administración pública

La Ley de lucha contra la morosidad establece que en 2012 se reduzcan los plazos de pago a proveedores a 75 días de máximo en los pagos entre empresas y a 40 para el pagp de las Administraciones Públicas. Esta reducción se debe al cumplimiento del régimen transitorio de la ley a los plazos definitivos, que quedarán fijados en 60 y 30 días respectivamente.

Esta noticia sería relevante si realmente se cumpliera la ley. Por desgracia. como ya hemos comentado en varias ocasiones, la morosidad es el principal problema con el que se encuentran las empresas a la hora de mantener su actividad y alcanza tintes dramáticos por su influencia en el cierre de muchas de ellas y la consecuente destrucción de empleo.

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Una de las tónicas habituales para escribir un post suele ser coger alguna entrada de otro blog y comentarla, alabándola o poniéndola a parir. En mi caso, si tuviese que alabar un post reciente tengo claro que uno de los candidatos sería Reinventar la Gestión Pública (1) la referencia empresarial, de Estratega. En dicho post, Martínez contempla la crisis como una posibilidad para remodelar la Gestión Pública aprovechando enseñanzas de la empresa privada. Pero ahí se acaba la alabanza, ya que mi propósito es aprovechar el post de Martínez para plantear una pregunta a la inversa: ¿puede aprender la pyme de la gestión de la Administración Pública?, ¿qué se puede copiar del management público?

Me consta que el post tiene un mucho de provocador. Para empezar la Administración Pública es el coco de buena parte de las empresas de este país, especialmente de las pymes. Además tiene asociada una imagen de ineficiencia supina. Y por último, cualquiera que me conozca, y conociendo mi ideología pensará que estoy de broma. Pero no es así, prescindamos de prejuicios y pensemos en que podemos aprender los unos de los otros, que hay más de un aspecto que más nos valdría emular, al menos en las pymes.

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Recuerdo cuando de pequeño hablaba con mi abuelo de los negocios más seguros para montar, que siempre salía a colación el sector de las farmacias. Hoy, si mi abuelo levantará la cabeza, no sé si diría lo mismo, y no sé si lo diría por culpa especialmente de quien no les paga: las administraciones públicas.

Pensaba y sigo pensando que la salud, del mismo modo que la muerte o los bares, son uno de los negocios más seguros que hay, pues en el primero está claro que mientras no seamos todos robots siempre habrá necesidad de medicamentos para nuestras enfermedades. En el segundo, claro está también que hasta que seamos inmortales, la muerte (y por tanto el negocio con ella) es segura. Y los terceros, siempre tendrán clientela (aunque no siempre rentable, pero ese es otro caso) entre los bebedores de la localidad. Pero mientras los segundos y los terceros dependen de que les pague un privado, el primero depende en gran medida del sector público y ahí radica el problema.

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Cuando se trabaja para una multinacional extranjera, sobre todo norteamericana, uno de los aspectos más críticos que provoca más discusiones con la corporación surge del hecho de la morosidad. En las empresas españolas por norma general, la morosidad es el pan nuestro de cada día, este hecho se agrava si trabaja con la Administración.

No es nada nuevo que los niveles de morosidad de las administraciones es intolerable, quien trabaje con una administración y no tenga una factura impagada de más 270 días ya puede considerarse muy afortunada. Volviendo al punto de partida, para una matriz extranjera no se podría volver a suministrar a ese cliente teniendo partidas vencidas pendientes.

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¿Os imagináis que los trabajadores del sector público español se rigieran por las mismas condiciones que nuestras empresas? Isak Andic también. El presidente de Mango ha propuesto, como presidente del Instituto de Empresa Familiar (IEF), que los nuevos funcionarios que se incorporen a la Administración pública española “tengan retribución variable y una estabilidad en el empleo similar a la de la empresa privada” y que cobren por objetivos.

Así lo ha planteado en su primera rueda de prensa como presidente del IEF (que representa firmas como Mercadona y Acciona, entre otras). Según él, la medida debería aplicarse a los nuevos empleados públicos pero sin carácter retroactivo. Muchos hemos pensado en esta posibilidad. ¿Sería una buena manera de recuperar la confianza nacional e internacional?

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Si bien en España ya se reguló por ley anteriormente, hoy, la Eurocámara, ha aprobado una directiva por la cual se obliga, al sector público y privado, a abonar sus facturas en un máximo de 30 días. Entre empresas privadas, se podrá prorrongar el plazo a 60 días “si así lo acuerdan expresamente el deudor y el acreedor”, teniendo en cuenta que esa situación “no pueda resultar extremadamente injusta para éste último”.

Los contratos, entre las administraciones públicas y el sector privado, podrán extender el plazo para realizar el pago sólo “si se acuerda expresamente, y está justificado, objetivamente, a la luz de la naturaleza particular o características del contrato”. De todas formas “bajo ninguna circunstancia” podrán retrasar los pagos más de 60 días.

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Hace unos días publiqué un post en referencia a una entrevista al Ministro de Industria en la que resaltaba la valiosísima aportación de los emprendedores, y por ende, de las pymes como motores de la recuperación económica. Han coincidido estos días esta entrevista con un par de noticias o comentarios que, lejos de confirmar las palabras del Ministro, parecen que van en sentido contrario y que los políticoa, o no saben o no les interesa lo que necesitan las pymes.

Una de ellas es la intención del Banco de España de aumentar la exigencias a las entidades de crédito, que tendrán provisionar los créditos morosos en un plazo sensiblemente más reducido que el actual, y que ya se trató en otro post ayer, eso reducirá todavía más las posibilidades de acceso al crédito de las pymes. Por otro lado en el blog de Jaime Estévez leía estos días pasados la situación de un empresario al que Hacienda le había embargado por un IVA que no había pagado y que correspondía a una factura que no había cobrado de una Administración Pública.

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El Gobierno de Navarra ha creado un fichero de gran capacidad situado en el Catálogo de Servicios on line de su web para que todos los proyectos técnicos y visados relacionados con la puesta en marcha de actividades empresariales o profesionales se puedan presentar telemáticamente a la Administración de la Comunidad Foral y a las entidades locales.

Esta vía tendrá la misma eficacia que la presentación a través del registro y permitirá a los usuarios automatizar la presentación de documentos y ahorrar grandes cantidades de papel, dado que para determinados tipos de proyectos los procedimientos administrativos exigían la entrega de hasta siete copias (planos, memorias, detalles técnicos, etc).

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Un reciente estudio de Deloitte señala que el sector de la construcción “tocará fondo entre 2011 y 2012” en función del contexto económico español y la velocidad de la recuperación dependerá mucho tanto de las características específicas de cada sector como del nivel de diversificación, concentración e internacionalización de cada empresa.

Jesús Tejel, socio de la firma, presentó en Valencia el informe Perspectivas del sector de la construcción, en una jornada en la que participaron el socio de la consultora Alejandro Requena y el presidente de la Federación de Empresas de la Comunitat Valenciana Contratistas de Obras de la Administración (Fecoval), Javier Luján. En esa presentación se explicó que el informe concluye que será en esas fechas cuando el sector concluya el periodo de ajuste que arrancó en 2008 y que se cerrará con una caída de la contratación de obra pública de “entre un 35 y un 40%” respecto a los datos anteriores al cambio de ciclo.

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