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El anteproyecto de ley de agilización procesal puede cerrar las puertas del Supremo a autónomos y pymes

El anteproyecto de ley de agilización procesal puede cerrar las puertas del Supremo a autónomos y pymes
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Una de las medidas que contiene el anteproyecto de ley de medidas de agilización procesal, presentado hace poco por el Consejo de Ministros, incluye la medida de elevar a 800.000 euros el umbral de deuda en litigio que sirva como nivel mínimo para presentar recursos de casación ante el Tribunal Supremo, que actualmente se situa en 150.000 euros. Eso supondrá, en la practica, que autónomos y pymes no puedan recurrir al Tribunal Supremo en sus litigios por deudas con Hacienda.

Los recursos al Tribunal Supremo son habituales cuando los contribuyentes (particulares, autónomos o empresas) reciben fallos en su contra, por parte de los Tribunales Superiores de Justicia o de la Audiencia Nacional, en deudas reclamada por la Agencia Tributaria cuando su importe superaba los 150.000 euros. Ahora, si se eleva el umbral mínimo, sólo se podrán recurrir en los casos de deudas superiores a los 800.000 euros, cantidades que no suelen alcanzar los procedimientos de particulares, autónomos o pymes.

Una buena parte de los recursos de casación que entran en la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo se refieren a litigios con Hacienda. Cuando se recurre una resolución de la Agencia Tributaria y el fallo del Tribunal Económico Administrativo no es satisfactorio, los contribuyentes pueden recurrir a la Audiencia Nacional y, en última instancia al Tribunal Supremo.

Pero la elevación de este umbral mínimo hará imposible que autónomos y pymes puedan presentar este último recurso, debido a que, casi en ningún caso, la deuda en litigio alcanzará esa cantidad mínima.

El Gobierno alega la saturación que existe en el Alto Tribunal como motivo para tomar esta medida, actualmente se acumulan allí más de 10.000 recursos sin resolver, sin embargo en 2010 se resolvieron 7.765 recursos y fueron presentados 7.149. El problema es que los recursos presentados en el TEAC por procedimientos de Hacienda han aumentado un 40% en los últimos tres años.

No parece que eliminar la saturación del Tribunal Supremo deba hacerse recortando los derechos de muchos pequeños contribuyentes, lo que puede suponer un pérdida de eficiencia, seguridad y una limitación para acceder a los recursos públicos para muchos ciudadanos.

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