Prostitutas, gorrillas y fumadores de porros

Tanto en Pymes y Autónomos como en El Blog Salmón ya se ha hablado, largo y tendido, sobre la legalización de la profesión más antigua del mundo. Desde el punto de vista económico, estamos de acuerdo en que la legalización de esta actividad supondría un aumento de la recaudación del estado, lo que no vendría nada mal en estos tiempos de arcas vacías.

Respecto a que la puesta en marcha de esta medida sea la fórmula mágica para solucionar los problemas asociados con esta (marginalidad, prostitutas callejeras y molestias a los vecinos, mafias, proxenetismo, etc.), no lo tengo muy claro. Aunque estoy a favor de esta medida, hay que tener en cuenta las posibles consecuencias de la decisión, considerando escenarios similares.

Con todo esto, me refiero al caso de los gorrillas. Cuando el fenómeno comenzó a surgir en nuestro país, la solución de muchos ayuntamientos fue la de otorgar una concesión administrativa a entidades de fomento del empleo (por lo general, destinadas a mayores de 45 años o a personas de dificil empleabilidad). Obviamente, lo que se pretendía era que los aparcacoches “legales” marcasen el territorio, disuadiendo a los “ilegales” de que continuasen con sus prácticas. Esto fue así durante los horarios de trabajo de los aparcacoches. Cuando estos se iban, el puesto pasaba a ser ocupado por los gorrillas.

Con el tiempo, al ver que los ayuntamientos no ejercían ninguna medida contra estos, los gorrillas se desplazaron a otros barrios e incluso entraron en competencia directa con los aparcacoches. En la escalada de medidas inteligentes, los ayuntamientos respondieron ilegalizando la actividad del gorrilla, gravándola con multas. Como se ha podido comprobar en Sevilla, los resultados obtenidos no han sido muy positivos (en todo caso, se ha conseguido que los gorrillas ejerzan su actividad con completa inmunidad, para desesperación de la vecindad).

Tenemos un escenario similar con la legalización de las drogas blandas. No basta con decir “permitamos que se vendan porros en los estancos para recaudar 15.000 millones de euros”, ya que una medida de este calado siempre tiene efectos más allá de los puramente económicos.

Con la legalización de la prostitución puede suceder algo parecido. Si el Parlamento se decide a dar el paso y permite esta actividad de forma expresa, el paquete legislativo tendrá que incluir, necesariamente, un conjunto de medidas tales como un incremento de los medios policiales, mayor presencia de los servicios sociales, dotación de profesionales sanitarios para el control de las ITS, etc.

Lamentablemente, si el Gobierno se mueve en esta dirección, no creo que vaya a variar su costumbre de legislar a medias (véase el caso de la ley antitabaco). Los parlamentarios no deberían olvidar que las normas que dictan tienen efectos económicos importantes y directos sobre el tejido productivo del país. En tiempos de crisis, es clave transmitir claridad en estas, para que la inseguridad de las empresas no se añada a los numerosos males que ya las aquejan.

Imagen | Daquella manera
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