Ni la Ley de Morosidad, ni el plan de pago a proveedores, ni la posibilidad de utilizar el criterio del IVA de caja; ninguna de estas medidas han servido para reducir el período medio de pago de facturas por parte de la Administraciones Públicas, y más concretamente por parte de las corporaciones locales y regionales.
Y es que, según el último boletín de Morosidad, elaborado por Cepyme para el tercer trimestre de 2016, el período de pago a proveedores por parte de las corporaciones locales se sitúa en 107 días de media, 77 días más del máximo permitido por la Ley. Un problema que sigue sin solucionarse, y que está provocando más de una fractura en las empresas españolas.
Por su parte, las comunidades autónomas mantienen una tendencia positiva, al reducir su período de pago hasta los 63,5 días. Aun así, existen bastantes diferencias entre ellas. Así, mientras Castilla y León es la más respetuosa con la Ley, pues sus facturas se pagan en un período medio de 70,7 días, Extremadura es la más incumplidora, al dilatar sus pagos hasta en 94,2 días.
No obstante, si se pudiese extraer un dato positivo del informe, éste sería que el período de pago entre empresas y microempresas se sigue acortando, hasta situarse en 7,8 días. Es decir, en la actualidad, no hay apenas diferencias entre grandes y medianas empresas y microempresas.
Un grave perjuicio para los autónomos y las pymes, que ven dilatados sus cobros a tiempo. De hecho, tan solo el 8% de los mismos reciben el pago por sus servicios en el plazo que marca la Ley.
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