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La Defensora del Pueblo denuncia que Hacienda recurre en exceso al silencio administrativo

La Defensora del Pueblo denuncia que Hacienda recurre en exceso al silencio administrativo
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El informe anual que la oficina del Defensor del Pueblo presenta en el Congreso de los Diputados contiene un punto en el que denuncia la actuación de la Agencia Tributaria, concretamente sobre las demoras en las resoluciones de expedientes abiertos. La defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, indica en dicho informe que Hacienda recurre en exceso al silencio administrativo y deja sin resolver una gran cantidad de procedimientos.

La Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla al interesado. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento, pero no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en la normativa comunitaria europea.

Sin embargo en muchos casos no se cumplen estos plazos y se considera que el procedimiento se ha resuelto por silencio administrativo. Esto deja abierta al interesado la posibilidad de acudir a la vía contencioso-administrativa, pero supone un evidente perjuicio para los interesados.

No se especifican las razones que llevan a Hacienda a vulnerar las normas establecidas y podríamos pensar que hay una carencia de medios para atender los expedientes en los plazos marcados por la Ley, pero lo cierto es que últimamente los Tribunales están resolviendo muchos asuntos en contra de la Administración Tributaria, poniendo en duda algunos de los métodos que utiliza para el control de los contribuyentes.

Independientemente de que las personas afectadas por el silencio administrativo pueden continuar por otra vía para hacer valer sus derechos, la norma exige que haya una resolución del expediente abierto en el plazo fijado. Las primeras entidades que deberían cumplir los preceptos legislativos son las administraciones, en este caso y en otros, como por ejemplo la Ley contra la Morosidad, parece que no es así.

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Imagen | Phillie Casablanca

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