España sigue siendo un mal país para hacer negocios

España sigue siendo un mal país para hacer negocios
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El pasado jueves, la fundación Heritage publicaba, como ya es tradición a estas alturas del año, el índice de libertad empresarial, en el que hemos sabido que España se sitúa en el puesto 39 de un total de 178 países, habiendo descendido cinco posiciones con respecto al mismo ranking del año pasado. Aún así, tenemos el privilegio de estar entre el grupo de países moderadamente libres.

Aunque la metodología utilizada para la elaboración de este tipo de estadísticas puede ser cuando menos discutible, llama la atención la relación existente entre numerosos indicadores, como el número de días para poner en marcha un negocio, la dificultad en la obtención de licencias o la cada vez mayor carga fiscal que tienen que hacer frente las empresas, y la evolución de España en este tipo de rankings, muy por debajo del resto de países de nuestro entorno.

Por poner un ejemplo, Dinamarca se sitúa entre los cuatro primeros países en libertad empresarial, junto con Hong Kong, Singapur y Nueva Zelanda; Finlandia se sitúa en el puesto séptimo y Reino Unido en el puesto noveno, mientras que Suecia, Bélgica, Alemania, los Países Bajos y Lituania están entre los veinte primeros y Eslovenia, Portugal, Irlanda, Letonia, Francia, Chipre y Hungría están situados en una mejor posición que nuestro país.

La conclusión que podemos sacar de este estudio es que las empresas están teniendo cada vez más obstáculos y, por tanto, menor libertad a la hora de sacar adelante su negocio en comparación con otros países de nuestro entorno. Según afirma el informe de la Fundación Heritage, la creación de una empresa en España exige realizar 10 procedimientos y tarda unas tres semanas, pero en cumplir con los requisitos para obtener una licencia se tarda más de siete meses.

Una situación que hace que cunda el desánimo entre los empresarios y lo que en un principio iba a ser un proyecto ilusionante acaba desquiciando al más paciente de los ciudadanos. Aunque se han dado pasos en la buena dirección, como por ejemplo la Ley de Emprendedores, se necesitan reformas más profundas en materia laboral y empresarial que garanticen la empresarialidad y nos sitúen al mismo nivel que el resto de países de nuestro entorno.

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