Legalidad

Lo ha anunciado esta mañana Mariano Rajoy, el proximo viernes se aprobará un nuevo paquete de medidas para el control del fraude fiscal y la lucha contra la economía sumergida que incluirán la prohibición de realizar pagos en efectivo superiores a 2.500 euros en las transacciones en las que intervengan autónomos y/o profesionales.

Habrá que ver cómo se instrumentaliza esta medida pero, por lo que se ha comentado, este control no afectará a las operaciones entre sociedades ni entre particulares, ya que se establece la condición de que intervengan en el cobro un empresario (autónomo) o un profesional. El incumplimiento de esta normativa supondrá una sanción que será del 25% del importe pagado en efectivo.

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Varios tribunales han dictando sentencias que anulan la imposición de recargos por presentar liquidaciones de impuestos fuera de plazo. Estas sanciones se imponen de manera sistemática sin analizar los motivos del incumplimiento de los plazos y eso no es admisible para los Juzgados que han resuelto las reclamaciones de los contribuyentes.

Dos sentencias, de fecha 30 de marzo de 2011 y 13 de junio de 2011, cuestiona la legalidad de esta postura “excesivamente formalista” de la Administración y señalan que se hace necesario un análisis de cada caso particular y de las circunstancias que lo rodean.

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Las sociedades de capital establecen en sus estatutos las condiciones por las que ha de regirse el desempeño del cargo de administrador. Concretamente debe especificarse si el cargo ha de ser remunerado. Con frecuencia ocurre en pymes que el administrador cobra una retribución por el trabajo que realiza en la empresa, pero no por su puesto como gerente.

Pero ¿qué ocurre cuando en una empresa hay varios administradores y el cargo es retribuido? En estos casos, si no refleja de manera distinta en los estatutos, se entiende que todos cobran la misma cantidad por ostentar ese cargo. En caso de que se quiera dar una retribución distinta, esto ha de constar en dichos estatutos.

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En los días que corren, un gran número de empresarios se han visto obligados a hacer reclamaciones de pago a sus clientes. Con la internacionalización de los mercados, puede ser que muchos de esos clientes no sean españoles

El procedimiento monitorio europeo, aprobado en 2006 por el Parlamento de Europa, pretende dar solución al problema de la reclamación de deudas a los proveedores comunitarios. El procedimiento se utiliza en todos los estados miembros a excepción de Dinamarca y no requiere de abogado ni procurador para su presentación.

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Uno de los puntos más conflictivos de la pasada reforma laboral es el que atañe a las condiciones de despido de los trabajadores y a los salarios de tramitación. La nueva norma especifica que en caso de reclamación del trabajador por no estar de acuerdo con la catalogación de despido procedente, si la sentencia sale a su favor y se decreta la improcedencia, la empresa podrá optar por abonar la indemnización de 33 días por año trabajado, en lugar de los 20 días del despido procedente, o por la readmisión del trabajador.

En el primer caso no habrá lugar al salario de tramitación, por entenderse que independientemente de que el despido sea procedente o no, la relación laboral termina en la fecha del cese efectivo en el trabajo. Sin embargo la readmisión si generaría salarios de tramitación. ¿Qué pasa con los despidos efectuados antes de la reforma y cuya sentencia sale posteriormente a esta modificación?

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La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha propuesto la aprobación de una serie de exenciones en la cuota de autónomos que se aplicarían en determinados casos.

Estas exenciones servirían para que aflorara una bolsa de autónomos que no están cotizando ahora mismo por ese régimen, estimando que de llevarse a cabo esta iniciativa se darían de alta unas 175.000 personas.

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Dos recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la UE vienen a definir qué tipo de establecimientos deben pagar derechos de autor por poner música en los mismos. Las sentencias resuelven en sentido contrario el caso de los establecimientos hoteleros y de una clínica dental.

En el caso de los hoteles, que según al legislación irlandesa están exentos del pago de los derechos de autor, el Tribunal ha determinado que sí deben pagar los derechos correspondiente. En el caso de la clínica dental, la sentencia le exime de dicho pago.

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El profesional o empresario autónomo tiene ciertas obligaciones formales de obligado cumplimiento. Entre ellas está la de expedir facturas y conservar copia de las mismas. Cualquier venta o prestación de servicio deberá recogerse en un documento de facturación. Incluso los pagos anticipados.

Las facturas pueden ser expedidas por el destinatario de la operación en casos determinados. Es lo que comunmente se conoce como autofactura. El obligado es el empresario o profesional que realiza la operación por lo que son sus datos identificativos los que deben constar en ella. Para emitir autofactura debe existir un acuerdo previo escrito. El cliente emtirá una copia de la factura al empresario y éste debe aceptarla dentro de los 15 días siguientes a su recepción, de lo contrario se dará por no expedida. Las autofacturas deben tener una serie numérica diferente a las de la facturación principal.

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Enlazando con el post anterior donde tratamos las obligaciones fiscales del trabajo del menor, pasamos ahora a abordar las consideraciones legales que atañe a su relación laboral.

La regulación del trabajo del menor viene recogida en el Estatuto de los Trabajadores. Los menores de 18 años no podrán realizar trabajos nocturnos ni aquellas actividades o puestos de trabajo que el Gobierno declare insalubres, penosas, nocivas o peligrosas, tanto para su salud como para su formación profesional y humana.

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