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Ya avisamos de la falta de concreción en las normas que componen la Reforma Laboral y de que eso iba a aumentar la judicialización de las relaciones laborales. Según se van conociendo las primeras sentencias contra los EREs practicados con la nueva legislación parecen darnos la razón.

Todavía son las primeras y no son suficientes para crear jurisprudencia, pero los tribunales no están siendo tan flexibles con los motivos de despido como se reflejaba en la norma y, como era de esperar, están siendo mucho más estrictos en la necesidad de justificar los motivos económicos de lo que la redacción de la Ley reflejaba.

Empezando por exigir a las empresas que cuando sea necesaria la apertura de consultas para ejecutar un ERE lo hagan con ánimo de llegar a un acuerdo con los representantes de los trabajadores y no sólo porque lo exige el procedimiento sin ningún interés en la negociación y sólo por cumplir el trámite amparándose en que el acuerdo no es obligatorio.

De hecho hay ya una sentencia en la que se desestima el procedimiento en una empresa con varios centros de trabajo en la que se procedió correctamente con las consultas en algunos de esos centros pero en otros no.

También se perfila el criterio judicial sobre la necesidad de justificar la situación económica de la empresa para proceder a los despidos. Si bien éstos se podrían justificar con un descenso continuado de ventas, los juzgados parece que sólo van a admitir los motivos económicos en caso de pérdidas económicas y en ningún caso se podrá seguir esta vía para reducir plantillas con el objetivo de maximizar los beneficios.

De igual manera, cuando se trata de grupos de empresa, ya se ha fallado en contra del ERE propuesto sólo con la justificación de la mala situación económica de una de las empresas del grupo. El Tribunal decretó que en estos casos se debe comprobar la situacíón de todo el grupo.

Seguiremos viendo más casos como éstos. Es normal que a la entrada en vigor de una norma haya que esperar a comprobar el criterio judicial en la aplicación de la misma, el problema viene cuando casi todo es interpretable porque el legislador debería de acotar lo más posible los supuestos de ejecución de la norma y en la Reforma Laboral eso no se cumple. Por tanto el trabajo de los jueces seguirá aumentando, por lo menos hasta que tengamos clara la manera correcta de proceder.

Vía | El País
En Pymes y Autónomos | Reforma Laboral
Imagen | Daquella manera

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