La situación de las pymes valencianas es tan crítica que han llegado a enviar dos cartas de súplica al Ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, para que haga algo para solucionar el problema de la morosidad del Gobierno Autonómico Valenciano, ya que en muchos casos éste no ha abonado ninguna de las facturas con sus proveedores en todo el año 2012.
Según informa El Economista, un grupo de empresas ha enviado al Ministro dos comunicaciones mediante burofax, los pasados días 19 de octubre y 6 de noviembre, indicando las enormes dificultades que tienen para mantener su actividad derivada del incumplimiento de los pagos por parte de la Comunidad Autónomona, hasta el momento el Ministro no ha contestado a estas cartas.
En las cartas se informa de que a través del Plan de Pago a Proveedores se cobraron las deudas contraidas entre 2008 y 2011, pero la Generalitat no les ha pagado ni una factura de 2012 y manifiestan textualmente que “emos asegurarle que un 80% de las facturas emitidas a la Comunidad correspondientes al año en curso se encuentran sin contabilizar a esta misma fecha”, lo que confirmaría la noticia de que el Gobierno Valenciano está utilizando esta técnica de “ingeniería contable” para no incrementar su déficit.
Esta no es más que una muestra más de como los Gobiernos, desde los locales al estatal, sólo se preocupan de vampirizar a las empresas para mantener su estructura a toda costa sin importarles lo más mínimo las consecuencias de su manera de actuar.
Las subidas impositivas, el incremento de los pagos a cuenta del IS y de las retenciones a profesionales son una muestra de que lo único que se busca en aumentar la recaudación a toda costa, algo inasumible cuando la propia Administración exige adelantar impuestos sobre ingresos declarados por las empresas y que ellos mismos aún no han pagado.
Además las entidades de crédito se niegan a anticipar el cobro de estas facturas emitidas a los organismos públicos, conscientes de las dificultades que van a tener para cobrar las mismas y de que en ningún momento se cumplen los legales de pago. Con este panorama muchas empresas se ven abocadas al cierre.
En ningún caso se ven medidas que garanticen a las empresas un principio de seguridad jurídica en su relación con las administraciones, el silencio del Ministro en este caso así lo demuestra y el malestar de las empresas con la situación y la actitud de Montoro es más que evidente. Con este panorama se hace imposible creen en las previsiones de mejora que desde el Gobierno se vienen lanzando a los cuatro vientos en las últimas semanas.
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