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A propósito del lock-out de los farmacéuticos castellano-manchegos

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Hace cosa de tres años un pequeño empresario me comentaba que había encontrado una solución a sus problemas: había empezado a trabajar con el ayuntamiento más grande de la zona. Le dirigí una mirada tierna, pague nuestra consumición y cambié de tema. La semana pasada me acorde de él a propósito del lock-out de los farmacéuticos castellano-manchegos.

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Castilla La Mancha les adeuda cerca de 3 meses de medicamentos, 125 millones de euros. Se trata de la diferencia entre el coste efectivo del medicamento cobrado a los farmacéuticos por sus proveedores y el que ellos repercuten a los pacientes, debido a la conocida subvención pública al medicamento.

La situación de los farmacéuticos es similar a la de esos empresarios que a lo largo de toda la geografía española están “financiando” a las distintas administraciones públicas. Es todo un escándalo, aunque en el caso que nos ocupa tiene una serie de matices propios:

  • Los farmacéuticos señalan que el atraso se corresponde con varios años de beneficios. Cierto. Pero de la manera que lo explican en prensa parece que fuesen perdidas. Por ahora no lo son. Cosa distinta es el agujero financiero que les supondrá vía intereses, si es que finalmente logran que los Bancos les financien, y como dicho endeudamiento añadido condicione la viabilidad de su negocios.
  • Por el otro lado, hay quien tampoco lo tiene claro. Me refiero al director gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), Luis Carretero, que dice que es un problema de liquidez, no de solvencia. Me temo que la cuestión es como mínimo dudoso, y en cierto modo irrelevante, algo así como si son galgos o podencos.
  • Lo que resulta un tanto irritante que el mismo Luis Carretero les recuerde a los farmacéuticos, a las pymes, que vivimos en un Estado de Derecho, y que la Ley no permite la interrupción de dicho servicio sin autorización administrativa, lo que necesariamente habrá de implicar que los que se hayan sumado al paro sean sancionados. Cabe preguntarse si defiende con tanta vehemencia la consideración de Estado de Derecho para el cumplimiento de las obligaciones legales que tiene su Administración. ¿A él no le alcanzan esas obligaciones?, ¿cuántas leyes administrativas y civiles están incumpliendo con la demora de dichos abonos?, ¿existe la obligación legal de un empresario de arruinarse sosteniendo las arcas públicas?
  • Buena parte del problema se deriva de la naturaleza jurídica de los establecimeintos de farmacia en nuestro país, al ser concesiones administrativas. Habría que recordar a los farmacéuticos que el privilegio que ostentan vía depuración de la competencia nos arrastra a la actual situación. Cuando alguno de ellos sugiere que se cambie el sistema y se cobre el 100% del coste efectivo y que luego los ciudadanos reclamen a la Administración la subvención, se olvidan de que su situación de privilegio, de cierre a la competencia, implica obligaciones colaborativas con la Administración: entre otras, el que los votantes no se echen encima de los políticos a causa de los retrasos.
  • Como un aspecto más general, el caso nos recuerda la escasa regulación española en materia de cierre empresarial o lock-out. No se reconoce dicho derecho, el equivalente a la huelga de los trabajadores, con carácter general. Tan sólo en casos muy concretos, por lo que además del incumplimiento de la normativa sectorial posiblemente nos hallemos ante un incumplimiento laboral. Alguien debería pensar en si dicho desequilibrio empresa-trabajador es justo y sostenible. De no ser así, es posible que en un futuro los farmacéuticos opten por huelgas encubiertas, aduciendo la ausencia de stock de productos.

Como conclusión, estoy con los farmacéuticos en que es inmoral el obligar a alguien a arruinarse por la vía legal, pero cuando esgrimen su condición de empresarios que se juegan su dinero ha de ser con todas la consecuencias, debiendo ser los primeros en exigir un mercado abierto, libre y competitivo.

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