El Ministerio de Justicia estudia incluir en su proyecto de revisión del actual sistema de tasas judiciales la eliminación en la obligación de su pago para las pequeñas y medianas empresas y los trabajadores autónomos.
Una reivindicación que vienen planteando numerosos colectivos profesionales como la abogacía que, desde que el ministro de Justicia por aquel momento aprobase la Ley de Tasas en la Administración de Justicia, habían mostrado su frontal oposición sobre una medida que consideraban desproporcionada.
El departamento que en la actualidad dirige Rafael Catalá está ultimando un informe dirigido a modificar la actual ley, que no solo beneficiaría a las empresas, sino también a las personas físicas afectadas por esta tasa.
La eliminación de esta tasa afectaría, de esta manera, a aquellas sociedades que no superen los 250 trabajadores en plantilla y alcancen un volumen de facturación inferior a los 50 millones de euros. Se prevé que el Consejo de Ministros tome en breve la decisión final y aún está por ver cómo se hará efectiva la reforma de la ley vigente.
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