La corrupción política en España se ha convertido en la segunda mayor preocupación de los ciudadanos, según el último barómetro del CIS que se ha publicado hoy. Todos los días vemos en los medios de comunicación cómo sale a la luz un nuevo escándalo de corrupción política, mientras los ya existentes son uno de los temas de conversación principales en las tertulias de bar y en los trabajos. ¡Que juzguen y condenen a los culpables! o ¡Qué devuelvan lo robado! son alguna de las consignas más demandadas por los ciudadanos.
Pero, ¿qué consecuencias tiene la corrupción para la economía en general y para las empresas en particular? La corrupción política, materializada en un gasto público desbocado que ha conducido a un déficit y deuda pública sin precedentes, es uno de los mayores lastres de la recuperación en España. Y quienes lo sufrimos, somos todos nosotros.
Y si no, preguntémonos: ¿Cuántos miles de millones de euros han desaparecido de la circulación? ¿Por qué hemos tenido que asumir los contribuyentes el coste del rescate de una banca mal gestionada? ¿Dónde ha ido a parar todo el dinero de las subvenciones a patronal, sindicatos, partidos políticos, etc.? Preguntas que, en muchos países, estarían resueltas desde hace mucho tiempo pero que, sin embargo, en España no reciben respuesta.
Este dinero perdido supone un mayor gasto por parte de la Administración para contrarrestar estos efectos. Aumento de impuestos a las empresas y familias y recorte de gasto público son algunas de las principales medidas llevadas a cabo para equilibrar las cuentas públicas y evitar un mayor déficit público que acabe materializándose en mayor deuda pública y, por tanto, en menores recursos en forma de financiación para las empresas.
Pero, además, se da la circunstancia de que, mientras a los ciudadanos y a las pymes se les está pidiendo unos esfuerzos titánicos para tratar de mantener las finanzas públicas, en algunos casos recurriendo a un cuadro impositivo confiscatorio, los políticos no solo no reducen sus privilegios, sino que, en muchos casos, el nivel de corrupción institucional sigue aumentando.
No es de extrañar, dadas estas circunstancias, que el gasto político suponga ya 90.000 millones de euros, cerca de un 7% del PIB español. Un gasto improductivo que, de recortarse de raíz, permitiría acabar con gran parte del déficit español y que, sin duda, daría un alivio a las familias y a las empresas. ´
En realidad, cortar de raíz el gasto político es algo tan utópico como contraproducente. Es necesario que haya políticos y legisladores para gestionar de manera eficiente un país. Sin embargo, la supresión de buena parte de este gasto, mediante la supresión de duplicidades y reforma de buena parte del entramado institucional daría un alivio a las familias y empresas en España. De momento, nosotros tendremos que seguirnos quejando.
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