal Constitucional ve con buenos ojos las multas de hasta 600.000 euros de Hacienda

El Tribunal Constitucional TC, ha respaldado que se pueda multar con hasta 600.000 euros a quienes realicen actividades económicas y se nieguen a entregar determinada información contable a Hacienda en el marco de una inspección tributaria, recoge Autónomos y Emprendedores.

Ha sido por amplia mayoría el desestimar como inconstitucional esta normativa que planteó el Tribunal Supremo. Desde el Supremo se aferraron a que esta norma podía ser incompatible con el principio de proporcionalidad de las sanciones.

Sin embargo, esta queja no ha servido para que desde el Tribunal Constitucional afirmen que estas sanciones sean justas ya que se establecen elementos correctores de la multa al permitir una rebaja si el infractor colabora antes de la inspección.

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Estas son las infracciones y sanciones por negar información a Hacienda

Si tratas de impedir la entrada a fincas o locales a los funcionarios de la Administración tributaria también conlleva sanaciones de 150 euros, 300 y 600 euros por cada requerimiento sucesivo.

En el caso de que estés al frente de una empresa, debes saber que las sanciones son más elevadas y que por obstrucción en actividades económicas se comienza por una multa fija de 300 euros por no cumplir con los requerimientos iniciales.

En el segundo requerimiento se elevará a 1.500 euros y ya en el tercer intento, la multa se calcula como un 2% de la cifra de negocios del año natural anterior, con un mínimo de 10.000 euros y un máximo de 400.000 euros.

Y si la negativa a facilitar la información se sostiene en el tiempo, la sanción puede ser del 3% de la cifra de negocios, con un mínimo de 15.000 euros y un máximo de 600.000 euros.